La Energía eléctrica (1908-04-10 00:00:00), página 19

A las fábricas que vendan á 0,80 pesetas kilovatio, se asignará un precio medio de venta para el kilovatio de 0,50 pesetas, y con el mismo procedimiento:

\[
0.50 : x :: 0.25 : 1.50 = 3.00 \text{ pesetas}.
\]

El tipo, por el mismo procedimiento, será, para las fábricas que vendan por contador el kilovatio, á 0,70 el de 2,70 pesetas; para las que vendan á 0,60 kilovatio, el tipo será el de 2,40 pesetas; para las fábricas que vendan á 0,50 pesetas, el tipo será de 2,10.

Este tipo será el que se admitirá como más bajo para los efectos de aplicación de cuota contributiva.

Las fracciones de precio de venta del kilovatio por contador, entre dos decenas, se considerarán como correspondientes á la decena superior.

DICATAMEN

que á petición de la Unión Eléctrica Española ha emitido el letrado D. Manuel García Prieto, acerca del Real decreto de 25 de Octubre y de la Real orden de 9 de Diciembre de 1907.

(CCINTINUACIÓN)

De modo que, en resumen, quiere decirse que se estima la justificación de ésta por las mismas razones en que se funda la acción tutelar del Estado respecto á comprobación de los pesos y medidas; y además, porque el decreto considera que la industria eléctrica es un servicio público. Y no me haré cargo especialmente para refutarla, pues ella ha de quedar contradicha en todo este dictamen, de la manifestación gratuita de que los contratos privados de suministro de fluido eléctrico no tienen «en absoluto» el carácter de contratos civiles, ni tampoco de la afirmación de que «el aspecto industrial» de las Sociedades que le suministran pueda autorizar la intervención del Poder público en la celebración de aquellos convenios, porque confieso ingenuamente que no alcanzo á comprender la relación que haya podido descubrirse entre la necesidad de la intervención administrativa y el carácter industrial de un contratante, sin que la reconocida ilustración del ministro de la Corona que refrenda el decreto, me permita sospechar que se ha querido sostener el absurdo de que desde el momento en que una de las partes de un contrato privado tiene el carácter, ó como dice el preámbulo, «el aspecto» de industrial, quede ya justificada la imposición de tasas en los precios y la reglamentación administrativa de los contratos que privadamente celebre aquél p ara enajenar ó dar salida á los productos de su industria.

Ya queda dicho que no precisamente á la justicia estricta y rigurosa, sino al interés público, conviene que el Estado garantice con su crédito la fidelidad y exactitud de los instrumentos que sirven de patrón de relación para el cambio; pero invocando esa función del Estado, ni es lícito ni lógico defender que deba intervenir en la contratación privada. En nombre de esa misión del Estado, puede y debe procurar éste que el metro, el litro, la balanza y el contador sean fieles y de exactitud uniforme; pero no le autoriza para fijar el precio, condiciones, forma de pago de la mercancía medida, pesada ó contada. Si no tendría defensa posible la disposición administrativa en que, á pretextos de reglamentar el ejercicio del cargo de almacenar ó fiel contraste, prohibiera al industrial, fabricante ó mercader establecer en los contratos de enajenación de sus productos ó mercancías los pactos y condiciones ficticios que estimase convenientes á sus intereses, no hay tampoco razón para que, si cuando de otras mercancías se trata esa facultad del Poder público de fiscalizar y añazar con su crédito la exactitud de las pesas y medidas, sólo le dé derecho á reglamentar la comprobación de éstas, se varíe de criterio porque la mercancía sea la energía eléctrica, y será forzoso aceptar que respecto á ella, en cuanto el Estado es guardador de esa confianza que en él se deposita y que le permite garantizar la legitimidad de los instrumentos de mesura, la acción del Poder público se limita, y debe limitarse, á aceptar ó rechazar los sistemas de contadores y contrastar su fidelidad, y en manera alguna á coartar la voluntad del productor y del consumidor para establecer los pactos contractuales que estimen oportunos.

Ya que esa función del Estado no le autoriza á condicionar los contratos privados de suministro de electricidad, veamos si la industria eléctrica tiene, como se afirma en el preámbulo del decreto de 25 de Octubre, el carácter de servicio público que pueda ser fundamento de la reglamentación administrativa de su contratación privada.

Desde luego salta á la vista que, como ya he dicho, una industria para cuyo ejercicio no se precisa subvención ni auxilio alguno del Estado, y á la cual ninguna ley le otorga el carácter de servicio público, no puede ser considerada como tal.

Indudablemente el decreto de 25 de Octubre último confunde los conceptos, y por el solo hecho de que el uso de la electricidad va siendo cada vez más general y extendido, y porque de ese fluido se sirven muchos, deduce que su producción es un servicio público; y con tan peregrino criterio, llegaríamos á aplicar el mismo calificativo á todas las industrias que, como la de tejidos, la de calzado, la de construcción de carruajes y tantas otras producen artículos de general consumo.