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El capítulo VII trata de las reglas que deben observarse para la aplicación de las penas disciplinarias.

Los superiores, dice este capítulo, deben emplear todo su celo en prevenir las faltas de sus subordinados, evitando todo acto que pueda provocarlas. Cuando crean necesario recurrir á los medios de represión lo harán con prudencia, juzgando escrupulosamente y con absoluta imparcialidad las faltas cometidas, apreciando las causas si las conocen y evitando todo rigor excesivo que debilitaría, en lugar de excitarlo, el sentimiento del deber, base de la subordinación y de la disciplina.

Los castigos son proporcionados á las faltas, teniendo siempre en cuenta la naturaleza de éstas, sus circunstancias, la conducta anterior, el tiempo de servicio, el grado de inteligencia, el carácter y el conocimiento más ó menos perfecto que el delincuente pueda tener de su deber y de las reglas de la disciplina.

Las infracciones á la disciplina son siempre consideradas como más graves: 1.º Cuando son cometidas en el servicio ó con ocasión de él; 2.º Cuando son colectivas: 3.º Si hay reincidencia; y 4.º Cuando alcanzan al honor, á la probidad, al decoro militar ó perjudican á la subordinación, al orden y al servicio. Se consideran también tanto más graves cuanto más elevada sea la categoría del que las comete.

Cuando varios militares cometan reunidos la misma falta, el superior en graduación cargará con la mayor parte de la responsabilidad, y, en igualdad de graduación, el más antiguo será el mayor responsable.

En general, y salvo los casos particulares, no se aplican penas severas hasta después de haber agotado la serie de las leves.

Ningún militar puede ser castigado ni siquiera interrogado cuando está en estado de embriaguez. Si un Jefe llega á saber que un soldado cuya razón está turbada por un exceso de bebida, comete actos contrarios al orden público, á la disciplina ó á la dignidad militar, lo hace detener por sus compañeros y evita, si es posible, su presencia delante de él.

Los Oficiales á quienes el reglamento concede el derecho de degradar á los sargentos, no pueden hacerlo sino previa conformidad de los Consejos de disciplina regimentales. Pero el reglamento les reserva la facultad de reemplazar la degradación, á pesar de dichos
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consejos, por la prisión correccional, que, como queda dicho, no entraña la deposición de empleo mas que para los cabos.

Los cabos, soldados y asimilados, mayores de dieciocho años—se puede sentar plaza á los diecisiete—que observen mala conducta y persistan, con faltas y contravenciones que los Coroneles no puedan ya reprimir con las penas disciplinarias de su competencia, en dar mal ejemplo á las unidades de que forman parte, son trasladados á cuerpos de Ultramar, previo juicio de conformidad de un consejo de disciplina.

Pero, si se trata de un individuo llamado á las armas por seis meses, con el fin de completar el tiempo de su servicio activo, ó cuando los Comandantes de división lo juzguen conveniente, el envío á un cuerpo de Ultramar puede ser reemplazado, no obstante el parecer del Consejo de disciplina, por un castigo de más de quince días de prisión correccional.

En los casos de actos colectivos de indisciplina con un carácter de gravedad particular, todos los cabos y soldados que tomen parte en aquellos, pueden ser inmediatamente trasladados, por una sencilla orden del Ministro de la Guerra, á los cuerpos de Ultramar.

En principio, á los individuos destinados por esta causa á las colonias, deben faltarles por lo menos dos años de servicio.

Los castigos se consignan en la orden del día del regimiento, salvo la represión á los Oficiales.

CONSEJOS DE DISCIPLINA

CONSEJO DE DISCIPLINA REGIMENTAL.

El Consejo de disciplina regimental se compone, según el capítulo VIII, de los tres Oficiales superiores en graduación—ó, en igualdad de grado, los más antiguos—presentes en el cuerpo el día en que se dé la orden para convocar el Consejo; el de mayor graduación ocupa la presidencia y el de menor graduación ó el más moderno hace las funciones de secretario. El Jefe de cuerpo y el Comandante de la compañía á que pertenece el acusado, así como los Oficiales
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agregados á los Consejos de guerra, no pueden formar parte del de disciplina regimental.

El Consejo se convoca por el Jefe del cuerpo ó por el Comandante de la división (Cuerpo de Ejército).

Se puede igualmente constituir, en caso necesario, un Consejo de guerra, en los establecimientos dependientes del Ministerio del ramo; el Comandante de la división ó el Ministro de la Guerra designa entonces los Oficiales necesarios para completar el número de los miembros del Consejo.

