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Con que si las faltas que de los referidos cargos resultan, deben reputarse por causas de la pérdida de la plaza y abandono de la Isla al enemigo, se seguirá que ellas tuvo la culpa D. Juan de Prado, y por consiguiente, que se halla en el caso de las leyes 1.ª y 6.ª citadas.

Ya deja el fiscal expresadas en este escrito las razones por las cuales no puede proceder en él sino por la verdad y buena fe que requiere su oficio, y así debe ceñir su parecer al espíritu de la ley, con atención á lo que resulte del proceso, exponiendo lo que sientre según su conocimiento, y por la misma regla han de tener presente en su voto los Jueces conforme lo describe el art. 24, fol. 271 de la 1.ª parte de la Ordenanza de Marina al que es alusivo al precedente 23.

Seguida pues esta regla en la que parece se unen la equidad y la justicia, es preciso recordar las circunstancias en que D. Juan de Prado fué provisto en su gobierno y se halló en la Habana, porque combinadas con la decisión de las leyes y sin perder de vista la diferencia de los tiempos, se infiera si le son ó no en todo adaptables las penas que establecen.

Por lo que consta del proceso, no es dudable que aquella plaza se hallaba desprevenida y totalmente indefensa por la parte de tierra cuando este Gobernador llegó á ella; y por lo mismo se ve que su estado mereció al Rey la mayor atención y todo su cuidado al Ministerio, como lo demuestran los auxilios de tropa y Armada que se enviaron. También es cierto que reconocida por D. Juan de Prado y los ingenieros, representó sucesivamente á la Corte, pidiendo útiles para las obras especiales, artillería, municiones y posteriormente más tropas, sin que hubiese mediado bastante tiempo hasta la invasión enemiga para que fuese de España todo lo que dijo necesitar después de la declaración de guerra, y con la ocasión misma, que con infundada confianza dió esperanzas y seguridades que no debió tener, atendidas las cortas prevenciones que había hecho.

Es de advertir igualmente que á consecuencia de preferir la ley 1.º, tít. 28, partida 2.ª que va citado el modo de dar los castillos, y la obligación de sus alcaldes en guardarlos dispone la 2.ª forma antigua de entregarlos y recibirlas, que era por un portero del Rey, y ante testigos, en cuya presencia, según la ley y su glosa, se daba el que lo recibía por contento del estado de defensa en que se le entregaba el suyo: y así quedaba enteramente responsable, si por su culpa se
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perdía, y aunque no puede decirse que á D. Juan de Prado se le entregó su plaza ni con semejante formalidad que ya no está en uso, ni con todas aquellas prevenciones que la asegurasen de su entera resistencia en el caso de ser invadida, tampoco es dudable que la Corte con repetidas órdenes le franqueó cuantas facultades y arbitrios pudo desear para ponerla en una regular disposición, sino con otras formales, que á la verdad no hubo tiempo de ejecutar, con provisionales que debieron y pudieron hacerse después de la declaración de guerra: sobre cuya negligencia ó descuido parecieron aplicables las leyes 14, 15 y 16 del citado tít. 18 que quedan ya expuestas; y si por motivo de la indefensión en que se le entregó la plaza, se recurre á la distinción que hace la ley 4.a del mismo título en cuanto exceptúa de responsabilidad y pena al alcaide que recibe castillo mal labrado, siempre queda este Gobernador en bastante descubierto para las seguridades con que lisonjeó al Ministerio en sus cartas reservadas de 8 de Julio de 1761 y 20 de Mayo de 1762; sin que, no obstante que al propio tiempo de esta última pedía nuevos socorros, que por las circunstancias en que se halló la escuadra durante el sitio, lo tuvo mayores con la tropa, tripulaciones, artillería, armas, municiones y pertrechos de ella.

En suma, de estos antecedentes se deduce, por consecuencia, que las culpas resultantes de ellos contra D. Juan de Prado son tres: la primera de inobediencia ó más propiamente de omisión, á cumplir el precepto del Soberano; la segunda de engaño ó lisonja á la Majestad, y la tercera de negligencia ó descuido en hacer las obras precisas á la defensa de la plaza, que fué la causa primitiva de su pérdida.

