Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1889-12-16 00:00:00), página 2

El Decreto promulgado por las Cortes de Cádiz en 10 de Junio de 1813, señala en nuestra legislación un gran paso en beneficio de esta propiedad, acaso el más acreedor de todos á la gratitud de los hombres de letras. La Real orden de 5 de Mayo de 1837, la Ley de 10 de Junio de 1847, el Decreto orgánico de Teatros de 7 de Febrero de 1849 y la Ley de 10 de Enero de 1879, han venido á fortalecer la sanción de estos derechos literarios. Pero establecidos en las leyes, la protección por parte de los Gobiernos otorgada á las letras, aun necesitaba ejercitarse hasta el punto de asegurar á los autores dramáticos los derechos de representación, sin que resultaran mermados por las especulaciones de la industria, conocida la dificultad que ofrece por parte de los autores la administración privada, y en tanto que no sea dable salvar el descuento crecido que sufren estos derechos condenados por el monopolio de las Galerías á perjuicios de importancia.

Más que otra alguna necesita la propiedad intelectual que en la escena española se vincula, de todas las garantías de las leyes; porque los autores dramáticos mientras no logren emanciparse de las Galerías que administran sus obras, tendrán que soportar el enorme quebranto que sufren en el percibo de los derechos de representación, y cuando tan difícil es comprobar si el descuido, la negligencia ó el dolo dependen de aquellas ó de las Empresas teatrales.

El Real decreto de 11 de Junio de 1886, expedido por el Ministerio de Fomento, ha declarado que los derechos de representación que pertenecen á los autores dramáticos en los teatros de provincias, no son por regla general satisfechos y percibidos con la absoluta justificación que toda propiedad exige. Con entusiasta aplauso de todos los hombres de letras fué calurosamente acogida esta Real disposición por ostensible y pública manera; y el Ministro que suscribe, inspirándose en los nobles preceptos que la misma comprende, considera como un acto de justicia llevar todos los beneficios que la propiedad intelectual alcanza en la Península á nuestras posesiones de Ultramar.

En vista de estas consideraciones, con el propósito de que los autores dramáticos tengan un medio evidente de comprobar las veces que son representadas sus obras en los teatros de Ultramar y de que resulten en lo sucesivo mejor amparados sus legítimos derechos, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, somete á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 6 de Diciembre de 1889.—SEÑORA: A L. R. P. de V. M., Manuel Becerra.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Ultramar, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Desde 1.º de Enero próximo las Autoridades gubernativas de las provincias de Ultramar elevarán al Gobernador general de las mismas un estado mensual comprensivo del título de las obras dramáticas representadas en la respectiva localidad, nombre de los autores, número de las representaciones que hubieren obtenido y nombre del Director ó representante de las Compañías que las ejecuten.
Art. 2.º Los Gobernadores generales con presencia de estos estados mensuales, formarán con arreglo al adjunto modelo, uno trimestral por orden de fechas de las obras dramáticas representadas, cuyo estado será remitido á la Dirección general de Administración y Fomento de este Ministerio para su publicación en la Gaceta.
Art. 3.º Las Autoridades gubernativas no consentirán que en los carteles en que las Compañías anuncian las representaciones, se deje de expresar el título de las obras y el nombre de los autores, quedando, por tanto, prohibida la indicación que muchas Compañías usan con las palabras fin de fiesta; y que no tiene otro objeto, en la mayor parte de las veces, con la omisión del nombre del autor, que eludir el cumplimiento de la Ley de Propiedad intelectual.
Art. 4.º Los carteles de anuncio que se fijan al público, llevarán el sello de la Autoridad gubernativa que corresponda, para cuyo requisito las Empresas habrán de presentarlo con la anticipación necesaria. Si por cualquier circunstancia hubiera precisión de variar una parte ó el todo del espectáculo, las Empresas remitirán á las Autoridades el cartelillo impreso ó manuscrito.
Dado en Palacio á seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.—MARÍA CRISTINA.
—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.

NOTA. El estado á que se refiere el Real decreto, es el mismo que para los teatros de la Península facilita á los Gobernadores el Ministerio de Fomento.