La Energía eléctrica (1908-05-10 00:00:00), página 20

Contra tan beneficiosa tendencia obraría la concesión de monopolios á los Ayuntamientos para los servicios de alumbrado y fuerza motriz.

Además, los Ayuntamientos que para tener el monopolio hubieran de comprar á las Sociedades existentes sus fábricas é indemnizarlas de la pérdida consiguiente de los beneficios corrientes y de los que tuvieran derecho á esperar del desarrollo de sus fábricas bajo el régimen de la libertad de industria, veían gravados sus presupuestos por las crecidas sumas necesarias para el pago de los intereses y amortización de los capitales desembolsados para dichas compras é indemnizaciones, y no podrían pensar en una rebaja en el precio de venta del alumbrado y de la fuerza motriz, como sería dable hacerlo á las Sociedades que se desarrollan bajo el régimen de la Libertad industrial.

3.º El Ayuntamiento quiere construir una fábrica municipal en concurrencia con otros industriales.

No se concibe la utilidad de tal fábrica municipal, pues la competencia que actualmente se hacen las fábricas ya existentes, tiene por consecuencia afatrar los precios y disminuir los intereses de los capitales invertidos en los negocios de alumbrado y fuerza motriz, y seguramente la explotación de una nueva fábrica por un Ayuntamiento, no podría menos de ser desastrosa para los intereses municipales.

Si, á pesar de todo, el Ayuntamiento insistiese en construir una fábrica, debe ser con la condición de respetar los derechos adquiridos por las fábricas preexistentes.

Se necesitaría, pues, que se dicten las disposiciones siguientes:

a) Obligación por el Ayuntamiento de pagar previamente sus deudas por los servicios de alumbrado anteriores á la creación de la fábrica municipal.

b) Determinar bien claramente que el Ayuntamiento no podrá utilizar la autorización para crear directa ó indirectamente un monopolio á su favor, que sería contrario á la libertad de industria.

c) El Ayuntamiento, para convertirse en industrial, estará obligado á abolir los arbitrios municipales directos ó indirectos sobre la industria de alumbrado, á fin de no crearse un monopolio de hecho, haciendo imposible el desarrollo de sus competidores mediante la creación de nuevas cargas.

d) El Ayuntamiento, para todo aquello que se relacione con la industria que ejerza, no tendrá sus propios privilegios, sino que se sujetará al derecho común para todos sus actos, ni más ni menos que un particular cualquiera, ya sea demandante, ya demandado, acusador ó acusado; es decir, que tendrá los mismos derechos y obligaciones civiles y responsabilidades penales que sus competidores en la industria, desapareciendo muy particularmente la facultad de conceder ó negar á las Sociedades que ejerzan la misma industria, autorización para practicar en la vía pública y en las fábricas los trabajos necesarios para el ejercicio de la industria.

e) A fin de evitar toda sorpresa, deberá exigirse una declaración previa de utilidad pública de la explotación de la industria de alumbrado por el Ayuntamiento; esta declaración tendrá primeramente el carácter de provisional; se expondría al público durante un plazo convenientemente largo para oír reclamaciones y se haría definitiva cuando se resolviesen con carácter de ejecución los recursos á que la información pública diere lugar.

Véase, pues, la complejidad de la cuestión, que no puede resolverse en los términos breves y absolutos del párrafo 3.º del artículo 97 y la necesidad de no modificar lo establecido por la ley vigente respecto al alumbrado.

En el caso de que, sin embargo, se creyera necesario conceder á los Municipios la facultad de municipalizar en ciertas condiciones, sería preciso establecer que mediante ley especial se fijaran las reglas de la municipalización, como sucede en Inglaterra e Italia, donde por cierto los resultados de las fábricas municipales son poco satisfactorios, y como se preceptuaba en el proyecto de ley presentado á las Cortes en 15 de Junio de 1905 por el entonces ministro de la Gobernación, hoy de Fomento, D. Augusto González Besada.

La mejor demostración de que es indispensable dictar reglas especiales para que un Ayuntamiento pueda establecer esa peligrosa municipalización de servicios, de que habla tan vagamente el dictamen de la Comisión, sin apreciar las enormes dificultades que tiene y las graves consecuencias que puede producir para los pueblos, la ha dado el actual ministro de la Gobernación en fecha bien reciente, cuando ya estaba presentado el proyecto al Congreso por medio de la importante y extensa Real orden del 23 de Julio del último año, publicada en la Gaceta del 25.

Tratándose de que el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia había solicitado autorización para construir una fábrica de gas de agua, mediante un empréstito de 6.000.000 de pesetas, y para municipalizar este servicio, ya explotándolo por sí, ya arrendándole en la forma harto peregrina que se le ocurrió proponer.

El actual señor ministro, después de examinar concienzudamente el voluminoso expediente instruido, y á pesar del espíritu favorable á esa municipalización que de poco tiempo á esta parte domina en aquel Centro, comprendió los peligros de ese nuevo sistema y la necesidad de regularle por medio de disposiciones de precaución y garantía, que eviten los abusos harto conocidos de todos y la ruina de las poblaciones, que tienen derecho á ser bien administradas, y dictó esa Real orden, exigiendo requisitos y condiciones de que ha prescindido por completo en ese proyecto de ley, que no sin razón trae preocupada é inquieta á la opinión pública.

En esa Real orden, después de recordar el proyecto de ley del Sr. González Besada, se exigía al Ayuntamiento de Valencia, para concederle tal autorización, lo siguiente: