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Como se ve, el retroceso es evidente. En el Ejército, sobre todo, desde que por Real decreto de 19 de Julio de 1875 fué anulada la jurisdicción ordinaria de Guerra, quedaron lo mismo los Oficiales que las clases é individuos de tropa sometidos por todos los delitos al procedimiento militar puro de la jurisdicción extraordinaria, y los últimos en condiciones más desventajosas con respecto á la ejecución de las sentencias, en vez de mejorarlas, como parecía lógico. La Marina, si bien varió el procedimiento, respetó lo establecido por sus Ordenanzas, en la Instrucción de 4 de Junio de 1872. De cómo ha quedado el asunto luego de publicado el Código de Justicia Militar de 1890, ya hemos dicho bastante, pues le es aplicable cuanto expusimos al referirnos á la ley de 1884.

Y no se crea que al hablar de este modo es porque nos guía un espíritu amoroso hacia el elemento letrado que toma participación en la administración de la justicia militar, ni porque consideremos que en absoluto se evitarán los errores en los fallos. Lo primero, no creamos que pueda sospecharlo nadie que conozca algo de lo que hemos escrito acerca de estas materias. Por lo que hace á lo segundo, aparte de que en la propia jurisdicción ordinaria todos los días los Tribunales superiores casan sentencias de los inferiores, lo que implica error de doctrina ó quebrantamiento de forma, la colección de disposiciones, tanto en la jurisdicción de Guerra como en la de Marina, ponen de manifiesto las equivocaciones padecidas por el elemento profesional, bastaría para quitarnos las ilusiones en aquel respecto (1).

(1) Véase, en prueba de ello, de qué modo han llenado algunos Auditores su cometido, y eso que no tomamos nota de todas las disposiciones que acerca del particular existen:

Ejército.

(a) Por Real orden de 13 de Noviembre de 1846, se apercibió al Auditor de Valencia porque al examinar un proceso no señaló las faltas de que adolecía.
(b) Real orden de 31 de Mayo de 1846: al de Sevilla, por haber llevado al Consejo de Guerra un proceso que era de la competencia del Juzgado de la Capitanía General.
(c) Real orden de 29 de Marzo de 1865: al de Granada, por un caso igual al anterior.
(d) Real orden de 11 de Diciembre de 1866: al de un distrito que no se menciona, porque en su dictamen omitió si la sumaria debía sobreseerse ó elevarse á plenario.
(e) Real orden de 18 de Abril de 1872: al de la Isla de Cuba, para que en lo suce-
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Pero de que no se llegue, en lo humano, á la perfección absoluta, no debe deducirse que se haya de renunciar á todo progreso. Los casos que citamos en la nota al párrafo anterior, demuestran lo que en último término se reconoce por indiscutible; esto es, que el error es patrimonio cuide que no se lleven al Consejo de Guerra procesos por faltas que deben corregirse gubernativamente, y para que no olvide que en la Ordenanza y disposiciones posteriores contienen la resolución legal á la duda que se le ocurre con motivo de la sentencia.

(f) Real orden de 14 de Octubre de 1872: al propio Auditor, severo apercibimiento porque, con su acostumbrada inercia y erróneo dictamen, aumentó la pena que correspondía al acusado y llevó al Consejo un proceso que carecía de la instrucción necesaria para someterlo al fallo del Tribunal.

(g) Real orden de 19 de Octubre de 1872: al propio Auditor, por su desacertado dictamen, con completo desprecio de las prácticas legales.

(h) Real orden de 28 de Diciembre de 1873: al Auditor interino de la Habana, como autor del conflicto que ocurrió en la tramitación de un proceso, que por ningún motivo se le vuelva á conferir cargo en la administración de justicia.

(i) Real orden de 21 de Marzo de 1874: al aprobar el fallo de un Consejo celebrado en Sevilla, se dice que, autorizada ya la elevación á plenario de los autos, el Fiscal nuevamente nombrado para continuarlos encuentra vacíos esenciales que era preciso llenar, y propuso, con notable acierto, la reposición al estado de sumario, que se acordó por el Capitán General, de acuerdo con el Auditor.

