La Energía eléctrica (1910-09-25 00:00:00), página 23

5.º Organización necesaria de la empresa explotadora, habida cuenta la independencia, el tecnicismo y la duración que sean sus características.

6.º Reformas legislativas y disposiciones del Poder ejecutivo que se estiman indispensables por los informantes para llevar á cabo la municipalización de los servicios en cada caso.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, publicación inmediata en el Boletín Oficial y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1910.—Merin s.—Sr. Gobernador civil de....—(Gaceta de 17 de Julio de 1910.)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sentencia declarando no existe defraudación imputable á la Sociedad Electricista Calahorrana en el expediente que se le formó por no haber ingresado el impuesto de 10 por 100 sobre el consumo hecho por los Ayuntamientos de Calahorra y la Aldea, los cuales eran deudores de varias cuotas:

En la villa y corte de Madrid, á 7 de Febrero de 1910, en el pleito que ante nos pende, en única instancia entre D. José María Garrido y Soldevilla, como director gerente de la Sociedad Electricista Calahorrana, representado por el procurador D. Luis Soto, y la Administración general del Estado, demandada, presentada por el fiscal, sobre revocación del acuerdo de la Dirección general de Contribuciones de 4 de Junio de 1908:

Resultando, que en 27 de Junio de 1907 el ingeniero industrial D. José Illán, se constituyó en las oficinas de la Sociedad Electricista Calahorrana, en las que hizo constar que las cantidades recaudadas de los consumidores por suministro de alumbrado en los años 1904, 1905 y 1906, y en el primer trimestre de 1907 ascendían á 88.790 pesetas y 80 céntimos, que, por consiguiente, el impuesto de 10 por 100 sobre el consumo en favor del Tesoro era de 8.879 pesetas y ocho céntimos, y habiendo sido declarada sólo la cantidad de 6.753 pesetas y 53 céntimos, existía una diferencia en favor de la Hacienda de 2.125 pesetas y 55 céntimos.

Resultando, que según el encargado de la fábrica, esta diferencia era debida á no haber satisfecho los Ayuntamientos de Calahorra y de la Aldea varias cuotas, que ascendían las del primero á 2.606 pesetas y 65 céntimos y las del segundo á 58 pesetas y 70 céntimos, pero el inspector, teniendo en cuenta que no se había presentado en la Administración de Hacienda la certificación prevenida en la Real orden de 9 de Diciembre de 1904, instruyó expediente de defraudación, con arreglo al art. 17 del Reglamento de 22 de Marzo de 1900:

Resultando que al expediente se unió certificación del Ayuntamiento de Calahorra, en que consta adeudaba á dicha Sociedad 20.595 pesetas y 90 céntimos, y otra del Ayuntamiento de Calzada, en que aparece adeudaba 4.909 pesetas y 31 céntimos:

Resultando que la Administración de Hacienda de Logroño en 12 de Septiembre de 1907, en acuerdo que confirmó el delegado de Hacienda en 7 de Diciembre de dicho año, condenó á la expresada Sociedad al pago de la suma de 2.125 pesetas y 55 céntimos y una multa del quintuplo de esta cantidad.

Resultando que interpuesto por la Compañía recurso de alzada contra el acuerdo del delegado la Dirección de Contribuciones, Impuestos y Rentas en 4 de Junio de 1908 resolvió confirmar el fallo apelado:

Resultando que contra la resolución mencionada de la Dirección dedujo recurso contencioso el procurador D. Luis Soto, en nombre de D. José María Garrido y Soldevilla, gerente de la referida Sociedad, y formalizó la demanda con la súplica de que se revoque y deje aquélla sin efecto, declarando que no existe defraudación imputable á la Sociedad Electricista Calahorrana en los hechos que motivaron la formación del expediente en que recayó el expresado acuerdo recurrido, siendo, por lo tanto, improcedente la multa impuesta á la repetida Sociedad, y mandando que se devuelva á ésta la cantidad consignada por la misma:

Resultando que el fiscal contestó á la demanda con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración y se deje firme y subsistente la resolución impugnada:

Visto, siendo ponente, el magistrado D. Ramón Rubio:
Visto el art. 13 del Reglamento de 22 de Marzo de 1900:
Visto el art. 17 de dicho Reglamento, que expresa:
«Los fabricantes que ocultasen la verdadera producción de sus fábricas ó declaren que suministran