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este carácter fundamental, político más que jurídico, unen los jurados ingleses el de testigos singularmente privilegiados, lo que no cabe comprender, si no se tiene en cuenta la casuística legislación medio-évica sobre testigos y en general sobre prueba, de que aún hemos conocido nosotros rastros en los tratados de Derecho Militar anteriores á las últimas leyes. La prueba era tasada y se dividía en plena y menos plena, y había todo aquello de tachas de los testigos que no hay ahora para qué recordar, tres testigos sin tacha, se decía p. e., hacen prueba plena. Pues bien; los jurados ingleses son testigos, no sólo sin tacha, sino con especial privilegio, toda vez que sin la concurrencia unánime de sus disposiciones no cabe condenar á ningún ciudadano. Y porque son testigos juran, requisito que, según todas las leyes procesales, se exige á los testigos y no á los jueces, y porque juran se llaman jurados.

Al pasar esta institución á Francia llevada por el huracán revolucionario, perdió ó modificó su carácter, latinizándose por modo extraordinario, y quizás sin que lo advirtieran los mismos que con tanto entusiasmo la transportaron. Porque perdiendo aquellos singularísimos rasgos que la obscura metafísica jurídica de los sajones le había ido dando á través de los siglos, tomó clara fisonomía romana con su separación del hecho y del derecho, atribuyendo al Jurado el conocimiento del primero y reservando al tribunal oficial la aplicación concreta de la regla jurídica. Esto habíase ya visto en el Foro, donde se llevaron estas distinciones al extremo, y la jurisdicción propiamente dicha, ó facultad de declarar la ley, fué siempre considerada del imperio ó facultad de aplicarla.

Encontróse Napoleón con el Jurado establecido y funcionando, y hubo de respetarlo, si bien uniéndole el saludable freno de una magistratura perfectamente organizada, y aun más perfectamente escogida entre o s letrados de más reputación que había entonces en Francia. Dice Thiers, á propósito no de lo que ahora tratamos, sino de las combinaciones estratégicas de Bonaparte, que el principal mérito de ellas no está, como algunos creen, en haberlas concebido, sino en haberlas sabido ejecutar. Colocarse, añade, con su ejército entre tres enemigos, é irlos derrotando sucesiva y aisladamente, es cosa que no requiere ser genio para idearla, pero sí para ponerla por obra y llevarla á feliz término; quien no hubiera sido genio como Napoleón, y hubiera intentado la indicada maniobra, al colocarse en el centro de los tres ejércitos enemigos, es lo probable, casi lo seguro, que en vez de derrotarlos uno á uno, hubiese
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sido envuelto por los tres, y ahogado por ellos. Otro ejemplo pone para confirmar esta verdad; el paso del monte de San Bernardo. Pasar á Lombardía por el monte de San Bernardo es cosa que puede ocurrirse á todo el que mire el mapa; pero lo difícil, lo verdaderamente admirable es pasar aquel monte con un ejército numeroso y no perderlo en el paso, sino conducirlo con tal arte que llegue al llano para pelear y vencer, tan fresco y con todos sus recursos, como si hubiese ido por la más ancha y bien cuidada carretera.

La observación de Thiers puede aplicarse con toda exactitud á la materia que vamos tratando. Si Napoleón hubiera limitado su oficio de legislador á la redacción y publicación de estos reglamentos administrativos y judiciales, seguramente ni unos ni otros hubieran prevalecido, porque no se habrían acreditado. Pero no lo limitó á eso, sino que puso un cuidado especialísimo, y en esto consisten su mérito y gloria, en el modo cómo habían de ponerse en ejecución, esto es, en la elección de personas á quienes había de ser ésta encomendada. En la guerra, como en el gobierno, la ley, la ciencia, el arte, todo esto vale mucho, pero el hombre vale incomparablemente más. Un buen gobernante ó un buen administrador gobernará ó administrará rectamente con una ley ó con un reglamento defectuoso; pero el incapaz ó el malo no gobernará ni administrará bien por perfectos que sean los reglamentos que haya de aplicar. El hombre, siempre el hombre; esta es la fuerza verdaderamente grande que hay en la creación, y todo lo demás son medios auxiliares de esa fuerza. El fusil mediano en manos de un tirador diestro es un arma excelente; el fusil más perfecto en manos del cobarde ó del ineducado en su ejercicio no es sino un instrumento de hacer ruido.

