Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1891-08-16 00:00:00), página 4

de esta Ley los disfrutará el propietario desde el día en que comenzó la publicación, y sólo los perderá si no cumple aquel requisito dentro del año que se concede para la inscripción:
Visto el art. 41 del Reglamento para la ejecución de la Ley sobre Propiedad intelectual de 3 de Septiembre de 1880, que dispone que el autor, o su heredero necesario, que, con arreglo al art. 6.º de la Ley, tiene derecho á adquirir las obras que su causante ensajen, terminados veinticinco años después de la muerte del autor, podrá pedir, y le será otorgada, la inscripción de su derecho en el Registro de la Propiedad intelectual, previa presentación de los documentos que acrediten su carácter:
Visto el art. 45 del propio Reglamento, según el cual se entenderá que renuncian su derecho los autores ó sus derecho habientes que habiendo de recobrar la propiedad intelectual no la inscriban en el término de un año;
Visto el art. 59 del citado Reglamento, que previene que el plazo de un año que para verificar la inscripción concede el art. 35 de la Ley, principiará á contarse desde el día en que se anuncie en la Gaceta de Madrid que quedan organizados los Registros bajo este Reglamento;
Visto el art. 46 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que dispone, explicando el núm. 1.º de dicho artículo, que se entenderá incompetente el Tribunal, cuando á la índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor del título I.º de esta Ley, dentro de la naturaleza y con licencias del recurso contencioso administrativo, ó cuando éste se hubiese interpuso fuera de los plazos determinados en el art. 7.º;
Visto el art. 1.º de la expresada Ley, que establece que el recurso contencioso administrativo podrá interponerse por la Administración ó por los particulares contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes:
1.º Que causen estado.
2.º Que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas.
3.º Que vulnere un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una Ley, un Reglamento ó otro precepto administrativo.
Visto el art. 2.º de la referida Ley, que determina que para los efectos del artículo anterior, se entenderá que causan estado las resoluciones de la administración, cuando no se hallen susceptibles de recurso por la vía gubernativa, ya sean definitivas, ya de trámite, si estas út mas deciden directa ó indirectamente el fondo del asunto, de tal modo, que pongan término á aquélla, ó haga imposible su continuación.
Se entenderá que la Administración obra en el ejercicio de sus facultades regladas cuando deba acomodar sus actos á disposiciones de una Ley, de un Reglamento ó de otro precepto administrativo.
Se entenderá establecido el derecho en favor del recurrente cuando la disposición que repute infringida le reconozca ese derecho individualmente ó á personas que se hallen en el mismo caso en que él se encuentra:
Visto el núm. 2.º del art. 4.º de la mencionada Ley, se entiende que el conocimiento de los Tribunales de lo contencioso administrativo las cuestiones de índole civil y criminal juzgadas en la jurisdicción ordinaria ó á otras jurisdicciones especiales.
Se consideran de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil y también aquellas que emanan de actos en que la Administración haya obrado como persona jurídica, o sea como sujeto de derecho y obligaciones:
Considérando:
1.º Que la cuestión objeto de la Real orden revocada por la sentencia recurrida se refiere á determinar si procede ó no la inscripción de ciertas obras literarias en favor de Doña Adelaida Gil de Albacete en el Registro de la Propiedad intelectual.
2.º Que tal cuestión entra en un derecho de propiedad, encomendado por la Ley á la competencia de los Tribunales del fuero común, toda vez que las funciones administrativas terminan con la resolución claramente habiendo no lugar á la inscripción pretendida, y los que se crean juzgados en sus derechos con la inscripción mandada verificar, pueden reclamar en la forma y manera que las Leyes determinan ante los Tribunales del fuero común, porque el derecho, en tal caso les otorgado, es de índole puramente civil.
3.º Que para que el Tribunal de lo Contencioso administrativo tenga competencia para conocer de una resolución emanada de la Administración, es necesario que reúna esa relación, aparte de las demás y circunstancias que dispone la Ley, la de que el derecho vulnerado sea de índole administrativa, y en el presente caso, el de echo lesionado que puede invocar H. Manuel Pedro Elías, es un derecho de propiedad, y por lo tanto, de índole puramente civil.
4.º Que el núm. 2.º del art. 4.º de la Ley de 13 de Septiembre de 1888 dispone terminantemente que no corresponden al conocimiento del Tribunal de lo Contencioso administrativo las cuestiones de índole civil y criminal pertenecientes á la jurisdicción ordinaria; en tal concepto, y determinándose en el art. 5.º de la Ley de 10 de Enero de 1879 que la propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, es evidente la incompetencia del Tribunal para dictar la sentencia recurrida.
5.º Que debiendo resolverse este recurso en la misma forma y con iguales trámites que las contiendas de competencia y los recursos de que á por abuso de poder, con arreglo á lo previsto en el art. 104 de la Ley de lo Contencioso, deduce del contenido de esta disposición que el plazo de tres meses que señala el art. 103 de la misma Ley no principió á correr en el presente caso hasta el 9 de Mayo último, que es la fecha en que quedó concluso y completado el expediente para informe del Consejo de Estado.
Conformándome con lo consultado por la mayoría del expresado Alto Cuerpo en pleno, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir e. recurso extraordinario d. revisión interpuesto por mi Fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal de lo Con enciso administrativo en 8 de Mayo de 1890, por la q. e revocó la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 19 de Febrero de 1889 sobre inscripción en el Registro de la Propiedad intelectual á favor de Doña Adela da Gil de Albacete de ciertas obras dramáticas; y revocando la sentencia recurrida, declarar que el Tribunal de lo Contencioso administrativo es incompetente para conocer de la resolución administrativa impugnada.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—MARIA CRISTINA.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cano, as del Castillo.