Para la inobediencia, prescriben la pena que la corresponde, las leyes 11 y 16 del tít. 13, partida 2.a. Dice la 11: «Otrosí: los que non le quisieren ser obedientes para guardar sus posturas é sus mandamientos, deuen auer tal pena segund fuere aquella cosa en quel desobedeciesen». Y la 16: «E los que fiziessen sabiendas contra esto, por el atreuimiento, deuen auer pena segund fuere el fecho; e por la desobediencia, si fueren omes honrrados deuen perder lo que del Rey touieren, e ser echados del Reyno. E si el Rey menoscabare alguna cosa de lo suyo, por tal razon como esta deue ser entregado en los bienes dellos, fasta que cobre dellos el daño que recibió. E si embar- go de advertir sobre este punto, que como de todo el proceso no pue- de, en dictamen del fiscal, deducir prueba completa y convincente, que
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el Gobernador dilatase antes de la declaración de guerra las obras formales encargadas por el Rey y prevenidas en sus Reales órdenes, ni tampoco las provisionales posteriormente con ánimo de desobedecer, ni con fin particular, no se les debe, por consiguiente, argüir de maldicia, ó dolo para graduar la culpa, y adaptar á ella con todo rigor la pena establecida por las segundas leyes citadas, que suponen el delito calificado con estas circunstancias, porque la falta de D. Juan de Prado fué verdaderamente de mera negligencia y de confianza (aunque mal fundada y siempre culpable por las fatales consecuencias) de que en una y otra época tendría tiempo suficiente para desempeñar sus obligaciones, y en la creencia también más disculpable, de que la estación no permitiría á los enemigos su empresa, ni les sería posible cuando lo intentaran, desembarcar, como lo hicieron en las costas colaterales de la Habana, por la común opinión que se tenía, según él y otros exponen, de ser inaccesibles á una armada para semejante operación, á menos que no fuese á mucha distancia de la plaza, en cuyos términos á proporción que crecerían las dificultades en los enemigos, facilitaría los medios á resistirles la distancia por los desfiladeros y tránsitos para llegar á las cercanías de la plaza.

Sobre el engaño ó lisonja á la Majestad, por las seguridades que dió el Gobernador en sus cartas reservadas al Ministerio, pueden adaptársele las leyes 5.ª, tít. 13, partida 2.ª; y la 2.ª, tít. 7, partida 7.ª, dice aquélla: «E poren de el Pueblo á semejante desto, dixerón los Sabios deuen siempre dezir palabras verdaderas al Rey, e guardarse de mentirle llanamente o dezir lisonja que es mentira compuesta á sabiendas. Y esta, otrosí: que aquel que dize a sabiendas mentira al Rey faze falsedad». Y como ellas concuerdan más propiamente para este caso la ley 7.ª del citado tít. 13, partida 2.ª; porque tratando de cómo los vasallos deben servir al Rey y aconsejarle, se explica así: «Onde los que a sabiendas le aconsejasen mal fazendole entender vna cosa por otra: así como lo que fuesse ligero de acabar encaresciendolo, porque ouviese ya meter grand costa e grand mision e lo que fuesse graue, poniéndogelo por ligero, farían grand yerro. Ca si fuesse ome honrrado el que lo fizisse deue ser echado de la tierra e perder lo que ha.»

Ello es cierto según queda ya anotado en el 2.º cargo que esta inconsiderada seguridad que dió á la Corte D. Juan de Prado, pudo ser de fatales consecuencias atendidas las circunstancias en que llegó
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su carta de 20 de Mayo de 1762 y que no puede servirle de disculpa, que la dirigiese confidencial al ministerio, porque para el efecto era lo mismo, y nunca debió presumir que se reservase á la soberana comprensión del Rey. Pero también es cierto que en la misma acción pidió nuevos socorros de tropa, artillería y municiones, y que por la verdad no se descubren otros motivos, ni causas de aquella facilidad que los de una ligera é infundada confianza que tuvo sobre la opinión ya exenta de que los enemigos no harían en aquel tiempo la expedición, y que nunca les sería posible desembarcar en las inmediaciones de la Habana, por lo que cree el fiscal que tampoco en este punto se puede adaptar rigurosamente la ley citada, faltando en la culpa la malicia y premeditación que la caracterizan.

Y en cuanto á la negligencia y descuido en hacer las obras precisas á la defensa de la plaza, como que de esta omisión dependió originalmente su pérdida, puede regularse que D. Juan de Prado se halla en el caso que prefine la ley 1.ª ya citada del tít. 18, partida 2.ª, y las demás del propio título que tratan de los alcaldes que pierden por su culpa los castillos ó fortalezas que tienen por el Rey, y establecen las penas que les corresponden, extendiéndolas hasta la capital.

