Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1895-09-01 00:00:00), página 2

inscritas en el Registro de la propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 1894, excusándoles de la presentación de los documentos á que se refieren los artículos 9.º y 24 del Reglamento dictado para la ejecución de la Ley de 3 de Septiembre de 1880 referente á la propiedad intelectual.

En la instancia suscrita por D. Francisco Simón y Font y D. Antonio F. Bastinos por sí y en representación de los editores de Barcelona, Montaner y Simón, Espasa y C.ª, Riera y Sanz, Subirana hermanos, Henrich y C.ª y Fuentes Parres, se manifiesta que, no existiendo el necesario cuerpo legal en algunas inscripciones hechas en el Registro de la propiedad intelectual durante el tiempo comprendido desde la Ley de 10 de Enero de 1879 hasta el Decreto de 6 de Enero de 1894, que marca un plazo de seis meses para canjear por el definitivo el recibo provisional, encuentran increíble resistencia en la Dirección general de Instrucción pública para su expedición á los autores y propietarios de las obras registradas en ese período de tiempo, por fundarse quizás en lo dispuesto en el párrafo 2.º del Real decreto que señala los plazos de seis meses y un año para el canje de los registros hechos antes de publicarse esta reforma, siendo así que poseen los talones provisionales de los libros que registraron en tiempo marcado por la Ley y con los requisitos necesarios que hoy aparecen registrados y legitimados, en el mero hecho de figurar en el Boletín de la Propiedad Intelectual publicado por el Ministerio de Fomento, Dirección general de Instrucción pública, Negociado 6.º

En consecuencia de lo expuesto, solicitan se ordene la expedición de los títulos definitivos de las obras registradas provisionalmente desde 10 de Enero del 79 al 4 de Enero de 1894, en la forma que aparecen impresas en el Boletín, previo abono de la póliza correspondiente.

La Dirección general de Instrucción pública informa razonadamente la anterior instancia, exponiendo que el fundamento de la petición de los editores consiste en que actualmente es imposible procurarse los documentos acreditativos de las trasmisiones de dominio, por virtud de los cuales son propietarios de las obras, puesto que los autores y sus derechohabientes fallecieron en su mayoría y muchos de ellos abintestato.

Entiende la Dirección que es cierto que á los editores y actuales propietarios les sería imposible en la mayor parte de los casos presentar testimonios que la Ley exige, y más terminantemente el Reglamento, porque no existen ya las personas que habían de otorgar los contratos de venta, cesión, etc., y sin beneficio para nadie, ni siquiera para los herederos de los autores, que no podrían recobrar la propiedad, perderían ésta los editores que compraron y poseen de buena fe dichas obras.

Es verdad que ellos tenían obligación de presentar oportunamente los mencionados documentos; pero también es cierto que la Administración debió exigirlo y no verificar las inscripciones definitivas sin la presentación de los testimonios á que se refieren los artículos 9.º y 24 del Reglamento, por lo cual no es imputable toda la culpa á los editores, y no debe á éstos hacerse responsables declarando nulas unas inscripciones que, aunque viciosas, ellos no llevaron á cabo.

Excusan á éstos y á la Administración, según el criterio de la Dirección, la provisionalidad en que estuvo el Registro de la propiedad intelectual hasta que éste fué encomendado al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por la Ley de 30 de Junio de 1894.

Por tanto, teniendo en cuenta que, si oportunamente la Administración hubiera reclamado á los editores los documentos necesarios, seguramente los hubieran presentado por ser entonces fácil otorgar los necesarios contratos, entiende la Dirección que procede estimar la solicitud de los editores de Barcelona, declarando que deben subsistir las inscripciones definitivas hechas en el Registro general de la propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 hasta el día en que se publicó en la Gaceta el Real decreto de 5 de Enero de 1894, que hizo obligatorio el canje de los recibos provisionales por los títulos definitivos de dominio, expidiendo en su consecuencia los títulos definitivos de dichas inscripciones, si bien con la nota de «salvo mejor derecho que ante los Tribunales se ejercite», y previa consulta á este Consejo.

Tiene verdadera importancia la cuestión que en este expediente se ventila, por cuanto trata de determinar la situación en que han de quedar un gran número de obras científicas y literarias, cuyos títulos de pertenencia no están plenamente justificados.

Nace la falta cuyas consecuencias intentan repararse, del incumplimiento del art. 30 del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880. Prescribe éste literalmente que «el Bibliotecario anotará en el libro diario las obras que al efecto se presenten, librando el certificado de inscripción siempre que aquéllas y los documentos que deben acompañarlas cumplan los requisitos establecidos. Este certifi-