Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1902-08-01 00:00:00), página 2

presenta el mismo interesado, y que la denominación oficial del Negociado sólo puede ser objeto de registro en el mismo lo que se refiere á la propiedad industrial y á la comercial.

La Dirección, conforme con la nota del número, entiende que antes de resolver este expediente, conviene oír la opinión del Consejo de Estado.

Y por Real orden de 9 de Agosto próximo pasado se remite á consulta de esta Sección.

La legislación vigente en España sobre marcas de fábrica y de comercio está inspirada en el propósito, claramente expresado ya en el preámbulo del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, de evitar la concurrencia desleal que puedan hacer los industriales señalando sus productos con idénticos ó muy análogos distintivos (en forma que pueda inducir á error al público), á los empleados por otros concurrentes que hayan conseguido mayor reputación y crédito, superchería que ataca directamente el derecho de propiedad, engaña al comprador inexperto y concede un valor inmerecido á los productos, sirviendo de falsa garantía para acreditar el mérito de que carecen y darles una mentida procedencia.

A este fin responde también el art. 291 del Código penal vigente, que castiga la falsificación de sellos, marcas, billetes ó contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio; artículo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado en su sentencia de 16 de Junio de 1885, en el sentido de que la falsificación á que se refiere no es la mera copia de los signos legítimos, sino la imitación en términos hábiles que puede inducir á error.

Esto sentado, que conviene tener presente para una interpretación sistemática y no meramente gramatical de las disposiciones vigentes en la materia objeto de esta consulta, preciso es reconocer que las empresas periodísticas, por algunos de los fines que realizan, tienen indudable carácter industrial; que en consonancia con el mismo satisfacen la contribución correspondiente clasificándose en la tarifa 2.a, epígrafe 76 al 82 de las publicadas por Real decreto de 2 de Agosto de 1900; que los productos de esta industria, los periódicos, pueden ser objeto de comercio, y como mercancías se incluyen en el repertorio de Aduanas; que es de temer que en algunos periódicos se imiten los signos distintivos y títulos de otros, á fin de aprovecharse ilícitamente del mayor crédito y aceptación que hayan logrado, y que esto no puede evitarse si no es mediante el reconocimiento del uso exclusivo del distintivo ó título, porque la Ley de propiedad intelectual sólo proteje contra la reproducción no autorizada de los originales insertos en los periódicos sueltos ó coleccionados. Deduciéndose de todo lo expuesto, á juicio de la Sección, que no hay razón suficiente para excluir á las empresas periodísticas de los beneficios de la concesión de marcas.

Y como por otra, la solicitada por D. Juan José García Gómez en la instancia origen de este expediente, y que consiste en la denominación «El Economista», es perfectamente aceptable como marca de fábrica ó de comercio de conformidad con lo consignado en la Real orden de 12 de Febrero de 1889,

La Sección opina que procede otorgar á D. Juan José García Gómez, sin perjuicio de tercero de mejor derecho y con arreglo á los trámites establecidos, la marca que solicita para distinguir el periódico que con el título de «El Economista» se publica en esta corte.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1902.—Suárez Inclán.—Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.