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francesa, inglesa, matemáticas, historia, geografía, física y química, todo con extensión. Sólo exigiendo á los jóvenes pruebas extraordinarias como étas, deja de ser en el fondo una verdadera redención y á precio reducido. Por eso en los países donde el nivel de la cultura media no es tan elevada como en Alemania, habiendo sido necesario disminuir las exigencias, el voluntariado ha resultado perjudicial y perturbador.

»En 1881 decía un distinguido oficial de nuestro cuerpo de Ingenieros, el Sr. Banús, en sus excelentes Estudios de historia y arte militar: «Si alguna vez se establece en España el servicio militar obligatorio, creemos que no debe adoptarse el voluntariado por un año, porque no es posible en tan poco tiempo adquirir la suficiente instrucción militar, y además es difícil establecerlo de modo que ni sea un privilegio ilusorio ni una ventaja muy fácilmente asequible.»

«En vez de esto—añadía—creemos podría dar buenos resultados el licenciar al cabo de dos años á los que tuvieron título de licenciado ó doctor en alguna facultad con notas superiores á las puramente indispensables para adquirirlos, así como á los ingenieros de caminos, minas, montes, etc., siempre y cuando fueran aprobados en un examen de ordenanza, táctica del arma á que pertenecieran, reglamento del servicio de campaña y de contabilidad y de topografía; además, sólo podrían aspirar á estos exámenes los que durante los dos años hubiesen observado buena conducta y tuviesen completa su instrucción militar, y en particular la referente al tiro.»

»Con el procedimiento indicado por el Sr. Banús ú otro análogo, se evita el que entren en el Ejército con un derecho ya adquirido los que de él disfruten, creyéndose, por tanto, privilegiados, sino que, por el contrario, sucederá que el buen comportamiento y la asiduidad en los actos del servicio es lo que les dará derecho á acortar la permanencia en las filas.

»El voluntariado de un año, tal como se propone en el proyecto de reformas, es una tácita confesión de que viene el servicio general y obligatorio prematuramente, sin haber logrado que las condiciones de la vida íntima del cuartel y del servicio interior de los cuerpos se coloquen á la altura necesaria para no provocar justificadamente una invencible repugnancia en el elemento joven de las clases que hasta el presente han podido eludir la prestación personal.

»Pero, como ha podido verse, por huir de un incoveniente se acepta como remedio otro mayor, pues por algo dirán los italianos que la institución del voluntariado de un año conviene suprimirla per la forma é per la disciplina.»
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Conforme, pues, á esos principios, la asistencia prestada en cualquier forma en caso de guerra por un país extranjero á una nación constituida en estado de beligerancia con otro pueblo, ó con sus propios naturales, es, á no dudarlo, la violación más flagrante de la neutralidad estricta, á que por una convención jurídica internacional vienen obligados aquellos estados no beligerantes, y por tanto amigos de los empeñados en la lucha. Ley suprema, porque descansa en la lealtad que preside á las relaciones internacionales, las cuales se traicionan de modo bien abusivo, ayudando insidiosamente al enemigo contra los derechos sacratísimos del país que nos otorga su amistad y confianza.

Y esa situación jurídica de neutralidad absoluta, así exigida por los preceptos del derecho internacional, no se impone tan sólo en el caso de beligerancia declarada entre estados independientes, sino que rige con igual virtualidad cuando en el seno de un país surge la guerra entre sus naturales. El extranjero que atentando á la soberanía de un pueblo amigo se rebela contra los mandatos de su propio país, los cuales le vedan tomar parte en las discordias intestinas del extranjero, abdica realmente de su nacionalidad y queda sujeto á las leyes extraordinarias de la guerra, á las cuales voluntaria y conscientemente se somete. Quien facilita armas á los enemigos de la patria, sosteniendo á sabiendas el fuego de la guerra, incurre en la pena de muerte, escribía Roma en sus inmortales códigos; pena justísima, aunque terrible, aplicable á tan odioso crimen por todos los pueblos civilizados.

Ahora bien; como todo país neutral debe tener reconocida la absoluta libertad del comercio por mar y tierra, y como puede surgir la contraposición de los intereses del país beligerante en impedir lleguen á sus enemigos aquellos objetos que puedan favorecerle, con los menos respetables del neutral á la libertad del tráfico, han surgido gravísimas cuestiones acerca de lo que constituye el llamado contrabando de guerra, y la extensión del derecho de castigar á los contraventores de las leyes sacratísimas de la más estricta neutralidad.

