La Energía eléctrica (1908-04-10 00:00:00), página 20

Y no se diga que porque á la industria eléctrica le sea concedido el derecho de servidumbre forzosa para el tendido de sus redes, pudiendo utilizar, al efecto, la expropiación, deba ser considerada como servicio público y puedan ser tasados por el Estado los precios de venta de sus productos ó intervenidos los contratos que celebre con los consumidores; en primer lugar, porque la ley que otorgó aquellos derechos no impuso, como condición de su otorgamiento, dichas limitaciones de la libertad de contratación, y aunque las hubiera impuesto, habrían de referirse tan sólo á los casos en que los beneficios se utilizaran, pues claro es que el acogerse á ellos es potestativo; esto aparte de que otras industrias, la de minas, por ejemplo, gozan de análogos privilegios y á nadie le ha ocurrido que al utilizar éstos quede obligado el industrial á ajustar los contratos de venta de sus productos á las condiciones que la administración le imponga.

Todavía se concibe que dentro de un régimen radical socialista una ley otorgase facultades al Poder público para fijar condiciones á la contratación de fluido eléctrico. Esa ley, aunque injusta, obligaría, pues sería la fiel traducción de la voluntad soberana de la nación; pero lo que no puede en manera alguna admitirse, es que la Administración pública se atribuya facultades propias del Poder legislativo.

La potestad reglamentaria del Poder ejecutivo queda reducida, según el núm. 1º del art. 54 de la Constitución, á expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes; y el Real decreto de 25 de Octubre próximo pasado, no sólo no es conducente á la ejecución de ley alguna, sino que arbitraria y palmariaente contraria los preceptos de las vigentes, y versa sobre materias civiles, ajenas por completo á la jurisdicción de la Administración pública, lo que produce la ineficacia de las disposiciones de ésta en todo lo que signifique una extralimitación de atribuciones.

El fabricante de energía eléctrica que contrata privadamente el suministro de fluido con el consumidor, puede fijar, de acuerdo con éste en el contrato, cuantas condiciones tenga por conveniente, según el art. 1.255 del Código civil, siempre que esas condiciones no sean contrarias á las leyes, la moral ni al orden público; y á pesar de ese manifiesto reconocimiento hecho por la ley de la libertad de contratación, el Real decreto de 25 de Octubre y la Real orden de 9 de Diciembre de 1907 pretenden prohibir en dichos contratos privados ciertos pactos y otorgar derechos é imponer obligaciones á las partes, distintos de los por ellas libre y voluntariamente acordados, con manifiesta infracción, por tanto del art. 1.091 del mismo Código civil, que dispone que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Esas condiciones contractuales, perfectamente lícitas, que el Real decreto en cuestión, con notoria injusticia e incompetencia, no sólo prohíbe, sino que anula cuando ya hayan sido convenidas, son el pacto de abono de un mínimo de consumo y el de abono de alquiler, fianza, instalación, colocación y enganche del contador impuesto por el productor de fluido; y además, establece arbitrariamente y en contra de lo convenido por las partes, la obligación del productor de reintegrar las cantidades cobradas por mínimo mensual á otro concepto (así dice ambigüamente el decreto).

Y, sin embargo, no hay ley que prohíba semejantes pactos, ni precepto moral que los condene, ni al orden público afectan en nada, luego claro es que son perfectamente lícitos, según el citado art. 1.255 del Código civil, contrariado en vez de cumplido por el precepto reglamentario que comentó, puesto que el fabricante de electricidad, como en general el vendedor de cualquier producto que por interés público no esté sujeto excepcionalmente por ley á tasa, puede ofrecer su venta en el precio y con las condiciones que estime convenientes, y el consumidor puede aceptarlas ó no, pues nadie le obliga á ello, toda vez que ni el consumo de electricidad es forzoso, ni siquiera es este fluido artículo de primera necesidad, sino de lujo, especialmente en el alumbrado, que es su uso más frecuente.

El pacto del mínimo de consumo ó sea la obligación adquirida por el comprador de pagar el precio de una determinada cantidad de mercancía que el vendedor pone á su disposición aunque aquél, por su voluntad, no utilice ó consuma toda, no sólo no está prohibido por ley alguna ni es opuesto á la moral ni al orden público—que ya sería lo bastante para que fuese eficaz en derecho—, sino que es frecuentísimo en muchas transacciones, y en algunas, como las que tienen por objeto la energía eléctrica, absolutamente indispensable.

Idéntico pacto es el que la industria de transportes celebra fijando un precio igual hasta un límite de kilómetros de recorrido, ó fijando un precio igual hasta un límite de peso de las mercancías; en ambos casos el porteador tiene derecho á recibir el tipo total del precio aunque no se apure el total recorrido y aunque la mercancía tenga menor peso que el fijado como límite. Los billetes kilométricos son el ejemplo más característico de contrato de transporte sobre la base de un mínimo de consumo.

Mínimum de consumo se pacta en los contratos de abastecimiento de agua, servicio que frecuentemente tiene carácter de oficial y público. Condición análoga llevan implican una multitud de contratos corrientes y que todos los días se celebran, como el de arrendamiento en que el inquilino abona el alquiler de todo el plazo del contrato, aunque no ocupe durante todo ese tiempo la cosa arrendada, que tiene á su disposición, y abandone aquélla antes del término del plazo pactado; el de espectáculos en el que satisface el precio total aunque no se presencie todo el que se tiene derecho á presenciar; y mil otros más que sería ocioso enumerar.