La Energía eléctrica (1912-03-25 00:00:00), página 25

tes apuntado que debió corregir la ley citada no sólo siguió incólume, sino que el Sr. Cobián buscando el medio de reforzar los ingresos para compensar con ellos el aumento de lastre parasitario de nuestra administración pública creó la cuota fija sobre el capital social en acciones, estableciendo el tipo de 3 por 1.000 para las sociedades fabriles y el 6 en las mercantiles en general sin perjuicio de seguir rigiendo los del 6,60 y 13,20 por 100 de las utilidades, respectivamente (descontando de su importe el de la cuota fija).

Aunque encarecida y repetidamente los comisionados de la U. E. E. suplicaron al Sr. Cobián que diera aclarado en qué grupo habían de clasificarse las eléctricas, se promulgó la ley de 29 de Diciembre del 1910 reformando la contribución sobre las utilidades, dictándose además el Real decreto de Hacienda de 25 de Abril de 1911 («Gaceta» del 2 de Mayo) complementario de aquélla, sin precisar la situación tributaria de las Sociedades eléctricas, que antes, ahora y siempre si se piensa con lógica, no pueden incluirse más que como de fabricación que es lo que son.

Para evitar dudas, muy fundadas en cuantos conocen los procedimientos de que se vale nuestra Hacienda para forzar la recaudación cuando por lo visto las necesidades apremian, la mayor parte de las Sociedades eléctricas suprimieron el alquiler de contador á partir del 1.º de Enero de 1911, por ser este el único pretexto que la Hacienda había alegado para considerarlas como ejerciendo dos industrias diferentes; pero lo verdaderamente estupendo é inconcebible es que al pagar la cuota fija correspondiente al 1911, la Hacienda sigue reclamando el 6 por 1.000 aunque las Sociedades no perciban alquiler de contador, es decir, dedicándose única y exclusivamente á la fabricación de fluido.

Ante tal arbitrariedad las fábricas no tienen más camino legal que pagar lo que se les exige, y reclamar después la devolución de lo indebidamente cobrado por la Hacienda, pero por desgracia llegado este caso nuestra administración entra en juego con todos sus infinitos engranajes, los meses pasan, el consumo de balduque aumenta y... las Sociedades no vuelven á ver las pesetas que tan descaradamente se les pidieron y entre tanto sólo les queda la esperanza de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo resuelva uno á uno los recursos entablados por la Unión Eléctrica y las Sociedades apelantes, lo que va para rato, pues el más antiguo tuvo su entrada en aquel alto centro en Enero de 1911 y aun no se ha fallado, siendo de esperar que después de tantos meses se declare... la incompetencia.

Si al Sr. Navarro Reverter le parece bien el estado de cosas que los anteriores renglones revelan y opta por seguir la huella de sus antecesores, dejando pasar el tiempo sin poner coto á tales demasías con las que sólo se consigue aburrir y desalentar á los que tienen sus capitales invertidos en la industria, habrá proporcionado nuevo argumento para que el país productor maldiga sus elementos políticos, que en vez de encauzar la Hacienda nacional, siguiendo orientaciones que conduzcan al desarrollo de la riqueza, sólo se ocupan de matar los orígenes de ésta, robusteciéndolo en cambio todo el complejo organismo de nuestra desastrosa máquina burocrática.

Sala de lo Contencioso-administrativo.

Sentencia de 23 de Febrero de 1912, recaída en el recurso contencioso-administrativo á instancia del excelentísimo Sr. Marqués de Camarines, como Presidente de la Unión Eléctrica Española, contra la Real orden de 14 de Octubre de de 1910 dictada en expediente sobre inclusión en tarifas de alquiler de contadores para el consumo de fluido eléctrico, gas y agua y por cuya sentencia se declara que la jurisdicción contencioso-administrativa es incompetente para conocer de la demanda.

En la Villa y Corte de Madrid á 23 de Febrero de 1912, en el recurso contencioso-administrativo que pende ante esta Sala entre el marqués de Camarines, como Presidente de la Unión Eléctrica Española, demandante, representado por el Procurador D. Manuel Cardeña, y la Administración general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre Real orden del Ministerio de Hacienda de 14 de Octubre de 1910, dictada en expediente sobre inclusión en tarifas de la industria de alquiler de contadores para el consumo de fluido eléctrico, gas y agua.

Resultando: que el marqués de Camarines, como Presidente de la Unión Eléctrica Española, solicitó