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Revista técnica de infantería y caballería (1898-01-15 00:00:00), página 15

MONTEPÍO MILITAR
RESEÑA HISTÓRICA
(CONTINUACIÓN.)

III

La experiencia de lo ocurrido con el Reglamento de 1761 inspiró el de 1796.

Dejáronse rebajadas las pensiones á las tres cuartas partes de las que ya se consideraban escasas en 1761; pero se conservó el derecho á pensión á las familias de todos los Oficiales que con grado de Capitán se hubiesen casado con licencia Real ó de los Virreyes de Indias, dispensándoles además de presentar capital y dote.

Esta mayor facilidad aumentó la progresión en los casamientos de militares, á punto, que en los treinta primeros años del Montepío militar general se celebraron 130 casamientos por año; en el quinquenio de 1791 al 95 á razón de 211, y desde que en 1796 se dió mayor amplitud por el nuevo Reglamento, 337 anuales.

El número ya muy considerable de viudas y familias desamparadas, no obstó para que el Montepío militar, restaurado sobre la base de nuevo Reglamento aprobado por Real orden de 1.º de Enero de 1796, cumpliese exactamente todos sus compromisos y obligaciones.

El Estado, pues, no se ocupaba de estas familias, que eran socorridas liberalmente con el acervo social reunido por la economía y abne-
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gación de los militares vivos, en obsequio de la memoria, del buen recuerdo que conservaban de sus compañeros muertos y en justa compensación del sacrificio que por sus propias familias se impondrían los que les sobreviviesen.

Establecido, pues, en 1796 el Montepío militar bajo las bien meditadas bases de su nuevo Reglamento, la Junta de gobierno por que se venía rigiendo desde 1761 dió tan buen giro á sus fondos y los administró tan perfectamente, que las pensionistas militares no tuvieron queja alguna que producir ni el menor quebranto en sus intereses; y eso que por efecto de las difíciles circunstancias del momento hubo más de una ocasión en que se retiraron fondos del Monte para dedicarlos á urgencias del Estado, ajenas á su institución.

En 1794, por ejemplo, sabedor el rey de que de los fondos del Montepío militar existían más de dos millones en dinero, dispuso que con la mayor reserva se trasladase el efectivo metálico á la Tesorería general, á fin de atender con esta cantidad al «inesperado y considerable dispendio que ocasionaban las ocurrencias de Guipuzcoa y Navarra» con motivo de la revolución francesa y la guerra de ella originada.

A cambio de este metálico sonante se entregó al Montepío militar cantidad equivalente de vales, autorizando para descontarlos, á fin de atender con su importe á las necesidades del Montepío militar.

No fué poca parte á inhabilitar el primitivo Reglamento y sus mayores pensiones, el grave perjuicio sufrido con distracciones de fondos, tan inesperadas como inconvenientes para el Montepío militar; pero no contentos los militares con ofrecer sus personas y vidas en las luchas que nuestro país sostenía, se prestaron de buen grado á hacer un sacrificio más de su propio peculio, y cedieron así los fondos recaudados para sostenimiento de sus viudas ó hijos, como también una parte de sus futuros derechos.

No les bastó, sin embargo, este doble sacrificio, para ver asegurada la subsistencia en el porvenir de los objetos predilectos de su cariño; pues aquella misma esposa, fiel administradora de su escaso caudal, que se había impuesto y había impuesto á sus hijos privaciones de cierto género con el fin de tener asegurada la precisa subsistencia, luego de muerto su marido se vió en la miseria, y hubo de mendigar del Estado lo que había aplicado á otras atenciones. Esta situación era insostenible.
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Planteado ya el nuevo Reglamento, y en el año de 1798, hubo el Rey, por su orden de 22 de Febrero, de autorizar la negociación de Valles Reales, en la cantidad que fuera necesaria, para abonar á las viudas sus pensiones, si bien ordenaba «que se recojan los documentos justificativos de la quiebra que hubiesen padecido, para que en cesando las graves urgencias del día pueda resolver, en cuanto á que la pérdida de los que se reduzcan sea de cuenta de la Tesorería general, por no poder efectuar ahora conforme á lo mandado en Real orden de 5 de Septiembre de 1794.»

Por desgracia, los apuros del Erario público siguieron en aumento; y á tal punto llegó la situación del Montepío militar y la absoluta carencia de recursos con que atender á las viudas y huérfanos que sólo dependían de él, que en 20 de Julio de 1805 el Rey hubo de resolver que «para pronto remedio de las infelices familias de los Oficiales del Ejército y Armada á quienes no ha podido continuar el pago del último trimestre, se traslade al arca del Montepío militar el fondo existente del arbitrio de garanón y yegua á calidad de reintegro.»