Napoleón buscó con solícito afán las personas que habían de ser sus consejeros de estado y sus consejeros departamentales, sus prefectos y sus jueces, poniendo en esta tarea tanto esfuerzo como podía poner en el más difícil y complicado de sus planes de campaña. Jamás se le ocurreció hacer los empleos á la medida de sus devotos y paniagudos, sino que procuró hallar hombres capaces de llenar la medida de los empleos que había creado. Tampoco abandonó al azar la distribución de los puestos, ni delegó en subalternos esta función de que dependía el porvenir de sus reformas, ni por fuerza escogió lo primero que le salió al paso, ó sea entre esa turba de pretendientes y cortesanos que en todas las épocas y en todos los países han llenado los salones de los poderosos. De águi-
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la se dijo que era su vista, y en nada lo acreditó como en esto de saber mirar por encima de la muchedumbre de parásitos y aduladores, para descubrir allá lejos, en la llanura inmensa á los hombres que hacían falta. Allí donde descubría una capacidad ó simplemente una aptitud aprovechable, el águila dirigía el majestuoso vuelo é iba derechamente en su busca, como las águilas de la escala zoológica bajan de la región de las nubes á coger con sus potentes garras la presa que necesitan. De este modo, escogiéndolos uno á uno, dando á cada cual el papel que podía representar bien, y no ningún otro, organizó su carrera judicial y su carrera administrativa, fundaciones ambas más duraderas que su mismo imperio, pues los Borbones las aceptaron, y las han ido aceptando después cuantos gobiernos se han sucedido en Francia. Al volver de la isla de Elba, Napoleón encontró en sus puestos cuantos prefectos había dejado al partir, y en Waterloo se hundió definitivamente su fortuna; pero sus jueces y sus funcionarios administrativos continuaron en funciones, mientras que iba él á morir en Santa Elena.

Y aquí nos coloca el método delante de un asunto del más grande interés para nosotros; de la obra napoleónica en orden á la justicia militar, que habemos de examinar en lo que tuvo dicha obra de real ó positiva y en lo que tuvo de negativa, esto es, en lo que Napoleón hizo y en lo que dejó de hacer, materia sumamente delicada de tratar, toda vez que nos falta para ello el hilo salvador de trabajos anteriores sobre este punto, y hemos, pues, de improvisarlo tomando los datos de mil partes diferentes, es decir, que hemos de ser aquí más bien investigadores que expositores.

Para proceder con la debida claridad es indispensable que nos formemos previamente una idea sucinta de la justicia militar en Francia antes de Napoleón.

En Francia es muy antigua la existencia de lo que nosotros llamamos fuero de guerra, y dentro de el de tribunales especiales para juzgar á los militares. En los primeros periodos de la edad media vemos ya funcionar al alcalde de Palacio (alcalde de corte decían nuestros antepasados) juzgando como juez supremo á los hombres de armas. Pasan luego estas atribuciones al gran Senescal y después al Condestable, del que se derivó una institución desconocida en nuestra historia, por lo menos con el desarrollo que alcanzó en Francia; la condestablía que venía á ser por este aspecto un verdadero orden judicial separado del común, y encargado especialmente de administrar la justicia de guerra.
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Pero si tan antiguos son estos tribunales especiales para nuestro fuero, no lo es menos la tendencia á impedir su absoluta separación del fuero común ó de los tribunales ordinarios. La tradición francesa puede sintetizarse diciendo que es la de tribunales especiales, pero influídos constantemente por los comunes, y sólo apartados de éstos en cuanto la función militar en estricto sentido exige. Así vemos que la ordenanza de Moulins, de 1366, prescribía que el Condestable no pudiese juzgar sin lo obligada concurrencia del abogado del parlamento. Y Francisco I, en cuyo reinado la justicia militar había sido transmitida á los prebostes, dispuso que éstos juzgasen asistidos de un juez del tribunal más próximo al lugar del juicio y además de un consejero asesor, ó sea de un auditor según nuestro tecnicismo tradicional.

Los consejos de guerra, esta institución que tanto se ha extendido y arraigado por toda Europa, y ni que decir tienen que en nuestro país, fueron establecidos por vez primera por la ordenanza de 1655. No eran pues, muy antiguos, cuando Felipe V los transportó á España. Los consejos creados por la citada ordenanza limitaban su jurisdicción á los delitos esencialmente militares. «Se instituyen, dice el texto legal, para mantener la disciplina interior de los cuerpos de ejército y castigar las faltas que cometan los jefes y los soldados en los combates y en los movimientos militares». De suerte que, los delitos comunes quedaban fuera de su acción judicial, y, en efecto, hasta la revolución el militar respondía de sus actos punibles ante los parlamentos como todos los demás ciudadanos.