(j) Real orden de 21 de Marzo de 1874: al dictar resolución por un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla, se dice: «Considerando que todas estas irregularidades se hubiesen evitado si el expresado Auditor, al emitir dictamen al folio 85 vuelto, hubiese fijado la situación legal respectiva, así del Capitán N. N. como de los Tenientes N. y N., y hubiese propuesto y hecho consultar con el Consejo Supremo, si lo creía procedente, el sebresentimiento en cuanto al primero de éstos, ya sometido al procedimiento, y declarando si debía ó no aceptarse lo propuesto por el Fiscal en cuanto á que dichos Tenientes quedasen sujetos á lo que en su día pudiese determinar el Consejo de Guerra.»

(l) Real orden de 12 de Septiembre de 1874: que se advierta al Auditor de Barcelona que al emitir su dictamen debió limitarse á la calificación de la conducta del Fiscal, sin consultar al Capitán General determinado correctivo, toda vez que dicha autoridad carecía de jurisdicción por ser ejecutoria la sentencia.

Marina.

(m) Real orden de 4 de Mayo de 1856: fué objeto de la queja dada por el entonces Ministro y Contadores principales de contabilidad en la Habana, á cuyos
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nio de la humanidad. Prueban, además, que el elemento militar cuando yerra en estas materias del derecho positivo no posee la exclusiva, puesto que los profesionales ó técnicos también dieron ó dan sus golpes en la herradura.

dos funcionarios se les obligó, por dictamen del Auditor del Apostadero, que fué desaprobada por dicha orden, á que pasasen á la Fiscalía militar para ratificar certificaciones que habían dado como tales funcionarios á los que el Auditor consideró como testigos.
(n) Real orden de 29 de Agosto de 1859: se hace mérito para desvanecer un error de la duda propuesta por el Auditor de Cartagena de que sea en rigor juramento el que prestan los Oficiales al ofrecer decir verdad bajo su palabra de honor.
(o) Acordada del Almirantazgo de 20 de Setiembre de 1873: en la que se ve que por dudas que se le ocurrieron al Auditor del Departamento de Cádiz, hasta aquella fecha no resultaba que hubiera dado cumplimiento al Real decreto de 30 de Noviembre de 1872, cuando debió tenerlo pocos días después del 17 de Diciembre en que fué circulado, siendo así que, según evidencia el acuerdo, no existía razón alguna para demorar su ejecución.
(p) Orden del Poder Ejecutivo de la República de 27 de Marzo de 1874: aprobatorio del fallo de un Consejo de Guerra de Oficiales Generales, en la que se le hace al Auditor del Departamento de Cádiz la advertencia de que no se apuraron todos los medios para la aclaración de la conducta del acusado, pues debió averiguarle si pudo encontrar medios de salir de Cádiz—por no haber salido fué procesado—y si éste faltó á otras personas que intentaron dicha salida.
(q) Orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República de 28 de Diciembre de 1874: desaprobando que el Comandante General del Apostadero de Filipinas, después de haber mandado ejecutar una sentencia, la suspendiese, de acuerdo con lo que el Auditor le propuso, por errónea aplicación que hizo de la ley.
(r) Real orden de 27 de Noviembre de 1875: dictando reglas para la sustanciación y terminación de las causas que, empezadas antes del Real decreto de 30 de Noviembre de 1872, existan pendientes en la provincia de Cádiz, porque el Auditor del mismo no había dado cumplimiento al mencionado decreto.
(s) Real orden de 25 de Abril de 1876: aprobatoria de una sentencia en causa formada en el Apostadero de la Habana, en la cual el Auditor aconsejó se diese vista al Fiscal del escrito de defensa, para que expusiera cuanto estime por conveniente en contra del defensor, trámite extraño en los procedimientos militares.
(t) Real orden de 16 de Diciembre de 1876: al resolver una consulta sobre penalidad á los desertores, se dice: que si el Auditor de Cartagena se hubiese fijado más en la acordada del Tribunal del Almirantazgo de 20 de Abril de
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Mas esto mismo confirma la necesidad de modificar el sistema actual en el punto á que concretamente nos referimos, porque si el competente está expuesto á equivocarse como uno, el que no lo es, el lego, lo estará como diez. Y si hay medio de evitar nueve errores por lo menos, ¿no vale la pena el acometer la reforma que lo logre?