Es de la competencia de los Consejos de disciplina regimental el formular parecer: 1.º, sobre la deposición de empleo de los sargentos; 2.º, sobre el envío de los cabos y de soldados á las provincias de Ultramar.

En estos dos casos, los Consejos emplean todos los medios que les parecen indispensables para asegurarse de la verdad de los hechos atribuídos á los acusados, examinan sus hojas de castigos y todos los documentos presentados por la defensa, y hacen en fin, una información en la cual se enumeran todos los elementos que han servido para formular la opinión de los miembros del Consejo; los interrogatorios se unen siempre á los procesos para ser tramitados á la autoridad superior.

Consejo Superior de disciplina del ejército.—El Consejo superior de disciplina del ejército funciona en Lisboa, y se reúne euando tiene lugar, en los locales del Consejo supremo de Justicia militar. Comprende á los cinco generales de división más antiguos del Estado Mayor general, sin que haya lugar á tomar en consideración las funciones que pueden ejercer ó la localidad del reino en que tienen su residencia. El más antiguo de los generales preside el Consejo, cuyo secretario es el del Consejo Supremo de Justicia militar, pero este secretario no tiene voz, ni deliberativa, ni consultiva.

Si, por causa de vacante ó de impedimento legal, el número de los miembros natos del Consejo superior de disciplina fuese inferior á cinco, se le completaría nombrando uno ó varios generales de brigada designados según la lista de antigüedad.

El Consejo superior de disciplina se reúne por orden del Ministro de la Guerra y tiene las atribuciones siguientes: 1.º Emitir parecer sobre la capacidad moral de los oficiales del ejército para ejer-
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cer las funciones militares que les incumben; 2.º juzgar á los oficiales por hechos que se les atribuyan relativos á negligencia habitual en el cumplimiento del servicio, ó á una conducta escandalosa y contraria á los preceptos de la moral, del honor y de los deberes de familia; 3.º juzgar á petición propia y con autorización del Ministro de la Guerra, á los oficiales cuyo honor está puesto en duda, sin que exista sin embargo, por el momento, materia para sentencia judicial ni para decisión disciplinaria de ninguna clase.

El oficial es considerado como moralmente incapaz de desempeñar las funciones que le corresponde: 1.º Cuando carece de energía de decisión ó de cualquiera otra cualidad militar esencial para ejercer el mando de tropas; 2.º Cuando da muestras de ineptitud para el desempeño de las funciones que se le encomiendan; 3.º Cuando pueden atribuirsele actos propios para hacer perder el respeto de que debe ser objeto en todas las circunstancias.

Del mismo modo que los consejos de disciplina regimentales, el Consejo superior se rodea de todos los datos y documentos que le puedan permitir el juzgar, con pleno conocimiento de causa, de los asuntos sometidos á su apreciación; tiene derecho á llamar, para interrogarle y oírle, al oficial acusado. El proceso se envía en cada caso al Ministro de la Guerra con el parecer detallado de cada uno de los miembros del Consejo, de modo que el Ministro pueda resolver en último caso, si hay divergencia de opiniones.

Al oficial interesado se le da conocimiento de la reunión del Consejo superior lo menos con diez días de anticipación, para permitirle preparar su defensa por escrito y reunir todos los antecedentes que quiera presentar á los jueces.

Cuando un oficial es juzgado á su instancia, en las condiciones determinadas anteriormente, y el Consejo declara que su honor está sin mancilla, se le remite copia de la decisión tomada, y esta decisión podrá, si el Ministro de la Guerra lo cree conveniente, ser publicada en el Boletín oficial del Ministerio (Ordem do exercito).

En los casos en que los hechos atribuidos al oficial resulten exactos, el Consejo propone al Ministro el retiro, la reforma ó una pena disciplinaria cualquiera.
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la monarquía en las mismas calles de Atenas. Otra prueba en favor de la perniciosa ayuda que esas legiones de aventureros pueden prestar á un país.

