Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1888-09-16 00:00:00), página 3

Resulta, que denegada dicha inscripción por el Oficial del Negociado, presentó dicho interesado una instancia dirigida á ese Ministerio en 5 de Octubre de 1887, insistiendo en su pretensión y alegando que la publicación de su trabajo no le daría la recompensa debida por tratarse de una obra de derecho constituyente: que sobre ella han informado favorablemente la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, varios jurisconsultos eminentes y el Secretario de la Comisión de Códigos, el cual la examinó por orden del Ministro de Gracia y Justicia: que de este estudio han hablado algunos individuos de las citadas Corporaciones, por lo que es muy fácil que otras personas hagan el mismo trabajo en perjuicio de las esperanzas del exponente, perjuicio que se propone evitar con la inscripción que solicita; y, por último, que la Ley de Propiedad intelectual no prohibe la inscripción de las obras no publicadas, si bien como ley nueva se resiente de vacíos que deben suplirse cuando hay necesidad de aplicarla. Al mismo tiempo dice en su instancia que ha publicado ya su obra, por lo cual no le afecta la negativa de la inscripción, pero que conviene dar una declaración para lo sucesivo.

El Negociado de ese Ministerio estimó que las obras científicas y literarias, en cuyo grupo se halla la del Sr. Revilla, no son inscribibles en dicho Registro hasta que se hayan publicado en su totalidad, ó bien en una parte que forme al menos un tomo, según así se deduce de los artículos 34 y 36 de la citada Ley de Propiedad intelectual y del art. 22 del Reglamento para su ejecución.

Con estos precedentes expondrán las Secciones á la consideración de V. E. que, siendo el objeto de la Ley de 10 de Enero de 1879, al establecer el Registro de las obras de propiedad intelectual, el de evitar el fraude que pudiera cometerse con la apropiación de ajenos trabajos científicos, literarios ó artísticos, solamente podían comprenderse en las prescripciones de aquélla las obras que fueran conocidas mediante su publicación. De esta manera resultaría que la garantía de la inscripción, en vez de servir de estímulo á las producciones literarias, podían dar origen á un resultado contrario, fundado precisamente en el tenor, más ó menos justificado, de que el pensamiento ó la idea con cebida por un autor estuviese ya vertida en un proyecto completamente desconocido, por no ser del dominio del público, redundando todo ello en perjuicio de los trabajos intelectuales, los cuales puede decirse que sólo existen en cuanto son publicados.

Sobre esta base descansa especialmente la creación del Registro de propiedad intelectual, pues que, según la Ley de 10 de Enero de 1879, en su art. 22, párrafo tercero, los beneficios que la misma concede los disfrutará el propietario de la obra desde el día en que ésta comenzó á publicarse, siempre que pidiera la inscripción dentro del plazo de un año, contado desde el día de la publicación; y por esta razón, el art. 23 del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, dictado para la ejecución de dicha Ley, prescribe que se haga constar la fecha de la publicación como uno de los requisitos necesarios que debe expresar toda inscripción.

Y no se diga que la Ley permite inscribir sin que se hayan publicado las obras dramáticas y musicales, porque esta excepción, consignada expresamente respecto de estas obras, confirma la regla general expuesta, y mucho más si se observa que aun en este caso exige la Ley que aquéllas se hayan representado, circunstancia que se ha considerado bastante para estimarlas publicadas; y así puede decirse que este precepto de la Ley, mejor que establecer una excepción, lo que hace es declarar que en aquella clase de obras equivale la representación á la publicación exigida para las científicas y literarias.

No estando comprendido, por consiguiente, entre las obras dramáticas y musicales el proyecto que ha motivado esta consulta; no puede exigirse su inscripción en el Registro de la propiedad intelectual sin que á esta inscripción preceda la publicación del mismo.

En resumen, las Secciones son de dictamen:

Que no procede inscribir en el mencionado Registro las obras científicas y literarias no publicadas, y por consiguiente, que ningún derecho asistá á D. Manuel de Revilla para exigir que sin haber cumplido con este requisito de la publicación se inscribiera la copia manuscrita de su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Y conformándose S. M. el Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 14 de Julio de 1888.—Canalejas y Méndez.—Sr. Director general de Instrucción pública.