Crónica de la industria (1880-05-31 00:00:00), página 9

minios españoles. Para ello presentará una instancia solicitándolo al Gobernador general, y éste la remitirá con su informe y con una copia de la cédula concedida á este Ministerio, que entiendá de que pase al de Fomento.

Dado en Palacio á catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta.—ALFONSO.—El Ministro de Ultramar, Cayetano Sánchez Bustillo.»

Hace ya bastante tiempo que convenía se dictaran las medidas oportunas para hacer extensiva en la práctica, la ley de Patentes de industria de 1878, á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas y cesaran las dificultades que ofrecía la aplicación del artículo 8.º de la mencionada ley, que manda que: Toda patente se considerará concedida, no sólo para la Península e islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar.

Por fin, el Ministerio de Ultramar ha publicado la disposición que esperábamos y que hemos copiado, y después de leerla, no nos resolvemos á afirmar si es un adelanto ó una nueva dificultad lo que se ha conseguido. Juzguen nuestros lectores por lo que vamos á decir.

Pasamos por alto algunos defectos de redacción que encontramos en el decreto, como son el de afirmar, tanto en el texto como en el preámbulo, que la fecha de la ley de Patentes es de 30 de Julio de 1877, cuando es de 30 de Julio de 1878, y en llamar provincia, en singular, á la isla de Cuba, á Filipinas y á Puerto Rico, lo que no deja de producir alguna confusión para la inteligencia del decreto; sobre todo para los extranjeros que traten de estudiarle, y vamos á circunscribir nuestras observaciones á dos puntos capitales, que son: 1.º Las formalidades á que se sujeta á los concesionarios de privilegios de invención para que disfruten de los derechos que aquéllos conceden en Cuba, Puerto-Rico y Filipinas; y 2.º La coexistencia de dos leyes de patentes en estos dominios ó provincias españolas, como quiera llamarselas.

Toda persona que ha obtenido en la Península una patente de invención, con arreglo á la ley de 30 de Julio de 1878, ha terminado todas sus gestiones oficiales y no tiene que hacer más que ponerla en explotación; pero viene el decreto del día 14, y de su art. 2.º resulta que para que la cédula concedida con arreglo á dicha ley surta sus efectos legales en las provincias ultramarinas, es necesario que los interesados presenten un testimonio legalizado de las patentes que hayan obtenido en el Ministerio de Ultramar ó en los Gobiernos generales de la respectiva provincia en que haya de utilizarse el privilegio, esto es, en Cuba, Puerto-Rico ó Filipinas.

¿Un testimonio legalizado de la patente? ¿Qué ha de expresar este testimonio? Solamente lo que dice la cédula de la patente, ó tendrá que contener también la copia de la memoria descriptiva que haya presentado el interesado para obtener aquélla, y, en los casos en que existan, la copia de los dibujos ó diseños que sean necesarios para la inteligencia de la memoria.

Punto es este que conviene dilucidar. Procuraremos obtener esta aclaración; pero desde luego no podemos dejar de manifestar, que si se adopta el sistema de que en los testimonios haya de comprenderse la copia de las cédulas de patente, más la memoria descriptiva del invento, más los diseños, cuando los haya; la presentación de este testimonio originará dificultades que obligarán á los inventores á renunciar á extender sus derechos á los dominios españoles ultramarinos, y por lo tanto, anulará de hecho las ventajas que ofrece la ley de 1878, que, en esta parte, fué tan justa como universalmente aplaudida.

De todos modos y aun orillándose esa dificultad temible, el art. 2.º del decreto del día 14, implica solicitud de este testimonio al Ministerio de Fomento, pues suponemos que es quien debe darle, informe del Conservatorio de Artes, resolución ministerial para otorgar el testimonio legalizado, solicitud al Ministerio de Ultramar para que el testimonio se envíe á las provincias ultramarinas, etcétera, etc.

Y á esto se nos ocurre preguntar: Y si el interesado quiere reválidar, permitámosle esta palabra, un privilegio en Filipinas, en Cuba y en Puerto-Rico, ¡¡¡bastará con que presente en el Ministerio de Ultramar un solo testimonio legalizado? Por otra parte, ¿qué entiende el decreto por testimonio legalizado? ¿Es un testimonio notarial? ¿Es una certificación expedida por el Conservatorio de Artes, ó por el Ministerio de Fomento? Nos inclinamos á lo último, pero no nos atrevemos á afirmarlo.

De los testimonios que se presenten se remitirá una copia al Gobernador general de la provincia en que haya de aplicarse el privilegio; ¿qué quiere decir la palabra provincia en el presente caso?

Es de suponer que por provincia se entienda las islas Filipinas, Puerto-Rico y Cuba, si bien esto no es muy claro, sobre todo para la isla de Cuba, dividida hoy en seis provincias.

Allí se publicará y el interesado podrá obtener, si lo solicita (art. 4.º), un certificado. ¿Qué importancia tiene este certificado? ¿Será necesario para dilucidar todas las cuestiones de propiedad de un privilegio que puedan presentarse? Entonces, ¿para qué sirve la cédula de patente expedida por el Ministerio de Fomento? Creenmos que no, creemos que la cédula de patente será el documento principal, el único, que decidirá á quién pertenece la propiedad de una invención; y si esto es así, como parece lógico y justo suponerlo, ¿a qué obligar á los concesionarios de una patente de invención á llenar tantas formalidades nuevas para asegurar la propiedad de un invento en los dominios españoles? A nuestro juicio, bastaría y sería más cómodo, y más sencillo, y más seguro para el mismo Ministerio de Ultramar, que al concederse las patentes, el Ministerio de Fomento le trasladara la Real orden de concesión, y que esta Real orden se publicara en las Gacetas de la Habana, San Juan de Puerto-Rico y Manila.

Pasemos á examinar el punto segundo que antes hemos mencionado, que es indudablemente mucho más grave que el de que acabamos de tratar.

Dice el art. 6.º del decreto que las patentes de invención que hayan de utilizarse únicamente y exclusivamente en las provincias de Ultramar, seguirán concediéndose por los Gobernadores respectivos, EN LA FORMA ACTUALMENTE ESTABLECIDA.

Es decir, que se sanciona de una manera clara y terminante que en las posesiones ultramarinas regirán dos leyes diferentes para la concesión de patentes de invención. La ley de 1878 y la legislación que data de 1833, calzada sobre la peninsular antigua de privilegios de industria.

Mucho hemos reflexionado para tratar de comprender qué ventaja puede existir en esta doble legislación, y qué fin se ha propuesto el Ministerio de Ultramar al conservar vigentes dos disposiciones distintas sobre la misma materia. No nos explicamos ni lo uno ni lo otro. Y excusamos recordar que en el examen que hacemos, lo mismo que en todos nuestros trabajos, nos guían siempre la imparcialidad más absoluta y rechazamos cuanto podemos la crítica y la censura.

¡Ventajas de la doble legislación! ¿Las hay para los inventores que solicitan patentes? No. Desde el momento que una ley les ampara, ¿para qué necesitan que les amparen dos? ¿Es que la ley vigente en los dominios españoles es más liberal que la de 1878, concede más años para el disfrute de la patente, ó es más económica la obtención de aquélla? Tampoco. La duración de las patentes de inven-