La Energía eléctrica (1904-09-10 00:00:00), página 23

dós por el Procurador D. Felipe Cano; y la Administración general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 25 de Abril de 1900.

Resultando: que D. Federico Fernández Izquierdo, como Gerente de la Sociedad de Aguas, de Burgos, y D. Juan Gómez Zamora, en 3 de Junio de 1899, solicitaron del Gobierno civil de Burgos que no prestara su aprobación al presupuesto formado por el Ayuntamiento de esta capital para el ejercicio de 1899-900, en la parte relativa al establecimiento del impuesto sobre postes, palomillas y cables destinados al suministro de fluido eléctrico, por entender que, no tratándose de industrias que se ejeran en la vía pública, cree ilegal el arbitrio.

Resultando: que la Alcaldía de Burgos informó que no se trataba de un recargo a la industria, sino de un impuesto basado en la ocupación de la vía pública, y que en tal concepto se establece en el presupuesto de 1899-900 el gravamen mensual de una peseta por cada poste o columna destinados al soporte de alambres; una peseta mensual por cada palomilla colocada en las casas particulares con el mismo objeto, y diez céntimos por metro lineal del alambre o cable conductor del fluido eléctrico, arbitrio autorizado por los artículos 136 y 137 de la ley Municipal.

Resultando: que el Gobernador, de acuerdo con la mayoría de la Comisión provincial, confirmó en 30 de Junio de 1899 el acuerdo del Ayuntamiento en lo referente al impuesto sobre postes y columnas le revocó en el de palomillas y cables, salvo en la parte de éstos que, apoyándose en palomillas, atraviesen la calle de una acera a otra, que deberán tributar con arreglo a lo acordado por la Corporación municipal.

Resultando: que pedida aclaración de este acuerdo por la Alcaldía, el Gobernador, en 13 de Julio siguiente, declaró que debe entenderse que dicha resolución confirma el acuerdo de la Junta municipal en la imposición sobre las columnas fijadas para los cables transmisores de fluido eléctrico, y sobre los cables que, partiendo de las palomillas fijadas en edificios, pasen por plazas, calles, ángulos de fachadas o aceras.

Resultando: que la Compañía de Aguas de Burgos pidió que se aclarase la providencia de 13 de Julio, en el sentido de que los cables a que se refiere son los que reúnan la circunstancia de atravesar la calle de una a otra acera, pretensión que fue desestimada en 1.º de Agosto de 1899.

Resultando: que la Compañía de Aguas de Burgos y D. Juan Gómez Zamora interpusieron recurso de alzada contra las providencias de 30 de Julio y 1.º de Agosto, y el Ministerio de la Gobernación, por Real orden de 25 de Abril de 1900, desestimó el expresado recurso.

Resultando: que D. Juan Gómez Zamora y la Compañía de Aguas de Burgos han interpuesto recurso contencioso-administrativo, formalizando la demanda, con la súplica de que se declare nula ó se revoque la citada Real orden y se deje sin efecto el arbitrio, obligando al Ayuntamiento a la devolución de lo cobrado individualmente por el mismo.

Resultando: que con la demanda presentaron los actores una comunicación del Ayuntamiento, fecha 8 de Enero de 1892, transcribiendo un acuerdo de la Corporación sobre colocación de cables y un quiosco por la Compañía, y dos comunicaciones, de 30 de Mayo de 1900, de la Alcaldía, relativas al pago del arbitrio en cuestión.

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó la demanda, pidiendo se estimase la excepción de incompetencia ó, en otro caso, se absuelva á la Administración y se confirme la Real orden recurrida.

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Sr. Marqués de Vivel.

Visto el art. 72 de la ley Municipal, según el cual es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, con arreglo al art. 84 de la Constitución.

Visto el art. 136 de la misma ley, que señala entre los ingresos de los presupuestos municipales lo arbitrarios e impuestos sobre determinados servicios, obras e industrias.

Visto el art. 137 de la misma ley, que autoriza á los Ayuntamientos para imponer arbitrios por la ocupación de la vía pública.

Visto el art. 153 de la referida ley, que dispone que las deudas y reclamaciones sobre recargos ó arbitrios municipales serán resueltas por el Ministerio de la Gobernación, oyendo al de Hacienda y al Consejo de Estado cuando lo estime opportuno.