La Energía eléctrica (1908-03-25 00:00:00), página 24

de 1907, ya que á ellos se contrae la consulta, sus disposiciones, á mi entender, además de no ajustarse ni á la ley ni á los sanos principios de derecho natural, ni á los de equidad, significan una invasión de la Administración pública en el campo propio del Poder legislativo, desnaturalizando la función meramente reglamentaria de aquélla, y se refieren á materias de derecho civil, ajenas á todo interés público; y por ellas se quiere atribuir á organismos administrativos la competencia para resolver contiendas jurídicas nacidas de relaciones meramente privadas, con daño de la jurisdicción propia de los tribunales ordinarios.

Aunque en estricto rigor de derecho, é inspirándose en un criterio de puro individualismo, al Estado no le correspondería otra misión respecto á los medios materiales de medir los objetos del cambio, que la de reprimir los fraudes, se comprende que por interés público, para facilitar las transacciones y evitar posibles engaños, afiance y preste su garantía con la imposición de su sello á los instrumentos que se toman como términos de relación para fijar la cantidad, peso ó medida de las mercancías. Por esto, aunque no sea función especial del Estado y se conciba que pudiera existir sin tal facultad, fabrica é impone su sello en la moneda, garantizando su peso y ley, y comprueba y garantiza también la exactitud y precisión de los instrumentos de pesar y medir. Pero allí donde termina esa prestación del crédito oficial, allí acaba también la intervención del Estado, sin que pueda alegarse que, con aquel pretexto, esté autorizado para intervenir en la forma, condiciones, naturaleza y consecuencias de los contratos privados cuyo objeto ó materia sean mercancías á que puedan aplicarse los instrumentos ó aparatos de pesar, contar ó medir.

El labrador puede enajenar sus cosechas, el fabricante sus productos, el comerciante sus mercaderías, en precios más ó menos elevados y en condiciones más ó menos onerosas sin que el Estado, á pretexto de ejercer su misión de garantizar la exactitud de los instrumentos de que aquéllos se valgan para medir ó pesar lo enajenado, pueda limitar la libérrima voluntad de los contratantes, únicamente condicionada por los preceptos del derecho civil.

Pues bien; la energía eléctrica no es sino una mercancía susceptible de ser objeto de contratación, de ser vendida, como las demás mercancías, con ó sin relación á su natural unidad de medida; y claro es que la intervención que únicamente puede adjudicarse en dichos contratos el Estado, á título de garantizador de la exactitud ó fidelidad de los aparatos de medición, es la de que los que se empleen hayan sido por él comprobados y lleven su sello en prueba de tal comprobación.

Pero quizá se piense que ya que no á título de garantizador de la fidelidad de los aparatos de medición, sea lícito al Estado intervenir en los contratos privados de suministro de energía eléctrica por otros motivos de conveniencia ó de intereses públicos; porque, en efecto, á veces por imposición de la ley suprema de la salud, de la conveniencia del pueblo, se ve aquél forzado á limitar con una traba excepcional la libertad de contratación; y otras, á cambio de ciertas concesiones que de algo propio y privativo suyo otorga á un particular, impone á éste determinadas condiciones para el disfrute de los bienes ó utilidades, cuya obtención le ha cedido, y, por esta razón, en unos casos tasa el precio ó marca condiciones á la venta de ciertos artículos, cuyo comercio, de otro modo, sería libre, y, en otros, fija tarifas ó impone pactos obligatorios. Pero ni la energía eléctrica es mercancía de consumo indispensable, sino de comodidad y de lujo, ni su producción y explotación precisan concesión administrativa ni subvención del Estado. Si aquélla ó ésta se solicitaran y se otorgaren, en buen hora que la Administración impusiera las condiciones que para su otorgamiento estimase oportunas; pero cuando sin solicitar nada del Poder público, más que el amparo de los derechos—su función característica—el productor monta su industria eléctrica, la contratación privada del producto es y debe ser tan libre como la de cualquiera otro artículo del comercio de los hombres, sin que pueda alegarse razón alguna de interés público que autorice la reglamentación administrativa de aquélla.

Imponer, directa ó indirectamente, tasa á su precio y condicionar la voluntad de los contratantes son atentados á la libertad de contratación, sin motivo justo ni explicación atendible que los disculpe.

Las razones que el autor del Real decreto de 25 de Octubre último ha tenido presentes para disponer la intervención administrativa en la contratación privada de suministro de energía eléctrica, se expresan en uno de los párrafos de la exposición de aquél: «Los contratos celebrados entre los abonados y las Sociedades que suministran fluido—dice—no tienen en absoluto y como únicos elementos los que integran el contrato civil, en el que las partes pueden estipular las condiciones que á su derecho convengan con las limitaciones establecidas en el art. 1.255 del Código civil, sino que, á semejanza del servicio de pesas y medidas, por el aspecto industrial de dichas Sociedades y por el verdadero servicio público que explotan, envuelve un concepto de servicio general que justifica la intervención del Estado.»