Ingreso era éste, por cierto bien insignificante, para atender á los derechos de las desgraciadas que habían por sí mismas asegurado ó creído asegurar su porvenir, mediante una serie no interrumpida de sacrificios y privaciones de todo género.

¡Y menos mal, si se hubiera logrado al fin por este ú otro medio, nivelar siquiera los fondos y restablecer el Montepío militar á su apogeo! Pero tras el año de 1805 sobrevino el de 1808 con todas sus funestas consecuencias.

Difícilísimas fueron las circunstancias, que si no autorizaron, disculparon la absorción por el Estado de las cuantiosas conductas que venían de las Américas, entonces aún españolas; y mientras este dinero se dedicaba á otras atenciones, las pobres pensionistas perecían de hambre en toda España, y aun en el mismo Cádiz donde veían desembarcar aquellos tesoros que las pertenecía de derecho.

En aquellos terribles días de la invasión francesa, rechazada con tanta gloria para España, hubo un honradísimo empleado, que ocultando los libros y caudales del Montepío militar, se trasladó con ellos desde Madrid á Cádiz, corriendo graves peligros.

Aquellos caudales se utilizaron también por el Estado, y no en beneficio de las pensionistas, cuya situación llegó á ser tan precaria,
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que mendicantes, acudían de puerta en puerta y hasta á las de la misma Tesorería general, esperando en vano alcanzar la satisfacción de su derecho, ó cuando menos una limosna con que ocurrir á su preciso sustento.

IV

En este estado de cosas, se pretendió por el Ministerio de Hacienda legalizar la anómala situación del Montepío militar, procurando remedio á tan aflictiva situación con procedimientos que envolvían en sí un grave daño, puesto que en lo sucesivo se habían de llevar por la Tesorería general las cuentas del Montepío militar, sociedad especial y particular exclusivamente, perteneciente á las clases del Ejército.

El Fiscal militar del Consejo Supremo de la Guerra hizo ver con este motivo, que los fondos del Monte estaban lastimados y necesitaban ser auxiliados por el Estado, toda vez que por el Gobierno se había concedido opción á sus beneficios á las familias de los Oficiales de provinciales que antes no la tenían, á los defensores de Zaragoza y Gerona, y á los patriotas comprendidos en el Decreto de 28 de Octubre de 1811; medidas que, por razonables que fuesen, venían á gravar enormemente los fondos de la Asociación, ya lastimados, según queda expuesto.

En cuanto á lo propuesto por Hacienda, respecto á que la cuenta y razón de los fondos del Montepío militar fuese llevada por la Tesorería general, lo rechazó enérgicamente el entonces Fiscal militar del Consejo Supremo de la Guerra. Este funcionario preveyó los perniciosos efectos que produciría el que intervinieran en la administración del Monte, autoridades agenas á él, y trató de prevenir los daños futuros.

Convéniente es transcribir algunos párrafos del citado escrito, que dan la medida de su previsión y de la injusticia con que se procedió, arrebatando á título de necesidad á una Asociación particular, el caudal que la pertenecía y con la formal promesa de respetar derechos inconclusos, en el mismo capital fundados.

Dice así el expresado funcionario, abogando porque los fondos del Montepío militar se administren exclusivamente por sus legítimos representantes.
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«La experiencia ha acreditado que por recibir la Tesorería general los fondos del Monte, y haber corrido con su distribución desde que principió nuestra gloriosa insurrección, se encuentran las viudas sin pagar, el Monte sin los fondos que han venido de América en varios buques en esta época, y la Tesorería sin poder ya atender á la satisfacción de las pensiones;» y más adelante:

