La Energía eléctrica (1906-08-25 00:00:00), página 17

ciones acordadas por la Junta municipal relativas al pago de una peseta por metro lineal de zanja para la reparación de cañerías, á la colocación de bocas de riego para utilizarlas en caso de incendio, sin derecho de indemnización por parte del Ayuntamiento, y á la obligación por parte de la Compañía de reparar los desperfectos que ocasionen en la vía pública por la apertura de zanjas:

Resultando: que el Ministerio de la Gobernación, por Real orden de 15 de Diciembre de 1903, revocó el acuerdo de la Junta municipal de Barcelona y la providencia del gobernador civil por lo que refiere á los antiguos términos municipales de San Andrés de Palomar, San Gervasio de Casolas, Gracia, San Martín de Provensals y Barcelona, pudiéndose exigir el pago del arbitrio á todos aquellos otros que no hubiesen celebrado contratos con la Sociedad de Aguas:

Resultando: que el Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto recurso contencioso administrativo, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque la anterior Real orden y se declare firme y subsistente la providencia apelada del gobernador de la provincia de Barcelona:

Resultando: que emplazado el fiscal, contestó proponiendo la excepción de incompetencia de jurisdicción, y en su defecto, pidió se absolviese á la Administración de la demanda y se confirmase la resolución impugnada:

Resultando: que la Sociedad general de Aguas de Barcelona, parte coadyuvante de la Administración, contestó pidiendo se desestimase la excepción de incompetencia y se absolviese de la demanda á la Administración general del Estado:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Sebastián Carrasco:

Vistos los artículos 4.º y 5.º de la ley vigente sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto el primero separa de su conocimiento las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que procedan ó materia sobre que versen se refieran á la potestad discrecional, y el segundo de ellos dispone que continúan atribuidas á esta jurisdicción las referentes al cumplimiento y efectos de los contratos celebrados por la Administración central, provincial y municipal para obras y servicios públicos de toda especie:

Visto el art. 1.091 del Código civil, que dispone que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos:

Visto el art. 1.278 del mismo Código, expresivo de que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurren las condiciones esenciales para su validez:

Visto el art. 31 de la ley Municipal, que dice: «La formación de los presupuestos corresponderá á los Ayuntamientos, y su aprobación á las Juntas municipales. También pertenece á éstas el establecimiento y creación de los arbitrios en el tiempo y forma que esta ley ordene»:

Visto el num. 3.º del art. 72 de la misma ley Municipal, que establece que es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos cuanto tenga relación entre objetos con el repartimiento y recaudación de todos los arbitrios ó impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales:

Considerando: que la resolución ministerial objeto del recurso se limita á disponer que el arbitrio sobre apertura de zanjas en la vía pública no pueda hacerlo efectivo el Municipio en la capital de Cataluña de la Sociedad de Aguas de Barcelona en lo que se refiere á los antiguos términos municipales de San Andrés de Palomar, San Gervasio de Casolas, Gracia, San Martín de Provensals, y al de Barcelona, por existir contratos con los respectivos Ayuntamientos que lo impiden, pudiendo imponerse y hacer efectivo el arbitrio de la mencionada Sociedad general de Aguas en todas las demás partes del Municipio en que no se ha limitado por convenio la facultad de percibirlo:

Considerando: que concretada así la materia del recurso por lo que dispone la Real orden impugnada, aunque las partes hayan extendido sus alegaciones á otros extremos, queda demostrado con lo expuesto que el fallo de este pleito no debe tener otro objeto que resolver acerca de la procedencia de exacción del mencionado arbitrio en relación con los convenios celebrados con la Sociedad general de Aguas; y como esta cuestión no es la de creación y establecimiento del impuesto, correspondiente á las atribuciones de mando y gobierno, sino de determinación acerca de si uno ya creado se ajusta en su exacción á los preceptos legales, tiene facultades para decidirla este Tribunal, y no procede estimar por ello la excepción de incompetencia alegada por el Ministerio fiscal, puesto que del cumplimiento y efectos de los contratos administrativos sobre servicios públicos es de lo que se trata:

Considerando: que la existencia y carácter obligatorio de los convenios, mediante los cuales no puede el Ayuntamiento de Barcelona hacer efectivo el impuesto en cuestión de la Sociedad de Aguas, se halla acreditada en el expediente gubernativo con testimonios notariales de los diversos contratos celebrados con los Ayuntamientos respectivos, cuyas obligaciones deben ser respetadas, según lo dispuesto al efectuarse la agregación, sin que en dicho expediente ni en el pleito haya efectuado el recurrente demostración alguna relativa á la falta de autenticidad de tales documentos, ni á la ineficacia de su contenido, es visto que esto produce el efecto de que se halle en el deber de cumplir aquello á que se obligó, y en que convino licitamente la personalidad jurídica que hoy representa, á tenor de lo dispuesto en los artículos 1.091 y 1.278 del Código civil; y

Considerando: que no exime al de Barcelona de la obligación de cumplir lo convenido la alegación de que los arbitrios fueran establecidos por los Ayuntamientos de que se trata, en unión de las Juntas municipales, que no han entendido en los contratos de referencia, porque, aparte de que no sería justo