Según Hautefeuille, únicamente en dos tratados se ha dejado á los beligerantes el derecho de designar por sí mismos, y según las circunstancias de la guerra, los objetos cuyo comercio debe considerarse prohibido á los neutrales (tratados de 1794 y 1803); pero en la generalidad de los tratados se ha procurado restringir la designación de
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aquellas mercancías que deben estimarse como contrabando de guerra limitando sobre todo el concepto á las materias manufacturadas, preparadas y fabricadas expresamente para la guerra de mar ó de tierra.

Inglaterra, como acertadamente reconoce el insigne tratadista Fiore, ha sostenido constantemente la teoría de que el determinar las materias que constituyen contrabando de guerra, es un derecho privativo del beligerante, siempre y cuando el caso no esté previsto expresamente en los tratados. Así, y como consecuencia de esa teoría, en el Congreso internacional de París de 1856 no se hizo especificación de los objetos constitutivos del contrabando de guerra, afirmándose tan sólo como regla general que el comercio de contrabando era ilícito, lo cual de jaba un gran vacío para la aplicación de las graves penas señaladas á los que, facilitando armas, pertrechos y municiones á los enemigos de la patria, cometían un delito bastante más trascendental que el de los meros infractores de las leyes aduaneras del país.

Y gracias á la falta de principios terminantes del derecho internacional, ha podido observarse la extensión que en ciertos casos se ha dado al contrabando de guerra entre Francia y China en 1885, el arroz entre los objetos prohibidos, y más tarde en la guerra entre la China y el Japón (1895) el arroz y el plomo.

Pero nadie ha aventajado á los Estados Unidos del Norte de América en esto de ampliar el concepto jurídico del contrabando de guerra. Sabido es que el derecho internacional ha reconocido como similares á aquél ciertos transportes que en tiempo de guerra tienen el carácter de auxilio militar, y que por ello deben caer bajo la sanción de las leyes internacionales, y aun de las duras leyes de la guerra. Tales son la conducción de gente destinada á los servicios militares, de despachos oficiales para uno de los beligerantes, etc. Pues bien; durante la guerra civil entre los Estados Unidos en 1861, el gobierno de los confederados del Sur envió dos comisionados para desempeñar una misión diplomática cerca de las Cortes de Francia é Inglaterra, á bordo de la nave neutral Trent, y á fin de impedir que pudieran cumplir su cometido, el Gobierno de la Unión les hizo detener en el buque que los conducía al llegar éste al puerto de la Habana. Fundóse tan original reclamación, en que así como el transporte de los despachos de un beligerante podía asimilarse al contrabando de guerra, de igual modo los agentes diplomáticos debían estimarse despachos vivos, doctrina vie-
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toriosamente combatida por el entonces ministro de relaciones exteriores en Inglaterra lord Russell.

Y aun cuando no son, á lo menos por su ninguna constancia, admisibles en buena doctrina internacional las prácticas de los Estados Unidos, jamás podría mencionarse la absurda teoría de poder un país beligerante reclamar de otro neutral la detención de la nave que conduce á bordo agentes diplomáticos para negociar con otros gobiernos también neutrales.

Es, á la verdad, una máxima de derecho internacional, que para ser reputado neutral es condición el abstenerse leal y completamente de prestar todo auxilio bélico, sin hacer nada que directa é indirectamente pueda perjudicar ó favorecer á uno de los contendientes, por lo cual una nave que conscientemente se presta á auxiliar á cualquiera de ellos, debe ipso facto perder su carácter de neutral y ser considerada como enemiga, á consecuencia del acto de hostilidad que realiza; pero en modo alguno es semejante el transporte marítimo de soldados, armas ó despachos oficiales, con el de agentes diplomáticos encargados de entablar relaciones amistosas con otros estados neutrales. Y excusa do parecerá recordar lo extraordinario de haber equiparado el gobierno de New-York el envío de agentes cerca de gobiernos extranjeros, con el caso de que en una guerra civil el partido rebelde envíe emisarios en una nave neutral para desembarcarlos en puntos del país donde arde la guerra civil, puesto que entonces sobrarían motivos para tratar al barco que los condujese como enemigo, y así se estimó en la declaración de presas hecha por el tribunal de Puerto Príncipe durante la guerra de Haití.

