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sidida por el mariscal Víctor, encargado de examinar la conducta de todos los generales y oficiales que hubieran servido al Emperador. (Son los términos de la Ordenanza.) Nada menos que veintiuna categorías de clasificación fueron establecidas para estos militares que, según figuraran en una ó en otra, tenían más ó menos esperanza de obtener el indulto de lo que se llamaba entonces su delito de traición. Esperanza he dicho, no derecho, porque la Ordenanza, fiel al espíritu ultra realista que la inspiraba, no reconocía derecho á nada más que al Rey para conceder empleos y grados, según que se le antojara.

La reacción, como todo lo violento, hubo de amainar á poco, y el Rey inclinóse á Saint-Cyr de nuevo, encargándole en Junio de 1817 el ministerio de Marina. Carecía Francia de escuadra en aquella época, y Saint-Cyr hubo de limitarse á señalar las bases sobre que cabría reconstruir su poder neval. Pero estuvo poco tiempo al frente de la Marina, pues el 12 de Septiembre volvió á encargarse del ministerio de la Guerra.

Su primer cuidado fué organizar las legiones departamentales, trabajo que Clarke había descuidado enteramente. Estas legiones constituyen la parte del plan de Saint-Cyr que no se logró. La legión respondía á un principio de organización y reclutamiento regionales, como el Cuerpo de ejército prusiano, y por eso en 1872 hubo en Francia sus lamentos por no haber seguido en esta parte al reorganizador de 1815. Cada legión había de tener tres batallones de Infantería, con tres cuadros de compañías de depósito, una compañía de Caballería y otra de Artillería. Formaba, pues, un organismo militar completo, y en torno de él debían agruparse los guardias nacionales. Saint-Cyr reorganizó la Caballería, la Artillería y el Cuerpo de Ingenieros; pero su mérito principal, el aplauso de la posteridad, es la ley constitutiva del ejército francés, la primera que se dió en el mundo con este título y objeto.

Todas las leyes de un Estado dependen de una, que por eso se llama fundamental ó Constitución del Estado, en que se declaran los derechos y deberes de los ciudadanos y del Poder público, y se determina la organización de éste en sus líneas generales. El ejército es parte del Estado, y por tanto, está sometido á la Constitución del mismo; pero por sí constituye un organismo completo, que no puede menos de ser regulado por leyes en su orden fundamentales. Es decir, que así como el Estado necesita de su Constitución, el ejército requiere su ley constitutiva. La Constitución del Estado garantiza á los ciudadanos contra las intru-
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siones y extralimitaciones posibles del Poder en sus derechos de hombre y de ciudadano; y la ley constitutiva garantiza á los militares sus mismos derechos dentro de la colectividad á que pertenecen, y pone un límite á la función del mando, no para lo que esta función es necesaria ó conveniente, sino contra sus posibles excesos.

Claro es que los ultrarealistas de 1815 y 1817 no podían ser partidarios de una ley constitutiva. Estaban imbuídos en el culto, ó mejor dicho, en la superstición monárquica llevada á su más alto punto, y para ellos el Rey lo era todo, y fuera del Rey no había más que desorden y anarquía. Su tipo de ejército era el de los antiguos ejércitos reales, aunque como explicamos al principio de este curso, el mando supremo ejercido por el Monarca era una propiedad, más que un mando propiamente dicho. Fué aquello un progreso sin duda; pero si el ejército había de ser de alguno, mucho mejor es que fuese del Rey que no de los señores feudales, Municipios y Corporaciones. El ejército real impuso la paz á las naciones europeas, y con la paz interior, el orden y la civilización. Y por la naturaleza misma de las cosas, sin violencia de ninguna clase, aquel ejército se fué convirtiendo poco á poco en nacional, y las reales mercedes tomando el carácter consuetudinario de verdaderos derechos. Cuando el antiguo régimen desapareció, la evolución estaba casi del todo consumada.

