La Energía eléctrica (1909-09-10 00:00:00), página 28

Cuarto. Infracción del art. 1.º de la ley de 23 de Marzo de 1900 sobre servidumbre de paso de corriente eléctrica, puesto que, siquiera sea con carácter precario y temporal, la Sala sentenciadora ha venido á reconocer á favor de la Sociedad general de Teléfonos, la existencia de dicha servidumbre sobre la casa de la recurrente, sin haber mediado ni el consentimiento del propietario del predio sirviente ni la indemnización prevista en dicho artículo, ni la previa declaración administrativa de utilidad exigida por los artículos 2.º y 3.º de la citada ley, asimismo infringidos; y

Quinto. Aplicación indebida del párrafo 3.º del art. 27 del Reglamento de 15 de Junio de 1901, y del párrafo 3.º del art. 41 del Reglamento de 7 de Octubre de 1904, puesto que la Sala sentenciadora considera que á tenor de dichos textos legales puede la Sociedad demandada colocar sus hilos telefónicos á una distancia de 2 metros 50 centímetros sobre la parte más elevada de las construcciones de la casa de autos, siendo así que tan sólo cambia semejante instalación mediante las expresadas condiciones requeridas por la legislación vigente para la imposición de la servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica:

Visto, siendo Ponente el magistrado D. Ramón Barroeta.

Considerando: que dado el concepto de la servidumbre tal y como la establece el art. 530 del Código civil, no puede reconocerse su existencia, en el mero hecho del paso por encima de la casa de la Sociedad recurrente, y á una altura que excede en mucho de la señalada por las leyes y Reglamentos que rigen en la materia, de unos hilos telefónicos que por no tocar ni apoyar en la mencionada finca, ni suponen la ocupación material de la misma, ni merman ó limitan en lo más mínimo los derechos del propietario para elevar la edificación, ni puede, por último, afirmarse racionalmente, que por cruzar de espacio los referidos hilos se constituya signo aparente del cual pueda derivarse en ningún tiempo, causa ó motivo de servidumbre;

Considerando: que al estimarlo así la Sala sentenciadora y absolver en consecuencia de la demandada á la Sociedad general de Teléfonos, no ha infringido las leyes y disposiciones de carácter administrativo que se invocan por el recurrente en los inexactos conceptos y supuesto de constituir una limitación de la propiedad los hechos que integran el presente litigio; toda vez que la ocupación del espacio aéreo en tanto en cuanto no restringe de algún modo los derechos de propiedad del suelo no aparece prohibida en nuestro derecho, si bien por lo mismo tal ocupación tampoco puede revelar, como queda expuesto, limitación alguna de aquel derecho en concepto de servidumbre.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Ramón Alberto Recasens y Sans en representación de la Sociedad «Recasens y Valls», á la que condenamos al pago de las costas y á la pérdida del depósito que ha constituido, al que se dará la aplicación que previene la ley, y con la certificación correspondiente devuélvase á la Audiencia territorial de Barcelona el apuntamiento que ha remitido.

(Sentencia de 1.º de Febrero, núm. 205.)

CONTRATOS CIVILES.—AGUAS

Real decreto de 31 de Julio de 1909. (Gaceta de 3 de Agosto de 1909.)

DOCTRINA.—Si bien es cierto es de la exclusiva competencia de las Corporaciones municipales cuanto se relaciona con el surtido de aguas, á tenor de lo establecido en el art. 72 de la ley Municipal, esto no obsta á que si un Ayuntamiento enajene una cantidad determinada de agua á cambio de otra, de que se dice ser propietario el adquiriente, el convenio en cuya virtud lo efectúa y cuya existencia ó no existencia por falta de consentimiento de aquel á quien se propone, es la cláusula á decidir la jurisdicción que entienda en el fondo del asunto, revista los caracteres de un contrato de carácter civil, y sean, por tanto, de esta índole los derechos que se derivan de él.

Siendo, por tanto, de carácter civil el derecho que ha podido ser lesionado por el acuerdo cuya revocación se pide, al solicitar el demandante su revocación de la jurisdicción ordinaria, ha hecho uso de la facultad que le concede el art. 172 de la mencionada ley Municipal y la procedencia de que entiendan en el asunto los Tribunales de Justicia se corrobora con lo dispuesto en el art. 254 de la ley de 13 de Junio de 1879, puesto que la cuestión planteadá envuelve, en último término, otra de dominio de aguas,