Cartas fusionistas (1881-01-01 00:00:00), página 2

Los tribunales ordinarios acaban, empero, de sacarnos de nuestro relativo error. Aquella promesa, aquel amor, aquella legal protesta, que se anunciaban hasta como un verdadero progreso de nuestras costumbres públicas, no rezaban, no han podido rezar con la ley de imprenta, con lo que se refiere á la ley de imprenta, que el Gobierno conservador dejó funcionando al amparo de sus respectivos tribunales especiales. El actual Gobierno se ha creído en la necesidad de prescindir de esa ley concreta, dejando sólo á sus tribunales la concreta y única misión de percibir sus señalados emolumentos. El partido, los hombres del Gobierno actual, dijeron en la oposición que, respecto de la imprenta periódica, como de otras varias cuestiones, tenían y profesaban un criterio radical, el criterio de la aplicación del derecho común. Nosotros lo sabíamos, lo habíamos oído; pero á pesar de saberlo, creímos, sencillamente, dos cosas, á saber: primera, que cuando un Gobierno se encuentra frente á frente de una ley informada por principios que no son los suyos, lo que inmediatamente tiene que hacer ese Gobierno con esa ley, es cumplirla y obedecerla, haciendo que se siga cumpliendo y obedeciendo, sin perjuicio de desear verla derogada, y de procurar que lo sea oportunamente; y segunda, que, según todas las Constituciones de la monarquía española, los únicos encargados de hacer que una ley deje de cumplirse y obedecerse, son los que tienen la facultad de derogarla, son las Cortes con la Corona. Y como nosotros sabíamos á la vez que los actuales ministros no son, loado sea Dios, ni las Cortes ni la Corona, de aquí el que nos determinásemos á ser periodistas con y bajo la vigente ley especial para la imprenta. Esta ley, que no excluye el Código penal, al cual remite los verdaderos delitos comunes que por medio de la prensa puedan cometerse, está informada por el principio de que pueden también perpetrarse faltas y delitos de opinión, y de que las apreciaciones temerarias, las demasías, exageraciones é inconveniencias especulativas, los que la escuela conservadora tiene por verdaderos actos punibles de imprenta, deben castigarse con la mera suspension temporal, ó con la supresión en la triple reincidencia del órgano, del periódico, de la publicación pecadora. Castigo tan tremendo, tan hipócritamente tiránico, según los radicalismos, tan funesto para la parte económica y utilitaria de las empresas periodísticas, cuanto que, en último término, puede quedar reducido á un simple cambio del título de un periódico.—¡Qué falta de democracia! Pero, en fin, los conservadores somos así, en el terreno legal; y en su virtud, nosotros dimos á la estampa nuestras pobres Cartas, creyendo de buena fé que la Fusión gobernante sin Parlamento, no podía ni quitar, ni poner leyes, la de imprenta inclusive; y nos dormimos, puede decirse, sobre el volcán de la promesa fusionista.

Un juzgado de primera instancia, un proceso criminal, el primero que, á pesar de nuestro ya vetusto periodismo, nos ha cabido en suerte, vino á sacarnos de nuestro breve sueño, y á recordarnos, con la elocuencia del papel sellado, que estamos en el seno de una situación política sumamente liberal, y que el criterio que se dice liberal en la cuestión de imprenta, consiste principalmente en el fomento de la población penitenciaria. Porque lo principal, en efecto, para ese criterio científico, es que no se perjudiquen los intereses materiales de un periódico. Por lo demás, que vayan, uno por uno, todos sus redactores á la carcel, ¿qué importa? ¡Faltan, por ventura, en España escritores que se sucedan? Una empresa periodística debe ser, ante todo, un negocio; y aquí, en este concepto saliente y supremo, está su verdadero carácter sagrado. Si de esto resulta que la redacción de ese periódico viene á ser simultáneamente la antesala de un presidio, ¡qué remedio! ¡Esas son las contingencias de la libertad! Y además, ese peligro de los redactores se conjura de bien fácil manera. Con negar valerosamente todos ellos que han escrito el artículo denunciado, y con tener preparada una serie de editores responsables, que se hallan siempre á mano en el fondo de ciertas miserias, ó de ciertas biografías desalmadas, está la cuestión resuelta. El Gobierno, pues, en su alta sabiduría, se ha creído obligado á aplicar rigurosamente este criterio, y nuestro proceso ha sido su consecuencia. Pero como nosotros, por más que lo res-