La Aurora minera (1851-06-14 00:00:00), página 4

assistencia del director general del ramo, que presidirá el acto, los subdirectores del mismo, otro de la dirección general de lo contencioso y el escribano mayor de rentas.

9.* Al dar las dos de la tarde de dicho día en el reloj del despacho del referido director de contribuciones directas, estadística y de fincas, se procederá á la apertura de los pliegos cerrados que se hubiesen presentado, y acto continuo se verificará la del en que conste el precio designado por el gobierno, adjudicándose en segunda los géneros existentes en favor de la persona que haya suscrito la proposición mas alta, que cubra ó esceda el indicado tipo cerrado. Si entre las proposiciones hubiese dos ó más iguales en cantidad, se abrirá seguidamente una licitación por pujas, en la que solo tendrán derecho á tomar parte los firmantes á aquellos ó sus apoderados legalmente autorizados: estas pujas se harán en el intervalo de dos minutos; y transcurrido este término sin que se haga otra, se cerrará el acto con la adjudicación en el mejor postor.

Si dadas las dos del referido dia en dicho reloj, no hubiese pliego alguno presentado por los licitadores, se dará el acto por concluido, sin abrirse el en que el gobierno haya fijado el precio. Madrid 7 de junio de 1851.—Canga.

Modelo de proposición.

Conforme con el pliego de condiciones publicado en la Gaceta de del mes último, el abajo firmado comprará las existencias que han resultado en fin de dicho mes en el establecimiento de minas de Linares, por los siguientes precios quintal castellano:

Plomo de primera. . . . .
Id. de segunda. . . . . .
Alcohol. . . . . . . . . . .
Municiones. . . . . . . . .
Lugar de la fecha.

Firma del proponente.

Circular á los inspectores de distrito mandándoles cesar en el desempeño de la parte administrativa y contenciosa del ramo, y dándoles instrucciones para la entrega de los documentos y expedientes del mismo.

La Reina (Q. D. G.) con el objeto de que tengan cumplido efecto la ley de minería de 11 de abril último y el reglamento para su ejecución decretado por S. M. en 31 de julio próximo anterior, inserto en las Gacetas de 9 y 10 del actual, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

Primera. Correspondiendo á los jefes políticos desempeñar la parte administrativa del ramo, conforme á lo prescrito en la ley y el reglamento citado, cesarán desde luego los inspectores en el conocimiento de ella.

Segunda. Suprimida la jurisdicción especial del ramo por la carta de las disposiciones transitorias de la ley, dejarán igualmente los inspectores de entender en los asuntos contenciosos de minas.

Tercera. Por tanto, sin pérdida de tiempo clasificarán los inspectores todos los documentos y expedientes que existan, tanto en sus respectivas inspecciones como en los tribunales inferiores del ramo de que estuvieron encargados. Esta clasificación se verificará con la mayor escrupulosidad; y á fin de que no se incurra en errores que pudieran dar lugar á dilaciones y entorpecimientos en perjuicio del servicio, se ejecutará del modo siguiente:

En primer lugar los documentos y expedientes puramente administrativos ó gubernativos (como se denominaban en la anterior legislación), se separarán de los contenciosos. Para hacer esta primera división se tendrá presente que corresponden á la administración activa y no á los tribunales, todos los documentos y expedientes en que se trate, solo de asuntos de interés ó conveniencia públicos, por ejemplo, de concesiones, de policía, seguridad y salud pública, bodegas de las minas, recaudación de impuestos, etc. Por el contrario, los relativos á cuestiones de propiedad y á derechos en que estén interesados uno ó más particulares, pertenece á la parte contenciosa. Hecha esta primera división se subdividirán los expedientes contenciosos, en dos clases. La primera comprenderá los que correspondan á los tribunales ordinarios, y la segunda á los contencioso-administrativos, que son de la competencia de los consejos provinciales ó del Consejo Real. Los pleitos ó litigios que deben remitirse á los tribunales ordinarios son aquellos en que no está interesada la administración, por tratarse sólo de cuestiones de propiedad entre particulares, de derechos civiles, que hayan de ventilarse con arreglo á las leyes comunes. Los que hayan de pasar á los consejos provinciales son aquellos en que estando interesada la administración versen sobre derechos que ésta tiene obligación de respetar y se consideren atacados por algún acto administrativo ó con acusación de él. Fija la naturaleza del tribunal á que hayan de pasar los asuntos contenciosos para determinar cual ha de ser entre los de su clase al que toca el conocimiento en cada caso particular, se tendrá presente que si fuesen asuntos civiles corresponden al juzgado de primera instancia del territorio donde se halle situada la mina; si contencioso-administrativos, y de tal naturaleza que de ellos deba entender el consejo provincial, pertenecerán asimismo al de la provincia donde aquella se encuentra.

Divididos así los expedientes contenciosos, se designarán los que pertenezcan á cada uno de los tribunales de los respectivos territorios en que, según su estado y naturaleza, deba continuar su instrucción poniéndoles una carpeta en que han de expresarse: 1.* Los nombres de las partes que litigan. 2.* La indicación del asunto. Y 3.* El tribunal á que deba pasar según los motivos y con arreglo á los principios antedichos.

Divididos, clasificados y encarpetados de este modo todos los expedientes, los pasarán los inspectores á los jefes políticos, acompañando un inventario de ellos. Este inventario comprenderá las siguientes divisiones:

1.* Documentos y expedientes puramente administrativos ó gubernativos.

2.* Expedientes contenciosos, subdividiendo esta sección, como queda dicho, en dos, á saber: Primera. Expedientes que corresponden á los tribunales ordinarios. Segunda. Expedientes contencioso-administrativos. De los de una y otra clase se harán además tantas subdivisiones cuantos sean los tribunales ordinarios ó consejos provinciales de los respectivos territorios á los que hayan de pasar.

Cuarta. Verificado lo prescrito en el artículo anterior, entregará los inspectores á los respectivos jefes políticos para que se les dé el curso oportuno, todos los referidos expedientes y autos clasificados, encarpetados y con el mencionado inventario. De esta entrega se formará por duplicado una acta autorizada por el secretario del gobierno político y firmada por el jefe y el inspector. De dicha acta se elevará un ejemplar al gobierno por conducto de la dirección de Industria.

Quinta. En seguida, y con arreglo á las órdenes que al efecto les comunicarán los jefes políticos, se situarán los inspectores en las respectivas capitales de los nuevos distritos mineros, colocadas en los puntos señalados en el artículo 25 del reglamento del cuerpo de Ingenieros del ramo.

Sexta. Y finalmente, los inspectores de minas entrarán desde luego en el ejercicio de todas las funciones que les señala el citado reglamento, con sujeción á lo que en el mismo, en la ley del ramo y en el reglamento para su ejecución se determina.