Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1905-12-16 00:00:00), página 2

dole el alcance de que los nombres, denominaciones ó frases que constituyen la marca deben estar forzosamente escritos en nuestro idioma. Análogo precepto contenía la legislación anterior, y fueron muchísimas las marcas que en España se concedieron sin oposición alguna con denominaciones ó rótulos extranjeros, é igual principio se mantiene en los demás países, sin que ninguno prohíba taxativamente, salvo casos ilícitos, esta libertad de constituir las marcas con nombres ó frases distintas del propio idioma. Debe advertirse, sin embargo, que el estado de opinión internacional creado en materia de propiedad industrial en estos últimos años, y que la vigente ley recoge y alienta con vigoroso empeño, tiende poderosamente á garantir los intereses generales nacionales y extranjeros, dando á las cuestiones relacionadas con tan arduo estudio un carácter de buena fe y veracidad en que antes no se reparó con tanto ahínco. Reconociendo en solemnes convenios internacionales aspiraciones justísimas del mundo industrial, se procura con afán creciente, y España ha dado, con su ley de 1902, plausible ejemplo, que las marcas testimonien la verdad de lo que significan con toda fidelidad y exactitud, sin engaños que la falscen, ni mixtificaciones que la oscurezcan.

Sólo así puede ponerse término á una competencia ilícita, por desgracia muy frecuente, con la que el crédito de una región ó el de un fabricante se usurpan sin reparo para dar á una mercancía una superioridad de que no puede beneficiarse quien no hizo más que apropiarse el trabajo ajeno, y aun hasta evitar que el aspecto exótico de una marca se tome como signo de un valor real que el producto no tendría si se señalara con otra que claramente diera á conocer el verdadero país en que aquél se contiene ó elabora.

La concurrencia desleal, que hoy define y castiga severamente la ley, se comete con la expresión de una falsedad manifiesta, pero también con estas mixtificaciones, que, sin constituir un verdadero delito, no son tampoco recomendables, ni, á la larga, convenientes á nuestro país.

El principal interés de España en esta cuestión estriba hoy en que, como se ha hecho siempre, tratándose de mercancías universalmente estimadas, los signos de su producción no permitan duda alguna en lo que respecta á demostrar que es exclusivamente suya y no debe á amanos de ningún género el crédito que en los mercados nacionales obtenga y el que un día se procure en los extranjeros.

No llegarían éstos nunca á adquirirse si los productos no dieran á conocerse en toda ocasión con sus marcas propias y genuinamente nacionales.

Adviértase también que la ley protege no sólo á los fabricantes, sino muy eficazmente á los consumidores, y no es discreto que á éstos se les induzca á engaño haciéndoles pensar que los productos que adquieren son de procedencia extranjera, pues además del fraude que por modo indirecto se comete, se les educa en la creencia errónea de que nuestra industria no es estimable por sus propios méritos y ha de sujetarse siempre á ser tributaria de la extraña.

Habidas en cuenta estas consideraciones, debe tenderse á que, sin menoscabo del principio legal de que las marcas pueden escribirse en idioma extranjero, se restrinja este derecho, si esto es resurrección y no consecuencia natural del mismo, con una expresión exacta de su origen ó procedencia. A este propósito, hay en la legislación vigente manera de conciliar la cuestión, y para ello basta con cumplir las disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda que á esta materia se refieren para solventarla debidamente. Tres existen y están en vigor, que terminante y catégoricamente autorizan el empleo de las marcas de que se trata: dos, procedentes de la Dirección general de Aduanas, fechas 11 de Mayo y 30 de Junio de 1900, y una Real orden de 28 de Diciembre de 1901, publicada en la Gaceta de Madrid de 15 de Enero de 1902. En ellas se determina, en beneficio de los industriales, de los consumidores y del Fisco, que la etiqueta en lengua extranjera lleve estampado de un modo visible el lugar de España donde se fabrica el producto que ha de distinguir y el nombre del fabricante.

Esta debe ser la solución del caso, porque es la única que armoniza los dos principios ex-