La Energía eléctrica (1909-08-25 00:00:00), página 22

Resultando: que el Fiscal ha alegado la excepción de incompetencia fundándola en que la resolución recurrida es de carácter general y reglamentario:

Visto siendo ponente el magistrado D. Emilio de Alvear:

Visto el art. 1.º de la ley Orgánica de esta jurisdicción, que dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración ó por los particulares, contra las resoluciones administrativas, que reúnan los requisitos siguientes: 1.º Que causen estado, 2.º Que ematen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas, 3.º Que vulnern un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un Reglamento ó otro precepto administrativo»;

Visto el art. 3.º de la misma ley que dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de igual modo contra resoluciones de la Administración que lesionen derechos particulares establecidos ó reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originaron aquellos derechos»;

Visto el art. 4.º párrafo 1.º de dicha ley, que dice: «No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo: 1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cuales procedan ó de la materia sobre que versan, se refieran á la potestad discrecional»;

Visto el art. 46 de la ley expresada, que dice: «El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las siguientes: 1.º Incompetencia de jurisdicción. 2.º Falta de personalidad en el acto ó en su representante y en el demandado. 3.º Defecto legal en el modo de proponer la demanda. 4.º Prescripción de la acción para interponer el recurso.

Se entenderá incompetente el Tribunal, cuando por la índole de la resolución reclamada, no se comprenda, á tenor del art. 1.º de esta ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso contencioso-administrativo:

Se entenderá que existe defecto legal en el modo de proponer la demanda, cuando se hubiese formulado sin los requisitos establecidos por la ley:

Se entenderá que ha previsto la acción para interponer el recurso contencioso-administrativo, cuando se hayan dejado transcurrir sin interponerlo, los plazos establecidos en el art. 7.º

Hecho el emplazamiento para contestar la demanda al demandado, observase que ha caducado el recurso ó el pleito, ya por haberse presentado el escrito de demanda fuera del plazo legal, ya por haberse detenido el curso del pleito durante un año por culpa del recurrente, ó ya por otro motivo, podrá exponerlo al Tribunal sin contestar á la demanda, y desde que lo verifique quedará en suspensión el plazo concedido para ello: si el Tribunal desestime aquella alegación y mandase contestar la demanda, señalará para hacerlo, el término de veinte días.»

Visto el art. 4.º, núm. 1 del Reglamento para la ejecución de la ley referida, que dice: «Corresponde señaladamente á la potestad discrecional: 1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que nazcan ó de la materia sobre que versen, pertenezcan al orden político ó de gobierno, ó afecten á la organización del ejercicio ó á la de los servicios generales del Estado, y las disposiciones de carácter general relativas á la salud ó higiene públicas, al orden público y á la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho á las indemnizaciones ó que puedan dar lugar tales disposiciones»;

Considerando: que según tiene declarado repetidamente la jurisprudencia de esta Sala, las resoluciones de carácter general no lesionan derechos particulares, y es por expresa declaración de la ley, excluidas de la vía Contencioso-Administrativa, la cual sólo es procedente contra las que aplican aquéllas ó casos determinados, cuando con esta aplicación se vulneran derechos ya establecidos por una ley, un Reglamento ó otro precepto administrativo.

Considerando: que el Real decreto de 25 de Octubre de 1907, contra el cual se recurre en este pleito, no vulnere derecho alguno de carácter particular anterior y expresamente reconocido por una disposición administrativa en favor de la Compañía General Madrileña de Electricidad, en tal concepto se invoca en la reclamación en ella deducida y que por referencia á la organización de un servicio público, cual es el de verificación de contadores eléctricos y de gas, adicionando algunos preceptos á las disposiciones reglamentarias vigentes, relativas á dicho servicio, para responder, según textualmente expresa, á la tenaz resistencia y repetidas infracciones de las mismas, por parte de las Compañías, aquella resolución corresponde señaladamente á la potestad discrecional, y se halla, por tanto, por este fundamento excluida también de revisión en esta vía.

Se estima la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta por el fiscal; en su virtud queda sin recurso la demanda; archívese el rollo y devuélvase el expediente al Ministerio con certificación de este auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa. Madrid 5 de Mayo de 1909.—Ricardo Molina, José Ciudad, Emilio de Alvear, José Fernández de la Hoz, Antonio Martínez Lage, Domingo Salazar, secretario de Sala.

Y para notificar á las partes y unir al rollo de su razón, expido la presente en Madrid á 18 de Mayo de 1909.—Domingo Salazar.—V.º R.º—El presidente de la Sala, Molina.—Es copia.