La Aurora minera (1853-05-28 00:00:00), página 2

una extensa memoria las reglas que debían servir de base á una buena legislación minera, consignando en ella que á la propiedad de la superficie no pertenece la de las materias que se encuentran en su seno; que la propiedad de éstas pertenece al primer ocupante, mediante por consecuencia al principio derecho alguno sobre las materias subterráneas.

La asamblea constituyente, después de una discusión que se resenta de la época y deseando combinar los encontrados pareceres que se emitieron por los partidarios del derecho regular absoluto, y por los que sostenían los del primer ocupante y los del derecho del propietario de la superficie, declaró en la ley de 12 de julio de 1791 que quedaba reservado al Estado el derecho de conceder las minas y canteras con la condición de que el concesionario indemnizara al propietario de la superficie los daños que se le causaran, y que cuando éste solicitare permiso para explotar minas en su propiedad no pudiera reusarse. Además las concesiones eran por tiempo limitado.

En épocas más recientes, Mr. Dunoyer ha atacado este derecho de tal manera, que en ellos ha agotado, al parecer, todos los recursos, y ha reasumido todos los argumentos que en su contra se han hecho; á la vez, que en los señores Comte y Villefosse, ha encontrado acérrimos defensores. El uno considera exclusivamente la propiedad y quiere que el dueño del término lo sea de las materias minerales que se encuentren bajo la superficie; los otros, examinándolo bajo el punto de vista industrial, lo consideran como el elemento de su prosperidad.

En medio de tan encontrados pareceres y cuando en ellos se confluyen el derecho de regalia con la natural intervención que corresponde á la administración en la propiedad y en la industria nacional, difícil es fijar un principio que concilie opiniones tan distantes.

El derecho de regalia se ha ejercido en su origen con toda la plenitud que le es privativa y esencial; bien haya variado en sus formas con relación á la percepción de los productos de las minas, bien se haya considerado en la concesión de su laborio, siempre (al menos en España) la propiedad de las mismas ha pertenecido al Estado como preeminencia, como prerrogativa de la suprema autoridad y potestad del gober del Estado. ¿En qué principios de equidad, de conveniencia ó de justicia se apoya este derecho?

El señor don Rafael de Cabanillas en un precioso artículo que publicó sobre la minería española en la revista de España y del extranjero, lo funda en la utilidad común, en el interés general, en el bien de la sociedad preferibles á todos cuando estos hablan: «cuando se presentan, dice, reclamando el prepotente derecho que los asiste para ser atendidos debe callar el del particular.» El señor Cabanillas, prescindiendo de la cuestión de derecho y hablando en nombre y pró de tan grandes intereses, cree incompatible el derecho de propiedad del dueño del terreno con la industria minera y su desarrollo; cree que se ataca el desenvolvimiento de todos los ramos industriales que dependen de ella, aduce en fin razones de ciencia inquegables, incontrovertibles, y que prueban hasta la evidencia que no es posible ni justo el que los minerales que se descubran sean de la propiedad exclusiva del dueño del terreno en que se encuentran. Pero todas estas razones no prueban que el derecho de regalia sea justo, no prueban de ninguna manera ni apoyan en lo más mínimo el monopolio que el dominio público se abroga de conocer las minas como de su propiedad y establecer impuestos por tales conceptos. Todos estos argumentos sólo conducen á demostrar lo imposible y absurdo que sería el que la ley concediera al propietario del terreno el derecho de conceder licencia para explotar ó no al descubridor de la riqueza mineral que en él se encontraría; lo que prueban es la necesidad de que la administración intervenga en todas las operaciones que han de servir de base para determinar los derechos del propietario y del descubridor y los que se refieren al buen aprovechamiento de los criaderos metalíferos; hasta aquí su acción es legítima y está basada en el deber de procurar por el fomento del bienestar general; pero ir más allá es una intrusión que no toleran el sagrado de la propiedad y rechaza la razón. Los minerales constituyen una parte integrante del suelo y no es posible segregar su propiedad de la que corresponde al dueño en la superficie. Que se nos diga sino á que profundidad cesan los derechos del propietario y comienza el del dominio público.

No hay una razón para atribuir al derecho de regalia el estado floreciente que la minería alcanza hoy donde quiera que se cultiva. Vamos á esponer algunos ejemplos para demostrar la ninguna influencia que tiene el ejercicio de este derecho sobre el desarrollo y prosperidad de esta industria, y lo que puede contribuir cuando se abusa de él para resentir y paralizar su marcha.

El Reino Unido es uno de los países mas privilegiados del mundo con relación á su producción mineral; pocas naciones se encuentran que como la Gran Bretaña entregue al consumo tan considerable cantidad de metales cuyo importe entra por millones de libras esterlinas, y sin embargo, allí no existe el derecho de regalia, porque si bien se halla consignado en sus leyes ha caído en completo desuso. Solo en el ducado de Devonshire es en el que el derecho de regalia se encuentra en vigor y únicamente se ejerce en cuanto á la concesión de abrir nuevas minas en terrenos baldíos, pues las que se verifican en propiedad particular escapan á la prerogativa real.

La Bélgica, cuya ley de minería está calzada sobre la francesa de 1810, la ha modificado en 1857 en interés del propietario de la superficie, asegurándosele como indemnización una cuota fija y otra proporcional al rendimiento de las minas que desde luego se determina en el acta de concesión. De presumir es que continuando en esta senda, se limite el Estado á intervenir solamente en cuanto tiene relación con su útil beneficio y buen laboro, que es el verdadero papel que le corresponde desempeñar en la industria extractiva.

Si la minería de la Inglaterra y la Bélgica es tan próspera, si allí el derecho de regalia no se hace sentir, no hay motivos para acabarlo á buena orden y excelente estado en que hoy se encuentra. No sucede por cierto lo mismo con la Rusia, donde además de estar vedado explotar en ciertos puntos, se paga del oro y de la plata un 40 por 100 y se obliga á los explotantes á vender al gobierno sus productos á los precios que le place fijar; y en la Prusia, cuya legislación ha servido de modelo al resto de Alemania, y en la que se consagra la intervención y tutela del Estado hasta en los detalles más insignificantes de la industria mineral, no es muy lisonjero su estado si atendemos á la extensión de su riqueza y la comparamos con su escasa producción.

La existencia del derecho de regalia sobre las minas debe de desaparecer de nuestra legislación, porque ataca el derecho de propiedad en el orden civil, porque nada representa en la esfera del gobierno, porque no coartando la acción administrativa cuando ha de ejercitarse para imponer condiciones de buen aprovechamiento, es inútil una propiedad de que es fácil abusen poderes menos celosos de la prosperidad pública que los que hoy rigen los destinos del país.

RIQUEZA MINERAL DE INGLATERRA E IRLANDA.

Del Mining Journal tomamos las noticias siguientes:

«La Gran Bretaña es el país más favorecido del mundo, en cuanto al desarrollo de la industria minera. El carbón, agente indispensable en el tratamiento de los metales metalíferos y el más poderoso elemento en la producción de la fuerza motriz, se halla repartido con desigualdad en los tres países Inglaterra, Escocia e Irlanda. La