«El Consejo, en 11 de Julio último, fué de parecer que debía reservársele el derecho que tiene desde el establecimiento del Monte, por encargo especial, de la recaudación e inversión de los fondos, continuando por ahora la Tesorería general con la administración de dichos fondos, pero llevando cuenta y razón separada de todo hasta que pudiese el Consejo, en circunstancias menos apuradas, hacerse cargo de la administración, recaudación e inversión de ellos. Doloroso es que las pensionistas del Monte, que tienen un derecho incuestionable sobre sus fondos, hayan de estar privadas de sus beneficios porque la administración, recaudación e inversión de ellos no corra por los mismos accionistas de esta Compañía, que debe considerarse como otra cualquiera de comercio, por la propiedad que tiene adquirida de un caudal privativo, en el que nada tiene que ver la Nación ni el Gobierno, más que la protección de mantener, conservar y aumentar en lo posible este Establecimiento piadoso; y en vano se alegraría que las consignaciones hechas por el Rey en su favor desde el año 1761 pudiesen ser parte de la Hacienda pública y unirse por consiguiente á ella; porque desde el momento de la institución de este Monte han sido señaladas por fija y perpetua dotación para alivio de viudas y huérfanos de Oficiales militares, fundando en ellas su patrimonio y donadas por la soberana voluntad, en cuya posesión legítima se hallan desde aquella época con un dominio directo que nadie se ha atrevido á interrumpir, como uno de los objetos más dignos de la conmiseración y sensibilidad del Rey, que estableció como bases sólidas las reglas previstas en los Reglamentos de 1761 y 1796, de las cuales la primera fué crear una Junta de gobierno, compuesta de varios Ministros del Consejo Supremo de la Guerra, para que, como representantes de todos los militares y sus familias, ó llámense accionistas ó contribuyentes, tratasen y conciliasen la mejor y más justificada administración de los fondos del Monte, examinándose los demás asuntos, mixtos ó contenciosos, por el Consejo pleno; ordenando por esta Real disposición tuviese
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Arroz, kgs.

    PROCEDEDENCIA.
    OCTUBRE.
    NOVIEMBRE.
    DICIEMBRE.

    Estados Unidos
    49.500
    783

    India inglesa
    6.419.651
    6.710.220
    6.895.731

    Península
    10.000
    212.292
    229.118

    Filipinas

    245.550

Harinas, kgs.

    PROCEDEDENCIA.
    OCTUBRE.
    NOVIEMBRE.
    DICIEMBRE.

    Estados Unidos
    994.977
    693.171
    988.734

    Península
    1.967.924
    2.356.970
    3.076.946

Legumbres secas, kgs.

    PROCEDEDENCIA.
    OCTUBRE.
    NOVIEMBRE.
    DICIEMBRE.

    Estados Unidos
    214.827
    348.044
    226.942

    Península
    769.586
    888.920
    1.016.275

Vinos.

Península. . . . . La casi totalidad del importado en barricas.

Tocino.

Estados Unidos. . . La casi totalidad.

Tal es la comprobación, que sería completa en cuanto á lo general de nuestro aserto, si en vez de atenernos á los artículos de suministro comprendiesen la total importación de sustancias alimenticias. La procedencia se distribuye en esta forma:

Tocino. . . . . . .
{
  Importación americana exclusivamente. Tan cierto es, que lo confirma el hecho de competir en precios en el puerto de la Coruña, la procedencia de Chicago, con las grasas del país.
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«fuerza y vigor de ley expresa, sin que se disputase por Tribunal alguno ni contradijese su debida y puntual observancia.»

El Fiscal militar que lo era en 1811, entraba aquí á detallar las fuertes cantidades correspondientes al Montepío militar que había percibido la Tesorería general; resultando ser, en varias partidas, cuando menos, de 53 millones de reales, á saber:

Cerca de 15 reconocidos á favor del Monte en liquidación de 14 de Febrero de 1810.

Más de 30 de que se apoderó la Real Hacienda, bajo el antiguo sistema dilapidador, y de que obraba vale en Caja.

Más de 8 á que ascendían los descuentos venidos de Vera-Cruz, Lima, México, etc.

Total: 53 millones.

Añadía seguidamente que habiendo socorrido la Junta del Monte, en 1807, á 3091 viudas con 9 millones de reales, holgadamente hubiera podido seguir cubriendo todas sus atenciones y áun dejar sobrante para conceder algún aumento en la cuantía de las pensiones, cuya necesidad ya entonces se reconocía, y de la que sin embargo había que alejar por entonces (en 1811) toda clase de esperanzas.

Probó, además, que por carencia de recursos tuvo que acudir el Montepío al fondo de cría caballar en demanda de préstamos, los cuales no pudo reintegrar oportunamente, y que perdió en venta de papel y negociación de letras cerca de 500.000 reales, que de otra manera obrarían en sus cajas como aumento de capital.

Por último, hizo resaltar la singularidad del caso, puesto que siendo la Hacienda deudora al Montepío militar de cantidades que se había apropiado, exponía la imposibilidad de pagar atenciones de éste cuyos fondos absorbería, dedicándolos á otras necesidades del momento que, por atendibles que fuesen, al cabo eran completamente ajenas al objeto primordial de su destino. Continuaba el Fiscal militar pidiendo el restablecimiento en toda su integridad de lo mandado en el artículo 14, capítulo I.º del Reglamento de 1796, y por cuenta de la Junta del Montepío militar, que subsistió hasta 16 de Mayo de 1803, en que por el artículo 7.º se sometieron sus asuntos á la Sala I.ª del Consejo Supremo de la Guerra.