* * *

En lecciones explicadas allá por el año de 1893, en el Centro Militar, por uno de los más ilustres togados de nuestro Ejército, magistrado que goza de crédito muy merecido por su constante labor y el entusiasmo con que ejerce su noble profesión, entusiasmo que no abandona ni aun en los instantes de espaciamiento y solaz, el Sr. Donoso de la Campa, sostuvo con valentía que la jurisdicción va unida al mando y que sin esto no es posible la victoria (i).

Es más: afirmó que de otro modo no puede haber ejércitos en campaña preparados en tiempo de paz para la guerra. A su juicio «se hará la infelicidad de la nación si á impulso de un sentimiento indivi-

1870, circulada en 28, seguramente hubiese evitado la que hizo y motivó dicha Real orden.

(v) Real orden de 14 de Julio de 1877: de conformidad con lo informado por el Consejo de Estado, con vista de lo dispuesto en la Constitución, de la forma de Gobierno, de las leyes de Enjuiciamiento criminal y orden de 19 de Noviembre de 1873, se declara que fué improcedente la consulta del Auditor de Marina del Departamento de Cádiz, fundada en órdenes anuladas todas por la ley de Enjuiciamiento, el que el Director del Observatorio de Marina, en vez de concurrir al Juzgado, fuese á la Casa Consistorial para prestar la declaración que se le exigía.

(x) Real orden de 28 de Mayo de 1879: al aprobar la sentencia de un Consejo de Guerra celebrado en San Fernando, se llama la atención del mismo para que en lo sucesivo no omita expresar las irregularidades del procedimiento. Desde esta fecha acá no queremos citar ejemplos, huyendo de todo lo que pueda herir la más quisquillosa susceptibilidad.

(i) Caracteres esenciales y conceptos de la Justicia Militar.—Conferencia pronunciada en el Centro del Ejército y de la Armada el 17 de Abril de 1893 por el Excmo. Sr. D. Marciano Donoso de la Campa, Fiscal togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Madrid. Tip. de la «Biblioteca Económica de Ciencias Militares», 1893.
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LA JUSTICIA MILITAR DESDE 1890

II

La necesidad de reformar el Código de Justicia Militar de 1890, no exige demostración después de publicado el decreto de 15 de Noviembre de 1895.

Por otra parte, no ya entre los militares que se ocupan de estas cosas por razón del cargo ó por afición al estudio, sino hasta entre los mismos togados, no escasean los que revelan su convencimiento de que es indispensable acometer lo fundamental, prescindiendo casi en absoluto de lo que hoy rige. Hace falta un cuerpo de doctrina con tendencia más vigorosa; algo, en puridad, que recuerde aquellos principios en que se inspiró Hernán-Cortés al expedir en Taxcatele las Ordenanzas de 1520; que tuvo presente D. Juan de Austria al dictar sus órdenes generales, tanto al Ejército que acudilló en las Alpujarras, como á la gloriosa escuadra que llevó en Lepanto al triunfo; que no olvidó el gran Duque de Alba en sus bandos de Salesia y Portugal, ni el insigne Farnesio en las Ordenanzas de Bruselas, ni Londoño en su famoso Discurso para el Ejército de ocupación de los Países Bajos.

