La Voz de las clases pasivas (1897-06-16 00:00:00), página 1

LA VOZ DE LAS CLASES PASIVAS
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Madrid 16 de Junio de 1897

NI CAZAR, NI PESCAR

Cuando en 1896 se dictaron las disposiciones sobre unión de las clases, surgió la duda si el po- blado contaba las antiguas clases pasivas. Se di- rigió a dichas clases los mencionados gráficos permisos y la Real Orden de 27 de Septiembre de 1878 así lo confirmó, considerando que por el art. 8º del tít. I, tránsito 8º de las Ordenanzas se les consideraba como tales. Por otra parte, son ley del Reino, y que las exenciones otorgadas a las clases militares deben respetarse y no des- dudarse, que la unificación de tesoros solo se había hecho con el explícito objeto de que las nue- vas entidades se alinearan con la justicia en los antiguos derechos y cláusulas, y que se de- sato hacer un beneficio a la misma clase de re- cálidos, y no su manera alguna atentar contra las ventajas que como tales les corresponden.

Como se ve el Gobierno de la República no sólo debe respetar las antiguas clases pasivas sino díos los privilegios que las Ordenanzas les esfa- laban, como ganados en buena lid por sus nume- rosos méritos y servicios, sino que al unificar los fueros lo variaba por favorcismo, exclusiva- mente en cuanto a plazas y cargos. El Estado ha de ser justo y equitativo, y el gobernado en todos sus acuerdos, como el alzamiento lo pone en duda podemos denunciar de un modo evidente. Así continuaron las cosas, y en cuantas leyes sobre obligaciones aparecieron en el periódico el- leal, se vio que los antiguos militares y los de los distritos siguieron concediendo dichas licen- cias, pidiendo optar á ellas los jefes, oficiales e individuos de tropa retirándose pues de estudio así como los que tenían asentamiento alguna se hallaban también retirados, y así lo cons- tituían los antiguos de San Pedro y San Pablo.

Subsiste en la actualidad el derecho, pero re- ozeugido cuantitativamente por la ley del Timbre, que es como si no existiese, porque serán muy contados, si hay alguno, los que se decidan á pagar esas cantidades ó á sólo tener el gusto de despachar media docena de títulos.

El Gobierno, sin embargo, se ha deponer la legislación que de soltar atenta y amable ventaja tan terminantemente consignada en las Orde- nanzas del Ejército, que son la verdadera e ins- titutable ley, ese procedimiento es injusto, y enc- uadra en el régimen de la corrupción. Y el juicio hacia una clase no sólo importa especialmente por los numerosos, sino más principalmente por sus relevantes servicios á la patria y á las institu- ciones que nos rigen.

Los militares de tropa no renuncian el obli- gatorio de emplear títulos á su vez, resguarda, relata- mos hechos. El 10 por 100 de descuento en los sueldos; las ochenta personas cobradores á ra- zón de cuantidad que no se perdió; la supresión de juramento sobre el puño de la sepulcro, el grano que se da en el mercado, el derecho en materia de alojamientos, en consumos y en tasas y tantas cosas como también podríamos citar, demuestran que si algunas autoridades mi- litares se cuidan poco de cuanto están á los ve- rdes de la tropa, en cambio, se ata- van en demoler gober goles traza el gobierno de nuestros logros ilustres.

Ya no hay ocio, ni paseo; matanza no habrá otra cosa si activos y pasivos no se ponen de acuerdo en todo lo que se haga, sin intento de ilegalidad; que harta prueba tenemos dados de todo lo contrario.

Lo que aconsejamos es que se reclame la os- tentación de cuanto las Ordenanzas nos conceden y el respeto de las pocas ventajas que por ese concepto aún existen.

VIENE EL DESBORDAMIENTO

La suspensión de la subasta que se verificó el viernes para realizar una operación agraria, acordada por la Intendencia general de Hacienda, ha empeorado la situación del billete de tal man- ner, que hoy por hoy casi carece de valor fide- lizante.