Asimismo, que separados los fondos del Montepío militar de los del Estado, diese de los atrasados cuenta y razón la Tesorería general
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á la del Monte, como está mandado. El Fiscal militar concluía con el siguiente expresivo y enérgico párrafo:

«Así lo exige la triste situación en que se hallan las pensionistas, para que no se reproduzca la dilapidación de los caudales de un fondo tan sagrado destinado para alivio de las familias militares que han tenido la desgracia de perder sus maridos, padres é hijos, derramando su sangre en defensa de una nación tan noble y generosa, y cuya protección está confiada al Consejo para que haga observar las leyes establecidas en su favor como Tribunal Supremo de la milicia, y como contribuyente y representante de todos los accionistas militares.»

El Consejo pleno, reunido en Cádiz el 23 de Enero de 1812, ocupándose en primer término de la absoluta necesidad que había de que la Hacienda fuese reintegrando al Montepío militar las cuantiosas sumas que con esta calidad y sólo así había sacado de sus arcas, acordó en estos términos:

«Nada hay tan justo, como el que las cantidades asignadas al Montepío militar, se le dejen expeditas, según en el primer artículo lo propone el encargado del Ministerio de Hacienda, y el Consejo atribuye á su trasgresión los incalculables perjuicios que padecen las viudas militares.»

«Tienen éstas adquirido un derecho privativo y exclusivo, á todas las cantidades asignadas en el Reglamento del Montepío militar de 1761, y su adición en 1796, que son una verdadera Ley, y comprenden igualmente aquellas porciones que de sus cortos sueldos dejaron los militares para el socorro y fomento de sus familias.»

«No tiene el Estado cargo ni obligación más privilegiada que esta, y solamente en el caso de haber muchos sobrantes en el fondo, pudiera haberse echado mano de ellos para socorrer necesidades de igual clase. Mas no se ha practicado así; se han invertido inmensos caudales del Montepío militar sin reservarse parte alguna para las viudas, y esta es la causa de que en el día se hallen reducidas á la mendicidad, y sus hijos expuestos á perecer de hambre y miseria, antes de llegar al término de poder vengar la sangre de sus padres, derramada en tan gloriosa lid, y los ultrajes á la patria.»

«Propone el encargado del Ministerio de Hacienda, que las viudas liquiden sus haberes de Tesorería como hasta aquí, y que se dé entrada en la misma al caudal, para la formalidad de cuenta y razón, y para guardar la unidad de fondos.»
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»El Consejo, conforme con sus Fiscales, juzga que éste sería el último golpe y exterminio de los fondos del Monte. Si cuando en él había Tesorería separada se le exigían caudales por el Ministerio de Hacienda para invertirlos en otros destinos, ¿qué sucedería teniéndolos á mano? Ya lo ha acreditado la experiencia, pues habiendo entrado en la Tesorería general en poco más de dos años más de ocho millones, é importando el haber de las viudas unos siete, dice el Ministro de Hacienda que no puede atender á este pago. ¿Qué se ha hecho pues del sobrante? Ha desaparecido en otros objetos, dejando el principal y tan recomendable como el de las viudas de los militares que se han sacrificado en defensa de la Patria.

»El Consejo, pues, no encuentra otro remedio para tan graves males, que restablecer el Montepío militar conforme á su Reglamento; mas no pudiéndose lisonjear de que en la grave crisis que atravesamos, pueda la Real Hacienda reintegrar al Montepío militar, á cuenta de lo mucho que le debe, algunos caudales para pagar las cantidades que confiesa el encargado de Hacienda estarse debiendo á las viudas militares, y los tercios que se vayan devengando hasta que lleguen los fondos de América, estima el Consejo que en la actualidad es impracticable este remedio, y se ve en la precisión de reproducir lo que dijo en su consulta de 11 de Julio último, reducida á que, reservándose el Tribunal el derecho que tiene por encargo especial desde el establecimiento, de la recaudación e inversión de los fondos del Montepío militar, continúe por ahora la Tesorería general con la administración de los expresados fondos, llevando cuenta y razón separada de todo, hasta que pueda el Consejo, en circunstancias menos apuradas, hacerse cargo de la administración, recaudación e inversión de ellos; debiendo añadir que será muy conveniente que la Regencia encargue seriamente al Ministerio de Hacienda atienda con especialidad á las viudas de militares acreedoras privilegiadas en los fondos del Montepío militar que se han invertido en otros destinos.»

