La Aurora minera (1852-09-04 00:00:00), página 8

Del Clamor copiamos lo siguiente:

INDUSTRIA MINERA.

En nuestro primer artículo hemos procurado demostrar la importancia de esta industria, su influencia en el desarrollo de la propiedad pública y su íntima conexión con la grandeza de los estados. Ahora vamos a ocuparnos de la legislación universal relativa a este ramo, o lo que es lo mismo, de los medios de que se han valido los gobiernos para proteger la minería.

Ante todo debemos decir que lo más conforme a la naturaleza y a la justicia, es que sean del propietario de la tierra las sustancias minerales que se encuentren bajo su superficie. No se observó, sin embargo, este principio en los tiempos primitivos. Desde que se asociaron los hombres, la soberanía avanzó á la propiedad. Esta por lo tanto fue sacrificada siempre. Considerése á las mismas como elemento de riqueza, en cuya conservación estaban vivamente interesados los gobiernos. A su consecuencia la primera idea que ocurrió á quienes estaban colocados al frente de los pueblos fue el de apropiarse de ellas, explotándolas por su cuenta. De aquí el origen del derecho de regalia.

Mas audaz y, el tiempo se convencieron los reyes de que esta clase de explotación les era perjudicial, en vez de beneficiosa. En su virtud dejaron á los particulares la relatividad á los metales llamados con harta impropiedad elyes, como el hierro y el cobre, y permitieron al dueño de la tierra que se aprovechara de los que hallase en sus entrañas; de aquí la confirmación del derecho de la propiedad inherente al suelo.

De los dos derechos que se disputan la posesión de las minas: este último es el que por lo común ha preponderado. En el primero se funda tan solo la legislación de tres ó cuatro pueblos insignificantes del universo: en el segundo está basada la de mayor parte, si bien con las modificaciones que han hecho necesarias ciertas circunstancias. El derecho de regalia es inherente á la soberanía, y se funda en la división de la propiedad en pública y privada.

Carló-Magnús lo consideró como una de las facultades esenciales del príncipe. Por lo que á nosotros hace, lo apreciamos como un derecho de las naciones que eligen librepensamiento y sus gobiernos comprenden dos clases de propiedades: la intrínseca, que proviene del que se tiene sobre la mina, y la útil ó usufructuaria que es la que recibe sobre la facultad de explotar. El gobierno que posee una mina del estado, pero que no quiere ó no puede beneficiarla, transfiere su dominio, till á los particulares. Mas como tutor de la riqueza pública debe evitar el que se destruya por mala explotación. Además puede imponer contribuciones sobre el aprovechamiento de tal riqueza.

De ello se deduce que el estado goza de tres especies de acciones sobre las minas, y son la de contener la propiedad de las pertenencias, la de inspeccionar sus labores y la de cobrar de ellas cierto impuesto. Desde los tiempos más remotos los gobiernos han ejercido estas facultades.

La república de Atenas aceptó el derecho de regalia. Concedió pues, las minas á los ciudadanos; vigió sus trabajos por medio de empleados y exigía la vigésima cuarta parte del producto en bruto de las argentiferas.

En Roma imperaron á la vez el derecho de regalia y el que es inherente al dueño de la tierra; pues los generales hacían la explotación en los países conquistados tal privilegio á los particulares. La república nombraba inspectores de minas que cuidaban de la regulación de estos impuestos y de que se conservase íntegro el derecho de preferencia que para la compra de metales tenían los gajes de los ejércitos. Los usuratriarios reconocían el derecho del estado pagando el diezmo de los productos y cometiendo á las reglas de policía que se les imponían. La decadencia del imperio romano produjo necesariamente la ruina de la industria minera.

Después estableció León VI el principio de que los minerales correspondían al dueño de la tierra, principio que había dominado en los primeros tiempos de la república.

El Estado de Sajonia, en Alemania, se hincó el juego, al monarca otorgó el poder de dar el derecho de buscarlas, y explorarlas ó de transferirlo mediante cierta retribución. Este dominio todavía en la confederación con diversas modificaciones.

Existe en efecto en Sajonia, donde se remonta al año de 1479, el derecho del Estado concedido después por el elector Cristiano. Fernando, María Teresa y Magdalena introdujeron y sancionaron en Austria, en la misma época, prevaleciendo desde el siglo XV. Y en España, Felipe IV y el Habsburgo lo han hecho extensivo á los comunes burgueses foráneos, á las salinas y al salitre. En Prusia quedó completamente regulado por una ordenanza de 1772, la Norma de decreto de 1835, la ley sobre el 1837. Pedro el Grande lo importó en Rusia, donde lo modificó Catalina II; en Francia está en observancia desde muy antiguo; y por último, nuestras leyes descansan en el mismo principio de regalia.

