La Energía eléctrica (1908-04-25 00:00:00), página 19

el cual se pretende declarar la ineficacia del pacto de pago de alquiler, fianza, instalación, colocación ó enganche de contador cuando las Compañías que suministran el fluido imponen uno de aquellos aparatos de su propiedad.

Como ni la producción ni el consumo de fluido eléctrico son obligatorios por la ley, el fabricante puede imponer las condiciones de venta que le convengan, y entre ellas la de uso de un determinado contador y el pago de su alquiler, fianza ó enganche, y el consumidor es duelo de comprar ó no el fluido en esas condiciones, pero una vez aceptadas voluntariamente por las partes, su eficacia obligatoria es evidente, de acuerdo con los artículos 1.255 y 1.091 del Código civil.

Y aunque ya sólo con esto queda demostrada la legitimidad de tales condiciones, por muy onerosas que fueren para una de las partes contratantes, voy á justificar, como lo he hecho al hablar del pacto de minimum de consumo, que no sólo aquéllas son perfectamente lícitas, sino además, conformes á la equidad.

En la forma más corriente del contrato de suministro de energía eléctrica, el productor se obliga á suministrar el fluido necesario para que funcione la instalación de aquél total y constantemente; de modo que lo rigurosamente justo sería que el consumidor abonase ese total fluido que se reserva y pone á su disposición. Pero el consumidor no tiene la instalación funcionan lo total y constantemente, y por equidad conviene con el productor el no pagar esa parte de fluido que no consume, aunque esta á su disposición, sino sólo la que utilice. ¿En beneficio de quién, pues, se instala y usa el aparato que sirve para medir y separar la cantidad de fluido que el consumidor utiliza, de la otra parte que tiene á su disposición, pero que no consume? Indudablemente en beneficio del consumidor. Equitativo es, pues, que se pacte la obligación del consumidor de satisfacer los gastos que ese beneficio ocasiona.

Ahora bien; por las condiciones en que es forzoso prestar el suministro de energía eléctrica, el contador está siempre en el domicilio y á disposición discrecional del abonado, por lo que al vendedor del fluido le interesa, no sólo la exactitud del aparato—que ésta ya la afirma la Administración con su verificación y puede además haberse comprobado particularmente—, sino que el sistema y construcción de aquél sean para él garantías á su satisfacción de que su regular funcionamiento no puede ser alterado por causas externas, casuales ó intencionadas y fraudulentas. De ahí que resulta natural y muy explicable la imposición de contador por la Empresa productora del fluido.

Por otra parte, no significan un lucro inmoderado, acaso ni siquiera ganancia, las cantidades que ordinariamente perciben las Compañías de electricidad por alquiler de contadores. El interés del capital en ellos empleado, los gastos de reparación muy frecuentes en tan delicados aparatos, los de verificación oficial y el importe del fluido que consumen cuando funcionan, son partidas cuya suma—según los datos que se nos facilitan—apenas llega á ser cubierta con las cantidades percibidas por alquiler.

Si los preceptos del Real decreto de 25 de Octubre merecen el juicio expuesto, con mayor razón aún es forzoso sostener que la Real orden de 9 de Diciembre de 1907 es ilegal e injusta, porque lo en ella dispuesto constituye una violación, si cabe, más arbitraria del derecho.

Ya el art. 42 del Real decreto de 8 de Junio de 1906, que establecía que, pendiente una reclamación por marcha irregular del contador u otras causas, las Empresas productoras del fluido no podrían dejar de suministrarle, era un manifiesto ataque á la libertad de la industria y de la contratación, pero la llamada aclaración que de ese precepto hace la repetida Real orden, exagera de tal modo la nota de injusticia y de animadversión inconsiderada para con la industria eléctrica, que su lectura induce á presumir que el ilustrado criterio del autor de tal disposición administrativa padeció una inexplicable ofuscación al redactarla.

Porque con ocasión, según parece, de una comunicación de los verificadores de contadores de electricidad de esta corte, se ordena, á pretexto de aclarar el art. 42 del Real decreto de 8 de Junio de 1906, que las Empresas suministrantes del fluido no podrán, bajo ningún concepto, dejar de suministrar el mismo, no sólo mientras se encuentren pendientes de resolución las reclamaciones á que dicho artículo se refiere, sino también cuando las reclamaciones hayan sido resueltas, siempre que los abonados estén al corriente del pago de sus recibos.

Es decir, que se viene á imponer á la industria eléctrica la obligación de producir y servir el fluido contra su voluntad desde el momento en que á un consumidor le venga en gana formular una reclamación justa ó injusta. Y de esa obligación no podrá eximirse ni siquiera, por lo visto, cuando á los intereses del productor convenga abandonar la industria; bajo ningún concepto, dice literalmente la Real orden.

El error jurídico es de tanto bulto, que estimó innecesario exponer razonamiento alguno en contra de él. Ya la Administración no se contenta con usurpar facultades del Poder legislativo, con imponer condiciones á la contratación privada, con quebrantar la ley civil, con declarar servicio público el de suministro de fluido eléctrico, sino que llega á hacerle obligatorio, del cual no puede eximirse bajo ningún concepto quien comienza una sola vez á prestarle.

El precepto es sencillamente absurdo y repugna á las enseñanzas de la ciencia económica y á la idea más rudimentaria de justicia.

Pero hay más; la solución de todas las cuestiones de puro derecho privado, que son objeto de las disposiciones que analizo, quedan sometidas á organismos administrativos según los artículos 1.º, 38, 43, 133 y 137, entre otros, del Real decreto de 7 de Octubre de 1904, modificados en parte por el de