La Energía eléctrica (1912-04-10 00:00:00), página 24

2.º Revocar las expresadas resoluciones y con devolución de las cantidades indebidamente exigidas, declarar que á más de las expresadas 494 pesetas y 80 céntimos, sólo viene obligada la Sociedad á pagar por cada otro trimestre en que se aprecie defraudación, una multa impuesta con arreglo al artículo 17 del Reglamento de 28 de Marzo de 1900, sin que se tome como base la capacidad productora de la fábrica;

3.º Anular las órdenes reclamadas dejando firme y subsistente la providencia del Delegado de Hacienda de 16 de Julio de 1908, que declaró la nulidad de todo lo actuado desde 2 de Abril de 1907. Con la demanda se acompañaron dos certificaciones expeditas por el Secretario del Ayuntamiento de Cañete la Real y el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, que acreditan que por providencia de 1.º de Septiembre de 1903, la Alcaldía de Cañete la Real acordó suspender y cortar los trabajos de instalación y suministro de la energía eléctrica de la Sociedad por no haber dado cumplimiento á lo prevenido en el Reglamento de 15 de Junio de 1901, hasta que en 30 de Diciembre de 1904 el Gobierno civil de Málaga, de acuerdo con la Jefatura, autorizó las referidas instalaciones y el traslado de la resolución de 30 de Junio de 1909, dictada por la Administración de Hacienda, en la que se reconoce la certeza de los anteriores hechos y se desestima la denuncia de García Torres por falta de pago de la Contribución industrial, líquíándose por este concepto el alta correspondiente únicamente á los meses de Junio, Julio y Agosto de 1903:

Resultando que emplazado el Fiscal contestó pidiendo se absolviese á la Administración de la demanda y la confirmación de las resoluciones impugnadas:
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Ramón Rubio:
Vistos los artículos 1.º, 3.º y 5.º de la ley del Impuesto sobre consumo de electricidad, de 18 de Marzo de 1900:
Vistos los artículos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 13, 17, 18 y 19 del Reglamento de 22 de igual mes y año:
Visto el Reglamento de 15 de Junio de 1901:
Visto el Reglamento de la Inspección de Hacienda Pública, aprobado por el Real decreto de 13 de Octubre de 1903:
Vista la Real orden de 6 de Mayo de 1904, principalmente en su regla 6.ª:
Vista la Real orden de 28 de Octubre del mismo año:
Considerando que examinado el expediente gubernativo traído á la Vista para la resolución de las cuestiones planteadas en el presente recurso, se desprende de modo indudable que la Sociedad demandante Luz Eléctrica de Cañete la Real, que antes de la transformación sufrida á fines de Julio de 1904, se denominaba de Martín Vento y Compañía, fabricó y repartió entre sus abonados fluido eléctrico durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 1903, sin haber satisfecho Contribución industrial ni el ro por 10 que corresponde al consumo, lo cual constituye la defraudación calificada en el expediente administrativo y penada según la liquidación aprobada por la Administración de Hacienda de Málaga en Abril de 1908, y declarada firme por el primero de los acuerdos impugnados de la Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas, de 10 de Noviembre del mismo año, procediendo, por tanto, en este extremo la confirmación del expresado acuerdo:

Considerando que no sucede lo mismo respecto de la existencia de la referida defraudación durante los últimos cuatro meses de 1903 y todo el año de 1904, porque no sólo no hay en el expediente como probante alguno sobre el particular, sino que, por el contrario, de los documentos presentados en el pleito, autorizados por el Alcalde de Cañete la Real y el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia de Málaga, aparece justificado que por orden de la primera de dichas Autoridades quedó en suspenso el funcionamiento de la fábrica de electricidad de la Sociedad actora, desde 1.º de Septiembre de 1903 hasta 30 de Diciembre de 1904, fecha en que fué autorizado aquel funcionamiento por el Gobernador civil de la provincia, razón por la cual no es posible estimar la defraudación declarada por aquellos dieciséis meses, ni procedente tampoco la responsabilidad que se exige á la Sociedad demandante en el acuerdo recurrido, y en cuyo extremo procede su revocación:

(Continuavá.)