En Junio y Julio de 1812, y en Enero de 1813, se dieron nuevos informes en igual sentido, á consecuencia de reclamaciones de viudas que percían en la miseria.

Como consecuencia de estas gestiones, las Cortes generales y extraordinarias, pidieron por sus Secretarios al del Tribunal especial de Guerra y Marina en 10 de Agosto de 1813, copia de las consultas ele-
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vadas sobre el particular por el extinguido Consejo Supremo de la Guerra en 11 de Julio de 1811 y 28 de Febrero de 1812.

Con copia de datos, y después de una amplia y luminosa discusión, las Cortes soberanas expidieron su Decreto de 3 de Noviembre de 1813, cuyos cinco artículos satisfacían á la vez la más estricta justicia, y la razón con que las viudas militares reclamaban sus pensiones.

(Se continuará.)

Z.
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE NUESTRA DOMINACIÓN EN CUBA

LA DESTITUCION DEL GENERAL DULCE

I.

El Teniente General don Domingo Dulce, marqués de Castell-Florite, había desempeñado ya el mando superior de Cuba, como sucesor del Capitán General de Ejército don Francisco Serrano y Domínguez, allá por los años del 1862 al 1866.

Su mando, junto con el del duque de la Torre su antecesor, se caracterizó por una tendencia eminentemente liberal y progresiva; por actos encaminados á atraer y á distinguir la aristocracia cubana; por un empeño constante en unir los elementos peninsular é insular, cuya división fatalmente ya se percibía, y por último, por su noble tesón en perseguir la trata de negros africanos.

Fué un mando suave, verdaderamente discreto, en lo que afectaba á los elementos más importantes de la Isla; enérgico y castizamente español, en contener los desafueros y petulancias de los franceses, orgullosos con sus sueños mejicanos; previsor y bueno, en cuanto se relacionó con la campaña de Santo Domingo; justo, honrado y benévolo, en todo aquello que á la administración y política interior del país podía referirse.

Ya por entonces, las pasiones encendían los espíritus, y el sordo
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rumor de odios y de rencores avivados por la expulsión de los diputados cubanos de las Cortes de 1836, llegaban á un grado imposible, al que toda autoridad previsora necesitaba prestar atención y cuidados.

Sustituyó al General Dulce, el General Lersundi, que personificaba la política diametralmente opuesta: el elemento intransigente estaba de enhorabuena, en tanto que los próceres cubanos, la alta sociedad de la Isla, veía en el nuevo estado de cosas, una losa de plomo para sus aspiraciones reformistas y de asimilación.

Al General Lersundi, sustituyó el General Dulce, luego de triunfar la revolución de Septiembre. El 4 de Enero de 1869, don Domingo Dulce entraba por las calles de la Habana, en medio del mayor indiferentismo por parte de la población, enfermo, casi cadavérico y apoyado del brazo del Obispo de la Habana, que regresaba del destierro á que había sido condenado meses atrás por el General Lersundi.

Encarnación del movimiento revolucionario de la Península, mensajero de paz y de atracción, el marqués de Castell-Florite inauguró su mando con medidas liberales y de templanza, que mientras agradaban á elementos valiosos de la sociedad cubana, exasperaban á otros elementos insulares, pero en su mayoría, á la masa peninsular.

Sus embajadas de paz á Carlos Manuel de Céspedes y á Pancho Aguilera, inauguradas bajo excelentes auspicios, no dieron resultado, acaso, en primer término, por la muerte de don Augusto Arango, en las puertas de Puerto Príncipe.

A la tendencia conciliadora y de libertad iniciada en los primeros días del mando, siguió una época de represión y de dureza, propias del carácter cruel y duro que la guerra iba tomando, después de rotas las negociaciones iniciadas.

En 25 de Mayo de 1869, el General Dulce dirigía al ministro de Ultramar, don Abelardo López de Ayala, el siguiente cablegrama: «Por terminada la insurrección: quedan solamente partidas de bandoleros, que exterminarán pequeñas columnas, milicia y guardia civil. Urge mi relevo. Mi salud exige salga el decreto al día siguiente de recibir este despacho, en la Gaceta. Mi sucesor inmediatamente. En esta resolución irrevocable mía, no va envuelta ninguna idea política.—Domingo Dulce.»

Ante este telegrama, el Gobierno nombró como sucesor al General Caballero de Rodas; pero antes de que éste embarcase, en 3 de Junio, el Ministro de Ultramar recibió este otro cablegrama: