Crónica de la industria (1880-01-31 00:00:00), página 11

creemos pueda aspirar á derechos más elevados. Por muchas razones, que no es del momento explicar, no lo juzgamos posible ni conveniente. Pero si encontramos muy justo y lógico que la industria papelera aspire á una protección indirecta en cambio de la que no le dan los Aranceles. La industria papelera debe aspirar á que se rebajan los derechos arancelarios, no sólo de las materias extranjeras que utiliza en la fabricación, sino también de todas aquellas que tiendan á abaratar las subsistencias y el vestido. La industria papelera debe aspirar á una igualdad en el tratamiento arancelario con las demás industrias, porque ninguna la supera, ni en antigüedad, ni en utilidad, ni en perfección. Debe aspirar también á que el Gobierno intervenga en el arreglo de las tarifas de los ferro-carriles para conseguir una rebaja en los trasportes de las materias voluminosas, pesadas y de escaso valor, que son la base de la fabricación. Debe aspirar también á que las enormes cantidades de papel que consume el Estado en impresiones oficiales, sean de fabricación nacional y que esto se cumpla y se pruebe que se ha cumplido, haciendo que en la pasta del papel vaya estampado el nombre de la fábrica que lo produjo, operación facilísima que evitaría acaso algunos fraudes y daría trabajo á muchas fábricas, y debe aspirar, por último, á que los Aranceles de las Antillas y de Filipinas, permitan al papel español que luche en buenas condiciones con el extranjero en aquellas posesiones, lo cual hoy día no sucede.

Con estas medidas y algunas otras de sencilla aplicación, que no apuntamos por no ser demasiado prolijos, y sobre todo, con el entusiasmo y la actividad de industriales como el dueño y el director de la fábrica de Nuestra Señora del Rosario, la industria papelera española adquiriría el desarrollo que merece tener en un país que ha sido la cuna de esta fabricación en Europa.

J. B. Sitges.

IMPUESTO TRANSITORIO DE IRÚN.

Tiempo hace que el comercio y las empresas portadoras vienen quejándose, á nuestro juicio con razón, del injusto y vejatorio gravamen que vienen soportando las mercancías que se importan por Irún, con el impuesto transitorio que lleva trazas de ser permanente, autorizado por privilegio en favor de la villa de Irún.

Haciéndonos eco fiel de las justas quejas del comercio de España, nos proponemos en el presente artículo llamar la atención del Gobierno, para que se fije en un asunto que no deja de tener importancia por los perjuicios y dispendios que ocasiona, y creemos es llegada la hora de que cese tal situación con la inmediata supresión de la gabela que nos ocupa.

Para justificar la supresión, bastará que consignemos ligeramente los fundamentos que dieron vida al malhadado impuesto.

A instancia, según creemos, del Ayuntamiento de Irún, se dictó el Real decreto de 27 de Febrero de 1875 concediendo á dicha municipalidad un arbitrio transitorio de guerra puramente local, de 50 céntimos de peseta por bulto procedente del extranjero que se despache desde aquella fecha en la Aduana de la indicada villa, y otros 50 céntimos por tonelada de mineral de hierro y demás metales que se exportasen atravesando aquel término municipal.

Una vez conseguido esto, el Ayuntamiento pidió que el arbitrio se recaudase por medio de una tarifa semejante á la establecida para el arbitrio de igual clase otorgado á la ciudad de Santander, declarándose en su consecuencia por Real orden de 8 de Mayo de 1875: 1.º, que el arbitrio de guerra concedido á la villa de Irún por el mencionado Real decreto de 27 de Febrero, se convirtiera en tarifa de derechos igual á la establecida en la ciudad de Santander por decreto y orden de aquel año; y 2.º, que dicho arbitrio de guerra se aplicara á enjugar el déficit del presupuesto municipal producido por los gastos de la defensa y continuara hasta que el Ayuntamiento de Irún solvente la deuda ocasionada por la guerra.

Daremos aquí, de paso, que la ciudad de Santander, inspirada en un alto sentimiento de patriotismo, y comprendiendo lo gravoso que había de ser al comercio en general el privilegio que obtenía, renunció á él.

En cambio la villa de Irún, que ni por su importancia, ni por sus sacrificios, puede ni con mucho compararse con la ciudad de Santander, se apresuró á utilizar no sólo el lucrativo recurso que á costa del comercio de la nación le concedía el Real decreto citado, sino también la agravación ó aumento que le dió la Real orden de 8 de Mayo del 75, por cuanto esta alteró aquel esencialmente de una manera inconsiderada.

Y el mal que lamentamos tuvo su confirmación en la ley de 27 de Julio de 1876, que al dar carácter legislativo á varios decretos dictados á principio de 1875, convirtió en ley el de 27 de Febrero de 1875 que nos ocupa; mas como en esta ley para nada se menciona la Real orden de 8 de Mayo que agravó el impuesto aumentando notablemente sus cuotas, quedó esta parte, á nuestro juicio, en una situación ilegal, y por lo tanto debieren en el acto suprimirse los efectos de la expresada Real orden.

El ayuntamiento de Irún, sin embargo, siguió y sigue cobrando la tarifa del derecho no comprendido en el decreto ni en la ley que le dió fuerza.

Importantes son las cantidades que el privilegiado ayuntamiento de Irún viene recaudando excepcionalmente, á costa del agobiado comercio de España, que habiendo contribuido como el que más á los impuestos ordinarios y extraordinarios de la nación y sufrido inmensas pérdidas por la guerra, alimentada y nacida precisamente en la provincia á que pertenece la villa de Irún, tiene además que contribuir ahora, si Dios no lo remedia, al engrandecimiento de la afortunada villa guipuzcoana.

Y ahora nos atreveremos á preguntar al Gobierno, ¿es justo sostener semejante carga? ¿Habrá de resignarse el comercio á soportarla eternamente? Hacemos justicia al Gobierno, esperando que luego que se fije en el asunto que nos ocupa, pondrá pronto remedio al mismo.

Aquí terminaría el trabajo que hoy nos hemos impuesto denunciando la situación que el comercio sufre en Irún, si no tuviéramos que hacer ver que, si ya no la justicia y la equidad aconsejarán la supresión inmediata del arbitrio creado harto ligamente en favor de aquella villa, con manifiesto perjuicio de los intereses generales del país, lo aconsejaría la torcida aplicación que se hace de los productos pingües del mismo.

Justo é injusto el arbitrio transitorio, se estableció como hemos visto, para enjugar el déficit que el Ayuntamiento tuviera por los gastos de la guerra, ¿y cuál era ese déficit? ¿Se aplicaba á él los productos? Respondan por nosotros la multitud de expedientes de indemnización á particulares que por el Ministerio de la Guerra se han con- signado para el cobro con cargo al citado arbitrio. ¿Es esto justo ni legal? Contrastá tanto más este procedimiento, cuanto que por el mismo Ministerio de la Guerra se han dictado disposiciones suspendiendo el abono de suministros é indemnizaciones á las cuatro provincias del Norte, de las cuales se evade perfectamente la villa de Irún por