En 1888 (21 Diciembre) pudo decir con razón el Sr. Sagasta, Presidente del Consejo de Ministros, que, á su juicio, la legalidad entonces existente no amparaba «lo bastante la disciplina militar» ni impedía «hasta donde fuera necesario que puedan producirse antagonismos entre los diversos Institutos que constituyen la fuerza pública.» Y en 1895,—luego de variada esa legalidad á que se refería el jefe del partido liberal,—con razón también, declaraba en la Gaceta el jefe del parti-
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que el delincuente sea militar? ¿No es de temer, exagerando el concepto por el lado de la atracción al fuero especial y hacia el procedimiento castrense que gane de día en día prosálitos esa escuela radicalísima, desconocedora en su tendencia filosófica, de que el Ejército es una institución demasiado importante y tiene una vida tan especial que no puede menos de contar también con una legislación propia, como lo prueba, entre otros ejemplos, el que la misma Revolución francesa con el famoso decreto del 13 de Brumario del año V destruyera cuanto había erróneamente establecido en la extravagada orientación que aquella escuela hoy sostiene?

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Y que estos no son temores pueriles ni aventuradas suposiciones se demuestra fácilmente con hechos. Ya en 1867 observó un escritor insigne que desde hacía años «se había escogido un campo, al parecer neutral, donde, bajo el nombre pacífico de unidad de fuero, se agitan gravísimas cuestiones y se preparan rudas peleas.» Medítese acerca de lo que significa el decreto ley, por nadie derogado, de 6 de Diciembre de 1868 y de algunos extremos contenidos en las Bases de 1882. ¡Qué más! En la discusión mantenida en el Senado con motivo del Código de Justicia Militar vigente, ¿no llegó á decir, sin grandes ni pequeños eufemismos el Sr. Hernández Iglesias, tan templado en sus opiniones, tan amante del Ejército y tan conservador como es, que con respecto á la legislación única sostenía con lealtad que «no estamos en nuestro país para implantar en el derecho constituido esta tan simpática doctrina»? Cuando se dicen estas cosas por hombres reflexivos y habituados al manejo de las leyes, ¿qué no pensarán los precipitados é inexpertos? Pues lo menos que puede pedirse al fuero especial es que no excite, sin necesidad ni utilidad probadas, las pasiones.

No hace mucho publicaba en un periódico de gran circulación (1) el Sr. Ruiz Jiménez, Diputado por Madrid y Abogado de gran prestigio, con el epígrafe de El Código de Justicia Militar, notabilísimo trabajo queriendo demostrar que aquél se ha abrogado para su fuero los demás y ha derogado la Constitución y las demás leyes del fuero común.

(1) El Liberal de 25 Agosto de 1899.
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A ese trabajo, que no hemos de analizar ni comentar, por ser ahora otro nuestro objeto, hizo coro «Un abogado», que en el mismo periódico, cuatro días después, dirigiéndose al Sr. Ruiz Jiménez, escribía sustanciosamente lo siguiente:

«Tiene usted razón: La obra iniciada con la ley de bases de 1882 fué más liberal, menos absorbente, más en consonancia con lo que hoy se piensa en el mundo civilizado; en ella tomó parte un ilustre magistrado civil, D. Hilario Higón.

»La reforma de 1890 (vigente Código de Justicia Militar) es más retrógrada, más absorbente, menos liberal; la hicieron sólo elementos militares; no hubo ningún hombre civil que interviniera.

»La legislación del 82 se discutió en las Cortes; la del 90 duró media hora ó poco más en el Congreso, y los militares barrieron para dentro, como suele decirse vulgarmente.»

«Ya que es usted aficionado á esta clase de estudios, tómese la molestia de comparar el Código de Justicia Militar con el Código Penal y las leyes de enjuiciar y de atribuciones de la Marina, y verá cuán grande es la diferencia y cuán gran respeto se profesó por la Marina á la jurisdicción única ó principal, á la ordinaria: en éstas leyes colaboraron D. Emilio Bravo, D. Luis Silvela y D. Augusto Comas.

