Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1887-12-01 00:00:00), página 19

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA.

Real decreto-sentencia dejando sin efecto la Real orden de 18 de Marzo de 1879 que declaró caducada la marca «El Caballo», y disponiendo quede en suspensión la expedición de nuevo certificado para el uso de dicha marca, mientras se ventila en los Tribunales ordinarios á quien pertenece actualmente.

(Conclusión).

Visto el expediente contencioso, del que aparece:
Que contra dicha Real orden de 18 de Marzo de 1879 presentó demanda contenciosa en 3 de Abril, en nombre de D. Máximo Ridaura y Valor, el Dr. D. Manuel Danvila y Collado; que declarada procedente, amplió solicitando se revocara la Real orden de 18 de Marzo de 1879, dictada por el Ministerio de Fomento, y declararse que no procede la caducidad de las marcas El Caballo, interin la Sociedad á quien fueron concedidas no proceda á su liquidación como parte del haber social, ante los Tribunales de justicia, ó renuncie su disfrute ó la abandone, y en el caso de que la caducidad procediere, declarar que el primer peticionario para los efectos de la concesión fué D. Máximo Ridaura, por haberse presentado antes en las mismas condiciones que la Sociedad Ridaura e Hijos;
Que emplazado mi Fiscal para que contestase la demanda, solicitó se absolviese de ella á la Administración confirmándose la Real orden impugnada;
Que habido por parte, como coadyuvante á la Administración, al licenciado D. José María Mansres y Navarro, en representación de la Sociedad Ridaura e Hijos, y emplazado para que á su vez contestase la demanda, lo efectuó acribillándose á la petición de mi Fiscal, y solicitando como éste se absolviese á la Administración de la demanda y se confirmase la Real orden impugnada;
Considerando que la cuestión de este pleito se contrae á determinar si la Real orden que en la demanda se impugna y que declara la caducidad de las marcas El Caballo, ha podido dictarse sin que la Sociedad á quien se concedió y de cuyo haber forma parte proceda á su liquidación ante los Tribunales ordinarios, ó renuncie al disfrute de dicha marca ó la abandone;
Considerando que, libre cada cual de señalar los productos de su industria con el distintivo que mejor le parezca, siempre que no contenga signos de autoridad ni sea ofensiva á la decencia pública, el certificado administrativo á que se refiere el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, es un documento oficial que da autenticidad y sirve de comprobante á la marca adoptada para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el carácter de concesión, sino de autorización administrativa;
Considerando que, asimilada en todo lo demás á la propiedad mueble la de las marcas, las cuestiones que se susciten acerca de su dominio y posesión son de la competencia de los Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra cosa en caso de litigio que disponer se exhiba el dibujo de la marca y copia testimoniada de la nota que expresa el art. 2.º del mencionado Real decreto;
Considerando que si bien la Real orden de 11 de Abril de 1858 dispone que se de cuenta al Ministerio de Fomento de todas las transmisiones ó sucesiones de que sean objeto las marcas, señalando para ello el término de tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, á fin de que pueda tomarse razón en el centro correspondiente; esta prescripción, como todas las que rigen en la materia, se dirige á dar garantías de seguridad á la propiedad de que se trata, y no atribuye otra competencia á la Administración que la de certificar en un caso cual es el distintivo adoptado y la persona que aparece como dueña del mismo;
Considerando que así en el caso de que se omita la formalidad expresada de dar cuenta al Ministerio de las transmisiones ó sucesiones que se verifiquen, como en el de que cumplida surjan cuestiones de la índole de las que se controvieren en este pleito, la Administración no debe reconocer otro derecho para la expedición de nuevo certificado que el que se haya acreditado ó se acredite en legal forma, ó declaren en el juicio correspondiente los Tribunales ordinarios;
Considerando que si, en virtud de lo expuesto, el Ministerio de Fomento ha podido no estimar las sucesivas relaciones de D. Máximo Ridaura y Valor y de la nueva Sociedad mercantil Ridaura e Hijos, en que pedían de nuevo certificado de las marcas El Caballo, no ha debido, sin embargo, declararlas caducadas, interin ventilan las partes el derecho que á ellas pretenden tener ante los referidos Tribunales como asunto de interés privado;
Conformándose con lo consultado por la Sala de lo contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron D. José García Barzanallama, Presidente; D. Tomás Retortillo, el Marqués de Alhama, D. Agustín de Torres Valderrama, D. Juan Jiménez Cuenca, D. Mariano Zacarias Cazurro, don Estanislao Suárez Inclán, D. Antonio Osorio y Mallén, D. Emilio Cánovas de Castillo, D. Esteban Garrido, el Conde de Torreñán, D. Mariano Cancio Villamil y D. Antonio Guevara;
Vengo en dejar sin efecto la Real orden de 18 de Marzo de 1879, y disponer quede en suspensión la expedición de nuevo certificado para el uso de las marcas El Caballo, mientras se ventila y decide por los Tribunales ordinarios, si ante ellos acudiesen los interesados, á quien pertenecen actualmente dichas marcas.
Dado en Palacio á veintidos de Noviembre de mil ochocientos ochenta.—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.