Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1896-12-16 00:00:00), página 2

En este orden nada se escapó al celo del legislador; ni el medio de dotar de ingresos metálicos á la primera Biblioteca de nuestra Nación (á cuya necesidad se proveyó concediendo á aquélla en 14 de Noviembre de 1754 privilegio exclusivo para que pudiera perpetuamente reimprimir la Biblioteca Arábigo-Hispana, de la antigua y moderna de D. Nicolás Antonio, y las tres obras é historias del Padre Juan de Mariana, de D. Juan de Ferreras y D. Antonio de Morales, con la pena de 1.000 ducados y cuatro años de presidio al que introdujera las referidas obras en estos reinos), ni la necesidad de facilitar las adquisiciones, para lo cual el Rey D. Carlos III, por Real orden de 19 de Diciembre de 1761, y el Rey D. Carlos IV por otra de 31 de Marzo de 1793, insertas ambas en circular del Consejo de 27 de Noviembre de 1802, dispusieron que los tasadores de libros diesen cuenta al Bibliotecario mayor de la Nacional, de todas las librerías que fuesen puestas á la venta.

Pero lo que mejor demuestra el acertado propósito que animó constantemente á los Poderes públicos de reunir en la citada Biblioteca las publicaciones españolas de todo género, son los repetidos decretos, Reales cédulas y Reales órdenes que á este fin se dictaron.

En 1712, es decir, un año después de la creación de la Biblioteca Real, se publicó un decreto disponiendo que se depositase en ella un ejemplar de todos los impresos que se hubiesen hecho desde 1711, y desde entonces se reiteró este precepto, con ligeras variantes, por las siguientes disposiciones legales: Real orden de 26 de Julio de 1716, por la cual D. Felipe V mandó que de todo libro que se imprimiese en España se entregara un ejemplar encuadernado en la citada Biblioteca; Real orden de 19 de Diciembre de 1761, mandando lo mismo que el decreto anteriormente citado; orden de 27 de Febrero de 1762, preceptuando que se remitiera á la Biblioteca Nacional un ejemplar de todo reglamento, ordenación, etc., que se imprimiese por orden del Consejo; Real orden de 8 de Septiembre de 1788, disponiendo que se enviase á aquélla un ejemplar de todas las obras que se imprimieran en la Imprenta Real; Real orden de 31 de Marzo de 1793, que mandó nuevamente la entrega de un ejemplar de cada impreso á la Biblioteca Nacional; Real orden de 6 de Abril de 1802, que dispuso lo mismo que la anterior; circular de 6 de Noviembre de 1812, que recordó los preceptos de las precedentes disposiciones; expediente incoado en 1821, para dictar medidas que hiciesen eficaces las prescripciones de la Novísima Recopilación sobre entregas á la Biblioteca de un ejemplar de todo impreso, mapa ó estampa publicado en España; Real orden de 22 de Marzo de 1837, dictada con el acuerdo de las Cortes, para que se entregara á la Biblioteca un ejemplar de cada obra que se imprimiera; Real orden de 5 de Agosto de 1841, previniendo el más exacto cumplimiento de lo mandado con anterioridad sobre este punto, y Real orden de 30 de Septiembre de 1843, disponiendo que se entregaran á la Biblioteca Nacional dos ejemplares de cada obra que fueran impresas en España.

Al solo efecto de completar la enumeración de todas las disposiciones legales dictadas al objeto indicado, merecen citarse la Real orden de 1.º de Julio de 1847, aclaratoria del art. 13 de la ley de Propiedad intelectual de dicho año, relativa al depósito que debían hacer los autores de obras en la Biblioteca Nacional, y la ley vigente de 10 de Enero de 1879, que establece que pase en depósito á la expresada Biblioteca un ejemplar de cada obra que se inscriba, á los efectos de aquella ley.

Se han observado y observan puntualmente los preceptos de la ley de Propiedad intelectual, porque su cumplimiento corresponde á funcionarios del Estado; pero todas las demás disposiciones que imponen á los autores, Centros y Corporaciones oficiales la obligación de entregar en la Biblioteca un ejemplar de todos los impresos, mapas y estampas publicados en España, no se cumplen con perjuicio grande de la primera Biblioteca de la Nación, y no obstante tener carácter de leyes la mayor parte de aquellas disposiciones por haber sido dictadas por el Rey antes de la publicación del estatuto, y, por consiguiente, durante el régimen absoluto.

A conseguir la observancia de dichas leyes, y á fomentar, en su consecuencia, por modo extraordinario la Biblioteca Nacional, tiende el adjunto proyecto de decreto, en el que se dictan reglas para la puntual observación de las citadas disposiciones legales, y se señala la sanción penal en que habrá de incurrir quien en lo sucesivo deje de cumplirlas; sanción penal cuya falta hizo ineficaces hasta aquí aquellos preceptos, y que, aun siendo moderada, asegura el cumplimiento de la ley, porque no importa tanto á los fines educadores de la pena, que esta sea muy onerosa, como el que no pueda, en manera alguna, ser eludida.

Tales son, Señora, los móviles que al Ministro que suscribe le animan para proponer á V. M. la aprobación del adjunto proyecto de decreto.

Madrid 4 de Diciembre de 1896.—SENORA: A. L. P. de V. M., Aureliano Linares Rivas.