Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1900-11-16 00:00:00), página 6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDA SECCION.—PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REAL DECRETO.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La propiedad industrial, en el más importante de sus aspectos, cual es el de la concesión de patentes ó privilegios de invención, fué regulada en nuestra patria por la ley de 30 de Julio de 1878. Recibida con aplauso de los doctos por satisfacer necesidades de la industria en aquella época, ha menester de modificaciones que corrijan los defectos revelados por la experiencia, armonizándola con las exigencias de los tiempos presentes. Mas si bien la certeza del hecho arguye la precisión de acometer la reforma, no considera el Ministro que suscribe ser el de ahora momento oportuno para realizarla. De los temas sometidos á la deliberación del próximo Congreso Hispano-Americano, serán ciertamente los de mayor interés los relativos á la propiedad industrial y mercantil; de su discusión han de surgir problemas y enseñanzas que, derramando luz vivísima sobre ellos, contribuirán, á la par que al fomento de las relaciones entre pueblos de la misma gloriosa raza, haciendo comunes sus intereses, á fortificar, mediante los vínculos jurídicos á que den lugar Tratados y Convenciones posteriores, la deseada solidaridad de todos ellos. Y como quiera que uno de los estímulos y acicates más poderosos á esa solidaridad sea la comunidad de los principios que inspiren sus respectivas legislaciones en materia de patentes y marcas, de aquí la precisión, á juicio del que suscribe, de esperar los resultados del Congreso para orientar las reformas en el sentido de sus conclusiones.

La consideración apuntada, si justifica la dilación de la modificación general de la ley, para basarla en los datos de la experiencia y de la realidad, no justifica igualmente que no se dé satisfacción cumplida á una necesidad que implícita en el articulado mismo de la ley vigente, está pidiendo—pudiérase decirse que desde el momento de su promulgación,—su complemento el orden legal.

En efecto, el título 7.º de la ley, al regular las condiciones para el ejercicio del privilegio, estableció: para los inventores, la obligación de justificar, dentro de los dos años siguientes á su obtención, haberlo puesto en práctica; para el Director del Conservatorio de Artes—cuyas funciones en toda su amplitud desempeña hoy á tenor del art. 2.º del Real decreto de 11 de Julio de 1888 el Jefe del Negociado de Industria,—el deber ineludible de cerciorarse del hecho por sí mismo, practicando cuantas diligencias hubiere menester, y compelíendole á recabar en caso necesario el auxilio de Corporaciones y Autoridades.

Semejante precepto es una consecuencia lógica de las doctrinas eclécticas que han inspirado nuestro derecho positivo en la materia. Si aceptó del sistema francés, su principio fundamental, de conceder las patentes sin garantía del Gobierno respecto á la novedad y utilidad del invento, no desdenó en absoluto las doctrinas de la legislación alemana, que todo lo fía á la ingeneria administrativa, y así, al determinar y definir en sus artículos 3.º y 9.º las materias que pueden ser ó no patentables, al establecer en los artículos 39 y 40, en relación con el caso 3.º del 46, la inspección técnica para determinar en su caso la caducidad del privilegio, ciertamente que hubo de reconocer en la Administración facultades que transcenden del simple registro de la propiedad industrial.

Fué costumbre de los Jefes del Negociado de Industria, que carecieron de competencia técnica para entender en la justificación de la puesta en práctica de las patentes concedidas, hacer uso de la facultad que les confiere el art. 39 de la ley, delegando la función, que á ellos de un modo imperativo les encomienda en primer término, en Ingenieros industriales ó personas competentes, determinando el art. 41 que los gastos originados por la justificación de la práctica serán de cuenta del interesado.