Pero como por una parte se debe confesar que el Gobernador no tuvo todos los operarios que necesitaba para ejecutar las obras, ni en tiempo todos los útiles precisos á ellas, no habiéndole llegado hasta Abril de 1762 los pedidos á España, y que por otra le hubiera sido preciso para suplir la falta de trabajadores negros y forzados que solicitó á las colonias y pidió á México, echar mano de los esclavos de particulares con el inconveniente de interrumpir sus cosechas y el cultivo de tabaco, cuyo ramo le estaba particularmente recomendado, y de causar á la Real Hacienda un considerabilísimo dispendio en el costo de jornales, parece al fiscal que reflexionadas estas circunstancias y la de no haber estado al arbitrio y solo cargo de D. Juan de Prado, entregarse desde luego de su plaza, provista con toda la tropa, armas, municiones y demás necesarios á su defensa, como se verificaba antiguamente en los alcaldes de castillos, y la de no probarse en la causa, dolo ó malicia sobre la retardación de las obras, ni conclusión ó cobardía en la defensa, que con los constitutivos de la culpa en el grado que las leyes la suponen para la rigurosa imposición de las penas que prefinen: se debe recurrir á otras más adaptables al caso presente siguiendo en
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esto la común inteligencia que dan á las mismas leyes sus mejores expositores.

Distinguen éstos con el espíritu de las mismas leyes, entre la culpa grave ó dolorosa, leve y levísima; y equiparando los alcaides de castillos á los de la cárcel que tienen en custodia los reos, como es de ver en la glosa 19 de Gregorio López á la citada ley 1.ª, del tít. 18, partida 2.ª, sientan: que les comprende la disposición de la ley 12, tít. 29, partida 7.ª, en el segundo caso que propone verificándose como aquí, no haber prueba de engaño, dolo, malicia ó connivencia, dice así la ley: «La segunda es cuando huyen los presos por negligencia de los »guardadores, en que no hay mezclado engaño ninguno. Esto sería si »los guardasen á buena fe, mas con no tan gran acucia como deben, y »en tal caso como éste, deben ser tullidos del oficio los guardadores.» Por cuya consecuencia, y la de quedar fundado en los respectivos cargos que la principal causa de haber perdido D. Juan de Prado su plaza, fué el descuido, omisión ó negligencia que tuvo en repararla con obras provisionales por la parte de tierra y poner con las mismas en estado de defensa la Cabaña, declarada ya la guerra: le es, en dictámen del fiscal, adaptable la última ley citada de la 7.ª partida; pues el hecho de la rendición debe regularse como secuela precisa del mal estado y desprevención en que hallaron los enemigos aquella plaza, y también de lo que dejó de hacerse durante el sitio; de forma, que perdido el Morro, y no habiendo seguridad ni esperanza probable de competente socorro, se hizo necesaria, con diferencia de horas, la capitulación y entrega.

En el segundo punto del abandono de la Isla, de que era Capitán General D. Juan de Prado, y por consecuencia directamente obligado á su conservación: le parece al fiscal que puede graduarse su responsabilidad por lo que previene la ley 1.ª, tít. 17, y la 25, tít. 21 de la 2.ª partida, porque explicando la 1.ª cómo deben los vasallos sin otro carácter guardar las posesiones del Rey y al reino, dice así: «Mas si »fuere rayz lo que encobriese o enajenase alguno, tomándolo para sí o »para otri sin mandado del Rey, e consintiesse que lo tomasse alguno, »podiendolo vedar; si fuesse el que lo fiziesse de los omes más honrrados, deue perder la honor que touiere del Rey». Y tratando la 2.ª de lo que no deben hacer los caballeros, expresa: «E las otras razones, »porque han de perder honrra de Cauellería ante que los maten: quan-
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»do los Caualleros fuyen de la batalla o desamparassen a su Señor, o »Castillo o algun otro lugar que touiessen por su mandado».

Pide no obstante la buena fe del oficial fiscal, que reconozca no haber D. Juan de Prado procedido en este punto de la evacuación total ó parcial de la plaza, para resguardar la Isla, sino por yerro de entendimiento creyendo que semejante partida produciría los inconvenientes que expone en su defensa, y por lo mismo como no se verifica dolo ni indolencia premeditada, es consiguiente que se minore el rigor de las penas que imponen las dos leyes citadas, proporcionándoles según las circunstancias que produce el hecho en este particular.

