La Energía eléctrica (1909-12-25 00:00:00), página 20

más que mera reproducción en lo esencial y cumplimiento obligado de la de 24 de Julio, que causó estado y no fue reclamada, es de toda evidencia también que dichas resoluciones no son susceptibles de revisión en vía contenciosa, por no corresponder su conocimiento á los Tribunales de esta jurisdicción:

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administración general del Estado de la demanda deducida por la Asociación de Ingenieros industriales contra el acuerdo de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico de 30 de Julio de 1907, y la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 6 de Septiembre siguiente, por las cuales se nombró á D. Norberto Virgilio García Marcen, primero, aspirante á fiel contraste y luego fiel contraste en propiedad; cuyos acuerdos y Real orden quedan firmes y subsistentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ricardo Molina.—José González Blanco.—Víctor Coviján.—José Ciudad.—José Fernández de la Hoz.—Antonio Martínez Laje.—Alfredo Massa.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José González Blanco, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo en el día de hoy, de lo cual como secretario certifico.

Madrid, 2 de Junio de 1909.—Domingo Salazar.—(Gaceta del 16 de Diciembre de 1909).

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Los derechos que concede la ley de Accidentes del trabajo se deducen del estado civil del causante en el momento de producirse el accidente.

El Tribunal industrial de Madrid en 25 de Junio del año actual falló el caso de un accidente sufrido por Francisco Dacal, en el que se ventilaba si los derechos que concede la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, arrancan del accidente ó de la defunción de la víctima. Se trataba de que Francisco Dacal, tejero, había sufrido un accidente que le ocasionó la muerte algunos meses después; el día del accidente era soltero, dejando el día de su fallecimiento viuda y un hijo natural legitimado por subsiguiente matrimonio. El Tribunal industrial sentenció de conformidad con las pretensiones de la viuda demandante, declarando el derecho de percibir la indemnización de dos años de jornales que la ley marca, más los medios jornales devengados durante la enfermedad, y los gastos de entierro.

Apelada esta sentencia por el patrono D. Jesús Martínez López, el Tribunal industrial en pleno ha revocado la sentencia apelada, considerando que si bien el obrero Francisco Dacal aparecía casado en el día de su fallecimiento, su matrimonio canónico se verificó in articulo mortis el día 4 de Marzo de 1909 y se inscribió en el Registro civil el 22 de Junio último, ó sea con posterioridad al accidente ocurrido el día 4 de Diciembre de 1908, y en este concepto no puede reconocerse como viuda para los efectos de la indemnización á la demandante Luisa Cantero Gómez, porque los derechos que concede la ley de Accidentes del trabajo se deducen del estado civil del causante en el momento de producirse el accidente.

RESOLUCIONES GUBERNATIVAS

Expropiación forzosa por causa de utilidad pública.—Real decreto de 3 de Diciembre de 1909. (Gaceta del 4.)

DOCTRINA.—La ley de Expropiación forzosa es de aplicación por la Administración pública cuando surge divergencia entre expropiante y expropiado; pero la Administración no ha de intervenir cuando ambas partes convengan tanto en la necesidad de la ocupación como en la forma que ésta tenga lugar ó en los demás trámites en que el mutuo acuerdo exista.

Recursos de alzada y de nulidad.—Expropiación forzosa.—Real orden de 30 de Septiembre de 1909. (Gaceta del 1.º de Octubre.)

DOCTRINA.—Aun cuando el replanteo del proyecto deba ser la base del segundo periodo del expediente de expropiación, tal precepto de la ley no tiene otro objeto que el de determinar de un modo concreto, preciso y definitivo lo que haya de ser objeto de la expropiación, á fin de guardar el más escrupuloso respeto al derecho de propiedad privada; pero esto no quiere decir que su cumplimiento pueda ser motivo de reclamación cuando no se demuestra que el replanteo haya dado lugar á que se afecten con las obras, fincas que antes no lo estuvieron, ó que las mismas fincas resultan afectadas de modo diferente.