La Energía eléctrica (1909-05-10 00:00:00), página 18

aumento de gastos en la explotación, y por tanto á una minoración en las Utilidades á liquidar.

Estas 1.329 pesetas al 17 por 100 del amillaramiento, representan un líquido imponible de 7.817 pesetas, que es lo que representaría el alquiler de los inmuebles por los que se han satisfecho 1.329,60 pesetas de contribución territorial.

Y claro y evidentemente se demuestra, que de no poseer la Sociedad los indicados inmuebles por serle necesarios, satisfaría en concepto de locación de los mismos, 7.817 pesetas, de las que deducidas las 1.329,60 de contribución que en tal caso pagaría el propietario, quedarían reducidas á 6.487,40, que siendo á sumar á los gastos y á disminuir en los beneficios y por tanto en las Utilidades declaradas, al 13,20 de liquidación representan 856,28 pesetas menos á percibir, más el aumento de huecos y reparos de la contribución urbana, que vienen á aproximarse á las 1.154,09 en que daña á la parte actora la liquidación,

Por tanto, habida cuenta que una misma riqueza no puede ni debe tributar por dos conceptos, de territorial y utilidades, como en la liquidación impugnada se pretende y dando recta interpretación á la regla 5.a del art. 50 del vigente Reglamento y á la 4.a todavía más clara del art. 37 del 29 de Abril de 1902.

A V. S. atentamente suplica,

Que la liquidación á que este recurso hace referencia, se haga deduciendo las 1.329,60 pesetas satisfechas por contribución de inmuebles, de las 62.304 pesetas que representa el 13,20 de las 472.000 de beneficios y en modo alguno de estas 472.000 pesetas, que por duplicidad de tributo, originan á la Sociedad actora un perjuicio de 1.154,09 pesetas.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Zaragoza, 30 de Abril de 1909.—Santiago Corella.—Señor Administrador de Hacienda de la provincia de Zaragoza.

Dirección General de Obras públicas

Disponiendo, con carácter general, que d los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Verificadores de contadores eléctricos, se les considere con aptitud legal para desempeñar en los servicios del Ramo de Obras públicas todos los destinos de su categoría. (Gaceta del 23 de Abril).

Visto el expediente instruido en virtud de instancia elevada por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Verificadores de contadores eléctricos de la provincia de Madrid, D. Francisco Otamendi, en solicitud de que se les considere con aptitud legal para desempeñar en los servicios del ramo de Obras públicas que dependan directamente del Estado, todos los destinos de su categoría que tengan residencia en Madrid.

Resultando que los mencionados Ingenieros obtuvieron el cargo de referencia en virtud del concurso celebrado en cumplimiento de lo previsto en el art. 11 del Real decreto de 25 de Abril de 1901, y á cuyo concurso acudieron gran número de Ingenieros de distintas clases é Institutos:

Resultando que los cargos de Verificadores de contadores eléctricos, según lo previsto en el Real decreto de 8 de Junio de 1906, son compatibles con cualquiera otro del Estado, de la Provincia ó del Municipio, sin otras limitaciones que el ejercicio en la localidad donde radique la verificación;

Resultando que con arreglo á lo que dispone el Real decreto de 31 de Marzo de 1905, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos no pueden ser destinados á servicios de Obras públicas, cuyas Jefaturas radiquen en Madrid, sino después de haber servido cuatro años en provincias, exceptuándose únicamente los que obtuvieren sus plazas por oposición ó por concurso reglamentario:

Considerando que de hacerse extensiva la prescripción de este Real decreto á los Ingenieros de Caminos que obtengan por concurso las plazas de Verificadores de contadores eléctricos de Madrid, quedaría de hecho anulada la compatibilidad que establece el citado Real decreto de 8 de Junio de 1906, obligando á dichos funcionarios, con perjuicio de sus intereses y con menoscabo también del servicio público, á no poder prestar al Estado en el ramo de Obras públicas, los servicios propios de su clase:

Considerando que la excepción á que se refiere el Real decreto de 31 de Mayo de 1905, es razonable y hasta equitativo aplicarla por analogía al caso de qué se trata,puesto que si bien las plazas de Verificadores de contadores eléctricos no dependen directamente de la Dirección General de Obras Públicas, dependen de ella, en cambio, los Ingenieros de Caminos, á cuyo cuerpo pertene-