Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1898-08-16 00:00:00), página 5

Resultando que el día 17 de Noviembre de 1893, estando de servicio en la estación del ferrocarril del Norte el Oficial del Cuerpo de Aduanas D. Francisco Balboa, procedió al reconocimiento de un atado de cajas que contenían agua florida, y de 12 paquetes conteniendo tónico oriental, ambos con la marca de Lammam y Kemp, de New-York, llegados de Barcelona, con el número de expedición 95,786, acompañados del vendí número 56, expedidos por los remitentes Sres. Uriach y C.ª; habiéndose procedido á la detención de las expresadas mercancías á causa de que por su marca se dedujo eran extranjeras, y, por lo tanto, debían circular con guía:

Resultando que el interesado expuso ante la Junta que si la casa remitente hizo el envío sin guía y con vendí, debió ser por estimar que era lo suficiente, no creyéndolo así la Junta al considerar como signo acreditativo de procedencia extranjera de la mercancía las marcas que llevaba, por lo que impuso al destinatario la multa de 449'65 pesetas, importe del valor oficial y derechos arancelarios de los referidos productos;

Resultando que en tiempo hábil el interesado interpuso recurso de alzada solicitando la revocación del fallo dictado y relevación de responsabilidad, fundándose en que la perfumería detenida era de producción nacional, según resulta de certificación expedida por la sociedad Vicente Ferrer y C.ª, apoderada de los Sres. Lammam y Kemp, de New-York, que tiene fábrica establecida en San Martín de Provensals (Barcelona), inscrita en la contribución industrial del mismo pueblo para la elaboración de la perfumería de referencia, y cuya marca se halla aprobada y registrada en el Ministerio de Fomento, según consta de testimonio notarial que se acompaña á la certificación mencionada.

Considerando, en vista de los numerosos expedientes por causas análogas incoados, que se hace indispensable dictar una resolución para establecer criterio fijo y determinado en el uso de marcas de fábrica, en cuanto á la circulación por la zona fiscal de aduanas se refiera, haciendo cesar definitivamente, mientras subsista la actual legislación, una incertidumbre que puede ocasionar perjuicios, tanto al Estado como al comercio:

Considerando que al ponerse en vigor el Real decreto de 23 de Marzo de 1893, estableciendo guías para la circulación de ciertas mercancías extranjeras no sujetas al signo de marchamo, hubo necesidad de crear también un documento para legalizar los envíos de las similares á aquellas que fueran de fabricación nacional, siendo éste el vendí de que trata el art. 263 de las vigentes Ordenanzas:

Considerando que siendo la marca de fábrica puesta en las mercancías uno de los medios, acaso el más importante, que pueda utilizar la Administración para comprobar el origen de los productos que circulen por la zona especial de vigilancia, ocurre que cuando estas marcas son extranjeras se procede á la detención del género, y después se alega en el expediente que las mercancías son nacionales, pero que el fabricante, con la debida autorización del extranjero en unos casos y en otros por convenir á sus intereses, deposita en el Ministerio de Fomento aquellas marcas y queda autorizado, una vez registradas, para el uso de las mismas en los productos que elabora, resultando con ello perjudicado unas veces el comercio por detenciones improcedentes, y amenazado en otras el interés del Estado si la mala fe pretendiera legalizar con un vendí la circulación de expediciones fraudulentamente importadas:

Considerando que para los efectos de la comprobación fiscal no puede bastar que la marca esté registrada en el Ministerio de Fomento, toda vez que dicho signo debe servir para determinar el origen de las mercancías, y si aquél es extranjero, como tal deben reputarse éstas, mientras otras indicaciones no destruyen el fundamento del supuesto:

Considerando que, aparte de los preceptos contenidos en el art. 251 de las Ordenanzas, existen otras disposiciones, entre ellas varios convenios de carácter internacional, que ofrecen datos suficientes para establecer un estado legal de derecho que ampare los intereses de la Hacienda y del comercio, como son las Reales órdenes de 14 de Marzo de 1888 y 1.º de Abril de 1889, consignadas en el último párrafo de la disposición 14 del Arancel, el Real decreto de 17 de Julio de 1876, los artículos 8.º, 9.º y 10 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, los arts. 1.º y 3.º del arreglo internacional para la represión de las falsas indicaciones de procedencia; de 14 de Abril de 1891 y la Real orden del Ministerio del Hacienda de 16 de Septiembre de 1895:

Considerando, en vista de los textos citados, que estando perfectamente garantido el uso de las marcas de fábrica, deben ponerse en práctica, con arreglo á aquellas disposiciones, los medios necesarios para evitar el empleo de marcas extranjeras en productos nacionales, medios que procu-