Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial (1886-11-16 00:00:00), página 7

Art. 7.º La propiedad que se reconoce á los editores en el art. 26 de la Ley subsistirá mientras no se pruebe en forma legal quién es el autor ó traductor ignorado, omitido ó encubierto. Cuando se acredite dicha circunstancia, el autor ó traductor ó sus derecho-habientes sustituirán en todos sus derechos á los editores de obras anónimas ó seudónimas, ateniéndose en este caso á los términos de los contratos que tengan celebrados.

Si no existiesen contratos, la cuestión de indemnización y cuantas reclamaciones hagan los interesados serán sometidas al dictamen de peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el Juez en caso de discordia.

Art. 8.º Para que puedan aplicarse los beneficios del art. 3.º de la Ley, es necesario:
Primero. Que los autores de mapas, planos ó diseños científicos declaren que son producto de su inteligencia, y los firmen, identificando sus personas con su correspondiente cédula personal.
Segundo. Que los compositores de música cumplan iguales formalidades, presentando tres ejemplares si se ha impreso la obra, y si se ha representado, pero no impreso, bastará cumplir lo preceptuado en el art. 36 de la Ley, remitiendo el ejemplar al registro general del Ministerio de Fomento.

Art. 9.º Toda trasmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la Ley.

Art. 10. La prueba pericial á que se refiere el art. 27 de la Ley se ajustará á las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento civil, á cuyo resultado deberán atenerse los Tribunales.

Art. 11. Todo lo referente á las obras dramáticas y musicales se regirá además por el título II de este Reglamento.

CAPÍTULO II.
De los documentos oficiales.

Art. 12. Cuando alguna de las partes litigantes, ó sus letrados, quisieren utilizar el derecho que conceden los artículos 16, 17 y 18 de la Ley, acudirán al Tribunal sentenciador, que concederá ó negará la licencia, atendiendo al interés público ó de las familias, y á lo previsto en el art. 947 de la Compilación general de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento criminal.

En los pleitos ó causas en que sea ó haya sido parte el Ministerio público será indispensable, para conceder ó negar el permiso de que se trata, oír al Ministerio fiscal y á las partes interesadas.

Art. 13. Para reconocer y sacar copias de documentos y papeles que se custodian en los Archivos del Estado, se necesitará siempre una orden del Ministerio de que éstos dependan, ó del Jefe del Establecimiento si estuviere autorizado para el caso.

Art. 14. La autorización para publicar las Leyes, Decretos, Reales órdenes, Reglamentos y demás disposiciones que emanan de los poderes públicos, á que se refiere el art. 28 de la Ley, se concederá por el Ministerio, Centro directivo ó Autoridad que las haya dictado, apreciando si las notas críticas, comentarios ó anotaciones merecen este título, y haciéndose constar en todo caso la fecha y origen de la autorización concedida.

CAPÍTULO III.
De los periódicos.

Art. 15. Se entenderá por publicaciones periódicas los Diarios, Semanarios, Revistas y toda serie de impresos que salgan á luz una ó más veces al día ó por intervalos de tiempo regulares ó irregulares, con título constante, bien sean científicas, políticas, literarias ó de cualquier otra clase.

Art. 16. El propietario de periódicos que pretenda asegurar la propiedad deberá manifestar al hacer la declaración en el Registro el concepto en que la solicita, sin perjuicio de los derechos que correspondan á los autores de los artículos ó obras insertas en estas publicaciones, si no hubieran enajenado más que el derecho de inserción.

El Registro hecho por los propietarios de las publicaciones periódicas garantizará, no sólo la propiedad de las obras que como dueños hayan adquirido los que solicitan la inscripción, sino también la propiedad de los autores ó de sus derecho-habientes que no hayan renunciado á ella por no haber autorizado más que el derecho de inserción.