La Voz de las clases pasivas (1897-03-20 00:00:00), página 1

COMPETENCIAS DE JURISDICCION

Cuando dos ó más tribunales se consideran facultados para conocer de un mismo hecho, surge lo que denominamos competencia de conflicto jurisdiccional que también se proclama en el ordenamiento jurídico, y se entiende el sentido del asunto entre los que no corresponden. En este último caso, la cuestión de competencia es negativa, mientras en el primero es positiva.

La cuestión puede pronunciarse entre tribunales que pertenezcan al mismo fuero, ya sea el ordinario ó alguno de los privilegiados, ó entre tribunales de distinto fuero, aunque diferentes. Cuando el conflicto surge en tribunales de distinto fuero, reviste mayor importancia que cuando pertenecen a la misma jurisdicción, por que en este último caso, el juez que tome la decisión de la competencia, no podrá hacerse á determinar tan sólo el tribunal que debe conocer del asunto, sino llegando á decidir que orden de competencia, de lo que se trata, qué fuero es competente.

No corresponde á este orden, sino al de procesionistas exponer la materia de transición y resolución de competencias, ni lo que debe hacer el tribunal ante el conflicto, sino promoverse legalmente, pero el constituyente, como de grande utilidad, traza reglas que deben tener en cuenta, las que intervenimos en la administración de justicia.

Primeras. Las materias de competencia se deciden siempre por el Tribunal Supremo o por el Consejo de Ministros, según el fuero, entre dos tribunales de Guerra y otro de Marina, al Consejo Supremo de Guerra y Marina corresponde decidirla, excepto el caso de que ambos tribunales se encuentren á Ultramar y al mismo distrito militar.

Si la cuestión se suscita entre un tribunal ordinario y otro especial, se decide por el tribunal Supremo, excepto éste del mismo caso que el anterior.

Las cuestiones de competencia no pueden pro- moverse sino por autoridad, que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 386 de la ley, son:

Los fiscales militares que requieran de in- blicción á otros fiscales ó á jueces civiles, desde que deben serse á los arreglos facultados de los procesos, y los fiscales militares, en el caso de que se delegada y no propia la jurisdicción que ejercen; y los jueces que admiten como válidos tales requerimientos y por prom- vido el derecho de la parte interesada, se declaran más formales y á ellos se les haga la oportuna prevención por el Tribunal Supremo, como atestigua la sentencia de 6 de Abril de 1855, publicada en la Gaceta de 12 del mismo mes.

Todas las actuaciones practicadas hasta la decisión de las competencias son válidas, sin necesidad de que se declare su validez en el Tribunal declarado competente. Así lo prescribe el art. 386 de la ley provisional de 15 de Septiembre de 1879 sobre organización del poder judicial.

Los fiscales militares que para continuar la tramitación reclamen causas iniciadas por jueces civiles, deben considerar las actuaciones por estos practicadas como si el mismo acto les hubiesen practicado.

La primera de las reglas que analizamos de ex- poner, exige como complemento que hagamos una observación de orden general.

Ultramar decide las competencias encuadra- dos entre los de sus respectivas jurisdicciones; ya sean ordinarios, ya especiales, á la que la cuestión haya sido remitida contra un tribunal y otro especial.

Las Audiencias se consideran superiores á los demás tribunales en las provincias y colonias de Ultramar, ejerciendo contra éstos competencias, en que en aquéllas dominan se pronuncia- mienta jurisdicción que el Tribunal Supremo decide á resolver todos los demás.

La disposición que á las expresadas Audiencias recuerda tales facultades, el Real decreto de 4 de septiembre de 1879, publicado en el Boletín Oficial de 10 de septiembre de 1879, y circulado por el Ministerio de la Guerra en 6 de Diciem- bre del mismo año. Dice:

"Además de las competencias expresadas por el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, venga en declarar lo siguiente:

Corresponde á las Audiencias de Ultramar el conocimiento en álud de los asuntos pendientes en los suprimidos juzgados especiales de Guer- ra y Marina, así como también el de los re- sultados de los juicios que se hayan dictado en los juzgados de sus respectivos territorios, ya sea de los ordinarios ó militares entre el, ya de los del orden civil y otro diferente.

Corresponde en sus respectivos territorios de esta clase de negocios las salas de lo civil, de las Audiencias de la Hacienda y de Manilla, y las úni- cas que compusieren las de Puerto Rico y Puerto Príncipe.

Serán vecinos notables de dichas salas los audios de Guerra y Marina, solamente para desci- der de los asuntos de su competencia, en la administración de justicia.

Principios. Los resultados de competencias se deciden siempre por el Tribunal Supremo o por el Consejo de Ministros, según el fuero, entre dos tribunales de Guerra y otro de Marina, al Consejo Supremo de Guerra y Marina corresponde decidirla, excepto el caso de que ambos tribunales se encuentren á Ultramar y al mismo distrito militar.

El artículo 386 de la ley, de 15 de Septiembre de 1879, sobre organización del poder judicial, establece que las competencias se realizan parte especial de un programa político, lleva la referencia más allá de lo que la justi- cia exigía y la conveniencia demandaba; porque la competencia de los tribunales militares, en el caso de que se delegada y no propia la jurisdicción que ejercen; y los jueces que admiten como válidos tales requerimientos y por prom- vido el derecho de la parte interesada, se declaran más formales y á ellos se les haga la oportuna prevención por el Tribunal Supremo, como atestigua la sentencia de 6 de Abril de 1855, publicada en la Gaceta de 12 del mismo mes.

Todas las actuaciones practicadas hasta la decisión de las competencias son válidas, sin necesidad de que se declare su validez en el Tribunal declarado competente. Así lo prescribe el art. 386 de la ley provisional de 15 de Septiembre de 1879 sobre organización del poder judicial.

Los fiscales militares que para continuar la tramitación reclamen causas iniciadas por jueces civiles, deben considerar las actuaciones por estos practicadas como si el mismo acto les hubiesen practicado.

La primera de las reglas que analizamos de ex- poner, exige como complemento que hagamos una observación de orden general.

Ultramar decide las competencias encuadra- dos entre los de sus respectivas jurisdicciones; ya sean ordinarios, ya especiales, á la que la cuestión haya sido remitida contra un tribunal y otro especial.

Las Audiencias se consideran superiores á los demás tribunales en las provincias y colonias de Ultramar, ejerciendo contra éstos competencias, en que en aquéllas dominan se pronuncia-