La Energía eléctrica (1911-09-25 00:00:00), página 23

7.º Que nadie ha discutido el que haya causado estado la providencia del gobernador, de 2 de Enero de 1904, puesto que es indudable que lo causó, á tenor del art. 2.º del Real decreto de 15 de Agosto de 1902;
8.º Que las providencias recurridas emanan de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas, y concurre, por tanto, en este caso el segundo de los requisitos exigidos por el art. 1.º de la Ley, puesto que las Corporaciones municipales no pueden contratar arbitrariamente, sino que tienen que someterse en los contratos que celebren á las reglas fijadas en la Instrucción de 26 de Abril de 1900 y en el Real decreto de 12 de Julio de 1902;
9.º Que el tercero de los requisitos exigidos por el art. 1.º de la ley de lo Contencioso es que la resolución recurrida haya vulnerado un derecho de carácter administrativo establecido previamente á favor del recurrente; pero sosteniendo las partes un criterio radicalmente opuesto con respecto á tal extremo, se impone la necesidad de estudiar si existe ó no ese precepto reconocido del derecho lesionado;
10. Que el art. 2.º de la Instrucción de 26 de Abril de 1900 impone á los Ayuntamientos la obligación de formar los oportunos pliegos de condiciones para la celebración de sus subastas, y que conforme á lo dispuesto en el art. 29 del Real decreto de 12 de Julio de 1902, una vez que hubiesen acordado dichas condiciones, deberán publicar este acuerdo en el Boletín oficial de la provincia; expresando que en el plazo de veinte días, y no en el de diez, si la subasta excediese de 250.000 pesetas, pueden presentarse las reclamaciones que se quieran;
11. Que, según terminantemente prescribe el párrafo 2.º del art. 29 del Real decreto de 12 de Julio de 1902, las Corporaciones municipales, en su caso, acordarán respecto á dichas reclamaciones, estableciendo además que los acuerdos serán apelables del modo que se previene en el art. 31; y como en éste se establece que incumbe al Tribunal correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, después de apurada la vía gubernativa, el conocimiento de las cuestiones que se susciten respecto al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efecto de los contratos, es evidente que si al Tribunal de lo Contencioso toca la resolución de estos extremos entre la Corporación interesada y el rematante, al propio Tribunal toca también conocer de las cuestiones que surjan entre la misma Corporación y aquellos particulares que, aun no habiendo llegado á adquirir el carácter de rematantes, hubiesen reclamado contra las condiciones de la subasta, los cuales, por este solo hecho, se encuentran lesionados en su derecho de carácter administrativo, reconocido expresamente en el citado art. 29 en relación con el 31 del Real decreto de 12 de Julio, siquiera no deban prevalecer sus declaraciones en cuanto al fondo, sobre lo cual ha de fallar en definitiva el Tribunal, en virtud de tener la competencia necesaria al efecto;
12. Que á esta competencia, expresamente reconocida por las disposiciones de referencia del Real decreto de 12 de Julio de 1902, no se opone la constante jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y del suprimido Tribunal de lo Contencioso, que tiene declarado reiteradamente que el hecho de acudir á una subasta no crea, ni aun en favor del postor hasta que haya sido aprobada definitivamente, derecho alguno administrativo que pueda reputarse lesionado para acudir á la vía contenciosa; pues no es menos cierto que aquí el derecho de los demandantes no surge ni se deriva de su cualidad de postores, sino de su condición de reclamantes contra las condiciones anunciadas para la subasta, á quienes concede acción por modo expreso el Real decreto de 12 de Julio de 1902, y sin que pueda invocarse tampoco contra esta doctrina la Real orden de 7 de Marzo de 1903, cuyo verdadero alcance queda explicado en el fundamento tercero;
13. Que de lo expuesto se deduce que el Tribunal provincial es competente para conocer de los recursos acumulados promovidos por Díaz Ordóñez y Díaz Estébanez;
14. Que dada la existencia de la Real orden de 7 de Marzo de 1903, por nadie combatida, y el valor que aquélla tiene, ha de entenderse que quedó el expediente en el estado que tenía antes de dictarse por el gobernador su providencia de 24 de Enero de 1903, si bien, habiéndose acordado en ésta la aprobación del acuerdo recurrido y del pliego de condiciones, tiene facultades el Tribunal, conforme á los artículos 29 y 31 del Real decreto de 12 de Julio, para entrar en el examen y estudio de esas condiciones y estimar los acuerdos que estime justos;
15. Que con arreglo al art. 1.º de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, los contratos que celebren los Ayuntamientos se harán por remates y previa subasta pública; mas como, según la condición 49 de las acordadas para la subasta, había de ser una sola la persona ó entidad que obtuviera el remate, fiján-