Y ante espectáculo tan doloroso, no es menos triste el que ofrecen las grandes naciones europeas, impasibles testigos de ese duelo desigual, indiferentes en apariencias por uno y otro de los contendientes, supeditadas en realidad á los recelos y temores que inspira la supremacía de ésta á aquélla. En este lance, el papel más desairado ha correspondido á Francia, á remolque de su aliada Rusia, y lo que es más triste, secundando las miras de su antigua rival, Alemania. Pero ni estas tres potencias ni Inglaterra han querido tomar la iniciativa, cuidadosas como están unas y otras de que la hoguera encendida en la frontera griega no propagara el incendio á otros territorios; porque ante todo y sobre todo lo que importa es sostener el equilibrio actual y evitar que se rompa á cañonazos el edificio levantado por la diplomacia. ¡Quién puede calcular lo que ocurriría en este caso! La cuestión de Oriente es la de Occidente, uno el problema y llena de dificultades y peligros la solución. Por lo mismo, unos y otros procurarán que el conflicto termine del mejor modo posible, pagando Grecia los platos rotos por su atolondramiento. No es mala la lección.

Mas por lo mismo que no es mala, es preciso que no se desaproveche.

Que no confie el débil en otras fuerzas y auxilios que los propios.

Que viva apercibido y se halle preparado para toda eventualidad.

Que hoy como ayer, pese á todas las filosofías, la razón está del lado de la fuerza, ó como diría un escéptico, Dios dispensa su favor á los batallones más nutridos.

Que la política no reza con el vigor de los pueblos.

Y que los poderes públicos que viven á merced de las muchedumbres son poderes moralmente caídos y que no tardan en perecer.

Por estos y otros motivos, lo que principió con trazas de epopeya, terminará de un modo triste, miserable y casi ridículo.

F. B.
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RECLAMACIONES.

Todo militar á quien haya sido impuesto un castigo que él considera injusto, tiene derecho á reclamar; pero la reclamación verbal estando sobre las armas ó en función del servicio está rigurosamente prohibida.

Las reclamaciones individuales, dice el capítulo IX, son las únicas permitidas; deben ser formuladas en términos moderados y respetuosos, y dirigidas verbalmente ó por escrito y por conducto de ordenanza al superior de quien haya impuesto el castigo, dentro de un plazo máximo de ocho días. Estas reclamaciones no pueden ser detenidas bajo ningún pretexto, y nadie puede prohibir á un individuo que reclama el dirigirse á quien corresponda para hacer anular su pena.

Las reclamaciones se envían:
Al Ministro de la Guerra, si están formuladas contra un Comandante en Jefe, un general, Comandante de división (Cuerpo de ejército) ó una autoridad militar que dependa directamente del Ministro.
Al Comandante de división, si el reclamante es un general de brigada, un jefe de cuerpo ó un subordinado directo de dicho Comandante de división.
A los Jefes de servicio y al Comandante de la Escuela del ejército por los militares que dependen de estos Jefes y que han sido castigados por falta cometida en sus funciones especiales.
A los Jefes de cuerpo ó de establecimientos militares en todos los demás casos.
Los Generales, jefes de servicio ó jefes de cuerpo, abren informaciones sobre todas las reclamaciones que reciben y dan la razón cuando son fundadas ó imponen un nuevo castigo en el caso contrario.
Toda reclamación que tenga que producir un oficial contra las notas de concepto que le hayan sido estampadas con ocasión de las inspecciones anuales,—las cuales debe conocer en todos los casos—debe ser presentada en un plazo de diez días, á contar desde el fin de la inspección.

(Se continuará.)
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UN PUNTO
DE DERECHO INTERNACIONAL MILITAR

«En caso de guerra, ¿tienen las fuerzas irregulares de un país derecho á ser tratadas como beligerantes?»

I

He aquí un punto de derecho internacional en el que andan grandemente divididas las opiniones. Y he aquí también una de las cuestiones que más interesa resolver.

En pura teoría, parece que debe deducirse lógicamente, dado que la guerra es una relación de Estado á Estado, y no una lucha de hombre á hombre, que sólo las fuerzas acreditadas de cada uno de los beligerantes deben ser las que combatan.

Deducción es esta, que parece tanto más natural, cuanto que entre las potencias en hostilidad, sus habitantes respectivos sólo son enemigos de ocasión, por tiempo determinado, y lo son, no como ciudadanos, ni como individuos, sino como combatientes. Las opiniones de los grandes tratadistas modernos tienden además á que esta diferencia, propia de los adelantos de la civilización, se fije y acentúe más cada día.
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Pero la exageración de este principio, puede conducir á trascendentales errores.

La guerra, contra lo que afirma Blunschli, es algo más que un simple duelo entre el elemento armado de dos naciones, duelo ante el que permanecen impasibles los ciudadanos de una y otra.

Esto era posible en aquellos tiempos de los ejércitos mercenarios. Hoy no lo es, porque las fuerzas que entran en campaña son en realidad lo que se llama la nación armada.