Conviene advertir que lejos de considerar los militares en aquella época este desafuero como un agravio, lo apreciaban como un derecho. Para comprender esto bien, hay que tener en cuenta que una de las diferencias fundamentales entre el Derecho Militar francés y el nuestro es la falta en aquél de auditores, ó sea de Cuerpo Jurídico Militar, ó en más generales términos, de letrados especialmente adscritos al servicio judicial del ejército. Los asesores de que antes hemos hablado fueron siempre en Francia magistrados ó jueces del fuero común. Al ser establecidos los Consejos de guerra por la Ordenanza de 1665, desapareció en absoluto de la justicia militar el elemento letrado. De suerte que nunca hubo en la nación vecina institución semejante á nuestros Juzgados de guerra, compuestos del capitán general, auditor y fiscal. El militar español sometido al Juzgado de guerra tenía las mismas garantías que un paisano
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en la competencia profesional de sus Juzgados, y más que hubiera tenido en un tribunal ordinario, porque el auditor era un juez letrado; pero un letrado, por decirlo así, de casa, conocedor por sus estudios especiales y por su práctica y aficiones, de las necesidades del ejército, y celoso de su prestigio, v aun no insensible á los estímulos del compañerismo, porque al fin y al cabo es un militar ó asimilado á militar. Compréndese, pues, que los militares españoles se manifiesten siempre celosos de su fuero, y aunque los que no sean militares propiamente dichos lo buscasen como un privilegio.

Pero el militar francés no estaba en el mismo caso. Para tener la garantía de la competencia profesional en el juzgador, había de ir al tribunal ordinario, ó sea al Parlamento, y así procuraba extender cuanto pudiera los casos de desafuero, y abundan allí las quejas al Parlamento por agravios reales ó ficticios de los Consejos de guerra, cosa enteramente desconocida en nuestra tradición jurídica.

La revolución modificó profundamente la manera de ser de los tribunales de guerra.

En su primer período se dictaron nada menos que tres leyes (29 Octubre de 1790 y 16 y 17 de Mayo de 1792), estableciendo unas cortes marciales que la Convención substituyó por los tribunales revolucionarios (leyes de 12 de Mayo de 1793 y 3 pluvioso del año 2."), de cuya extraña justicia ya hemos tratado en anteriores conferencias. Pero conviene aquí añadir que ejerciendo indistintamente su jurisdicción sobre militares y paisanos, y juzgando de todo cuanto se le antojaba, hubieron de crear una confusión de atribuciones que, aunque parezca raro, dura todavía. Porque al descender la ola revolucionaria, y reaparecer los tribunales ordinarios, hubo de decirse y creerse que el mal de aquellos creados por la Convención, ó, mejor dicho, por el Comité de salvación pública, estaba en querer someter á ellos la población civil; pero para administrar justicia en el ejército, eran excelentes.

Y así sucedió que al establecerse por la ley del 27 de Septiembre de 1795 los consejos de guerra, heredaron estos, no las atribuciones ceñidas á lo puramente militar que les había otorgado la ordenanza de 1655, sino las amplísimas, ó, mejor dicho, arbitrarias de los tribunales revolucionarios. De entonces viene, que los militares franceses sean juzgados por todos los delitos que cometan por los consejos de guerra, sin ninguna intervención de elemento letrado. Sobre este principio falso é incon-
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veniente, se fundaron luego las leyes de 13 de Brumario de año V, perfeccionando la institución de los nuevos consejos. Y aunque pronto se notaron los inconvenientes gravísimos del sistema, se creyó remediarlos creando los consejos de revisión por la ley de 6 de Vendimario del año VI, que aún duran en el ejército francés; y tal era el estado de Derecho en esta materia cuando llegó Napoleón al poder supremo.

¿Que concepto merecía á Bonaparte este sistema? Puede afirmarse, señores, que muy malo. Thibaudean, en su precioso y documentado libro sobre El Consulado y El Imperio lo declara en términos expresos: «Los consejos de guerra, dice, eran á sus ojos lo peor y menos judicial que podía haber.»

