La Aurora minera (1853-05-14 00:00:00), página 3

saremos de estimularlas para que continúen con la actividad y tino que hasta aquí, que las con lucirá al término que todas las empresas han apetecido.

DERECHO DE REGALIA SOBRE LAS MINAS.
III.

El derecho de propiedad de las minas siempre perteneció en España al soberano, y solo á la corona era permitido concederlas para su explotación. El uso que hizo de este derecho fue casi nulo durante las guerras que por espacio de siete siglos sostuvo contra los moros; es indudable que la industria solo prospera á la sombra de la paz, y en una nación que como la España de aquella época estaba educada en los hábitos de la guerra, que descansaba de la batalla de hoy para volver al combate mañana, difícilmente pudo entregarse á la seria explotación de ningún género de industria.

Entre los árabes que tanto tiempo dominaron nuestro país, es indudable que la minería tuvo alguna importancia; pruébalo la moneda especial que se hacía en el azogue del impuesto que sobre sus productos gravitaba; á ello se debe en nuestro concepto que esta industria no quedará en el olvido y que tomará alguna animación entre los españoles á medida que ensanchaba el círculo de sus conquistas.

Si prescindiendo de estos antecedentes que en nuestro concepto tienen alguna validez, nos atenemos estrictamente al literal contenido de algunas leyes, observaremos, que antes de la promulgación del ordenamiento de Alcalá en 1348, los reyes de Castilla hicieron uso de su prerrogativa suprema. En el título 32 de dicho código hay una ley en la que se declara que todas las minas de plata y oro y plomo y de otro cualquier metal, de cualquier cosa que sea situadas en el señorío real pertenecían al rey; privaba además, el que se labraran sin su especial licencia y mandado, y que nadie (dice) sea osado de entremezclarse en ellas salvo aquellos á quienes los reyes pasados nuestros progenitores ó Nos los huviesen dado por privilegio ó las huviesen ganado por tiempo inmemorial.

Con efecto, antes de promulgado el código á que nos referimos es claro que se labraban minas en España, y que se concedían á los grandes señores á perpetuidad; posesión que no se limitaba á las existentes ó descubiertas; si que además se extendía á las que pudieran descubrirse en un radio considerable de territorio como el que ocupaba un obispado ó señorío. De presumir es que los derechos, que trasmitía el soberano á sus ricos homines sobre las minas, lo fueran de una manera tan absoluta como los que civilmente ejercían sobre sus estados.

En el año de 1587 don Juan I publicó una ley que es la 8, tit. 12, lib. 6 de las OO. RR. en que concede libertad á todos para buscar y cabar y cabar en sus tierras y heredades y que los pudieran otros buscar y cabar en otros cualesquiera lugares no haciendo perjuicios unos á otros, en los cabar y buscar faciendolo con licencia de su dueño; pero á condición de que su producto, deducidos los gastos de explotación, se dividiría en tres partes, una, dice, para el que los sacare, y las otras dos partes para Nos.

No se conservó en vigor esta ley, ni era posible que con ella la industria minera prosperase. Pruebálo además las diferentes concesiones hechas desde esta época hasta la promulgación de la ley de 10 de enero de 1559, en las cuales por lo general se estipula el pago de la octava ó décima parte de sus productos. A estas corresponden las hechas á don Hernando de Acuña en 1487, al duque de Alba en 1513, á Lorenzo de Gálvez y Hernando Enriquez en 1513, al duque de Arcos en 1514, y otras varias que sucesivamente se concedieron notándose en muchas de ellas que está limitado, el disfrute á un espacio de tiempo dado. Es notable bajo todos conceptos el asiento celebrado en 1553 con el alemán Xedler y que da una idea exacta del estado en que industrial y económicamente considerada se encontraba la minería en España.

El primer código de la industria extractiva de que tenemos conocimiento lo es la citada ordenanza de 1559 publicada en Valladolid, siendo gobernadora del reino la princesa doña Juana. La desmoralización que se había introducido en las concesiones de minas provocó indudablemente la incorporación á la corona de todas las del reino en cualquiera parte que se hallaren y fueran las que quisiesen las condiciones de su anterior concesión, á causa, según dicha ley, de la generalidad y prodigalidad con que se habían verificado y por los perjuicios que se seguían á la corona y patrimonio real, y el daño é impedimento que al beneficio público y bien y pró comum resultaba y podía resultar. Reservábase sin embargo á los entonces poseedores el derecho á una indemnización.

Concedéanse facultades en ella á todos los subditos españoles para que libremente y sin licencia real pudieran buscar las minas en cualesquiera sitios que se encontraran, satisfaciendo el daño á los dueños del terreno si eran heredades y suelo de particulares, excluyendo únicamente de esta medida los terrenos en que se comprendían las del Guadalcanal, y los términos de Cazalla, Aracena y Galerosa.

Conformándose con lo dispuesto por don Juan I en la ley de 1387, el fisco debía tirar para sí dos terceras partes del producto líquido y una el descubridor.

Pero si la parte de este escediente de 100,000 ducados, hasta 200,000 sólo cobraría una cuarta parte, y desde aquella cantidad en adelante sólo percibiría una quinta.

Las demás disposiciones de la citada ordenanza sólo se refieren al ejercicio de los derechos que en ella se conceden, así como igualmente á determinar las causas en virtud de las cuales se cesaba en ellos.

Esta ordenanza fue modificada por otra que promulgó Felipe II en 27 de agosto de 1584, en la que reiterando la incorporación al patrimonio real de los mineros de oro, plata y azogue, descubiertos con anterioridad á la ya referida de 1539, y ensanchando la prohibición de investigar en los terrenos de Guadalcanal, Cazalla, Aracena y Galerosa, concede á naturales y extranjeros en posesión y propiedad todas las minas que encontraren á condición de explotarlas bajo ciertas condiciones y de pagar un impuesto que variaba según los metales que servían de base á la explotación.

En las de plomo-plata, cuando su contenido era hasta marco y medio del último metal, se pagaba la décima de ambos; si contenía desde 12 á 32 onzas pertenecía al fisco la quinta parte de la plata; de 32 á 48 la cuarta, y de 48 en adelante la mitad. En las minas abandonadas en las cuales existían terrenos y escoriales, si la profundidad de las primeras era de diez estadios, toda vez que el metal no contuviese más de 16 onzas de plata pagaban la dozava parte; pero si escuadra se sujetaba á la tarifa general. Cuando los terrenos y escoriales se beneficiaban sin mezcla de otros minerales, pagaban en la misma proporción que las minas abandonadas.

El oro, ya procediese de minas ó bien de aluviones, pagaba la mitad.

El plomo que solo contenía 4 rs. de plata contribuía con la vigésima parte, el alcohol con la décima y el cobre con la trigésima: si este contenía oro pagaba además la sexta parte de este metal, y si plata la mitad de los señalados en los minerales de esta clase.

Los pagos de todos estos derechos debían de verificarse sin descuenter nada por gastos, esto es, del producto íntegro y además debía de verificarse en plata.

El 5 de agosto de 1607 se expidió real cédula por Felipe III, en la cual introdujo modificaciones importantes