Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1891-08-16 00:00:00), página 3

se revocara la sentencia recurrida y se declarase que el Tribunal de lo Contencioso administrativo es incompetente para conocer de este asunto por tratarse de una cuestión de Propiedad intelectual, sometida por la Ley á la jurisdicción ordinaria. Funda el Fiscal el recurso en que para regular la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa no basta alegar que existe un acto administrativo que ha podido lesionar derechos de un particular; pues si tal argumento pudiera tener eficacia, holgarian en absoluto las excepciones que establece el art. 4.º de la Ley de 13 de Septiembre de 1889, porque en todos los casos á que el mismo se refiere existe siempre un acto administrativo, y sin embargo, el Tribunal había declarado en repetidos casos que las Reales órdenes que emanen de la potestad discrecional del Poder ejecutivo, las que reproducen otras anteriores, no eran susceptibles de revisión contenciosa, y que las Reales órdenes que resuelvan una incidencia de venta de bienes desamortizados son de la competencia de los Tribunales ordinarios; en que la existencia de una Real orden no era razón bastante para que el Tribunal se considerase competente, sino que era preciso atender á los preceptos que rigen sobre la materia, y al carácter del derecho que se suponía lesionado; en que la Real orden de 19 de Febrero de 1889, objeto de la demanda, resolvía sobre el mejor derecho de dos particulares para inscribir determinadas obras en el Registro de la Propiedad intelectual, y como esta propiedad no existe sin la previa inscripción del derecho, á tenor del art. 36 de la Ley de 10 de Enero de 1879, era evidente que la inscripción es el símbolo de la propiedad, y ésta quedaba sujeta á lo que se resolviese sobre aquélla; en que el art. 5.º de la propia Ley dispone que la Propiedad intelectual se regirá por el derecho común sin más limitaciones que las impuestas por la Ley, lo cual revelaba, sin género alguno de duda que el derecho de Propiedad intelectual tiene carácter esencialmente civil; en que el núm. 2.º del art. 4.º de la Ley de 13 de Septiembre de 1889 dice que no oortuponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso administrativo las cuestiones de índole civil pertenecientes á la jurisdicción ordinaria, considerándose tales aquéllas en que el derecho vulnerado sea de carácter civil; en que el derecho que sobre las obras de Gil de Zárate pueda tener D. Manuel Pedro Delgado emana de un título de compra, y ya por su origen, ya por el carácter que le atribuye el art. 5.º de la Ley antes citada, es de índole civil, compitiendo, por consecuencia, á los Tribunales ordinarios la resolución de todas las cuestiones que á ese derecho afecten, aun cuando hayan sido provocadas por un acto de la Administración; en que á pesar de que la cuestión de competencia no podía dar lugar á la más ligera duda, el Tribunal insistió en el conocimiento de este asunto, llegando al extremo de revocar la Real orden de 19 de Febrero de 1889, y de dejar por su sentencia sin efecto la inscripción á favor de Doña Adelaida Gil de Albaeche de las obras literarias producto del ingenio de su padre D. Antonio Gil de Zárate, y anulando, por tanto, la propiedad que sobre dichas obras le concede el art. 6.º de la Ley de 10 de Enero de 1879; en que no basta alegar que la cuestión de propiedad queda á salvo, para que se ventile y resolva por los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, puesto que el precepto del art. 36 de la citada Ley es terminante, y según él, para gozar de los beneficios de la misma es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad intelectual con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores; en que no bastaba ser autor para tener derecho á explotarlo exclusivamente, puesto que para adquirirlo era indispensable inscribir, y el que no inscribe podrá tener la gloria de la obra, pero no gozará sobre ella de propiedad legal, y no habiendo propiedad sin inscripción, anulada ésta, queda también anulada la propiedad sobre las obras, quedando, en su consecuencia, demostrado que el Tribunal de lo Contencioso administrativo había conocido con evidente incompetencia de una cuestión de dominio de carácter esencialmente civil, puesto que el derecho que sobre las obras mencionadas allegaba D. Manuel Pedro Delgado, nacido de contratos civiles de compraventa y el mismo carácter tenía el derecho que se suponía vulnerado por la Real orden tantas veces citada; en que no bastaba decir que Doña Adelaida Gil de Albaeche no solicitó la inscripción de su derecho dentro del plazo fijado en los artículos 36 de la Ley y 45 del Reglamento, porque ésta era precisamente la cuestión de propiedad que se estaba ventilando ante el Juzgado de primera instancia, sin que pudiera ser discutida, ni en la vía gubernativa ni en lo contencioso administrativa, toda vez que el art. 41 del Reglamento no autorizaba al Ministerio de Fomento para examinar si la solicitud de inscripción se había presentado en tiempo oportuno, y antes por el contrario, preceptivamente ordenaba que la inscripción se otorgase cuando la pidiera el heredero necesario del autor, acreditando esta circunstancia, la de haber transcurrido veinticinco años desde el fallecimiento de aquél; en que si por dicha inscripción se irrogase perjuicio á un tercero, sólo los Tribunales de la jurisdicción ordinaria eran los competentes para dirimir la contienda, á tenor de las prescripciones de la referida Ley de Propiedad intelectual; en que la prueba más concluyente de que el Tribunal de lo Contencioso administrativo carecía de competencia para conocer de este litigio de cuestiones, la había suministrado el mismo Tribunal, quien por auto de 18 de aquel mes había estimado la excepción de incompetencia opuesta por el Fiscal á la demanda deducida por D. Ramón de Michelen contra la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 30 de Abril de 1889, relativa á una cuestión de propiedad intelectual, declarándose incompetente; en que no era posible que subsistieran criterios tan opuestos como los adoptados por el Tribunal en estos dos casos, y para evitar tales contradicciones, interesaba revocar la sentencia recurrida, á fin de que quedase incólume la buena y sana doctrina, y desapareciera la contradicción en que había incurrido el Tribunal, quien no podía menos de confesar su incompetencia, puesto que en la parte dispositiva de la sentencia recurrida declaró que revocabla la Real orden, sin perjuicio de lo que resolvieran los Tribunales de justicia; y en que siendo la subsistencia de la inscripción lo que se discutía en el pleito civil pendiente ante un Juzgado de esta Corte, el Tribunal había prejuzgado el fallo, anulando la inscripción, con evidente infracción de los preceptos legales antes citados:

Que en la sustanciación de este recurso se han observado los trámites marcados por las disposiciones vigentes.

Visto el art. 4.º de la Ley sobre Propiedad intelectual de 10 de Enero de 1879, según el cual la Propiedad intelectual se regirá por el derecho común, sin más limitaciones que las impuestas por la Ley:

Visto el art. 5.º de la propia Ley, que dispone que la Propiedad intelectual corresponde á los autores durante su vida, y se transmite á sus herederos, testamentarios ó legatarios por el término de ochenta años. También es transmisible por actos entre vivos, y corresponderá á los adquirentes durante la vida del autor y ochenta años después del fallecimiento de éste, si no deja herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años:

Visto el art. 36 de la misma Ley, que establece que, para gozar de los beneficios de esta Ley, es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad intelectual, con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores. El plazo para verificar la inscripción será el de un año, á contar desde el día de la publicación de la obra; pero los beneficios