Pero poseemos, sin necesidad de recurrir á la autoridad de Thibaudean y otros escritores respetables, un texto auténtico que manifiesta e parecer de Napoleón. Es el acta de la sesión del consejo de Estado, celebrada en 21 de Febrero de 1809, y que se ha publicado en la interesante colección de Locré.

El Emperador que presidía, planteó la cuestión de la competencia de los consejos de guerra. Reguant de Sain-Jean hubo de manifestar sin ambages que le parecía muy peligroso confiar á un consejo de guerra el juicio de un asesinato cometido por un militar en la persona de un paisano. Defermon, corroborando éste parecer, emitió el siguiente dictamen: «La independencia de los ciudadanos no está jamás asegurada, si los oficiales que los vejen, han de ser juzgados por sus camaradas, y esto es lo que se deriva necesariamente del sistema de atribuir á los consejos de guerra el conocimiento de todos los delitos cometidos por militares.»

Entonces tomó la palabra el Emperador, y dijo: «Señores: el sistema antiguo en esta materia era que los Parlamentos no dejaban á la jurisdicción militar más que la desertión, las faltas á la consigna y á la disciplina, en una palabra, los delitos que únicamente los militares pueden cometer.»

«En el sistema vigente, todo delito cometido por un militar, es considerado delito militar.»

«Cabe escoger entre estas dos legislaciones, y cabe también idear una nueva teoría que sería muy clara y remediaría los inconvenientes de las otras dos; cabe establecer, digo, la competencia absoluta de la jurisdicción ordinaria para instruir el proceso por todos los delitos cometidos en el territorio francés, con la condición de que cuando á los tribunales
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parezca militar el delito, envíen el proceso ya instruído al cuerpo del procesado.»

Admírese hasta donde llegaba Napoleón. Hoy encuentran algunos en España enojoso para el fuero de guerra que el Tribunal Supremo resuelva las competencias jurisdiccionales entré los tribunales de guerra y los ordinarios; Napoleón quería que no solo el Tribunal Supremo, sino los correspondientes á nuestras Audiencias de lo Criminal, instruyeran sin contradicción todos los procesos, y que solo cuando ellos juzgasen que el delito era de naturaleza militar, enviasen ésta causa ya instruída al tribunal marcial.

El consejero Thaillerand observó á lo dicho por el Emperador que para llevar á la práctica su doctrina era menester dar á los tribunales ordinarios una regla muy clara para distinguir el delito militar del común. Napoleón tomó de nuevo la palabra, y dijo:

«Esta regla es muy sencilla. No hay más delitos militares que los que el Código Militar así califica. Todos los demás son de Derecho Común, aunque sean cometidos por soldados contra soldados.»

Y explanando entonces más su parecer, pronunció estas notables palabras que resumen su pensamiento total:

«Todos los delitos cometidos en un ejército, deben ser juzgados por los tribunales militares. Pero de todos los delitos cometidos en Francia deben conocer las cortes imperiales. Para que se armonicen ambos principios es menester que el procurador general tenga la facultad de enviar los que juzgue de naturaleza militar á los tribunales de esta clase, y estos tribunales deben juzgarlos como delegados de la corte; porque la justicia es una en la nación, y el soldado, antes que soldado, es ciudadano. Si un soldado asesina á su camarada, comete, indudablemente, un delito militar, pero no es menos indudable que comete un crimen civil. Ningún hecho debe ser substraído al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.»

Talera la idea de Napoleón y la que que ló aceptada por el Consejo de Estado. ¿Por qué no se tradujo en una ley como tantas otras del Emperador?

Conviene advertir, que si bien es cierto que no se tradujo en la ley, Napoleón la hizo aplicar en muchísimas ocasiones. Como quiera que el consejo de guerra no podía reunirse, sino por orden del general en jefe, y en la época napoleónica, el Emperador era el único verdadero general en jefe, se valió de esta facultad para someter muchas veces á los militares al fuero común. Hubo casos notables en este punto.
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Siendo Junot nada menos que gobernador militar de París, cometió una infracción contra la ley de caza. El elemento militar quería llevar el proceso á un consejo de guerra; pero Napoleón hizo que fuera consultado el Consejo de Estado, y éste decidió que el asunto era de la exclusiva competencia del Tribunal Correccional. A este mismo tribunal fué sometido el teniente de Húsares D’Espichel, y condenado á un mes de prisión por haber pegado á un paisano. Y lo mismo treinta alumnos de la escuela política. Y otros varios que pudiéramos citar.

