La Energía eléctrica (1910-11-10 00:00:00), página 28

Corporación con quien se entienda dicha notificación. Si el notificado no supiere ó no quisiere firmar la notificación firmarán dos testigos presenciales.

Art. 147. Todos los términos que se establecen en esta ley son improrrogables, comenzarán á contarse desde el día siguiente á la notificación y no se comprenderán en ellos los días de fiesta religiosa ó nacional:

Visto el art. 15 del Real decreto de 15 de Agosto de 1902:

Considerando que alegándose por la Sociedad recurrente como primera pretensión de su demanda que se declare la nulidad de la Real orden recurrida, por haberse dictada ésta para resolver los recursos de alzada y de queja interpuestos en vía gubernativa fuera del plazo legal, este particular, por la naturaleza especial de la cuestión que plantea, debe necesariamente ser resuelto con prelación á la otra petición, que también se formula en la demanda, respecto al fondo del asunto debatido en el expediente administrativo, porque de la procedencia ó improcedencia del primero depende el que esta Sala pueda ó no conocer y resolver el segundo:

Considerando que los artículos de la ley Provincial citados en los vistos establecen de un modo concreto los términos dentro de los que pueden ser apeladas en la vía gubernativa las resoluciones administrativas, así como que tales términos son improrrogables:

Considerando que los preceptos legales de procedimiento, por afectar al orden público, como leyes de garantía, deben ser observados con todo rigor, constituyendo su incumplimiento un vicio de carácter substancial que invalida y anula toda resolución dictada con infracción de tales preceptos, razón por la que no pudo ser obstáculo para que de tan importante materia conozca, y respecto de ella resuelva esta Sala las circunstancias de que la infracción procesal no haya sido objeto de reclamación dentro del expediente á que puso término la resolución reclamada en el concepto de nula, mucho más cuando las infracciones del procedimiento, como acontece en el caso de autos, afectan á la competencia del Ministerio que dictó la Real orden en cuestión y limitan las garantías concedidas por las leyes á las partes reclaman tes para el ejercicio de sus derechos:

Considerando que el alcalde de León y presidente de la Junta administrativa de dicho Municipio tenía conocimiento del acuerdo del gobernador, por lo menos en 29 de Diciembre de 1908, porque está acreditado en el expediente que en dicho dia se reunió el Ayuntamiento de aquella capital, en sesión extraordinaria convocada por el citado alcalde para tratar precisamente del asunto, acordándose en ella recurir en alzada contra el expresado acuerdo, recursos que, según también consta en autos, no fueron presentados en el Gobierno civil hasta el 24 de Enero de 1909, es decir, cuando había transcurrido con mucho exceso el plazo de diez días, que respecto al de alzada establece el art. 146 de la ley Provincial; y en cuanto al de queja, fija el art. 15 del Real decreto de 15 de Agosto de 1902, si bien de este último recurso hace caso omiso la Real orden recurrida:

Considerando que por no haberse recurrido dentro del término legal contra el citado acuerdo del gobernador civil de León, de 28 de diciembre de 1908, éste quedó firme y consentido, y por tanto, el Ministerio de la Gobernación era incompetente para conocer de la alzada y carecía de facultades para revocar el acuerdo apelado extemporaneamente.

Considerando, por último, que en la imposición de esta clase de arbitrios deben siempre los Ayuntamientos atenerse á lo que prescribe la regla 8.a del art. 137 de la ley Municipal.

Fallamos que debemos declarar y declaramos nula y sin ningún valor ni efecto legal la Real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 27 de Abril de 1909, quedando, de consiguiente, firme el acuerdo dictado por el gobernador civil de León en 28 de Diciembre de 1908, con todas sus consecuencias legales, y debiendo, por lo tanto, devolver el Ayuntamiento de León á la Sociedad recurrente las cantidades que haya percibido de ésta con exceso, por el arbitrio en cuestión, sobre el límite que se fija en el expresado acuerdo del gobernador.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos mandamos y firmamos.—José Ciudad.—Alfredo Massa.—Ramón Rubio Juncosa.—Gaspar Castaño.—Mariano Enciso.—Miguel Monares.—Antonio Marín de la Bárcena.

Publicación.—Ejida y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Rubio Juncosa, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el dia de hoy la Sala de lo Contencioso Administrativo, de lo que como secretario de la misma certifico.

Madrid, 7 de Febrero de 1910.—Licenciado, Luis María Lorente.