La cuestión pues, debe plantearse en estos términos:

En las luchas modernas en que entran de una y otra parte millones de hombres, ¿debe exigirse á todos los cuerpos ó individuos que tomen parte activa en aquélla, ciertas condiciones que les permitan ser considerados y tratados como beligerantes?

Sí, indudablemente.

Vamos, pues, á investigar cuáles son esas condiciones, singularmente en lo que se refiere:

1.º A los voluntarios francos tiradores ó guerrilleros.
2.º A las poblaciones que se levantan en masa.

Esta cuestión de los combatientes y no combatientes, ofrece un interés capital, pues que según las reglas generalmente admitidas del derecho moderno, sólo los beligerantes lo tienen á cometer actos de guerra, y ellos solos son los que si caen en poder del enemigo, deben ser tratados y respetados como prisioneros de guerra.

Cierto es, que ni el soldado ni el oficial tienen necesidad de preocuparse de esta distinción para obrar frente á un enemigo desarmado; que éste pertenezca al ejército regular, que sea un franco tirador, un espía sorprendido en fragrante delito, su deber es el mismo. Debe asegurarse de su persona y reservar á las autoridades competentes el cuidado de decidir de su suerte según proceda.

Ninguna ley les autoriza á mandarlos fusilar sin formalidades previas, y el derecho de gentes prescribe de una manera absoluta ejecuciones instantáneas. Si el carácter de beligerante puede serle discutible, debe ser enviado ante la jurisdicción instituida para conocer de la materia.

Esto es á lo menos lo preceptuado en todos los códigos del derecho internacional moderno.

Mas los tribunales ó consejos llamados á decidir la cuestión, á
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examinar y á juzgar en casos semejantes, se compondrán de militares en su inmensa mayoría. Desde luego, los oficiales no deben limitarse á no profundizar más que en lo que hace referencia á la manera de disponer las fuerzas para el combate. Deben preocuparse, además, de la legitimidad, de la moralidad de sus medios. El estudio, la discusión y la divulgación de las leyes de la guerra para los militares, es cosa más necesaria de lo que generalmente se cree.

Entregándose á esta obra inteligente y bienhechora no se separan, como alguno pueda imaginar, de las ocupaciones normales de su profesión.

Recordamos con este motivo que los jurisconsultos alemanes y las memorias del Estado Mayor general prusiano relativas á la guerra de 1870, han reprochado al ejército francés el no estar suficientemente iniciado en los principios del derecho internacional.

Por otra parte, las dudas que en la práctica ocurren, las controversias á que en este punto han dado lugar las últimas campañas, justifican plenamente la necesidad de un examen profundo de la importante cuestión que tiene por objeto decidir en la guerra bajo el punto de vista del derecho de beligerancia, quiénes son los combatientes y los no combatientes.

II

Si se admite que todo habitante de un país en guerra, cualquiera que sea, pueda ser considerado como enemigo legal, preciso es convenir en que la lucha tomaría pronto un carácter atroz que multiplicaría los males de la guerra en proporciones considerables. Sería volver á los tiempos de la barbarie, á la sombra de un patriotismo feroz.

Tratando de evitar esto, la conferencia debida al Emperador de Rusia y reunida en Bruselas en 1874 para reglamentar las leyes y costumbres de la guerra, se decidió á adoptar algunas conclusiones para evitarlo.

El art. 9.º de la convención proyectada estaba redactado en los siguientes términos:
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«Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se aplicarán solamente al ejército, sino á las milicias y á los cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones que se expresan:
»1.ª Tener á su frente una persona responsable de los actos de sus subordinados.
»2.ª Llevar un signo distintivo por el que se le reconozca á distancia.
»3.ª Llevar armas ostensiblemente.
»4.ª Ajustarse en sus operaciones á las leyes y costumbres de la guerra.
»En los países en donde los militares formen parte del ejército ó lo constituyan en su totalidad, quedan comprendidas aquéllas en la denominación de ejército.»

El art. 10 decía lo siguiente:

«La población de un territorio ocupado que á la aproximación del enemigo tome espontáneamente las armas para combatir las tropas de invasión sin tener tiempo de organizarse conforme á las reglas del art. 9.º, será considerada como beligerante si respeta las leyes y costumbres de la guerra.»