Pero los realistas de la Restauración francesa, revolucionarios á su modo, querían volver las cosas al ser y estado que tenían, no cuando estalló la revolución, sino mucho más atrás. Querían un ejército, no subordinado al Rey, como es justo, sino propiedad del Rey, como no lo consentía la condición de los tiempos.

Mérito extraordinario fué el de Saint-Cyr oponiéndose resueltamente á esta tendencia, entonces tan poderosa, y llevando con no menor resolución al ejército los principios de libertad constitucional. Y tanto mayor es este éxito si se considera que tales principios no sólo eran rechazados por los realistas, sino desconocidos por los bonapartistas, toda vez que Napoleón había gobernado su ejército como pudiera hacerlo el autócrata más absoluto. En el ejército imperial todo dependía de la voluntad del Emperador. Y aun para los republicanos de entonces, el pueblo, representado por su asamblea, debía ejercer sobre la institución armada la potestad domínica, que los realistas atribuían al Rey y los imperiales al Emperador. Todos estaban conformes, pues, en que quod principi placet
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legis habet vigorem, si bien para unos el príncipe era el Rey, para otros el Emperador y para otros la entidad pueblo.

Saint-Cyr abandonó estos tres caminos, que no venían á ser más que uno, y sustituyó el imperio de la ley al del jefe. Tal es el espíritu jurídico de la ley de 1817, que el mariscal preparó con su secretario Allent, oficial distinguidísimo del Cuerpo de Ingenieros, y con el ilustre general Preval, secretario del ministerio de la Guerra.

La primera dificultad con que tropezaron los autores de la ley fué respecto de la forma que debía dárselle. Los realistas pretendían que fuera de ordenanza, esto es, emanada únicamente de la voluntad de S. M. La nación, decían, se rige, no por una Constitución hecha en Cortes, sino por una carta otorgada. ¿Cómo ha de ser el ejército de más privilegiada condición? El argumento desde el punto de vista político no dejaba de tener su fuerza; pero Saint-Cyr, lejos de admitirlo, manifestó en redondo que de no autorizarse por las Cámaras su proyecto, retiraríase él del ministerio; el Rey se puso de parte del ministro, y el 20 de Noviembre de 1817 fué efectivamente presentado á la Cámara de los Diputados.

Comprendía el proyecto seis títulos y treinta artículos, y sus puntos ó partes principales eran tres: reclutamiento, reserva y ascensos.

Saint-Cyr conservó el principio del enganche voluntario como fundamental de la recluta. No podía, ni debía proceder de otro modo, dado el estado de opinión dominante. Pero introdujo hábilmente excepciones y complementos que habían de poner las cosas en su lugar oportuno. La Guardia Real, la Caballería y las Armas especiales habían de constituirse exclusivamente de voluntarios. Las legiones de Infantería habían de admitir cuantos voluntarios se presentasen; pero como la experiencia había acreditado ya la insuficiencia de este medio, establecíase un contingente anual supletorio de 40.000 hombres sacados por suerte de entre los jóvenes de veinte años. La duración del servicio activo se fijó en seis años.