En muchos países no se ejerció ni ejerce tal otro, sino sobre los metales preciosos. En Atenas recaía únicamente en los argentiferos, y en Inglaterra no se aplica sino á los minas de plata y oro. En otros puntos se han hecho notables excepciones respecto á la hulla y al hierro. En Sajonia no se necesita deudor de los criaderos de combustible mineral, mas para su explotación son preferidos los dueños del ferromineral. En Austria se observa también esta preferencia, y sólo en el caso de que el dueño se niegue á la explotación, se permite que proceda á ella un estranjo. En Inglaterra, finalmente, no sólo la hulla sino las demás sustancias minerales pertenecen al dueño de la tierra en que se hallan. De ahí la libertad de las rústicas que existe en la Gran-Bretaña y de la que no hay ejemplo en ningún otro país de Europa. Cada propietario puede explotar sin previo permiso, vender, usar y abusar de su derecho según le plazca. No se encuentra tampoco sometido á vigilancia ninguna ni hay allí cuerpo especial de ramos.

Resulta que salvo ligeras excepciones, el citado derecho constituye la base de la legislación minera de Europa. Y que las hemos considerado en su conjunto, nos resultarán que las examinamos en sus detalles y aplicaciones.

Bajo tres puntos de vista distintos se las debe mirar: 1.º Exploración. 2.º Toma de posesión. 3.º Explotación.

Cualquier natural ó extranjero puede explotar el terreno que tenga por conveniente. En España, como en Francia, en Prusia, Sajonia, Rusia y otras se precisa para ello el permiso de los dueños del terreno y en su defecto de la autoridad civil cuando la exploración toma ciertas proporciones, quedando obligado el explotador á pagar los daños y perjuicios que cause.

Esta facultad produce tres clases de derecho de la invención y de la conquista. La invención es el título que procede únicamente del descubrimiento de un mineral. La conquista es el que tiene su origen en adquisición de una pertenencia que se supone abandonada por suprimido dueño. Entre nosotros están reconocidas ambas facultades por el Registro que es la petición de un criadero nuevo, y por el dominio que recae sobre la mina abandonada.

No siempre dominó en nuestras leyes esta doctrina, pues tiempo hubo en que la mayor parte de los criaderos se explotó por cuenta del Estado. Cultivábase, pues, esto ramo en la península con suma imperfección, cuando á fines del siglo XV, descubierto el Nuevo Mundo y regladas sus ricas venas metálicas, los españoles se apresuraron á disfrutarlas abandonando los criaderos mal aprovechados de su patria. El gobierno dirigió también su atención á aquella riqueza y sólo se conservaron en España, encabezados algunos establecimientos que se convirtieron luego en improductivos y aun gravosos el estado. Por manera que, sucedió su abandono, no quedando en laboreros mas que el de Almadén cuyos azogueños eran necesarios para el beneficio de los metales preciosos de América y las minas de hierro de Vizcaya, al abrigo de sus franquicias. Siguióse en el nuevo Continente otro sistema del que se observará en la Península. Por cédula de los Reyes Católicos se declararon, como las minas de oro y plata y demás sustancias minerales, permitiéndose que se buscaran por todas partes; se garantizó su dominio, se dispuso que los mineros se formaran un cuerpo para promover sus intereses y juzgar en sus diferencias y litigios; se franqueó el azogue y demás géneros estanciables, libertando también del derecho de alcabala el hierro, el aceite, el papel y otros artículos no menos necesarios; se puso al frente de los establecimientos á individuos de la escuela alemana y se crearon bancos que hacían acto de rigor á los explotadores. La minería, aunque no exenta de gabelas, prosperó hasta, hasta que ocurrida en 1810 la malhadada revolución de México quedaron desertas las minas, y vino luego esa industria a ser una serie de desgracias á multitud absoluta.

Desdrujéronse también y aun casi olvidada en España fuera de las trabas que de oposición el sistema fiscal y de estancos; las circunstancias tumultuosas que sobrevinieron en el establecimiento de la monarquía liberal y la necesidad que se prevé de recuperar la temida pérdida de Nueva España, esclareció la libre explotación de nuestras minas en varios puntos, sin que el gobierno se entrometiera, ni interviniera en estas operaciones aisladitas. Suspensión del antiguo monopolio de estanco por las circunstancias del año 1808, se comenzó la explotación de hecho; y rápidamente el gobierno limitó á prevenir que rigiesen en minerales las reales ordenanzas de América, monumento insigne del reinado de Carlos III. Mas no llegaría á aplicarse, ya porque se reavivó la vejez de 1823 y ya por no ser acomodadas á nuestra industria. Y terminada esta, volvió á quedar el minero sin garantías, hasta que recabó el real decreto é instrucción orgánica de 1825. Aunque basados en el derecho de regalia concedieron amplia libertad para la explotación de beneficio; pero fueron reformados en 1839 por una ley, que sí bien descanza en el mismo principio, los modificó notablemente.

Antes de condicionar este artículo, seamos permitido hacer una brevísima comparación entre unos y otros.

El derecho de facultades tan amplias para registrar, y demás