A primera vista estas condiciones parecen muy razonables. No entorpecen ni limitan la defensa nacional y le dan, por el contrario, derechos mayores á los hoy reconocidos, extendiendo en gran medida las garantías y privilegios otorgados sólo á los ejércitos regulares.

Pero, por desgracia, los trabajos de la conferencia de Bruselas están faltos todavía del consensus gentium, por más que aún no habiendo recibido todo el vigor de una declaración internacional, tengan bajo el punto de vista de derecho de guerra una grande importancia.

Los expresados trabajos son no más que la expresión teórica de un derecho que no ha recibido la sanción necesaria para trasformar toda deliberación en verdaderas reglas internacionales y el signo de existencia como tales.

Importa, por tanto, para apreciar debidamente el asunto, que lo examinemos bajo el punto de vista del derecho actual positivo y no del derecho futuro especulativo. En una cosa tan peligrosa como la guerra, dice Clausewitz, los errores que provienen de un buen co-
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razón son los más peligrosos. Desde el momento en que algún país se separa de la práctica de las naciones y se lanza en el ideal, se llega á decretar leyes imaginarias é impracticables que son letra muerta.

Nos ocupamos, pues, aquí exclusivamente de las condiciones realmente exigidas en la actualidad por las naciones civilizadas á las tropas auxiliares para que puedan gozar de inmunidad y prerrogativas otorgadas á los beligerantes regulares.

Estas condiciones son las siguientes:
1.ª Los combatientes deben estar reconocidos y autorizados por el Gobierno á nombre del que combaten.
2.ª Deben estar organizados jerárquicamente y depender al menos del general en jefe del ejército.
3.ª Deben llevar cierto uniforme y distintivo fijo, por el que se les conozca á distancia, y
4.ª Deben llevar armas de una manera ostensible y respetar los usos y leyes de la guerra.

Nos ocuparemos separadamente de cada una de estas condiciones y de las causas que las motivan.

III

Primera condición.—Los combatientes deben estar reconocidos y autorizados por el Gobierno á nombre del que combaten.

Esta primera condición es seguramente la más importante.
Los individuos que hacen la guerra á nombre de un Estado, la hacen á título de servidores de ese Estado.
De él se derivan exclusivamente los derechos que poseen, y él es el responsable de los actos que cometen.
¿Hay, por tanto, nada más natural que impedir que cualquiera persona se constituya por su propio arbitrio en servidor del Estado, sin que éste tenga de ello conocimiento?
Así como nadie tiene derecho á proclamarse á sí mismo súbdito de un Estado, tampoco debe tenerlo para declararse soldado de él por
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su propia iniciativa. Este es un punto de la cuestión que se relaciona con el derecho político.

Además, esta condición es una garantía de organización y disciplina.

El ilustre profesor alemán Bluntschli en su Derecho internacional codificado, dice lo siguiente:

«Las partidas de guerrilleros y los cuerpos francos son considerados como enemigos cuando obran por orden de su Gobierno y con su consentimiento; los cuerpos libres autorizados por el Estado deben evidentemente estar asimilados á las tropas regulares, aunque operen sin estar unidos al ejército regular.»

Tales fueron las expediciones de Garibaldi á Sicilia y á Nápoles en 1860 y á Roma en 1867.

La condición del reconocimiento de los voluntarios ó de partidas por el Gobierno no es de hoy. Se encuentra ya en las instrucciones de 1863 para los ejércitos en campaña de los Estados Unidos de América.

En un artículo sobre la última guerra franco-alemana, Mr. Rollin-Yaequemyns ha querido disminuir la importancia del reconocimiento expreso del poder soberano.

«Puede ser reemplazado—dice—por la inspiración espontánea del patriotismo ó de la convicción política. Supongamos, en efecto, que un grupo de ciudadanos, creyendo de buena fe la patria amenazada en el interior ó en el exterior, se arman y organizan en número respetable, pero por medio extraño á toda iniciativa gubernamental, para la defensa del territorio ó de las instituciones de su país. Es evidente que, áun no obedeciendo otras órdenes que las de aquellos que reconocen por jefes, si tienen la apariencia de tropas regulares y si respetan las leyes de la guerra, deberán ser tratados como soldados. Es, después de todo, lo que ocurre en todas las guerras civiles.»

A esto objeta un distinguido militar belga, Mr. Libbrecht, que lo que es injusto para un individuo ó para un pequeño número, no puede ser justo cuando se trata de un gran número de individuos asociados.

En lo que á las guerras civiles se refiere, el derecho de ser reconocidos como beligerantes está subordinado á las leyes particulares,