Para formar la reserva, 6 veterance, que se llamó en esta ley famosa, los legionarios debían servir otros seis después de cumplido el tiempo de activo. Los veteranos vivirán en sus casas y dedicados á sus ocupaciones, pues sólo podían ser llamados á las armas en caso de guerra. La reserva veterana resultó excelente, y así hubo de acreditarlo en cuantas ocasiones se necesitó echar mano de ella; pero no hay que esforzarse en
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demostrar su inferioridad respecto de la landwerd prusiana, toda vez que las naciones todas, incluso la misma Francia, tuvieron que reconocerlo más adelante. La veterance de Saint-Cyr aumentaba considerablemente el efectivo militar del ejército francés en caso de guerra, y no sólo en cantidad, sino en calidad; pero no levantaba, como la lamwerd, en un momento determinado, las fuerzas vivas del país para pelear contra sus enemigos. Dejaba subsistente por otra parte la funesta división entre militares y paisanos, no materializando, por decirlo así, como en Prusia, el principio de que el soldado no es sino un ciudadano ejerciendo una función de ciudadanía. Y sin embargo, señores, durante mucho tiempo los militares profesionales de casi toda Europa han preferido el tipo del reservista creado por la ley de Saint-Cyr al tipo creado por la organización prusiana. Se comprende perfectamente; el veterano de Saint-Cyr era un verdadero soldado; cuando volvía al cuartel nada había que enseñarle; daba gusto, como decían los jefes y oficiales, su andar á tales hombres. Con los de la lamwerd, en cambio, venían al lado de veteranos, mozos con instrucción y educación militares muy deficientes, algunos sin ninguna instrucción ni educación. Tenemos, solían decir los militares franceses, una reserva formidable de soldados, mejores todavía que los que están en los cuarteles; los prusianos tienen una Guardia nacional disfrazada de ejército. El suceso había de acreditar cuanto se equivocaban; pero hay que convenir en que su equivocación fué disculpable, porque se fundaba en razones ó motivos muy exactos; el alemán es más apto que el francés y que el español para pasar de recluta á soldado, ó lo que es igual, que la organización prusiana es más fácil de plantear en Prusia y en Alemania en general, que no en Francia.

Sobre el ascenso dictaba la ley Saint-Cyr disposiciones, que son la base insustituible del Derecho moderno sobre la materia. Después de afirmar el principio fundamental de distinción entre empleo y destino, siendo aquél una especie de propiedad del que lo adquiere, y de la que no puede ser despojado, sino por causa legal y por procedimiento establecido en la misma ley, y el destino de la libre disposición del Gobierno, consigna reglas precisas para alcanzar el ascenso. Ninguno podía ser suboficial ó sargento sin tener veinte años de edad y dos de servicio activo. Para ser oficial eran necesarios, ó dos años de suboficial ó dos años pasados en una escuela militar. Los dos tercios de las vacantes de subteniente se reservaban á los alumnos de las Academias. Los grados su-
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periores á capitán eran de libre ascenso por nombramiento real; pero habiéndose de manifestar en la Real orden los motivos del ascenso, y prometiéndose atender á la antigüedad sin defecto.

El proyecto de ley fué objeto en las Cámaras de una violenta oposición por parte de los ultra-realistas. Villete y Bonald pronunciaron largos discursos en contra de la totalidad. Saint-Cyr, empero, que no era un orador brillante, pero sí claro y metódico, y de los que dicen cuanto quieren decir, pronunció en la sesión del 26 de Enero de 1818 un discurso que fué quizás el más ruidoso de aquella época, y de que aún se conserva viva la memoria en Francia por los libros y la tradición oral de los círculos militares. Habían dicho los realistas que la veterance tenía el inconveniente de congregar á los antiguos soldados del Imperio. «La franqueza, exclamó el mariscal, es aquí nuestro primer deber... dígase, pues, si lo que conviene es que existan dos ejércitos, dos naciones, una castigada permanentemente y declarada indigna de servir al Rey y á la Francia.» Y entróse sin vacilar en el elogio del ejército napoleónico, de sus virtudes guerreras, de sus tremendos é inmerecidos infortunios. Jamás se había oído á un ministro de Luis XVIII semejante lenguaje, y aunque hubo un realista que calificó de indecente (palabra textual) el discurso del ministro, la mayoría aprobó, unos con entusiasmo y otros con la resignación, que en los hombres sensatos produce lo razonable, la totalidad del proyecto. En la Cámara de los Pares no fué menos empeñado el debate. Allí la palabra elocuenteísima de Chateaubriand se opuso al ministro, y ¿quién lo dijera? Los mariscales Víctor y Maldonald y el general Lawiston, caudillos ilustres del ejército napoleónico, aprovecharon la ocasión para alardear de un ultra-realismo, que en sus labios era por lo menos de pésimo gusto. Pero el proyecto fué aprobado al fin por 96 Pares contra 74.

