La Energía eléctrica (1912-04-25 00:00:00), página 28

Cuando se trata de objetos patentados de verdadera importancia y utilidad, la dificultad antes expresada se desvanece y el asunto cambia de aspecto. En este caso, generalmente el invento es extranjero, la patente se ha obtenido en diferentes países al propio tiempo que en España y la fabricación de su objeto, en la mayor parte de los casos, si no en todos, se hace principalmente en el extranjero. Nuestra ley está bien clara. Prescribe que el objeto de la patente debe fabricarse, elaborarse o ejecutarse en España dentro de los tres años de obtenida, en la proporción racional de su empleo ó de su consumo en España; es decir, que debe producirse en España en igualdad casi con el consumo español.

Decimos en igualdad aproximada al consumo y no en su totalidad, como nos autorizarían los términos de la ley, porque precisa dejar á salvo lo pactado en el párrafo 1.º del artículo 5.º de la Convención de Unión, que establece que la introducción por el patentado en un país de la Unión, donde haya obtenido patente, de objetos fabricados en otro país, no producirá la caducidad de la patente, quedando, no obstante, sometido el dueño de la patente á la obligación de explotar con sujeción á las leyes de dicho país. De lo cual resulta, ateniéndose los términos que ya hemos consignado de la ley española, que si bien el extranjero ó casa extranjera patentada está facultada para introducir en España objetos patentados de fabricación extranjera, debe fabricar en España la casi totalidad del consumo español, y que si no lo hace de esta manera después de los tres años de la patente y durante todo el tiempo de vida de la misma, la patente queda caducada.

Esta regla no deja lugar á duda de ninguna clase y opinamos, como anteriormente hemos dicho, que son muchas las patentes que viven y están en vigor á beneficio del desconocimiento de la misma ó de no tenerla tan presente como se merece.

Dicho principio es de aplicación rigurosa en interés y defensa de la industria nacional. A este propósito estimamos oportuno reproducir las palabras, referente á este punto, consignadas en la exposición de motivos con que el Ministerio italiano ha acompañado el proyecto de una nueva ley sobre patentes de invención (privatrice industriale) que ha presentado á la Cámara de Diputados en 14 de Junio último:

•La ley—dice—protege al inventor especialmente en el interés de la industria nacional y no puede consentirse un conflicto entre el derecho de aquél y las necesidades de ésta y por esto la duración de aquel derecho es limitada y se impone la actuación, porque la sociedad no debe depender del beneplácito del patentado para gozar de una invención útil. Pero hay más: la industria nacional debe ser defendida de los peligros que pueden ocultarse con la actuación insuficiente de una invención de gran importancia y del daño que puede amenazaría si el autor de un invento ventajoso concede la exclusiva producción á la industria extranjera. La sanción en tales casos, no puede ser otra que la caducidad o la revocación.

El artículo 55 del proyecto de ley italiano contiene una disposición idéntica en su contenido á la del artículo 99 de nuestra ley.

Como se ve, los distintos países que van reformando sus leyes sobre patentes van acusando la exigencia de que sea la industria nacional la que produzca el objeto patentado, por lo menos, en cuanto al consumo del mismo en el propio mercado.

¿Cómo debe obtenerse, según nuestra ley, la declaración de caducidad de una patente por insuficiencia de explotación? Existen dos medios, según nuestra ley. El primero es sencillo, puesto que corresponde á la vía administrativa y tiene unos trámites más rápidos que la vía judicial, siempre más lenta. Consiste, á tenor del artículo 101 de la ley, en dirigir una solicitud al ministro de Fomento pidiendo la declaración de caducidad de la patente por insuficiente explotación, en vista de la cual el ministro nombrará un ingeniero, para que, en unión de lo que designen las partes, si tiene á bien hacerlo, dictamine sobre dicho extremo. El ministro, en vista del dictamen, resolverá lo que proceda. Este recurso es parecido, en cuanto á la autoridad competente para resolverlo, al que establece la ley inglesa.

El otro medio es la vía judicial para obtener la declaración de caducidad por el propio motivo. Este medio de la declaración judicial, como es sabido, es siempre más lento y dispendioso. Es el único que establece el proyecto de ley italiano.

¿Quién puede solicitar la declaración de caducidad? Según nuestra ley, todo fabricante ó comerciante que se dedique en España á la fabricación ó al comercio de un objeto igual ó similar al de la patente, y también el que, sin tener estas circunstancias, acredite que ha requerido notarialmente al dueño de la patente para que le conceda permiso de explotación de la misma mediante el pago de una remuneración fijada por dos peritos, uno por cada parte, y un tercero nombrado por el juez, en caso de discordia, y que el dueño ha rehusado concederle dicho permiso.

Nuestra ley no concede, pues, acción para obtener la declaración de caducidad de una patente á cualquier tercero (1), sino que exige al que pretenda pedirla un interés particular en la fabricación ó comercio de productos iguales ó similares. Si se carece de esta cualidad, cualquiera que tenga interés en producir el objeto patentado, puede colocarse dentro de las condiciones requeridas por la ley dirigiendo al dueño de la patente el oportuno requerimiento.

Resumiendo: toda patente cuyo objeto no es fabricado después de los tres años de obtenida la patente en España en una proporción sensiblemente igual al consumo racional, queda caducada, y para ello no precisa más que provocar la oportuna declaración ministerial dentro del expediente establecido en la ley.

José Pedrerol y Rubí.
Abogado.

(1) La ley inglesa y el proyecto de ley italiano la conceden á todo ciudadano sea ó no interesado en la fabricación de un producto igual ó similar