Ultimamente resulta contra el Gobernador el considerable descubierto de la entrega de caudales pertenecientes al Rey y al comercio que mantuvo en la ciudad, habiendo podido salvarlos en tiempo, y este es el tercer punto en que se le ha considerado con responsabilidad directa, y al que verdaderamente no satisface en modo alguno, según queda fundado en el octavo cargo. Por él le regula el fiscal en obligación de indemnizar aquella pérdida, y sujeto á las penas que establecen varias leyes del Reino.

La novena del tít. 13, part. 2.", tratando de que los vasallos deben evitar á su Señor todo daño y perjuicio, dispone contra los que lo hacen: «E por el daño, si fueren honrrados deuenlo pechar doblado». La 16 del mismo título dice: «E si el Rey menoscabare alguna cosa de »lo suyo, por tal razon como esta deue ser entregado en los bienes »dellos fasta que cobre dellos el daño que rescibió». Y la 1." del título 17 de la misma partida, hablando del que constante tomar lo que es del Rey, pudiendo evitarlo, añade la pérdida del oficio, y la pecuniaria en estas palabras: «E demas hanle de tomar de la su heredad tanto »como aquello que encubrió o enagenó o el consintió a otro que lo »tomasse; e si non ouiere de que lo pechar, deuenlo echar del Reyno, »por quanto el Rey touiesse por bien».

Puede ser también alusiva ó adaptable á este caso, la ley 36, título 15, lib. 5." de la Recopilación de Indias, en cuanto dispone: que los corregidores que fueren alcanzados en alguna cantidad de Real Hacienda ó de particulares, sean condenados á perpetua privación de oficio y desterrados por seis años.

Y por lo respectivo á los caudales pertenecientes al comercio, de que se entregaron los enemigos, aunque siempre tienen los dueños ex-
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peditas las acciones contra los maestres y demás que resultasen culpados en su pérdida, cree el fiscal por lo que deja dicho en la exposición á este cargo, que la obligación del Gobernador era igual á la que impone la Ordenanza de Marina en el art. 27, fol. 325, parte 1.ª á los Comandantes de escuadra ó convoyes de embarcaciones particulares que navegan en su conserva en la parte que previenen; y si fuese su conducta culpable, se le impondrá pena de suspensión de empleo y aun podrá extenderse hasta la de muerte si el desamparo procediere de notoria malicia.

Esta no la puede presumir el fiscal en D. Juan de Prado, pues no hay pruebas en él proceso que la induzcan. Y sólo sí se infiere de él, que en este punto se manejó con ignorancia y con manifiesta indolen- cia por ser de las primeras y más sabidas obligaciones de un General la de poner en salvo los caudales.

En consideración á todo lo expuesto, y combinando las leyes que van citadas con los artículos del tít. 5.º, trat. 5.º de la Ordenanza de Marina, que son comparativamente adaptables á los puntos principales en que en esta causa resulta culpado el Mariscal de Campo D. Juan de Prado, teniendo para esto presente lo mandado por S. M. en su último decreto, y atendidas todas las circunstancias que se deducen á los méritos completos del proceso con vista de las defensas, concluye el fiscal por el Rey, á que el referido Mariscal de Campo D. Juan de Prado sea condenado por la junta á privación de su empleo, á indemnizar á Su Majestad la pérdida de caudales que se entregaron á los ingleses y á destirro al arbitrio del Rey, arreglado á lo que previenen las leyes 5, 6, 9 y 16 del título 13, partida 2.ª y 36, tít. 15, libro 5.º de la Recopilación de Indias, y todas quedan arriba compendiadas.

Sin que la complicidad que pueda conceptuarse en los demás Ministros que componían la junta de Real Hacienda, que según consta del proceso había establecida en la Habana, disminuya la obligación del Gobernador que la presidia: debe el fiscal recordar á la rectitud de VV. EE., que si regulasen responsables á los otros individuos de aquella Junta, se dignen representarlo á S. M. para la justa indemnidad de su Real Erario.
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propias de la ocasión presente, acerca de lo que significaba en lo antiguo esta palabra, no haciendo reparo en los siglos XVI y XVII, en los que fué perdiendo la generalidad de su concepto, y concretándonos á la acepción moderna que la disciplina tiene en los ejércitos, nadie ignora que, según el Diccionario de la Academia, puede definírsela como el buen régimen y subordinación de la tropa.

Por diversas, variadas y hasta caprichosas que sean las definiciones que se han dado de la disciplina por tratadistas nacionales y extranjeros, antiguos y modernos, todas convienen en un punto. En que la subordinación es parte de la disciplina; en que sin subordinación no puede existir la disciplina.