La batalla estaba ganada. El ejército, que hasta entonces había sido del Rey, de la Convención ó del Emperador, había logrado su carta magna constitucional, y tomado su puesto entre las instituciones nacionales como una de las fundamentalmente constitutivas del Estado; ser oficial no sería ya ser un servidor de este ó del otro Príncipe, sino un funcionario público, ó como hubieran dicho los romanos, un magistrado, esto es, un ciudadano investido por la ley de función propia, y de la que sólo por la ley podía ser despojado. Saint-Cyr no pudo organizar la veterance, porque la oposición, vencida en ambas Cámaras, se refugió en
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el Palacio Real, y allí libró su postre batalla. Hubo de limitarse á perfeccionar los Institutos armados creando las escuelas regimentales para la instrucción de las tropas y preparación de suboficiales, y la Escuela de Estado Mayor, que aún lleva su nombre, de la que han salido tantos brillantes oficiales, y donde se ha hecho el admirable mapa de Francia, comenzado en 1818, es decir, bajo el ministerio de Saint-Cyr. El organizó también la defensa de Francia, determinando las plazas fuertes que debían ser conservadas y las que debían ser demolidas con arreglo al plan trazado por el general Masercot. Cuando adandonó el ministerio en 17 de Noviembre de 1819, pudo decir: «Dejo creado el moderno ejército francés».

ANGEL SALCEDO RUIZ,
Auditor de División.
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Estado político-militar de España
A FINES DEL SIGLO XVII

Estudio dedicado
al Excmo. Sr. General D. José Marvá.

II

No bastan, sin embargo, estas indicaciones generales para formarse idea exacta de lo que era España desde el punto de vista gubernamental en los tiempos á que nos referimos, sino que es preciso descender á los detalles de aquel caos administrativo legal, económico y militar para comprender la razón de lo que luego hemos de exponer. El increíble abandono de la justicia y de la defensa nacional no pueden explicarse más que por los defectos de organización, por la falta de responsabilidad en los ministros y por la incuria lamentable de los que tenían á su cargo la dirección suprema del Estado. Teóricamente hablando, la forma de gobierno que tenía España era la más apropiada á sus especialísimas circunstancias políticas, á su modo de ser especial. En la práctica resultaba inadecuada á las necesidades de la población é imposibilitaba su desarrollo. «La forma de gobierno de España, dice un extranjero, es tan perfecta, que en otro tiempo hubiera podido servir de
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modelo á las demás Naciones, pero como en la naturaleza no hay nada estable, no hay que asombrarse de que el abandono de los príncipes de la Casa de Austria la haya hecho casi desconocida por los abusos que se introdujeron (1).» En esto anda muy descaminado el autor de este párrafo, porque precisamente los inventores de la forma de gobierno que tenía España en tiempos de Carlos II fueron los príncipes de la Casa de Austria y Felipe II fué quien organizó los Consejos en la manera como se hallaban. «El gobierno de España, prosigue el mismo autor, es puramente monárquico, es decir que el rey, puede ordenar, mandar y disponer de todo despóticamente como le place, sin el concurso de nadie y sin estar obligado á rendir cuentas de su conducta más que á Dios, salvo en aquellas leyes fundamentales del Estado que promete solemnemente mantener y conservar en toda su pureza. Sin embargo, por una moderación que merece grandes alabanzas, desde hace varios siglos, los reyes se han impuesto la feliz necesidad de no resolver nada de importancia sin haber oído antes el parecer de aquellos que gracias á un estudio serio de las leyes del país y á una larga experiencia en el manejo de los asuntos, han adquirido gran habilidad en lo relativo á la política, á la milicia, á la administración de justicia y á la gestión de los asuntos financieros, los cuales actúan como asesores de la autoridad real, de suerte que la forma de gobierno se puede distribuir en gobierno político, militar, civil y económico, cuya autoridad reside en varios tribunales, algunos de los cuales son soberanos y otros subalternos, unos que no reconocen más autoridad que la del rey y otros subordinados á las de los virreyes (2).»

