La Energía eléctrica (1911-04-10 00:00:00), página 19

la autoridad judicial, cuando la obra sea ejecutada por la Administración del Estado. En los demás casos, la entidad expropiante comunicará al gobernador, en término de un mes, su opción por este mismo procedimiento ó por la prosecución del expediente en la vía administrativa, teniendo derecho, en este último caso, á que el perito tercero reina las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Art. 34 a) El gobernador, en vista de las declaraciones de los peritos y de los demás datos aportados al expediente, determinará en el plazo de treinta días, por medio de resolución motivada y dentro precisamente del mínimo y máximo que hayan fijado los peritos, la suma que ha de abonarse por la expropiación, comunicándolo á cada interesado, y una vez consentida por las partes esta resolución, será publicada en el Boletín Oficial.

b) Cuando la resolución corresponda á la Autoridad judicial en virtud de lo establecido en el parágrafo 2.º del art. 30, el procedimiento se ajustará á las reglas siguientes:

1.ª El gobernador, de oficio cuando se trate de la Administración pública, ó á instancia de parte si el expropiante fuese otra entidad, remitirá al juez del distrito copia autorizada de la parte del expediente en que consten todos los datos relativos á las fincas que hayan de ser justificadas, acompañando una nota-resumen comprensiva del nombre de los interesados ó de sus representantes, del domicilio de cada uno y de las tasaciones hechas por el perito del expropiante detalladas en las sumas correspondientes á los diversos conceptos legales que abarquen.

2.ª Recibidos estos antecedentes el juez mandará citar, en primer término, al expropiante, el cual, al comparecer, deberá ratificarse en las sumas antedichas ó fijar las que en definitiva han de ser ofrecidas á los dueños, presentando en todo caso una copia para cada uno de ellos, en la que aparezca detallada la oferta respectiva.

3.ª A continuación serán citados todos los propietarios ó sus representantes legítimos, con entrega de la copia á cada uno, para que manifiesten su conformidad con las cantidades ofrecidas, ó, en caso contrario, presenten las que, á su juicio, deben percibir por los diversos conceptos con copia para su entrega á la parte contraria. La falta de comparecencia en el término legal, tanto de los propietarios como del expropiante después de recibidas las copias presentadas por éstos, será considerada y resuelta, desde luego, por el juez como aceptación de las sumas ofrecidas ó reclamadas por la otra parte, sin necesidad de declarar la rebeldía y como terminación del procedimiento para las fincas en que haya tenido lugar.

4.ª Cuando la entidad expropiante no se conforme con las cantidades fijadas por el propietario, se procederá inmediatamente á la práctica de las pruebas que convengan al derecho de ambas partes, admitiendo cuantos documentos sean presentados ó solicitados por las mismas dentro de plazo hábil. La prueba pericial no podrá ser encomendada á los mismos facultativos que hubieren intervenido anteriormente en las tasaciones originarias del procedimiento judicial, y para la designación de peritos serán preferidos en todos los casos los que posean el título de ingenieros ó arquitectos y sean á la vez funcionarios del Estado.

5.ª El juez ampliará además estas pruebas con los siguientes elementos:
a) Documentos enumerados en el art. 32, substituyendo el 3.º por los datos referentes á la finca que consten en el Registro fiscal del término cuando estuviera ya ultimado y en vigor el Catastro correspondiente, todos los cuales reclamará de oficio si no hubieren sido aportados ó solicitados por alguna de las partes.
b) Certificación de la Delegación de Hacienda sobre la cuota asignada en conjunto al propietario por el concepto de contribución territorial en el término municipal donde radique la finca, en el caso de no constar lo que satisface por ella especialmente.
c) En este mismo caso, declaración del dueño, bajo juramento, de los demás bienes por que contribuye y de la proporción que con el total guarda, por sus circunstancias, la finca de que se trata, y si estuviera arrendada, declaración del colono acerca de la renta anual que paga el propietario, presentando el contrato, si lo tuviere, y los recibos correspondientes.
d) Declaración jurada y razonada del Notario del distrito y de tres testigos elegidos por el juez entre los vecinos que por sus circunstancias ofrezcan mayores garantías de veracidad acerca del interés anual que hayan podido producir en renta ó en explotación, durante los tres últimos años, las fincas de la misma clase ó análogas á la que se intenta expropiar.
e) Cualquiera otra diligencia que el juez considere necesaria para apreciar el valor justo de la finca, la contribución satisfecha por ella y el importe razonable de la indemnización por los demás conceptos legales.

6.ª La práctica de todas las actuaciones y diligencias se sujetará, en cuanto á formalidades y plazos, á los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil. En las diligencias que no lo tuvieran marcado, el juez acordará, sin ulterior recurso contra su providencia, el plazo que estime preciso para que pueda llevarse á cabo.

7.ª En el término de treinta días, desde la fecha de la última diligencia, el juez, apreciando el resultado de las diferentes pruebas y de las diligencias practicadas de oficio, y fundándose en las consideraciones de derecho que estime procedentes, dictará sentencia, en la que aparezcan fijados, con separación la cantidad que señale como precio justo de cada finca ó porción de ella que sea expropiada; el importe en que aprecie asimismo la indemnización de perjuicios causados con la expropiación y el que debe deducirse por los beneficios que con la ejecución de la obra pudiera experimentar el resto de la finca cuando solamente se expropie una parte de ella: las sumas en que se evalúe los frutos, labores ó