La Energía eléctrica (1905-07-25 00:00:00), página 14

mera las causas que hacen difícilísima la tarea de gobernar á nuestro pueblo, opinando que es muy probable fracasaran al poco tiempo en España los políticos más hábiles de otras naciones.

De mano maestra y sin pasión alguna, pinta la situación caótica de nuestra política con sus rencores y sus bajas pasiones y el desplorable proceder de la prensa española no profesional; proclama la inutilidad de nuestro Parlamento, cuya destructora labor imposibilita no poco nuestro progreso, y llega á conclusiones que en reciente trabajo presentado en público concurso, y que por haber sido premiado verá muy pronto la luz, exponíamos nosotros con la timidez propia del que por su profesión está falto de la independencia necesaria para exponer públicamente sus personales juicios sobre determinados asuntos.

No es, pues, anticonstitucional ni quimérico—dice el P. Farpón—que el Monarca español intervenga en primera línea y de un modo eficaz en la Administración y llevando adelante su idea, que tiene más de patriótica que de atrevida, agrega:

«En realidad, el Monarca constitucional español que no tome parte activa en la labor de selección y perfeccionamiento de la cosa pública, contribuye como el que más á la ruina de la Península, porque será la causa principal de que la Administración camine por viciada senda, siendo irrisoria la responsabilidad de los ministerios y muy débil la esperanza de que lleven á cabo nada satisfactorio.

El primer deber que incumbe al Rey de España es robustecer el Gobierno nacional, bien por la vía ejecutiva, ya por la legislativa. Un Gobierno fuerte, se ha dicho, requiere estabilidad de instituciones políticas, vigor discreto en la labor de las reformas y en el mantenimiento de la autoridad, y que la Administración esté servida por funcionarios lo más independientes posibles del Poder ejecutivo. Pues bien, el Monarca español se halla en condiciones de conseguir estas tres cosas, valiéndose de medidas ejecutivas y de disposiciones legislativas, según intentamos demostrar comenzando por la última, referente á que los funcionarios no sean amovibles á voluntad del Poder ejecutivo.»

No rehuye el ilustrado dominico penetrar en el campo de la política española contemporánea y juzgar algunos actos de los diferentes partidos, y los nombres de Maura y Villaverde, Martínez Campos y Silvela, Cánovas y Sagasta, Canalejas y Urzáiz, son barajados con soltura. Y por cierto, que en este particular es muy lamentable la acerba, injusta e inoportuna crítica que el P. José dirige á uno de los generales más prestigiosos y dignos del mayor respeto por su intachable vida pública, su brillante historia militar, su indiscutible buena voluntad y acendrado amor á la patria; al ilustre general Polavieja, cuyo nombre, aunque no se cita, se alude con referencias que lo hacen inconfundible; esta nota es en verdad desconsoladora, pues revela claramente no un juicio que, aunque erróneo, siempre sería respetable, sino un manifiesto é indisculpable deseo de zaherir, descendiendo para ello del elevado punto de vista en que debe colocarse quien escribe sobre asuntos de la índole y gravedad de los tratados por el P. Farpón, en cuya obra (fuera de la excepción aludida y alguna que otra más concebible y menos desplorable) resplandece una altura de miras, sin la cual perdería gran parte de su valor.

Después de citar autorizadas opiniones en lo referente á las condiciones en que está España para el desarrollo de la agricultura, y de acompañar algunas estadísticas demográficas del aumento de producción agrícola en los últimos cincuenta años, llega el P. Farpón á las dos conclusiones importantísimas siguientes: «1.º, el desenvolvimiento de la prosperidad nacional no estriba, principalmente hoy en día, en la producción agrícola, y el crecimiento intensivo de que ésta es susceptible resultará, en gran parte, del empuje que se dé á las explotaciones industriales; y 2.º, la industria española es la llamada principalmente