Con tal motivo, la situación de los tenedores del papel moneda está cada día más difícil, y pare- ce que será decidida negativa por parte del mi- nistro de Hacienda, aunque se desconoce en qué se va á situar el billete, puesto que todas las operaciones que aquí se realizan le son antes consultadas, y sólo se llevan á efecto después de que han sufrido modifi- caciones en el mercado.

En los términos en que se encuentra pasado el plazo del billete, y habiendo rechazado el mi- nistro de Hacienda todas las condiciones que se le presentaron, el Estado español, los hombres que conocen este mercado mejor que el Sr. Casselmann, no se decantan que el Estado siga pagando á sus empleados en una clase de moneda que se ha devaluado, sino que se propone que el Gobierno le suprese; sin esperarse que el día mismo paseado se determine un conflicto de con- secuencias graves para este país y hasta para la economía mundial.

Lo que el Estado viene haciendo con sus emplea- dos constituye un verdadero disparate, que no se puede de otra manera que á sufrir mucho más que lo que hasta el momento se ha sufrido.

Porque:

El consejo, después de haber experimentado los resultados desastrosos de continuar en el camino que ha seguido á la baja, y de la quebrada inmediata, buscó el posible remedio al mal y se puso á cubierto de los valores del bili- te, aumentando éstos, absolutamente todos, por las tarjetas y errores que se tuvo tiempo de evitar que las constatarían el Fondo que han llegado.

Documentos que han de presentar los padres, pobres, de ópticas fallidas, para solicitar pensión con arreglo á las leyes de 8 de Julio de 1890 y 16 de Julio de 1896 á decreto de 28 de Octubre de 1891.

1.° Instancia de los interesados á S. M., en el papel del rollo 13, expresando en ella sus nombres y apellidos paterno y materno, parte de residencia y vecindad, empleo, nombre y apellido del causante y cajas por donde deben cobrar la pensión.

2.° Certificación de la partida de nacimiento de los recursos, expedida por el Juzgado de la Guardia Civil, y certificación de su legalidad, y autorizada con su firma y sello correspondientes, en el caso de haberse verificado el matrimonio en el extranjero, se debe establecer el Registro civil. Si hubiere efectuado el matrimonio en el extranjero, se presentará certificación del acta de su inscripción en el mismo, expedida por el Juez municipal, autorizada con su firma y sello del Juzgado.

Archivados en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, según lo previsto en la real orden de 9 de Enero de 1877.

3.° Información testifical instruida por un Juez militar, previa instancia del capitán general o Comandante general exacto que corresponda, según el proceso que se dé en el laboratorio, en el que se certifique el causante, expresándose sus nombres, edad y estado civil de todos ellos y si los varones perciben ó no sueldo del Estado, provincia ó municipio.

4.° Partidas de bautismo ó certificaciones de nacimiento con relación al Registro civil, según corresponda, con arreglo á lo indicado en el número anterior, de todos los que se hallen en el estado de los varones, exceptuándose de los que sean mayores de edad y de los que disfruten empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; cuyo extremo se hará hecho constar en la información que se dé á este respecto.

5.° Si se trata de hijos de varones matrimonizados, deberá acom- pañarse las partidas ó notas de inscripción en el Registro civil de los matrimonios de que proceden aquellos.

6.° Certificado de servicios del causante, expedido en la forma que previene la real orden de 9 de Febrero de 1892 (C. L. núm. 14).

Estos documentos se deben de llevar por los causantes en los casos en que sirvan los causantes al sufrir un fallecimiento.

Si falleciesen en situación de retirados y en el Consejo Supremo de Guer- ra y Marina no existieran los antecedentes necesarios, reclamará este alto Cuerpo del Ministerio de la Guerra ó del Capitán general ó Comandante general, el derecho de los causantes.

7.° Si los causantes disfrutan al morir de sueldo correspondiente á empleo superior al que tenían en la escala de su respectivo cuerpo, con arreglo al art. 3.º transitorio del reglamento de ascensos de 19 de Octubre de 1850 y disposiciones posteriores relacionadas con el mismo, deberá acre-