La Energía eléctrica (1903-12-25 00:00:00), página 27

LOS SALTOS DE AGUA

El clamoreo motivado por el aumento creciente e injusto de los gravámenes con que el Estado abruma á las Sociedades eléctricas, sálese ya del círculo de las revistas técnico-comerciales, y encuentra eco hasta en la prensa de gran circulación. Con gusto publicamos el bien pensado artículo que con el título que encabeza estas líneas ha aparecido en El Liberal del día 17 de Octubre de 1903.

«De un tiempo á esta parte, por haberse generalizado la aplicación de los saltos de agua á accionar dinamos y producir energía eléctrica como si no tuvieran otra aplicación, hase acrecido el celo siempre suspicaz de la Administración, y convertido de celo en receio persigue la exacción del tributo por diferentes caminos, con un criterio variable en cuanto á la forma, pero siempre perjudicial para los intereses del contribuyente.

No hay norma fija, hemos dicho, y vamos á demostrarlo citando tres disposiciones.

En 9 de Diciembre de 1901 conformándose con el dictamen del Consejo de Estado, dispone el Ministerio de Hacienda que los dueños de saltos de agua que los arrienden han de contribuir «con 17 pesetas por cada 75 kilógrametros que el agua desarrolle en la turbina ó máquina receptora», y prescinde (con dicho Cuerpo consultivo) de una instancia de D. Carlos Sierra, propietario de un salto de agua en la provincia de Toledo, que pedía se tomaran en consideración los gastos que representa la conservación de obras hidráulicas y la de los edificios que les son necesarios, así como la tributación urbana que satisfacen, á fin de que la contribución industrial recaiga sobre la utilidad líquida que perciben los propietarios.

De la instancia de dicho contribuyente prescindió el Consejo de Estado con la teoría peregrina, si las hay, de que «la Hacienda prescinde del precio que los alquiladores perciban del arrendatario, pues la contribución industrial se impone sobre el número de kilogrametros alquilado, debiendo ser los propietarios los que tomen en consideración su gravamen para señalar el precio del alquiler».

Creemos innecesario de todo punto emplear argumentación alguna para rebatir doctrina tan singular. Eso de que el precio de las cosas ha de estar en relación con el impuesto, y no la cuantía de éste con el valor de aquéllas, no puede sustentarse ni siquiera como entretenida paradoja.

En 12 de Agosto de 1902, con vista de una instancia del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, relativa á la investigación técnica en Gerona, el Ministerio de Hacienda aparece aferrado á la peregrina teoría de que los alquiladores deben satisfacer la contribución industrial de las 17 pesetas por cada 75 kilogrametros, sin tener la Hacienda en cuenta el precio del arriendo, sin perjuicio de que contribuya por territorial el edificio en que está situada la máquina, y los dueños de saltos de agua que alquilen la fuerza de la caída de aquéllos, con arreglo al epígrafe 373 de la tarifa 3.a (es decir, las consabidas 17 pesetas por cada 75 kilogrametros).

Llega el 1.º de Junio del año actual, y con esa fecha una Real orden que resuelve en el recurso promovido por D. Alberto Rusiñol, y entonces el Ministerio, «considerando que las aguas, por su condición jurídica, pertenecen á la clase de bienes inmuebles, y la utilidad que produzca el aprovechamiento de aquéllas no debe ser gravada con la contribución sobre las utilidades de la riquezamobiliaria, ni con la industrial, y sí con la de inmuebles, cultivo y ganadería», lleva á tributar los saltos de agua—como va dicho—por contribución territorial, añadiendo una nota al epígrafe 373 de la precitada tarifa 3.a, que dice así: