La Energía eléctrica (1904-07-10 00:00:00), página 23

nalmente el hecho no tiene derecho de acumular daños y perjuicios de índole distinta, según nuestras leyes.

Comprendidos ya en nuestra opinión tales hechos en dichos título y capítulo, precisa, sin embargo, clasificarlos, definirlos expresamente para la mejor inteligencia de todos y conocimiento de nuestros jueces.

Queda un último término á resolver referente á la fabricación y venta de bombillas y aparatos para el alumbrado, y aprovechamiento subrepticio de fluido con la substitución ó cambio de aquéllas entre las contratadas en cantidad ó número ó en intensidad de bujías; defraudación ó hurto de lo mas general y sencillo en lo que el egoísmo mercantil hace recaer muchas veces complicidad en el vendedor respecto del consumidor.

Debería, de algún modo, obligarse por lo menos á los fabricantes de esas bombillas y aparatos, á estampar su marca de fábrica, lo mismo que al vendedor al por menor la suya, y establecer una penalidad e indemnización para el cómplice en caso de probar dicha complicidad.

Y con esto, creo haber llenado mi encargo, siquiera no tan satisfactoriamente, como sería de desear.

Guadalajara 25 de Mayo de 1904.

TOMÁS AGUIRRE,
Abogado.

Análisis crítico del Real decreto de 23 de Julio 1901 sobre verificación de contadores.

El art. 14 y siguientes tratan de los laboratorios particulares en que los ensayos y verificación de los contadores han de tener lugar.

Habla el Real decreto de 26 de Abril de los laboratorios electrotécnicos que en su día se crearán (esperemos sentados); pero en tanto las Empresas los establecerán, y si no lo hacen, llevarán sus contadores para la verificación á los laboratorios particulares que se establezcan.

Como los laboratorios oficiales probablemente no se establecerán, y aun cuando alguno se erce, será en Madrid ó población análoga, sin que pueda ser utilizado en la multitud de ciudades y pueblos en que hay Centrales de electricidad, resulta este dilema: ó establecen laboratorios propios las fábricas, ó pasan á realizar ensayos á uno particular.

En el primer caso, implica un gasto de unos miles de pesetas con los aparatos que el Real decreto designa y los que el verificador pida ser substituidos por poca fidelidad. En el segundo, aparte la perturbación de sacar los aparatos de la fábrica y hasta de la localidad, el gasto que supone las facturas á pagar al laboratorio de alquiler.

En uno y en otro caso, ¿quién paga á las Empresas el fluido en la comprobación consumido, ya que á ellas tales comprobaciones les son indiferentes, por haberlas verificado antes su personal técnico?

En tanto, el verificador, sin gasto en aparatos ni en fluido, se embolsa libres unos derechos por servicios que las Empresas para nada necesitan ni nada les garantiza.

El art. 32 obliga á las Empresas á pedir autorización al Gobernador para alquilar ó vender sus contadores, que serán siempre reconocidos por el verificador con devengo de honorarios.

¿Con qué título ni derecho se obliga á Empresas tarifadas en la contribución industrial á pedir autorización para todo ó parte del ejercicio de una industria existente y gravada con tributación?

Los artículos 34, 41, 46, 51 y 56, hacen obligatoria la verificación en tiempos y circunstancias que no pueden ser más perturbadores para una buena organización de servicios.

Obligar á las Empresas en cambios, reparaciones, tratados, nuevas instalaciones á ir de acuerdo con el verificador, supone una serie de avisos y de inacción en el personal en espera del verificador, que producirá enorme aumento en el indicado personal al servicio afecto.

Los servicios privados se diferencian precisamente de los públicos en el empleo de mucho menos personal y en el mayor aprovechamiento de su trabajo.

Lo preceptuado, supeditando el trabajo á acuerdos y conveniencias del verificador, no es tolerable,