Esta exposición del gobierno de España, aunque no es enteramente exacta en todas sus partes, puesto que nunca podrá hablarse tratándose de España, de un gobierno despótico, no carece en el fondo de realidad. El rey se auxiliaba para el Gobierno de la inmensa Monarquía de varios Consejos, pero la autoridad de éstos por una parte, y por otra la como-

(1) Etat present de l'Espagne où l'on voit une Géographie historique du pays, établissement de la Monarchie, ses Révolutions, sa décadence, son rétablissement et ses accroissements, forme du Gouvernement, etc., par l'Abbé de Vayrac. Amsterdam, 1710.

(2) Vayrac. Etat present de l'Espagne. Pueden leerse también curiosas descripciones del gobierno de España en las Memorias de Saint-Simon, en Le Voyage en Espagne, de Madame d'Aulnoy, en Les délices de l'Espagne et du Portugal, de Alvarez de Colmenar, y en otras obras contemporáneas.
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didad de aceptar como buenos sus dictámenes hacía que, por regla general fuesen los consejeros los que les gobernasen y no el rey.

El cuerpo, no ya consultivo, sino ejecutivo, que ambas cualidades reunían los Consejos de que vamos á hablar, que mayor autoridad y poder tenía desde Felipe II era el Consejo de Estado. Carlos V le llamaba «el saber, poder y entender; los ojos, manos y pies del monarca» y, en efecto, sus facultades «abarcaban toda la suprema jurisdicción civil y criminal, como en el mismo príncipe, al cual representa de tal manera, que son una misma cosa y así no se debe hacer ni resolver ninguna que no se consulte con él». En teoría, la misión de este Consejo supremo era excelsa. De él dependía el nombramiento de los virreyes, gobernadores, capitanes generales y embajadores y la resolución de todos los asuntos de paz y de guerra. A este Consejo incumbía averiguar si los nombrados para el desempeño de los altos puestos eran los que convenían y si después de proveídos «hacen sus oficios como deben» (1). Le correspondía también velar por los demás Consejos cumpliesen con sus obligaciones respectivas «porque atentos á que son arroyos que se derivan del de Estado es justo y conveniente que tenga superioridad y cargo de todos para saber si cada uno hace lo que le toca con la satisfacción universal que conviene». Por desgracia, así el Consejo como los consejeros de Estado en tiempos de Carlos II no estaban capacitados para el desempeño de tan altas funciones. Nada expresa tan gráficamente como los versos que copiamos á continuación de un pronóstico y lunario de la época, la nulidad política de los individuos de aquel alto cuerpo. Es un diálogo entre Carlos II y sus consejeros de Estado:

«¿Qué es lo que hacéis? En uno discurremos.
¿Pensáis en algún medio? No le hallamos,
¿Buscáisle en la justicia? No podemos.
¿Esforzáis la milicia? No la vimos.
¿Dónde está el bien común? No lo sentimos.
¿La honra, donde está? No la tenemos.
Habladme sin rebozo... No queremos.
Advertirme siquiera... No advertimos.
¿Qué consultáis? Los cuándos y los cómos.

(1) Biblioteca Nacional. Q. 104.
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el más solemne juramento militar. Los pronunciados en tal caso hubieran sido los que se pusieron de parte del gobierno intruso, entronizado por un golpe de Estado, dado para colmo de ingnominia por una potencia extranjera.

