La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 25

Las consecuencias las han sufrido y están sufriendo todos los aprovechantes inferiores, y en especial la Sociedad Hidro-Electra que, pagando algunos miles de pesetas cada año al Estado, se ha visto desamparada en sus derechos hasta darse el caso de no tener casi agua para poder poner en movimiento sus máquinas, mientras que los vecinos de Baños de Río Tobía, ilegalmente, han desviado y desvían todo el agua que tienen por conveniente.

Elevamos desde estas columnas nuestra más viva protesta al señor ministro de Fomento, y esperamos de su rectitud resuelva pronto el recurso de alzada interpuesto por la Sociedad Hidro-Electra ateniéndose á las justas explicaciones expuestas aquí, ya que la concesión se ha hecho sin tener en cuenta los grandes perjuicios ocasionados.

SENTENCIAS DE LO CONTENCIOSO

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 76)

Resultando que substanciado el recurso de alzada de que se hace mérito en el anterior Resultando, se dictó la Real orden de 14 de Abril de 1904, en la que, «Vistos los artículos 2.º y 3.º de la ley, 30, 31 y siguientes del Reglamento de Expropiación forzosa y el Real decreto de 5 de Octubre de 1883 con los formularios referentes á las hojas de aprecio que debían redactar los peritos: Considerando que en esas hojas se había prescindido substancialmente del cumplimiento de las indicadas disposiciones legales, sin que tampoco resultase cumplido el art. 32 de dicha ley, ni en el informe de la Comisión provincial aparecieran los razonamientos en que se fundaba ni el refrendo á la omisión que se observa en la declaración del perito tercero; que las omisiones de que se trata infringen las disposiciones citadas y vician de nulidad lo actuado, con más motivo si se tenía en cuenta que en estas contiendas de justiprecio las declaraciones periciales son el primer factor para resolver con el acierto posible, se resolvió dejar sin efecto la providencia gubernativa apelada y disponer se devolviera el expediente al gobernador, para que desglosase y entregase al perito tercero la hoja de tasación, con el fin de que en un breve plazo la redactase de nuevo y la razonase y fundase según los preceptos legales citados y como correspondía al cargo de perito tercero, que oportunamente aceptó; y que recibida la nueva hoja con los posibles datos á que se refiere el art. 32, procedía oír de nuevo á la Comisión provincial y al ingeniero jefe de Obras públicas, resolviendo después la autoridad superior de la provincia como lo estimase más justo, según el art. 34 de la referida ley»:

Resultando: que con posterioridad á la precedente Real orden, que es la impugnada en el presente recurso, el perito tercero presentó con fecha 13 de Junio de 1904 nueva hoja de tasación, valuando los terrenos de que se trata en 13.761 pesetas 86 céntimos, habiendo informado la Comisión provincial con fecha 16 de Noviembre de 1904 en el sentido de que podía fijarse el justiprecio de la parcela de que se trata conforme á la hoja del tercer perito:

Resultando: que contra la citada Real orden de 14 de Abril de 1904 interpuso recurso contencioso administrativo el procurador D. Juan García Coca, en nombre de la Compañía del Tranvía eléctrico de Bilbao á Durango y Arratia, formalizando después la demanda con la súplica de que la Sala declare nula la Real orden impugnada y todo lo actuado en el expediente gubernativo con motivo del recurso de alzada interpuesto por doña Narcisa de Arteta, D. Ignacio y doña Carmen de Ansuatgeai en 25 de Noviembre de 1903 contra la providencia del gobernador civil de Vizcaya de 1.º de Octubre del mismo año, resolviendo que esta providencia es firme y ejecutoria, y si á ella no hubiere lugar, revocar dicha Real orden y confirmar en todas sus partes la referida providencia del gobernador:

Resultando: que emplazado el fiscal para que contestara á la demanda, lo hizo con la súplica de que la Sala se sirviera absolver de la misma á la Administración general del Estado, declarando firme y subsistente la Real orden recurrida, con imposición de las costas á la parte demandante:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Fermín Hernández Iglesias:

Visto el art. 1.º, núm. 1.º, de la ley de 24 de Junio de 1904, que dice: «El recurso contencioso administrativo podrá interponerse por la Administración ó por los particulares contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes: 1.º, que causen estado.....»;

Visto el art. 2.º, párrafo 1.º de la misma ley, que dice: «Para los efectos del artículo anterior se en-