Por lo que se va exponiendo, queda demostrada la vaguedad de los principios del derecho internacional en cuanto á la determinación exacta de lo que debe entenderse por contrabando de guerra. Cierto que en algunos tratados, concluidos en el presente siglo, se ha restringido generalmente tal calificativo á las mercancías ó objetos destinados de modo directo é inmediato al auxilio militar de uno de los beligerantes, con infracción de las leyes sacratísimas de la neutralidad, y puede citarse como modelo muy aceptable el tratado concluído en 1871 entre los Estados Unidos é Italia, que al enumerar para evitar dudas ulteriores los objetos estimados como contrabando de guerra, viene á fijar como tales aquellos que sirviendo inmediatamente y sin posteriores
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manipulaciones á los fines de la guerra, sean transportados para hacerlos llegar al enemigo, por mar ó por tierra, bajo la bandera de un país neutral. Mas como quiera que las naciones no parece quieren abdicar de lo que erróneamente entienden ser función de su soberanía, y se atribuyen, al declararse una guerra, la facultad de extender inconsideradamente los objetos constitutivos de contrabando de guerra, urge, como reconoce Pascual Fiori, que las potencias que suscribieron y ratificaron las declaraciones hechas en el Congreso internacional de París en 1856, eliminen todo motivo de duda y declaren lo que conforme á los principios del derecho internacional constituye el delito de contrabando de guerra, y las graves responsabilidades que deberán ser exigidas á los neutrales que, faltando á la lealtad debida al país amigo, alientan impunemente la rebeldía contra los poderes constituídos.
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II

Sanciones penales para reprimir el contrabando de guerra.

Ya se ha dicho que la carencia de principios claros y terminantes en el derecho internacional acerca de lo que debe constituir el llamado contrabando de guerra, ha dado lugar á que los gobiernos, al declarar el estado de beligerancia, y según las necesidades circunstanciales de la lucha, fijen arbitrariamente los objetos materia de aquella clase de contrabando, resolviendo por estatutos particulares lo que debiera ser motivo de disposiciones concordadas de las potencias.

La jurisdicción territorial de cada Estado no puede tampoco admitirse extendida al derecho de castigar, según sus leyes privativas, las violaciones de la debida neutralidad, integradas en el transporte del contrabando, cuando la transgresión se comete en alta mar, esto es, conduciendo en una nave neutral armas ó efectos destinados al enemigo.

Actualmente es práctica que el beligerante al empezar la guerra, establezca, por ordenanzas que hace notificar á los estados neutrales, los transportes que considera ilícitos, atribuyéndose además el derecho de confiscar la nave que los conduce; pero si esa confiscación puede otorgarse como un derecho extraordinario de guerra, en modo alguno debe reconocerse legítimo tal acto como consecuencia de una jurisdic-
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ción penal que no existe. Lo justo, por tanto, sería que las potencias se pusieran de acuerdo para redactar un reglamento internacional relativo á los derechos de presa, con el objeto de eliminar toda sombra de arbitrariedad en asunto tan delicado, reglamento que sirviese de norma á las declaraciones de los tribunales de aquella materia.

Desde luego es incuestionable que el país beligerante, como medida tutelar de sus innegables derechos, no puede ni debe tolerar que al amparo de una bandera neutral se ayude descaradamente al enemigo. El estado de guerra extiende sin duda alguna sus leyes extraordinarias á todos aquellos que franca ó traidoramente vienen á la lucha; el que á sabiendas y tal vez por miserable lucro ayuda á sostener la discordia, transportando armas y gente al enemigo, comete un delito militar menos disculpable que el realizado por quien acude al luchar de la batalla, alta la frente y arrostrando á pecho descubierto todas las contingencias de la guerra.

Por ello ni se ha discutido siquiera que el extranjero que ayuda al natural á sostener la discordia, conculcando los respetos debidos á un país amigo, queda entregado por propia voluntad á las leyes del estado beligerante y no puede invocar una nacionalidad que no debe serle reconocida, para eludir las responsabilidades consiguientes á su delito.

Las dificultades y las cuestiones jurídicas no han surgido, por tanto, cuando en puntos de mar ó tierra sometidos á la jurisdicción de un Estado, es apresado un transporte de contrabando de guerra pues entonces se aplicarían sin vacilación las leyes de la guerra y sólo habría lugar á discutir si el transporte se verificó á sabiendas de quienes lo conducía, ó si, aun con conocimiento de lo ilícito de la mercancía, cabe admitir la exención de toda responsabilidad mediante á haber sido obligados á ello los conductores del contrabando.

