Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1895-09-01 00:00:00), página 3

cado deberá canjearse por el definitivo de inscripción expedido por el Registro general tan luego como así se anuncie en el Boletín de la provincia.

Como se desprende de la exposición de este artículo, los Bibliotecarios no deben expedir los certificados provisionales de inscripción sino cuando se presenten las obras con los documentos que deben acompañarlas. Pero desgraciadamente no ha ocurrido así, debido al reconocido abandono que ha existido en todo lo referente á la propiedad intelectual desde la fecha de la Ley vigente, ó sea desde 10 de Enero de 1879 hasta época bien reciente, quizá como indica la Dirección de Instrucción pública, por el carácter de provisionalidad que tuvo el Registro hasta la ley de 30 de Junio de 1894, que lo encomendó á un Cuerpo facultativo, es el hecho que han venido inscribiéndose gran número de obras, sin que al hacerlo ni al extender el certificado provisional se exigieran por los Bibliotecarios los documentos reglamentarios.

Esto, unido al incumplimiento del segundo párrafo del art. 30 repetido, referente al canje de los recibos ó certificados provisionales por los definitivos, creó una situación imposible de sostener.

Con objeto de poner término á estos abusos se dictó el Real decreto de 5 de Enero de 1894, de conformidad con la consulta de este Consejo, fijando un plazo para verificar el canje antedicho, y ocurrió lo que no podía menos de suceder: que dado el largo tiempo transcurrido desde que se expidieron los certificados provisionales faltos de documentación bastante, al exigirse ahora por las oficinas de ese Ministerio la subsanación de ese defecto, en la inmensa mayoría de los casos ha sido imposible cumplir este requisito; y se comprende que esto haya sucedido, porque el título traslativo del dominio de una obra que, por tanto, acredita la propiedad de la misma á favor del que verifica la inscripción, es difícil que pueda adquirirse después de mucho tiempo de realizado, ya porque por haber fallecido los autores ó sus herederos, ó por ignorarse donde residen, sea materialmente imposible, ya porque precisa hacer investigaciones ó extender documentos cuyo coste supere con exceso el valor de la obra.

En este estado las cosas, ¿qué criterio deberá seguirse? ¿Procederá exigir con todo rigor en cada caso la presentación de los documentos justificativos de la pertenencia de la obra, bajo pena que de no hacerlo así no se efectuará el canje, y se tendrán, por tanto, las inscripciones por no realizadas?

Entiende este Consejo que esta grave solución, sobre ser injusta, no está conforme con el espíritu de la Ley vigente de propiedad intelectual.

Sería injusta, porque, si bien es cierto que con arreglo á los artículos 9.º y 24 del Reglamento los editores deben presentar los testimonios fehacientes de su derecho, también lo es que los funcionarios encargados á este efecto por la Administración debieron exigirlos, y sin ellos no expedir, como lo hicieron, los certificados provisionales.

No estaría tampoco dicha solución de acuerdo con el espíritu de la Ley sobre propiedad intelectual vigente, porque ésta no establece las distinciones que el Reglamento entre la inscripción provisional y la definitiva, reconociendo sencillamente y garantizando la propiedad desde que se haya inscrito la obra.

No puede olvidarse que la propiedad intelectual tiene un carácter especialísimo que la diferencia de las demás, en cuanto no es limitada en su uso y aprovechamiento. Por eso el Estado y la Ley al garantizarla no hacen más que sustraerla al dominio público durante cierto período de tiempo, convirtiéndola en una propiedad privada ó de particulares. Ahora bien: cree este Consejo que, una vez inscrita una obra, siquiera sea provisionalmente, no cabe duda de que está acogida á los beneficios de la Ley, y tiene durante el plazo en ésta establecido, el carácter de propiedad privada, sin que esto decida nada acerca de la pertenencia de la misma á favor de determinada persona. Si por no haberse presentado los títulos justificativos de las transmisiones de dominio se suscitare alguna duda acerca de quién era el verdadero propietario, á los Tribunales de justicia corresponderá resolver esta cuestión, mediante la presentación de los oportunos medios de prueba. Pero en el mero hecho de haberse verificado la inscripción, se ha sustraído la obra al común aprovechamiento y tomado cuerpo como verdadera propiedad.

De este concepto deduce el Consejo la solución que ha de darse al caso que aquí se discute. Todas las obras inscritas en el Registro de la propiedad intelectual, á partir de la ley de 10 de Enero de 1879, constituyen verdadera propiedad, y la Administración no puede negarse á expedir los certificados que de dichas inscripciones pidan los que las verificaron, cuyo canje es un precepto obligatorio con arreglo al Reglamento; pero estos certificados definitivos de inscripción no pueden conferir