La Aurora minera (1851-02-06 00:00:00), página 2

2.º De las que se dirijan por resistirse las condiciones, que para la concesion impusiere el gobierno.

3.º De las que se entablen por las resoluciones del ministerio contra las que proceda dicho remedio.

Art. 35. Conocerán los tribunales ordinarios de todas las contiendas entre particulares, y de los delitos y las faltas que se cometieren en las dependencias de minería.

Art. 36. De las causas que se formen por fraude en los productos minerales, conocerán los tribunales competentes para las de fraude contra la Hacienda pública.

Art. 37. Los tribunales no podrán en ningún caso, salvo el de quiebra, decretar la suspension de los trabajos de las minas ni fábricas de beneficio, ni librar ejecuciones contra las primeras y los efectos necesarios para su avío; pero sí sobre sus productos líquidos ó en especie.

CAPITULO VIII.

DEL CUERPO DE LOS INGENIEROS DE MINAS Y SUS ESCUELAS.

Art. 38. Habrá un cuerpo de ingenieros de minas encargado de la direccion de los trabajos de las minas del Estado, y de las demas obligaciones que le correspondan en la minería, y que designen los reglamentos.

Art. 39. Habrá una escuela de minas para la enseñanza de los alumnos del cuerpo de ingenieros de minas.

También habrá escuelas prácticas en Almadén y en Asturias para los ingenieros, maestros y catapaces de minas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.º Las concesiones que estuvieren ya hechas, subsistirán como hasta aquí: sin embargo, si á los concesionarios conviniere, se les aumentarán las dimensiones de sus pertenencias á las trescientas varas de largo sobre doscientas de ancho, medidas horizontalmente, que fija el art. 14 de esta ley, siempre que haya terreno franco para ello en uno u otro sentido.

Los concesionarios continuarán en el goce de los derechos que hubiesen adquirido, con arreglo á las leyes y disposiciones que han regido hasta el dia.

2.º Lo propio se entiende respecto á las minas de hierro que sean aprovechamiento comun, las cuales no serán denunciadas sino en el caso de no poderse continuar la explotación de otro modo que por trabajos subterráneos.

3.º Desde la promulgación de esta ley no se podrán establecer fábricas de beneficio por medio de hornos altos, en que se emplee combustible vegetal, ni forjas catalanas, sin que el gobierno otorgue su autorización, con previo informe de los jefes políticos, quienes lo darán oyendo á los ayuntamientos de los pueblos donde haya de hacerse el carbón, y á los comisarios de montes del distrito.

4.º Los negocios pendientes en las inspecciones y en el tribunal superior del ramo ó direccion de Minas, cuya jurisdicción especial queda suprimida por esta ley, pasarán, según su estado y naturaleza, á los tribunales que sean competentes con arreglo á la misma ley.

5.º El gobierno publicará á la mayor brevedad los reglamentos necesarios para la ejecución y desenvolvimiento de esta ley, cuyos efectos quedarán entre tanto en suspensión.

6.º Ultimamente, una ley especial y protectora fijará los impuestos sobre minas y sus productos, y en el interin continuarán satisfaciéndose los acuales.

Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 11 de abril 1849.—Yo la Reina.—El ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.

REAL DECRETO Y REGLAMENTO

PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE MINERIA DE 11 DE ABRIL DE 1849.

Oido el Consejo Real, he venido en aprobar el adjunto Reglamento, que para la ejecución de la ley de minería de 11 de abril de 1849, me ha presentado mi ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas.

Dado en San Ildefonso á 31 de julio de 1849.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo Murillo.

CAPITULO PRIMERO.

De la propiedad de las minas.—Derechos y obligaciones de la administracion en materia de minería.—Disposiciones generales.

Artículo primero. Pertenece al Estado, por el art. 2.º de la ley de minería de 11 de abril de 1849, la propiedad de las minas; y en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución de la Monarquía española, corresponde al gobierno la administración de dicha propiedad.

Por tanto, compete al gobierno.

1.º Conceder la propiedad de las minas á los particulares ó empresas que ofrezcan explotarlas útilmente, en la forma que dispone la ley citada, y previos los trámites que se marcan en este Reglamento.

2.º Otorgar, con arreglo al art. 3.º de la ley, el permiso de explotación de las producciones minerales de naturaleza terrosa que en aquel se comprenden.

Art. 2.º Siendo el ramo de minería uno de los de la industria nacional, el gobierno ejerce esta administración por el ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, á quien está encargada la protección de la industria.

Art. 3.º El ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas desempeña la parte administrativa del ramo de minería por la dirección de industria.

En las provincias lo representan los jefes políticos, con las atribuciones que les marca la ley.

Art. 4.º El cuerpo de ingenieros de minas, organizado por un reglamento especial con arreglo á lo dispuesto en el artículo 38 de la ley, auxilia al gobierno y á sus ajentes administrativos en la parte facultativa del ramo.

Art. 5.º El gobierno y los jefes políticos, por medio de actos administrativos, declaran derechos en materia de minería, previos ciertos trámites. Estos derechos se adquieren por los particulares á solicitud suya, y para declararlos debe requerirse por medio de notificaciones á los que se