Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1899-03-01 00:00:00), página 3

SEGUNDA SECCION.—PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REAL DECRETO.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Son varios los concesionarios de patentes de invención residentes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas que, ya directamente ó por conducto del Ministerio de Ultramar, han recurrido á este de mi cargo haciendo presente las dificultades con que han tropezado y la imposibilidad en que se han visto, á causa de la guerra en dichas islas, para satisfacer en papel de pagos al Estado el importe del en que deben extenderse las patentes que les fueron concedidas ó las cuotas anuales de las de que eran poseedores, dentro de los plazos establecidos, y para deducir oportunamente las correspondientes solicitudes al efecto de que las máquinas, instrumentos, aparatos ó procedimientos objeto de sus patentes fuesen examinados por personas peritas con el fin de acreditar haberse puesto en práctica en el tiempo y forma determinados en los artículos 38 y 39 de la ley de 30 de Julio de 1878, y solicitando por ello una prórroga ó concesión de nuevo plazo para realizar los pagos de que se hallan en descubierto y que puedan verificarse las prácticas, á fin de evitar que queden sin curso ó se declaren caducados los expedientes respectivos, en virtud de lo prescrito en los artículos 21 y 46 de la citada ley.

Algunos de los peticionarios tenían establecidos los objetos patentados en diversos puntos de las mencionadas islas, y para ellos solicitaron la información de la práctica, confiriéndose el encargo de cumplir tal misión á personas competentes, entre las que pudieran citarse varios Ingenieros militares, algunos de los cuales murieron víctimas de sus sagrados deberes, y otros viéronse en la imposibilidad de llenar su cometido por causas debidamente justificadas y añejas al estado de guerra y rebelión durante el tiempo transcurrido.

De otra parte hay también algunos poseedores de patentes de invención que han solicitado dentro del plazo legal el nombramiento de Delegado al efecto de acreditar la práctica; pero á cuyas solicitudes no ha podido acceder la Administración por haberse formulado cuando las islas estaban ya en las condiciones en que hoy se encuentran.

Como se ve, no son imputables á los particulares interesados ni á la Administración pública los poderosos motivos que han impedido el cumplimiento de la ley y demás disposiciones vigentes en la materia de que se trata en el período de las guerras. Pero en la necesidad de normalizar la situación de las cosas y de ajustar la tramitación y resolución de los expedientes que se encuentran en tan anómalo estado á las prescripciones de la ley, armonizando las exigencias de ésta con la conveniencia de evitar á los concesionarios de patentes los perjuicios que pudieran sufrir en sus intereses; la equidad y la justicia demandan la concesión de nuevos plazos prudenciales para que los interesados en dichos expedientes puedan verificar el pago al Estado por la expedición de las patentes y por las cuotas anuales de que se hallen en descubierto, y para que, trasladando las máquinas, instrumentos ó aparatos de su invención á dominios españoles, se pongan en condiciones de acreditar la práctica y que han establecido con ellos una nueva industria en el país, como requiere el art. 2.º de la citada ley.

No es esta la vez única en que el Gobierno se ha considerado en el deber de aconsejar á V. M. la concesión de nuevos plazos ó la ampliación ó aplazamiento de los fijados en las leyes con carácter de improrrogables para la observancia de determinadas obligaciones, porque entiende que están promulgadas en tiempos y para épocas normales, y no para un período de tan graves e imprevistos trastornos como el atravesado durante las guerras de las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, en las que se ha hecho imposible el imperio y cumplimiento de los preceptos en ellas contenidos, colocando á los indicados concesionarios de patentes de invención en la situación en que hoy se encuentran, y á la cual se hace necesario poner remedio, ya que una causa de fuerza mayor, tan notoria como justificada, es la razón que la ha motivado.