La Energía eléctrica (1912-04-25 00:00:00), página 27

Al tratar de patentes, y sobre todo de la obligación de explotarlas, no puede prescindirse de hablar de la Convención de Unión de París de 1883, y se comprende. España está adherida a la misma, figurando en ella las principales naciones de Europa y América y entre dichas naciones, todas las que están en primera línea en adelanto industrial (1); y como el sesenta ó setenta por ciento de las patentes que se obtienen en España proceden de dichos países, donde han sido primeramente obtenidas y quedan sometidas y amparadas por lo estipulado en dicho tratado internacional, de aquí que no se pueda nunca prescindir de tenerlo presente.

Acorde de la obligación de explotar el objeto de la patente, establece el artículo 5.º de dicha Convención que el extranjero que ha obtenido una patente en alguno de los países adheridos, quedará sometido á la obligación de explotarla con arreglo á leyes de este país, y el artículo 7 bis, que se adicionó por la Conferencia de Bruselas de 1900 al Protocolo final de la Convención, dispone que no se podrá declarar en ningún país caducada una patente por falta de explotación, sino después de transcurridos tres años desde la fecha en que se solicitó y en el caso de que el patentado no justifique las causas de su inacción. Existe, pues, para los países adheridos, á favor de las patentes obtenidas por el natural de algún otro país adherido, un plazo obligatorio de tres años, á contar de su petición, durante el cual no se puede declarar caducada una patente por falta de actuación ó explotación.

Aplicámoslo, pues, á España, ya que el asunto de su explotación en ella es el que nos va á ocupar: las patentes que los extranjeros y las casas extranjeras hayan obtenido en España no pueden ser declaradas caducadas por falta de explotación durante el término de tres años á contar desde la fecha que fueron solicitadas (2).

Transcurrido dicho término, les es ya aplicable lo dispuesto en la legislación española, en virtud de la disposición del citado artículo 5.º del Convenio.

Veamos, pues, las reglas de nuestra ley en punto á la obligación de explotar, y aunque parezca ocioso, debemos advertir que lo que vamos á decir rige y es de aplicación á las patentes protegidas por el Convenio internacional y á las patentes que quedan aparte del Convenio, ó sea, las solicitadas en España por españoles.

A tenor de los artículos 99 y 100 de la ley de Propiedad industrial, la patente debe ser puesta en práctica dentro de los tres años, desde la fecha en que ha sido expedida (3). Esto y no otra cosa quieren decir dichos artículos el ordenar que dentro de los tres años el poseedor de una patente debe acreditar ante el Registro de la Propiedad industrial que se ha puesto en práctica en España, á cuyo efecto debe acompañar un certificado de un ingeniero en el que, bajo su responsabilidad, acredite dicha puesta en práctica.

Si no se llena esta diligencia la patente queda caducada de oficio, ó sea, sin instancia por parte de nadie y por la sola iniciativa del Negociado del Registro de la Propiedad industrial, quien así lo hace constar en el Boletín, que es su publicación oficial.

Sabido es que en ocasiones se cumple con el requisito de acreditar la puesta en práctica sin que la realidad corresponda á lo acreditado, es decir, sin que realmente exista una explotación de la patente.

La obligación de explotar es inherente al privilegio. No puede el Estado consentir en la existencia de un privilegio sino á condición de que se actúe el objeto del mismo y se beneficie así la industria nacional y la sociedad. Inglaterra, que hasta ahora había sido indiferente en esta materia de exigir la obligación de explotar en su país, se ha puesto de un salto á la cabeza de los de los demás países en este punto, y por su reciente ley de 1907, ya no sólo la producción en ella del objeto patentado en la medida racional del consumo del mismo en inglaterra, sino que, independientemente del consumo inglés, exige una producción en el Reino Unido igual, por lo menos, á la suma de la producción del objeto patentado en todos los demás países.

La ley española no va tan lejos, pero es importante tener presente sus disposiciones, porque opinamos que muchas patentes, sobre todo, de las originariamente extranjeras, podrían ser declaradas caducadas si se les prestase á tales disposiciones la atención que merecen.

Establece nuestra ley en su artículo 98 que «se entenderá por puesta en práctica de un invento la fabricación, elaboración ó producción de lo que es objeto de la patente en la proporción racional de su empleo ó de su consumo».

Esta disposición significa, sin que deje lugar á duda, que el objeto patentado debe producirse en España en la medida suficiente á las necesidades del mercado. Su aplicación puede ofrecer alguna dificultad tratándose de patentes únicamente obtenidas en España para objetos de poca importancia, á los cuales no se preste atención en el extranjero y que, en su consecuencia, no se produzcan fuera de España. Porque fabricación y consumo no son términos de comparación cuando está en una sola mano la facultad de producir, puesto que es evidente que, en la realidad, el consumo no puede exceder de la producción y es difícil determinar en tal caso si no se consume más porque no se produce más y en qué medida el consumo no está servido por la producción.

(1) Forman la Unión para la protección de la Propiedad Industrial, los siguientes países: Bélgica, Brasil, España, Francia con Argelia y colonias, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Portugal, Servia, Suiza, Tánez, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Santo Domingo, Nueva Zelanda, Dinamarca, Japón, Alemania, México, Cuba, Federación Australiana, Ceylán y Austria Hungría.
(2) En el mismo caso del aspecto español, se ha visto que las patentes obtenidas en España fueron caducadas en 1896.
(3) Todas las leyes sobre patentes que se dictan en los países adheridos á la Convención con posterioridad á 1900, fecha de la Conferencia de Bruselas, se ponen de acuerdo para sus relaciones nacionales con el plazo de tres años en dicha Conferencia establecido para ser las leyes internacionales dentro de la Unión.