»Buena prueba de lo antes expuesto son las alabanzas del Sr. Azcárate, y que parte de lo que hoy es ley, por iniciativa de tan docto y demócrata catedrático, estaba ya en la legislación de Marina, en la que no existe competencia administrativa ni se restringe la asistencia de los abogados defensores ante los Consejos de Guerra, á los que siempre ha de asistir asesor letrado; legislación donde se admite la acción privada en ciertos casos y donde se ha establecido el recurso de revisión cual ni aun en las leyes comunes está establecido.

»Esas leyes fueron promulgadas por ministerios liberales; las del Ejército por Cánovas, como usted ha dicho. En las de Marina el elemento civil de valía tuvo representación; en la vigente del Ejército no hubo más que militares.

»¡Si viera usted cómo aborrecen ciertos elementos del Ejército las liberales leyes de Marina! Por eso consiguieron de Cánovas la Comisión codificadora con exclusión de todo elemento civil; nada de eminentes catedráticos de la Universidad; nada de magistrados, sabios y prácticos, del ele-
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mento civil. Estos son elementos perturbadores y no entienden de hacer leyes como lo entienden los Generales y Coroneles (dicho sea con todo respeto á la clase), auxiliados por una minoría de abogados del Ejército y de la Marina.»

¿Parecerá ahora exagerado que pidamos no haya exageraciones?

FEDERICO DE MADARIAGA.
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ESTUDIO

sobre el frente estratégico hispano-portugués.

Entrando en otro orden de consideraciones, si Inglaterra, como parece desprenderse de su actitud respecto de España en estos últimos tiempos (mejor aún desde hace siglos, pues hasta el apoyo que nos prestó cuando la guerra de Independencia fué capitalmente en interés de Portugal y en el propio suyo), tiene para nosotros miras hostiles y propósitos de avasallamiento, contando cual cuenta por secular aliado á Portugal, y abriéndose desde éste, mejor que no de Gibraltar, más numerosas, directas y cortas zonas de comunicación al corazón de nuestra Patria, de presumir es que, llegado el caso de pretender agredirnos, sin dejar acaso de hacer algo á partir de aquel punto, para distraer atención y fuerzas, y también tal vez por las rías gallegas, la acción principal y preponderante la desarrollase desde la frontera portuguesa en su porción central, por más abonada al objeto.

En algún pasado tiempo, y bien como mira propia de Portugal, ó como idea sugerida por Inglaterra, háse manifestado entre nuestros vecinos el deseo de ensanchar los límites de su territorio, hasta englobar en él el antiguo reino do Galicia; y nada de extraño fuera, atendida nuestra presente situación, que tal propósito germinase de nuevo, no ya como aspiración platónica, sino como asunto á perseguir y realizar. El General Arroquia va más allá todavía, pues teme posible el acuerdo de Inglaterra y Portugal para prolongar en el Norte la frontera de este último por el Esla hasta las Peñas de Europa, en Asturias, y la costa, es decir, de modo á despojarnos de
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todo Galicia, todo Asturias, la mayor porción de León y buena parte de Zamora.

Tampoco se ignora que Inglaterra siente codicias y apetitos por algunas de nuestras hermosas rías gallegas y parte de la región costanera andaluza, sobre todo alrededor de Gibraltar y Cádiz, y reiteradas veces el sentimiento patrio español se ha alarmado ante hechos que, aunque aislados y al parecer sin gravedad suma, ponían en relieve esas mal veladas avideces británicas.

No resulta, pues, absurdo ni visionario el temor de un posible, sino probable, acuerdo de ingleses y portugueses para, aprovechando ocasiones, oportunidades ó circunstancias que pudieran ofrecerse, y hasta ser arteramente fomentadas, obrar en son de guerra contra España, no precisamente para hacer su total conquista y establecer aquí un dominio extraño, cual hicieran en las lejanías de los siglos romanos, godos y árabes y más cercana-mente pretendiera Napoleón, pero si para cercenar nuestra territorial integridad nacional en ventaja y provecho de aquellos dos países.