A pesar de todo, Napoleón obró por regla general en este orden contra sus ideas; conservó los consejos de guerra que tan defectuosos reputaba, con todas las atribuciones que habían heredado de los tribunales revolucionarios, y lo hizo por dos razones: una cuya fuerza no podemos desconocer cuantos tenemos el honor de vestir el uniforme militar; y otra contra la que tenemos todos que rebelarnos como hombres honrados.

La primera, que vió en ella un instrumento preciso para mantener la disciplina y excitar hasta el grado extraordinario que las necesitaba él en sus soldados, las virtudes militares. La segunda, que se valió de los consejos de guerra como de instrumentos, de tiranía, y esto, no hay que disimularlo, fué abominable. Lo que se cuenta de algunos antiguos reyes que utilizaban la inquisición, no para el fin religioso, sino para el político, esto fué lo que realmente hizo Napoleón con los consejos de guerra. Cuando quería desembarazarse de algún adversario molesto, ó imponer á las gentes con algún acto atroz, se valía del consejo de guerra seguro de que por otra vía no había de lograr su intento.

El horrible caso del Duque de Enghien lo demuestra. El infeliz príncipe era del todo inocente del crimen que se le imputaba, ó, por lo menos, no se le pudo probar el intento que se le atribuía de haber tomado parte en la conspiración de Pichegru y Jorge. A mayor abundamiento, había sido preso en el territorio de una nación extranjera y amiga, violando con su prisión de un modo escandaloso los principios fundamentales del Derecho internacional. Napoleón quería matar al Duque, no porque le considerase culpable, sino para intimidar á los Borbones y en general á sus adversarios políticos. Y ¿cómo había de hallar un tribunal regular que condenase á muerte al último Condé sin otra base que lo que él consideraba una necesidad de la política?

Napoleón tuvo la indiscreción de valerse para cometer este crimen
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de un consejo de guerra. Al castillo de Vincennes fueron una mañana el entonces coronel Savary, único que conocía las intenciones del Emperador, el general Hulin y seis coroneles que habían recibido orden de constituirse en consejo de guerra, y un destacamento encargado de ejecutar sentencia de muerte. Reunido el consejo, ni su presidente ni sus vocales sabían de qué iba á tratarse, ni aun que estuviera preso en la ciudadela el príncipe, al que suponían todos en Alemania. A pesar de que se habían escogido de intento los vocales entre los coroneles que parecían más á propósito para confundir la subordinación con el servilismo, cuando se hubieron enterado aquellos hombres, de cortas luces, pero no perversos, de lo que se pretendía de ellos, protestaron y no disimularon el sentimiento de horror que les causaba. Pero aquí de Savary, y de sus mañas. Hasta les llegó á decir que sólo se trataba de hacer resplandecer la clemencia del primer Cónsul, dándole motivo para indultar al príncipe, una vez condenado. Por supuesto, que el proceso que se les presentó, era todo un amaño. Cayeron en la trampa, y no bien hubieron pronunciado la sentencia, era ejecutado el Duque en el foso. ¡Felicitémonos de vivir en tiempos en que semejantes crímenes judiciales, si no imposibles del todo, son harto más difíciles de cometer que en la época napoleónica.

Napoleón, y esta es una de las singularidades de su especial psicología que en vano han tratado de descifrar los críticos, creía firmemente en lo que los antiguos llamaban crímenes de estado ó procesos políticos. El «es preciso que un hombre muera por el pueblo», con que los escribas y sacerdotes alborotaron el Pretorio de Pilatos en aquella tarde tristísima que fué el imperio de las tinieblas, tenía para Napoleón el valor de un axioma político. ¿Convenía que el Duque de Enghien muriese? Pues debía morir. Y así de este asesinato judicial no se arrepintió ni en Santa Elena, donde hubo de manifestarse arrepentido de tantas cosas.

Y aún hubo de aplicar el mismo criterio en otras muchas ocasiones. El príncipe Rodio fué juzgado por un consejo de guerra, y absuelto. El Emperador ordenó que el mismo consejo volviese á reunirse con el título de consejo de revisión, y bien aleccionados esta vez los jueces, condenaron al mismo reo que antes habían absuelto. Y hasta prescindió, cuando le convino, de la formalidad del consejo; tal fué el caso del general Latour-Toissac, acusado de haberse rendido en Mantua. «Era (dice Napoleón en su famoso memorial de Santa Elena) cien y mil veces culpable, y su absolución hubiera producido un efecto pésimo». Y sin duda,