La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 23

nos de hierro ó en las líneas telegráficas, ó interceptaren las comunicaciones ó la correspondencia; y presto que el cable en que se causó el daño no es una línea telegráfica, el precepto legal no podía tener aplicación por ese concepto.

Hace bastante tiempo que se suscitó una cuestión bastante análoga con motivo de los daños que se causaban en las líneas telefónicas, cortando los alambres para sustraerlos y aprovechar su importe. Tampoco los teléfonos se nombran en el Código, ni podían nombrarse, porque cuando éste se publicó, aquéllos no se conocían aplicados á las comunicaciones. Mucho antes de que este caso se presentase á la resolución de la Sala de Casación, esta Fiscalía, entonces como ahora, había comunicado instrucciones á sus subordinados en el mismo sentido en que después la resolvió la jurisprudencia. En la Memoria de 1891 se consigna que aunque el Código mencionaba sólo á los telégrafos, había la misma razón en cuanto á los teléfonos, y debía, por tanto, perseguirse como delito el daño que en éstos se produjera. No creyéndose eso suficiente, en 28 de Marzo de 1892 se publicó una circular afirmando lo dicho en la anterior y llamando la atención sobre que el hecho de la corta de alambre telefónico era siempre constitutivo del delito de desorden público, previsto en el art. 275; pero podía constituir además el delito de hurto, y ser de aplicación el art. 90 de aquel cuerpo legal, si el propósito del delincuente fué lucrarse con el importe del alambre cortado.

Once años después, ó sea en 3 de Octubre de 1903, la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo hizo igual declaración, siquiera parezca que ésta se funda en que las líneas telefónicas están equiparadas á las telegráficas; aun cuando bien se colige que el verdadero fundamento está en que el precepto legal erige en delito la interrupción de las comunicaciones, que es el único sentido en que para estos efectos se pueden equiparar á las líneas telefónicas las telefónicas, pues unas y otras tienen por objeto servir al público facilitando á todos el medio de comunicarse.

Alguna mayor dificultad presenta adaptar el art. 275 á la interrupción de las conducciones eléctricas por corta de cables destinados á ese fin, pues, si bien el substantivo comunicación se aplica lo mismo á las personas que á las cosas, la ley lo emplea evidentemente en el primer concepto. Conocía, sin embargo, demasiado este Centro la amplitud de criterio y la elevación de miras del Tribunal Supremo para que vacilase un solo instante en someter á su resolución un punto de tanto interés como el que se refiere á la protección especial que necesitan esas líneas de alambre establecidas para satisfacer necesidades de carácter general.

Decidióse, en su virtud, á interponer el recurso aduciendo como razones que los hilos conductores de energía eléctrica para el alumbrado de las poblaciones, están en realidad afectos á un servicio público, no sólo por hallarse destinados á satisfacer necesidades de la colectividad, previo el cumplimiento de los requisitos prevendidos en las disposiciones vigentes y la autorización del Ministerio de Fomento ó del Gobierno civil de la provincia, según los casos, sino porque la ley de 23 de Marzo de 1900 lo reconoce implícitamente al establecer la servidumbre forzosa por causa de utilidad pública para el paso de corrientes eléctricas, cualquiera que sea su destino, tanto sobre las propiedades particulares, como sobre las carreteras y canales del Estado, cauces, vías férreas y demás obras públicas; disponiendo dicha ley en su artículo 7.º, que incurren en responsabilidad penal los que de cualquier manera ataquen ó destruyan las conducciones de esa clase. Se añadió, que si bien el art. 275 del Código no menciona expresamente las transgresiones de que se trata, ni era dable que las mencionara atendiendo la fecha en que el repetido Código se publicó, no puede negarse, sin negar la lógica é ir contra lo que el buen sentido dicta, que su precepto es aplicable á todos los que, por causar daño ó por estímulos de codicia, interceptan las comunicaciones, bajo cuya denominación es forzosa comprender, tanto las postales, telegráficas y telefónicas, como las demás que tengan por objeto servir el interés común al amparo de las leyes ó disposiciones emanadas de los Poderes públicos, pues si así no fuera se daría á la palabra comunicaciones, de que se vale el art. 275, una significación incompatible con su natural sentido, así como con el que le asigna el Diccionario de la Academia de la Lengua, y se dejarían sin sanción hechos de naturaleza criminal que perturban gravemente la vida de las poblaciones.

Como era de esperar, el Tribunal Supremo aceptó en todas sus partes este razonamiento y declaró por su sentencia de 22 de Junio último, aún no publicada en la Gaceta al escribir estas cuartillas, que el hecho de cortar un cable conductor de energía eléctrica para el alumbrado de una población, constituye el delito de desorden público, definido y castigado en el art. 275 del Código penal, cuyo delito es conjun-