La Energía eléctrica (1906-01-25 00:00:00), página 22

Instancia elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la U. E. E. en súplica de que, ó se reduzcan las visitas de inspección de los Ingenieros de Obras públicas á las instalaciones eléctricas, ó satisfaga el Estado las dietas que dicho personal devenga por tal servicio, que ni reclaman ni necesitan las Centrales.

Excmo. Sr. D. Antonio Alvarez de Estrada y García Camba, marqués de Camarines, presidente de la U. E. E., en nombre y representación de 825 productores de electricidad á la misma adheridos, pertenecientes á las Agrupaciones regionales de Castilla la Nueva, Asturiana, Aragonesa, de Barcelona, Gerona, Galicia, Riojana, Levantina, Oviedo y León, á V. E. se honra en exponer

Que en resolución á la consulta elevada á la Dirección de Obras públicas por el ingeniero jefe de la provincia de Ávila, sobre las visitas que deben hacerse por el personal á sus órdenes para la inspección de las instalaciones eléctricas, hase dispuesto por el ilustrísimo señor director general de dicho servicio, con fecha 13 de Septiembre de 1905, sean éstas trimestrales y una anual por el ingeniero jefe.

El reglamento vigente de instalaciones eléctricas de 7 de Octubre de 1904, tiende, excelentísimo señor, á llenar un alto deber de prevención y seguridad pública, evitando accidentes en las personas y perjuicios á las propiedades del dominio público e impidiendo el funcionamiento de las instalaciones eléctricas en que no esté debidamente garantizada esta seguridad, pero ni en su letra ni en su espíritu se rechaza la idea de que esta medida previsora del Estado venga por su exagerada ejecución á convertirse, sin ventaja alguna para el mismo, en un nuevo impuesto que sumar á los muchos con que la Hacienda y los Municipios gravan la industria de producción de fluido eléctrico, que por su precario estado, hácese acreedora á ser tratada con mayor consideración por el Estado.

Armonizando el espíritu con la letra de dicho reglamento, dispóñese en los artículos 54 y 55 la inspección de las obras de toda instalación durante el período de su ejecución, y hasta se establece no puede comenzar á funcionar la instalación (durante el período de su ejecución) sin haber obtenido el correspondiente permiso, y en el 56 se autoriza á entrar en las fábricas en las que el público no tiene acceso, el personal técnico encargado de la inspección, siempre que éste lo considere necesario para comprobar el funcionamiento de la misma, con arreglo á lo dispuesto en el art. 30, que sólo se refiere á la inspección de la instalación antes de ponerla en explotación.

Establécese, en resumen, con toda claridad en el reglamento, el criterio de que esas inspecciones se verifiquen en caso de necesidad; es decir, antes de su puesta en marcha y cuando la autoridad lo solicite como consecuencia de denuncias de su mal estado, que haga temer posibles accidentes por haber ocurrido éstos en casos análogos, y no cabe, excelentísimo señor, hablando técnicamente, suponer pueda ser necesario multiplicar tales inspecciones, cuando ni cambios en el trazado de las redes, ni sustituciones de importancia en el funcionamiento de las fábricas, ni circunstancias anormales de ninguna clase, pudieran dar lugar á que se altere las condiciones de seguridad de las mismas, para con respecto á los intereses por los que el personal de Obras públicas le compete velar. Y demuestra aún más que tales inspecciones no es necesario sean frecuentes, la razón poderosa de que los fabricantes son los primeros interesados en la buena conservación de sus instalaciones para evitarle las responsabilidades en que según el artículo 59 pueden incurrir por imprudencia, descuido ó negligencia en la conservación y reparación de las mismas.

Es, por lo tanto, opuesto á las tendencias y fines que se persiguen con el reglamento de instalaciones, el multiplicar las inspecciones, sin causa excepcional que las justifique y no se ve el beneficio que al Estado pueda reportar el exagerar aquéllas hasta el lamentable extremo de hacerlas trimestrales.

Mas independientemente, excelentísimo señor, de la frecuencia con que dichas inspecciones se verifiquen, es justo y razonable que constituyendo aquéllas un servicio público, realizado por personal del Estado, y para nada solicitado por las fábricas, pague el Estado los gastos que origine su desempeño, como pagan las fábricas, los gastos que le ocasiona su personal técnico, encargado de procurar no incurrir en las responsabilidades civiles á que el citado art. 59 se refiere. De lo contrario, excelentísimo señor, la lógica marca que si las fábricas han de costear las inspecciones sean los ingenieros del Estado ó los técnicos que las lleven á cabo, los responsables civilmente de los perjuicios aludidos.

Las fábricas de electricidad viven muriendo, por lo despiadadamente como son tratadas por la Hacienda y los Municipios, que las imponen cada día mayores gravámenes, por la falta de leyes que penen debidamente el fraude, que alcanza proporciones escandalosas, por la multitud de gabelas que bajo formas distintas, acumula el Estado sobre ellas; el cumplimiento riguroso de la disposición á que en la presente instancia se alude supondría para las centrales un nuevo impuesto de 800 pesetas como promedio sin obtener de tal inspección más fruto que los disgustos y molestias inherentes á dichas visitas, y abundan en España las Centrales pequeñas que materialmente no pueden soportar el nuevo gravamen.

Como ejemplo de la perturbación que en la práctica origina el cumplimiento de la disposición citada y de la penosa vida que el Estado obliga á arrastrar á las centrales de electricidad, puede citarse, excelentísimo señor, entre otros muchos, el caso de la Compañía Electra Matarraña, de Beceite (provincia de Teruel) que por datos de cuya exactitud no puede dudarse tiene una recaudación anual de 4.000,44 pesetas, y pagando de impuesto 769,96, se la obliga ahora á depositar, según oficio del gobernador civil