Crónica de la industria (1879-07-31 00:00:00), página 12

Tesoro de la Península y con beneficio de los intereses de Puerto-Rico.)

20. Las mercancías que se exporten de Puerto-Rico satisfarán los correspondientes derechos arancelarios, sin distinción de bandera ni destino.

26. Siempre que la intención considere conveniente declarar franco algún puerto ó lo solicite el comercio, se someterá el proyecto á la aprobación del Gobierno, previa la instrucción del oportuno expediente, en que se consignarán las razones que aconsejen semejante declaración y las reglas á que deberá sujetarse el comercio entre los puertos declarados frances y los demás de la isla, para evitar perjuicios al Tesoro, debiendo informar en dicho expediente la Junta de Aranceles y el Consejo de Administración.

Las otras bases se limitan á lo siguiente:

1.a Admitir á comercio toda clase de mercancías, excepto aquellas cuya circulación está prohibida por las leyes penales y de seguridad pública. 2.a Facultar la exportación de toda clase de productos del país. 3.a Suprimir en el Arancel todos aquellos artículos que en el último quinquenio representan escasos rendimientos, siempre que no se pueda suponer razonablemente que en lo sucesivo aumente su importación. 5.a Supresión de los recargos y bonificaciones que establece la actual ley de Aranceles. 9.a Redacción de un Arancel por grandes clasificaciones, análogo al de la Península. 10. Fijación de valores oficiales tal como se hace en esta. 11. Prohibición de alterar los tipos del Arancel por órdenes y decretos. 12. Exención de derechos para los objetos de conocida influencia en el desarrollo de la cultura y riqueza de la isla, como libros impresos, instrumentos de ciencias y artes, máquinas y aparatos empleados en la agricultura, la industria y los trasportes, abonos y primeras materias. 13. Prohibición de conceder exenciones ni rebajas de derechos á industrias, sociedades y particulares. 14. Adopción del sistema métrico. 15. Aplicación del Arancel de la Península como legislación complementaria. 16. Prohibición absoluta de establecer arbitrarios para los gastos de los municipios sobre los artículos de importación. 17. Declaración del cabotaje entre las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas. 19. Sostenimiento de las disposiciones en virtud de las cuales los artículos que hayan pagado derechos en una Antilla se consideran nacionalizados en la otra. 21. Mantenimiento del decreto de 3 de Diciembre de 1869 en lo relativo á la carena, venta y tripulación de las embarcaciones. 22. Libertad de derechos para los materiales destinados á la construcción y reparación de embarcaciones. 23. Sustitución del impuesto de descarga por otro de navegación cobrable sobre las toneladas de arqueo de los buques. 24. Exenciones del pago de dicho derecho á los buques de guerra, los que arriben forzosamente, los de vapor, nacionales y extranjeros que hagan viajes periódicos y los que hayan arribado otro puerto de la isla. 21. Fijación de un plazo de seis meses para que rijan las alteraciones del Arancel. 27. Autorización á la intención para establecer nuevas aduanas. Y 28. Publicación mensual de cuadros estadísticos. Llevan estas bases la fecha de 1.º de Junio de este año. Casi todas ellas se prestan á graves consideraciones, pero la falta de espacio nos obliga á ocuparnos solamente de las principales, que hemos copiado íntegras.

Para la clara inteligencia de estas bases, es necesario considerar su aplicación en dos momentos diferentes; 1.º, cuando se plantearon; y 2.º, en el caso de que se declare el cabotaje entre las provincias españolas europeas y las americanas, y observar en estos momentos en qué situación se coloca en Puerto-Rico al comercio español con relación al extranjero.

Respecto á las exportaciones, dice la base 20 que las mercancías satisfarán los correspondientes derechos sin distinción de banderas ni destinos, es decir, que el buque español y el extranjero, los puertos españoles y los extranjeros, el comercio español y el extranjero serían completamente iguales ante la legislación arancelaria de Puerto-Rico, arreglada á las bases de que nos ocupamos. Y no solamente la bandera nacional, ni el comercio nacional recibiría ventaja alguna en este punto sobre el extranjero, sino que las transacciones resultarían difíciles y en muchos casos imposibles, desde el momento en que los derechos de exportación pueden alcanzar hasta el tipo absurdo de 50 por 100, según la base 7.ª, sobre el valor de las mercancías exportadas.

La madre patria no conserva derechos de exportación para ninguno de los productos que se envían á Puerto-Rico; los cinco artículos que los pagan á su salida no constituyen ni pueden constituir el comercio con aquella Antilla; el que más, tiene asignado un 10 por 100 de imposición. Por lo tanto, respecto á las exportaciones entre la Península y Puerto-Rico y vice-versa, ¿en dónde está la igualdad? ¿en dónde el cabotaje?

Vengámoslas á las importaciones. En el momento de plantearse el Arancel ajustado á las bases, el tipo máximo de imposición para los productos españoles sería 15 por 100 y el tipo máximo para los extranjeros 5 por 100 más de dicho 15, según la base 8.ª, ó sea en total 15+5=20 por 100 del valor del producto. Setenta y cinco centimos por ciento de diferencia en favor del producto español.

La madre patria tiene asignada para los azúcares una diferencia respecto á los extranjeros de 22-70 pesetas en 100 kilogramos (57-80-35-10); para los cafés, 10 pesetas (104-94); para los aguardientes, 14-75 (29-75-15), y para los demás artículos, la mitad de los derechos que pagan los extranjeros. La madre patria cobra á los buques que proceden de los puertos de Puerto-Rico los mismos derechos de navegación que á los que hacen el comercio de cabotaje; su provincia ultramarina los equipara á los que proceden de puertos extranjeros; ¿en dónde está la reciprocidad? ¿en dónde la tendencia al cabotaje?

Nada decimos de las reglas que se proponen respecto á las mercancías extranjeras que vayan á Puerto-Rico después de haber pagado sus derechos de importación en España. Este comercio no es posible, porque sería ruinoso. Toda mercancía extranjera que en la Península se embarque para Puerto-Rico, procederá de los depósitos comerciales, donde no ha pagado derechos; por consiguiente, no deben existir las diferencias que se establecen para aquel caso, porque pueden originar fraudes.

Examinemos ahora lo que sucedería en el caso de declararse el cabotaje entre las provincias españolas europeas y Puerto-Rico. En las bases nada se dice respecto á cómo debería plantearse en España. Respecto á Puerto-Rico, establece la base 18 que los derechos de las mercancías sufrirán la reducción de un 50 por 100 anual y desaparecerán por completo á los dos años. Esta medida sólo se refiere á los derechos de importación en Puerto-Rico, no á los de exportación de aquella isla.

Aparte de esto, ¿cómo se impidece esta base con la 8.ª? ¿Qué pagarían, en el caso de declararse el cabotaje, los productos extranjeros, puesto que dicha base fija como tipo máximo el 5 por 100 sobre lo que pagan los españoles según la 6.ª, y desapareciendo esta base 6.ª, á qué tipos de imposición se sujetarían los productos de naciones extrañas? ¿Habría que hacer nuevas bases para reformar el Arancel? Si es así, las previsiones del proyecto que examinamos no tienen razón de ser.

Pero hay más; la base 6.ª fija el tipo máximo de los derechos de importación; ¿cuáles mercancías deberán pagar