Y aunque, en semejante eventualidad, es seguro que sucedería algo muy parecido á lo ocurrido de 1808 á 1814, bien que invirtiendo los térmi-nos, esto es, que, cual entonces Inglaterra contra Francia, fuese ahora Francia quien viniese en nuestro apoyo contra Inglaterra, á menos que, solicitada hacia sus fronteras del Noreste y Este, tuviera que atender á su propia seguridad, al cabo siempre resulta que debemos preocuparnos de la frontera portuguesa, por lo que pueda sobrevenir, estudiarla militarmente y estar preparados á obrar en ella, solos ó apoyados y ya defensiva ó bien ofensivamente.

A ello responde este trabajo que emprendo, y que conceptúo de interés para mis compañeros de armas.

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Discurriendo Marselli acerca de la Geografía militar, la determina liga-da á la Historia militar como lo están entre sí el alma y el cuerpo, el actor y el escenario, el tiempo y el espacio; y en verdad que tiene razón.

El conocimiento de los hechos y acontecimientos histórico-militares, el estudio de las campañas y batallas que la Historia registra, se enlaza, naturalmente, con el estudio y el conocimiento del terreno en que tuvieron su desarrollo, de manera á completarse mutuamente, pues no se evoca ni trae á la memoria un acaecimiento de aquel carácter, sin que á la par y por ló-gica concatenación de ideas sean evocados y recordados los territorios y lu-
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gures en que tuvo su desenvolvimiento. Y esta influencia es reciproca, porque á su vez en la inteligencia y en la memoria se graban mejor los datos y conocimientos geográficos, si á ellos se suman recuerdos históricos.

De ahí que la Geografía militar, si tiene su natural base en la Geografía física, se determine también en buena parte mediante el conocimiento de la Historia militar, pues de las enseñanzas y datos que éste ofrece á través de los siglos se deducen, por gran manera, las condiciones estratégicas, logísticas y aun tácticas de los diversos territorios.

La tierra, á la vez de elemento esencial á la vida, á la actividad productora y á las relaciones de los hombres, que de ella obtienen lo necesario á su subsistencia y á través de ella establecen sus vías de tráfico, comercio y comunicación y cambian sus productos, ideas y sentimientos, es desde ab initio el teatro de sus luchas. Siendo la guerra una relación entre hombres, bien que violenta y brutal y perturbadora, se desarrolla naturalmente allí donde la población humana más se acumula, donde mayores recursos de vida ofrece el terreno, y sigue también naturalmente aquellas zonas y vías que en la paz mejor sirven para relacionar y enlazar y comunicar mercantil e intelectualmente entre sí los diversos pueblos. No es, pues, sorprendente que ya Gustavo Adolfo dijera en sus Sentencias y proposiciones: «Observo que las regiones se conquistan en virtud del mismo principio que se poblaron en su origen; el método de hacer la guerra permanece idéntico al observado por la Naturaleza».

En tal concepto, indudablemente aparece que, estudiando la Historia militar, puede venirse en positivo y lógico conocimiento de cuáles son, en un territorio ó país cualquiera, aquellos espacios, zonas, caminos, posiciones y puntos de mayor valor geográfico-militar, aun sin estudiarlos precisamente bajo ese aspecto; en suma, que las enseñanzas y datos y noticias que la Historia militar ofrece pueden constituir, y de cierto constituyen, valiosísimos precedentes y elementos para llegar al conocimiento estratégico, logístico y aun táctico de una comarca.

He creído, por lo mismo, antes de proceder al estudio eminentemente geográfico-militar del frente estratégico hispano-portugués, hacer una rápida excursión por la historia de las operaciones de guerra verificadas en dicho frente, pues ello ha de suministrarnos interesantes datos y antecedentes para las consideraciones y los juicios que posteriormente hayamos de emitir, al entrar resueltamente en aquel estudio; sobre que, además, puede muy bien servir para ir desarrollando y cimentando las ideas acerca del valor militar del territorio, facilitando, por ende, el pleno y concienzudo conocimiento de ésta en relación con posibles operaciones y hechos de guerra en lo porvenir.