La Energía eléctrica (1908-04-25 00:00:00), página 20

8 de Junio de 1906 y por el de 25 de Octubre último, con lo que se pretende mermar ilegalmente la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, que son los únicos competentes para conocer, en cada caso concreto, de la eficacia, nulidad, interpretación, alcance y cumplimiento de los contratos civiles; y en ese concepto las disposiciones administrativas citadas infringen, en vez de cumplir, el art. 76 de la Constitución, el 2 de la ley orgánica del Poder judicial y el 51 de la ley de Enjuiciamiento civil: «La misión de interpretar las leyes en cada caso concreto es facultad exclusiva de los Tribunales encargados de su aplicación y no cabe que la Administración, por medio de Reales decretos, interprete disposiciones vigentes al promulgarse éstos, derogando sus preceptos, lo que, tratándose de leyes, sólo puede verificarse por otras posteriores.» Así lo declaran, entre otras sentencias, las del Tribunal Contencioso-Administrativo de 18 y 20 de Noviembre de 1889.

Y hasta tal punto es ineficaz cuanto la Administración disponga en aquel sentido, que el número primero del art. 7.º de la ley orgánica citada preceptúa que los jueces, magistrados y Tribunales no podrán aplicar los reglamentos generales, provinciales ó locales ni otras disposiciones, de cualquier clase que sean, que estén en desacuerdo con las leyes.

De lo dicho se deduce la actitud que, á mi juicio, deben adoptar las Compañías de electricidad respecto al Real decreto de 25 de Octubre último y á la Real orden de 9 de Diciembre siguiente. Contra ellos, por ser disposiciones de carácter general, no puede recurirse en vía contenciosa administrativa. Por este, opino que las Compañías deben seguir celebrando los contratos, exigiendo el cumplimiento de los pactos convenidos y dejando de suministrar fluido como antes de que el Real decreto y la Real orden se publicasen; y si la autoridad administrativa llegara á dictar en algún caso concreto una resolución en que se aplicaran los preceptos del Real decreto ó de la Real orden mencionados, que significan, como queda explicado, un ataque á la libertad de contratación civil, contra aquélla debe recurrir la Compañía á la cual afecte, apurando primero la vía gubernativa, e interponiendo después recurso contencioso-administrativo. Además, si al exigir las Empresas de electricidad el cumplimiento de una obligación pactada de las prohibidas ó anuladas según el repetido Real decreto, se negase el particular obligado á cumplirla, allegando los preceptos administrativos citados, debe la Empresa de electricidad contratante acudir á los Tribunales ordinarios, exigiendo en el juicio declarativo correspondiente el cumplimiento de la obligación pactada.

Y huelga añadir que ni para interponer los oportunos recursos gubernativos y el contencioso-administrativo, en el primer caso, ni para formular las correspondientes demandas ante los Tribunales ordinarios, en el segundo, tiene personalidad ni acción la Unión Eléctrica Española, que no celebra contratos de suministro de fluido ni tiene, por tanto, vínculo jurídico alguno directo con los consumidores, sino que, repito, unos y otros procedimientos han de ser utilizados por la Empresa cuyos derechos resulten en cada caso lesionados.

Resumiendo lo expuesto, OPINO:

1.º Que las disposiciones del Real decreto de 25 de Octubre de 1907, que limitan la libre contratación de suministro de fluido eléctrico, prohibiendo ó invalidando los pactos de mínimo de consumo y de pago de alquiler de los contadores, y las de la Real orden de 9 de Diciembre siguiente, que impone á las Empresas de electricidad la obligación de producir y suministrar el fluido, no son conformes á justicia ni equidad, son ilegales y están dictadas con notoria incompetencia por la Administración pública, por lo que carecen de toda eficacia y fuerza de obligar.

2.º Que contra dichas disposiciones administrativas no procede interponer recurso contencioso-administrativo. pero sí en cada caso concreto en que los preceptos de aquélla se apliquen, puede y debe la Empresa eléctrica cuyos derechos se lesionan, recurrir primero en vía gubernativa y después, en la contenciosa.

Además, las mismas Empresas pueden y deben exigir á los consumidores ante los Tribunales civiles, en los oportunos juicios declarativos, el cumplimiento de los pactos de mínimo de consumo y de pago de alquiler de contadores.

3.º Que la Unión Eléctrica Española carece de personalidad y de acción para utilizar los procedimientos á que se refiere el párrafo anterior.

Tal es mi dictamen, que gustoso someto á otro más acertado.

Madrid 29 de Diciembre de 1907.—Licenciado, M. García Prieto.