La Energía eléctrica (1910-08-25 00:00:00), página 23

43.º Que vulnieren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante, por una ley, un Reglamento u otro precepto administrativos:

Considerando que la Real orden del Ministerio de Fomento de 5 de Diciembre de 1907, impugnada por la Compañía General Madrileña de Electricidad, tiene por objeto la aclaración de los artículos 42 y 108 de las Instrucciones reformadas por Real decreto de 8 de Junio de 1906, sobre verificación de contadores eléctricos y de gas, con el propósito de evitar posibles abusos de las Compañías suministrantes de dichos fluidos en sus relaciones con los consumidores, y que la aclaración recae sobre preceptos ya establecidos con fuerza de obligar, que el Gobierno se ha propuesto ampliar como por el Real decreto de la fecha citada amplió las disposiciones del de 9 de Octubre de 1904, referentes al mismo servicio.

Considerando que estando en vigor las referidas Instrucciones con las reformas de sus artículos, acatadas por la Compañía demandante, no cabe la impugnación que hoy hace de las facultades con que la Administración general las aclara, por ser las mismas con que las dictó y las ha reformado, y que en cuanto al alcance de la aclaración hay que reconocer que la informa el mismo espíritu que inspiró las Instrucciones de 1904 y la reforma de 1906, así como que la Real orden aclaratoria se ha dictado con carácter general en uso de las facultades discrecionales de que se halla investida la Administración pública, y que no existe acto alguno que vulnere ningún derecho de carácter administrativo que tenga reconocido la parte actora y que haya invocado en su demanda;

Fallamos que estimando la excepción alegada por el fiscal, debemos declarar y declaramos la incompetencia de esta jurisdicción para conocer de la demanda interpuesta por la Compañía General Madrileña de Electricidad contra la Real orden del Ministerio de Fomento de 5 de Diciembre de 1907.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.—Emilio de Alvear.—Alfredo Massa. Gaspar Castaño.—Mariano Enciso.—Miguel Monares.—Antonio de Marín la Bárcena.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Miguel Monares, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública el día de hoy, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de lo que, como secretario de la misma, certifico. Madrid, 4 de Marzo de 1910.—Domingo Salazar.

(Gaceta del 14 de Junio.)

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 1911.—CÉDULAS PERSONALES

(Continuación)

Art. 35. Todos los contribuyentes por cédulas personales de cada Municipio serán inscriptos por la Administración en un padrón, en el que figurarán los nombres, razón social, título ó denominación de los contribuyentes, los líquidos imponibles de los mismos y la categoría y clase de cédula que les corresponda. Los padrones se formarán en los plazos y en la forma que la Administración determine, y se revisarán anualmente.

Art. 36. Los propietarios de edificios habitados estarán obligados á declarar á la Administración, á su requerimiento, y en los plazos fijados por la misma, el nombre y profesión de las personas que habiten en sus fincas. Los cabezas de familia y jefes de establecimientos estarán obligados á facilitar al propietario los datos necesarios para el cumplimiento por su parte de aquella obligación.

Art. 37. Toda persona ó entidad que tenga á su servicio personal retribuido, estará obligada á presentar á la Administración, en los plazos en que ésta determine, relaciones juradas expresando los nombres, domicilios y retribuciones de su personal.

Art. 38. Los contribuyentes que deban tributar por cédulas graduadas ó especiales, ó sus representantes legítimos obligados al pago de contribución con arreglo á esta ley, deberán presentar á la Administración, en los plazos y en la forma que ésta determine, una declaración jurada expresando el líquido imponible de que fueran titulares ó de que lo fuesen sus representados ó administrados, el Municipio de imposición y el domicilio de la persona obligada al pago.

El incumplimiento de esta obligación llevará aparejada la pérdida del derecho á reclamar contra la cuota contributiva impuesta por la Administración, que será recargada en estos casos con el 25 por 100