La Energía eléctrica (1906-08-10 00:00:00), página 20

da con la súplica de que se anule la Real orden impugnada por estar dictada con incompetencia, ó en otro caso revocar dicha Real orden, confirmando la providencia del gobernador civil de la Coruña:

Resultando: que á su demanda acompañó el procurador Soto los siguientes documentos: 1.º, duplicado de la relación antes relacionada, expedida por el registrador mercantil de la Coruña en 1.º de Julio de 1902; 2.º, certificación expedida por el secretario de Comisión de Evaluación en 27 de Agosto de 1904, consignando que la Cooperativa figura en los repartimientos de la contribución urbana; 3.º, certificación expedida en 23 del mismo mes y año por el administrador especial de rentas arrendadas, haciendo constar que la Cooperativa satisfizo en el año último el impuesto á que se refiere el art. 174 de la ley del Timbre y 55 de su Reglamento; 4.º, certificación de la Administración de Hacienda acreditando que la Cooperativa satisface contribución industrial como fábrica de electricidad desde 1.º de Julio de 1901 y por alquiler de fuerza motriz desde 1.º de Enero de 1903; 5.º, certificación de la Administración de Hacienda haciendo constar que la Cooperativa satisface el impuesto de utilidades sobre los sueldos de sus empleados; 6.º, un ejemplar del Diario oficial del Ministerio de la Guerra, en el que se inserta la Real orden de dicho Centro de 9 de Diciembre de 1902; 7.º, traslado de una Real orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Noviembre de 1901, por la que se sujeta á la Cooperativa á las reglas generales sobre verificación de contadores por ser una Empresa igual á cualquiera otra suministrante de fluido eléctrico:

Resultando: que emplazado el fiscal, contestó á la demanda solicitando que la Sala estimase la excepción de incompetencia de jurisdicción, ó en otro caso absolviera á la Administración general del Estado, y confirmase la Real orden recurrida:

Visto, siendo ponente el magistrado D. Rafael Martínez Aguillo, marqués de Vivel:

Vistos los artículos 3.º, 4.º (núm. 1.º), 46 (primera excepción) y 48, párrafo 2.º, de la Ley de 22 de Junio de 1894:

Visto el art. 1.º de la ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887:

Considerando: que la declaración contenida en la Real orden reclamada de 18 de Noviembre de 1903 es de carácter general por referirse á todas las Sociedades cooperativas de producción, crédito ó consumo autorizadas por el art. 1.º de la ley de 30 de Junio de 1887; y á tenor de lo dispuesto en el art. 3.º de la de 22 de Junio de 1894, las disposiciones de tal carácter no pueden ser objeto de impugnación en vía contenciosa, procediendo únicamente el recurso contra las resoluciones particulares que la Administración dicta como consecuencia de aquéllas, y aun en este caso es necesario que con ellas se infrinja alguna ley en la cual se originen los derechos que se estimen vulnerados:

Considerando: que la referida Real orden que en la demanda se impugna se encamina claramente á la resolución de un problema social de indudable importancia, cual es el de fijar el alcance de la citada ley de Asociaciones con relación á las Sociedades cooperativas, procurando además la defensa de los intereses de las otras Sociedades de derecho común, mercantil e industrial, se halla, por consiguiente, adoptada en virtud de las facultades de gobierno que al Poder ejecutivo competen, y está excluida del conocimiento de la Sala, con arreglo al art. 4.º, núm. 1.º, de la ley de lo Contencioso:

Considerando: que debiendo estimarse la excepción de incompetencia propuesta por el fiscal, no procede examinar ni decidir ninguna otra cuestión de las que la demanda promueve, pues todas ellas se subordinan á la declaración única, principal, contenida en la Real orden reclamada, cuya revisión, por las razones anteriormente expuestas, no corresponde á los Tribunales de esta jurisdicción;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la demanda deducida á nombre de la Sociedad Cooperativa Eléctrica Coruñesa contra la Real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 18 de Noviembre de 1903.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciados, mandamos y firmamos.—Ricardo Molina.—El Marqués de Vivel.—Ricardo Maya.—Sebastián Carrasco.—Evaristo de la Riva.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Rafael Martínez Aguillo, marqués de Vivel, magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso administrativo en el día de hoy, de lo que, como secretario, certifico.

Madrid 23 de Septiembre de 1905.—Antonio Geicochea.