Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1903-10-01 00:00:00), página 2

declara que no procede el embargo preventivo en los productos, ni el sello de las máquinas y aparatos de una patente en vigor, ó de no estimarse procedente modificarla en términos de que, en caso de querella criminal por usurpación de patente, puede acordarse preventivamente dicho embargo de los productos y sello de las máquinas y aparatos de la industria del querellado, aun cuando presente éste una patente posterior, siempre que la que ostente primera el querellado haya sido declarada válida y eficaz en virtud de sentencia ejecutiva de los tribunales en juicio contradictorio, seguido con cualquier poseedor de otra patente análoga.

Visto los fundamentos de hecho y de derecho en que, de conformidad con las prescripciones de la Ley de la Propiedad Industrial y Comercial, se halla basada la referida Real orden, robustecida con lo que se establece en el art. 37 del Reglamento para la ejecución de la citada Ley, aprobada por Real decreto de 12 de Junio último;

Considerando que las citadas declaraciones envuelven la pretensión de que, por medio de una resolución administrativa, se fije y declare el sentido y alcance de la cosa juzgada en orden á la propiedad industrial, extremos que son de la exclusiva competencia de los tribunales, ya porque la Constitución les atribuye la facultad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, ya porque corresponde á la esfera civil ó criminal el regular los efectos de las sentencias que los mismos tribunales dictan en materias de jurisdicción, como le son las declaraciones de nulidad de patentes y la persecución y castigo de los delitos que á ellas se refieran, con arreglo al art. 145 de la Ley de 16 de Mayo de 1902;

Considerando que aun cuando así no fuese no cabría acceder á lo solicitado, porque según el art. 1.252 del Código civil, para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea invocada concurre la más perfecta identidad entre las cosas, las personas de los litigantes y localidad en que litiguen; de tal suerte, que siendo aquellas diferentes, no cabe invocar la presunción de que la cosa juzgada es verdad, ni las demás consecuencias que de la excepción de este nombre puedan derivarse.

Considerando, á mayor abundamiento, que la Real orden de 2 de Abril último está limitada sustancialmente á declarar que la nueva ley de patentes no derogó la otra Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de Diciembre de 1900, que á su vez había estatuido acerca de la aplicación de las reglas del enjuiciamiento criminal, materia propia de las funciones de aquél centro ministerial, y ajeno, por lo tanto, al de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y por otra parte, si aquella resolución de 2 de Abril estimó con acierto que la dictada en 7 de Diciembre de 1900 se ajustaba al art. 135 de la nueva Ley, más evidente es esta conclusión en vista del art. 37 del Reglamento de 12 de Junio último: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pretensión formulada en la instancia de que se hace mérito.

Lo que de Real orden participo á V. para su conocimiento. Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 21 de Septiembre de 1903.—Gasset.—Sr. Director gerente de la Compañía anónima Abrillantado de fibras textiles.