Pues en 1814 verificó el ejército francés su primer pronunciamiento, y precisamente contra aquel Emperador Napoleón, á quien había seguido durante tantos años á todos los campos de batalla de Europa. Cansado de tan largas guerras, ó mejor dicho, viendo perdida la causa del César, el ejército abandonó á su jefe, y aún hizo más, le impuso de un modo harto brutal su abdicación. Napoleón hubo de experimentar en la última etapa de su primer reinado aquella verdad profunda que en forma pintoresca enseñaba más tarde su hermano el rey Jerónimo al que había de ser Napoleón III: todo puede hacerse con las bayonetas menos sentarse sobre ellas. El Emperador tenía fuerzas sobradas para continuar resistiendo; quizás, si la victoria era ya imposible, hubiera podido lograr una paz ventajosa; pero en aquel momento, el ejército le abandonó. Primero fué el cuerpo de mariscal Marmot; después los mariscales entran en su imperial cámara y le arrancan casi á viva fuerza la abdicación.

Este pronunciamiento fué el principio de una larga serie de conspiraciones militares. Como ya dijimos en nuestra última conferencia, casi todo el periodo de la restauración, especialmente en su primera época, fué de lucha entre el elemento civil y el militar. El ejército constituyó una entidad dentro del Estado, amenazante de continuo contra el poder supremo, propicio á la rebelión, entretenido en funestas conspiraciones, soñando siempre con derribar el gobierno establecido. En ninguna época de la revolución había tomado tan singular carácter, significando este un evidente retroceso en su evolución jurídica, un salto atrás en el largo camino del progreso ó perfección militar. Y lo peor para nosotros, los españoles, fué que el ejército francés nos contagió el virus de tan horrible dolencia, y que como suele acontecer en muchos casos de contagio, el inoculador sanó del mal antes que el inoculado. Ya en Francia nadie recordaba la dolencia sufrida, ó sólo la recordaban los eruditos, y todavía nosotros dábamos al mundo el triste espectáculo de los pronunciamientos.

Multitud de causas se juntaron para producir en el ejército francés una situación tan dolorosa. La primera y principal fué la apuntada en la última lección; que el ejército, tan cansado como el país de las interminables guerras napoleónicas, y ansioso como el que más de un relativo
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¿Y los motivos? Esos no alcanzamos.
De guerra, ¿qué sentís? Perdidos somos.
¿Socorreis al imperio? No atinamos.
¿Hay alguna esperanza? Ni aun asomos (1).»

Aún es más punzante, si cabe, otra sátira contenida en el mismo manuscrito con el título de «Puntos de Estado que se han tratado en el Consejo.» Hela aquí:

«Enviar socorros á Sicilia: socorro de España.
Aprestar y disponer Armada: hablar de la mar.
Hacer prevenciones para Cataluña: todo por tierra.
Cuidar de las asistencias á Flandes: asiento en el banco.
Quitar, poner y reformar ministros: acomodar á otros.
Bajar y abaratar el precio de la carne: hay mucho mal ganado.
Dar pan en abundancia: echar por esos trigos.
Discurrir en materia de tributos: adelantar la materia.
Juntar y recoger dinero: manos á la obra.
Pensar en remediarlo todo: ¡quién como Dios! (2).»

Si esto era el Consejo de Estado, en el cual no ingresaban más que los hombres que habían desempeñado los cargos más importantes de la monarquía, las presidencias, los virreinatos, los gobiernos, el mando de los Ejércitos, fácil es formarse idea de lo que serían los demás Cuerpos consultivos.

Al Consejo de Estado seguía en importancia é igualaba en honores, pues ambos tenían tratamiento de Majestad y no salían en público como tales Consejos, el de Guerra, compuesto, al decir de los contemporáneos, de personas de larga y reconocida experiencia, «de modo que no traten de negocio tan importante por arte ni oídas, sino por lo que han visto y experimentado» (3). Los consejeros de Estado lo eran también de Guerra. Con motivo de pretender el Conde de Aguilar una plaza de consejero escribieron el siguiente soneto que pinta muy á las claras la nulidad guerrera de tan graves señores:

(1) Biblioteca Nacional. MS. M. 200.
(2) Biblioteca Nacional. MS. 200.
(3) Biblioteca Ibid., MS. Q. 104.