La Energía eléctrica (1908-05-10 00:00:00), página 23

rebasar los Ayuntamientos, y 2.º, que se consigne bien claramente que para la formación de este 25 por 100 hay que computar todos los arbitrios de todas clases que afecten á la industria que los pague, esto es, que no puede un Ayuntamiento exigir el 25 sobre la cuota contributiva como recargo y al mismo tiempo imponer otro arbitrio por canalizar, por apertura de zanjas, por ocupación del subsuelo, por primeras materias de fabricación, por consumo de productos, etc., etc., quedando bien aclarado que el importe total de todos los arbitrios es impuestos que un Ayuntamiento pueda establecer sobre una industria determinada, no podrá nunca exceder en conjunto del 25 por 100 de la cuota que la industria pague por contribución al Estado.

Para concluir lo relativo á este punto, haremos notar que no hay inconveniente alguno en que se fije el límite á la facultad de imponer arbitrios, porque si las Cortes y el Gobierno tienen confianza en la buena administración y respeto á las leyes, de los Ayuntamientos, no perjudica ni deprime su autoridad el establecerlo, mientras que, si como una amarga experiencia demuestra, esa administración no respondiera á sus elevados fines y á las esperanzas del legislador, esa disposición limitativa sería de grandes resultados.

Contratación.

En tercer lugar, llamamos la atención de los legisladores sobre otro punto que interesa también en alto grado á todos los que contratan con los Municipios el servicio de alumbrado público.

Sabido es de sobra que muchos Ayuntamientos, lejos de estar en condiciones de ser industriales, tienen desplorable administración y tardan mucho en pagar á sus contratistas, si es que los pagan.

En r.º de Enero de 1907, los Ayuntamientos debían á una de las Compañías exponentes, la que funciona con la razón social Lebón y Compañía, sin mencionar otras, la enorme suma de 6.375.702,22 pesetas.

Contando con el amparo de la ley y las varias disposiciones ministeriales que se han dictado con repetición para obligar á los Ayuntamientos á cumplir mejor sus compromisos, los contratistas han abrigado hasta ahora la esperanza de poder cobrar algún día sus importantes créditos.

Pero han visto con asombro que, así el proyecto de ley como el dictamen de la Comisión que se está discutiendo, hacen caso omiso de todas estas disposiciones ministeriales, y particularmente de los Reales decretos de 19 de Febrero de 1901 sobre pago de créditos por contratos; de 23 de Diciembre de 1902 sobre ordenación de pagos provinciales y municipales, debido al ministro entonces de la Gobernación, hoy presidente del Consejo de ministros, y del de 24 de Enero de 1905, que publicó la Instrucción sobre contratos para esta clase de servicios, que eran garantía de los que contrataban con los Ayuntamientos.

Basta leer los artículos 105 al 109, y en especial el 108 del dictamen, para convencerse de que se ha olvidado la realidad de las cosas y no se ha previsto el caso, por demás frecuente, de incumplimiento por parte de los Municipios, cuidando sólo de prevenir y castigar el de los contratistas. Todos son deberes y sanción penal para estos, y no hay ninguna, ni se prevé el caso, para los Ayuntamientos morosos.

No acontecía esto en el proyecto de ley de bases para la reforma de la Administración local, presentado al Senado en 26 de Mayo de 1903 por el mismo ministro Sr. Maura, y publicado en la Gaceta de 28 de dicho mes, que fué aprobado por esa Cámara.

En varias de sus bases, y singularmente en las 15 y 24, se establecía que habrían de incorporarse á la ley en su desarrollo orgánico, las disposiciones ya existentes relativas al régimen de contratación y pagos de los Municipios, esto es, las mismas que acabamos de citar.

¿Qué ha podido ocurrir para que en el proyecto de ley que tanto preocupa á la opinión y tan discutido está siendo en el Parlamento, haya dejado de consignarse lo que como garantía necesaria de la contratación consignaba en aquellas bases el mismo autor del proyecto? ¿Es que ha cambiado de repente la manera de administrar los Ayuntamientos, y se considera á todos como exactos y fieles cumplidores de sus compromisos y obligaciones? Triste va á ser el desengaño de los que esto crean y del país si el dictamen de la Comisión llegara á ser ley.

Las Compañías exponentes esperan de la sabiduría de los Cuerpos Colegiados que tomen en consideración estas observaciones y se respeten y consignen en la ley, como adición al art. 108 del dictamen, los preceptos de los citados Reales decretos, que deben declararse en vigor, y terminan

Suplicando hoy al Congreso de los Diputados y en su día al Senado, que, tomando en consideración las alegaciones expuestas, se dignen negar su aprobación al núm. 8.º del art. 97 y al núm. 4.º del art. 173 y apartado letra C del mismo artículo del dictamen de la Comisión de reforma del régimen local, y si á esto no hubiere lugar, reformarlo, estableciendo que la municipalización de servicios á que se refiere dicho número 8.º del art. 97, habrá de regirse por reglas y condiciones que fijará una ley especial, y que los arbitrios y recargos de que trata el núm. 4.º del 173 y su apartado letra C no podrán exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota de contribución que por industrial ó por utilidades de la riqueza mobiliaria satisfagan al Tesoro las industrias á que afecten, según se ha propuesto por algunos señores diputados, consignando igualmente en el dictamen que quedan en vigor los preceptos de los Reales decretos de 19 de Febrero de 1901, de 23 de Diciembre de 1902 y 24 de Enero de 1905 sobre contratación de esta clase de servicios, puntualizando, por último, lo relativo á la liquidación y pago de las deudas municipales, como se decía en el proyecto de ley de bases presentado al Senado por el ministro entonces de la Gobernación, Sr. D. Antonio Maura, en 26 de Mayo de 1903.