«La subordinación—dice Vallecillo, el eminente comentarista de nuestras Ordenanzas—es parte de un todo que se llama disciplina, pero parte tan esencial que sin ella las otras no puedan conjuntamente existir. Por tal razón, para disciplinar las tropas es necesario principiar por establecer la subordinación como causa de la obediencia; y dicho se está con esto que sólo á fuerza de repetidos actos de subordinación es como se puede conseguir poco á poco la obediencia y con ella la instrucción, el aseo, el valor, la temperancia, el sufrimiento, la constancia, el espíritu militar, la resignación y todas las partes componentes del gran todo llamado disciplina con toda la exactitud, espontaneidad, precisión, tino, discrección, acierto y abnegación que la milicia requiere. Y aunque la subordinación—añade—es posible sin la disciplina, porque toda tropa que principia carece necesariamente de ésta hasta que la va, por medio de aquélla, gradualmente adquiriendo, no puede darse de modo alguno lo contrario por ser la disciplina una continuada serie de actos de subordinación.»

Hemos subrayado de intento estas últimas palabras del gran comentarista, porque ellas nos colocan dentro de la cuestión que debatimos.

Cuando se lastima la disciplina en el Parlamento por el hecho de censurar ó interpelar un diputado militar al Ministro de la Guerra, ¿qué parte de la disciplina es la que resulta lesionada? No puede ser otra, tratándose de superior é inferior, motivándolo palabras de éste, y por la circunstancia misma de dirigirlas el último al primero, no puede ser otra, decímos, que la subordinación. ¿No es esto?

Pues bien; en los actos que afectan á la subordinación, las Orde-
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EXTRANJERO

FRANCIA

Conocida en Francia la reforma introducida en la artillería alemana al adoptar los cañones de tiro rápido, con los que se consiguen hacer 10 ó 12 disparos por minuto, ha empezado la fabricación francesa de cañones de igual sistema y condiciones. Las nuevas piezas son parecidas al último modelo del cañón Nordenfeld, hallándose ya terminadas ochocientas con sus proyectiles correspondientes, y siendo de esperar que la totalidad de las necesarias estará concluída para fin de año.

La batería, en cuya composición entran seis de dichas piezas, triplica la eficacia de la actual.

Esta modificación lleva consigo una nueva colocación del carro de municiones y el aumento consiguiente del ganado de arrastre. (Army and Navy Journal, 26 de Febrero.)

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El Ministro de la Guerra ha dispuesto la ampliación del programa de literatura militar en la escuela de Saint-Cyr.

Con este objeto, los alumnos asistirán á las conferencias que de dicha asignatura explicarán los profesores de la academia francesa,
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siendo obligatoria la lectura de obras de historia militar. (Militär Wochentblatt, 26 de Febrero.)

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A fin de que concurra el mayor número posible de Oficiales de Estado Mayor á las maniobras que han de efectuarse el próximo otoño, el Ministro de la Guerra ha dispuesto se le remitan listas nominales, donde figuren los que reúnan condiciones más favorables para tomar parte en ellas.

Los elegidos resolverán prácticamente los problemas que les sean señalados, y por este medio se logrará mejorar su instrucción teórico-práctica en el arte de la guerra. (Militär Wochentblatt, 2 de Marzo.)

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Según el corresponsal del Standard en París, el retraso sufrido en la terminación de los trabajos ejecutados por la comisión de límites en las posesiones francesas e inglesas del África Occidental, tiene por causa el haber rehusado Francia reconocer el protectorado inglés sobre la región que se extiende entre Say y la orilla derecha del Níger.

El corresponsal referido tiene sus razones para creer que, si Inglaterra consintiese en la ocupación permanente de Doussa y de Vikki por el Ejército francés, las principales dificultades de las negociaciones quedarían allanadas, y la comisión podría dar por terminados sus trabajos. (La France militaire, 3 de Marzo.)

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El ferrocarril que actualmente se construye en Brest, partiendo de la puerta de Tourville, terminará á la inmediación de los talleres de construcciones mecánicas para embarcaciones de hierro.

Hace tiempo se halla tendida la vía, no faltando para empezar su explotación sino que la administración encuentre material de tracción suficiente. Se tiene el pensamiento, para más adelante, de combinar esta línea con la del Oeste, habiéndose terminado el oportuno proyecto, que sólo está pendiente de aprobación. (Militär Zeitung, 5 de Marzo.)