Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1902-03-16 00:00:00), página 6

publicación de tal disposición en la Gaceta, fundado en que los que se hallaran en tramitación se incoaron en el supuesto de tener que satisfacer únicamente las 50 pesetas que desde el 27 de Marzo de 1900 se venía exigiendo; y preteniendo el seguido que se determine, como aclaración á dicha Real orden, que el pago de los derechos de concesión de una marca, verificado dentro del plazo de treinta días, á contar desde la publicación de la concesión en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL, es el único obligatorio para no incurrir en caducidad, quedando á voluntad del interesado el pago del timbre, ó sea cuando éste solite el certificado que le acredite la propiedad de la marca:

Considerando que la Real orden impugnada de 25 de Noviembre próximo pasado no altera ni modifica la legislación vigente sobre marcas; pues sólo se contrae á subsanar un error de interpretación de la ley del Timbre de 26 de Marzo de 1900, y por lo tanto, debe surtir sus efectos desde la publicación en la Gaceta, y ser aplicables á todos los expedientes en tramitación; pues éstos no han podido incoarse por parte de los interesados más que con arreglo á la legislación vigente; que es la citada Real orden de 25 de Noviembre último en cuanto á los derechos de concesión y timbre del Estado se refiere:

Considerando que la petición de certificados de propiedad de una marca está contenida en la instancia, base del expediente; pues la finalidad que se persigue al incoarla es la de obtener un documento que acredite el derecho al uso exclusivo del distintivo pretendido, derecho que no puede obstentarse ni justificarse más que con el título-certificación que expide este Ministerio;

Considerando que el dejar á la voluntad del interesado determinar el momento de satisfacer el timbre daría lugar á entorpecimientos en la marcha regular y ordenada que debe existir en la tramitación y despacho de los expedientes, á más de que sería perjudicial á los mismos peticionarios, los cuales estarían privados de utilizar la marca concedida; pues con arreglo al art. 9.º del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, solo se consideran marcas en uso aquellas de cuya existencia se haya obtenido el correspondiente certificado; y

Considerando que la Real orden de 25 de Noviembre próximo pasado, al determinar que los certificados de propiedad de marcas fueran remitidos para la estampación del timbre á la Fábrica nacional, tuvo en cuenta que dichos documentos no se extendían en el papel que expende el Estado, sino que se hace en impresos especiales que hay que reintegrar, á cuyo efecto debe exigirse previamente su importe en papel de pagos, y éste ha de hacerse á la par que se satisface el de los derechos de concesión y dentro del plazo fijado por la legislación vigente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rejente del Reino, se ha servido resolver:

1.º Que no ha lugar á la aclaración solicitada por D. José Gómez Acebo, toda vez que la Real orden de 25 de Noviembre último no ha introducido novedad alguna en la legislación vigente, y, por lo tanto, los expedientes incoados con anterioridad á dicha disposición, se hallan incluidos en las prescripciones del art. 6.º del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 y art. 89 de la ley del Timbre de 26 de Marzo de 1900, por ser las que se previene que les sean aplicadas para el pago de los derechos de concesión y timbre; y

2.º Que no procede asimismo acceder á lo pretendido por D. Carlos Bonet, puesto que la solicitud de certificado de marca está contenida en la instancia base del expediente, y por tanto, el pago de los derechos de concesión con los del timbre van unidos, y deben efectuarse en un solo acto, estando señalado para verificarlo el plazo de treinta días, con arreglo á la Real orden de 18 de Noviembre de 1876, á contar desde la publicación de la concesión de la marca en el BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL; entendiéndose que de no realizarlo dentro del referido plazo caducará la marca solicitada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1901.—Villanueva.—Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.