La cuestión, á lo que se ve, ha de entenderse reducida á estos sencillos términos: es á saber, si el beligerante tiene autoridad y jurisdicción respecto de los neutrales en alta mar, de tal modo que pueda promulgar ordenanzas penales aplicándolas á los extranjeros que hubieran contravenido sus mandatos, confiscando en su caso la nave y aun las mercancías no constitutivas de contrabando de guerra.

Resolviendo estas importantísimas cuestiones, entiende Pascual Fiori que, según el derecho internacional y lo acordado en los tratados, el
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beligerante puede impedir, en virtud del estado excepcional de la guerra, todo acto de los neutrales que perjudique á los intereses de su propia defensa, pudiendo por ello secuestrar los objetos declarados contrabando, pero debiendo indemnizar á los neutrales aquello que de modo general no pueda incluirse en tal calificativo, así como no le es lícito confiscar en caso alguno mercancías particulares aun encontradas á bordo de la nave conductora del contrabando.

Y conviene hacer constar que una nave dejará de ser estimada neutral si resulta que voluntaria y conscientemente se hubiera prestado á transportar soldados al enemigo ó á conducir á sabiendas armas ó pertrechos militares á éste destinados, así como cuando se hubiese resistido á la fuerza al derecho de visita por parte de los buques beligerantes.

Mas no obstante las opiniones de gran número de tratadistas y la práctica seguida, según Negrín, en España de ser lícito al beligerante el secuestro de la nave que lleva contrabando de guerra, algunos publicistas han negado la asistencia de tal derecho por parte de uno de los beligerantes en cuanto á la nave de país neutral que sea portadora de contrabando militar.

Aparte de lo que en su día pueda resolver el derecho internacional, parécenos, adoptando la opinión de Cauchy (Lo droit maritime), que la indulgencia en tal particular ha sido excesiva en los tiempos modernos, siendo doloroso que al amparo y defensa de los derechos de los neutrales, é invocando la causa de la civilización y del comercio, de la buena fe, de la justicia y de la paz, se traten de encubrir actos que trascienden al fraude y al negocio en perjuicio de los derechos de un Estado que defiende su seguridad interior y su propia vida nacional. Pena bien insignificante para actos tan hostiles habrá de resultar, sin duda alguna, la mera confiscación del contrabando sorprendido en alta mar, obligando únicamente á la nave que lo conduzca á trasbordarlo á la del beligerante, otorgando cuando mucho á éste el derecho de conducir el barco contrabandista á puerto cercano é impidiendo con ello la continuación del viaje; pues, como escribe Gessner (El derecho de los neutros), «desde que el propietario de una nave tiene conocimiento de las mercancías que se hallan á bordo, es cómplice del delito y tan digno de castigo como el dueño del contrabando.»

Y en esta materia no pueden servir de regla las Ordenanzas y prác-
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ticas particulares de cada Estado, porque repetimos, si el extraordinario derecho de guerra puede permitir que en alta mar, allí donde ningún soberano tiene jurisdicción, se reprima el delito de contrabando militar, lo justo es que el derecho de represión se ejerza por virtud de acuerdos internacionales para evitar todo motivo de arbitrariedad. Por tal razón, y aun cuando el secuestro de la nave portadora del contrabando está permitido por el derecho marítimo español, ni de las disposiciones de ese derecho, ni de las Ordenanzas de la Marina francesa en 1870, ni de las leyes que regulan los actos de presas en Inglaterra, ni del Ukase promulgado por Rusia en 1877, ni de multitud, en fin, de estatutos publicados por los países de Europa y América con ocasión de recientes guerras, es oportuno ocuparse, puesto que, á nuestro juicio, no pueden, por su carácter de particularidad, constituir fuente de derechos en asuntos internacionales.

Y que estas cuestiones no pueden resolverse según disposiciones particulares dictadas por los pueblos en caso de guerra, sin llevar al absurdo los principios justos del derecho internacional, lo demostraría la rigurosa jurisprudencia sentada por el tribunal de presas de los Estados Unidos, en las causas con motivo del secuestro de los buques Bermud y Springbok, en 1863, durante la guerra entre federales y confederados. Los Estados de la Unión, tan celosos de la neutralidad de los extraños en sus discordias intestinas, como bastante benévolos con la ingerencia de sus naturales en las cuestiones de otros beligerantes, resolvieron contra la buena doctrina internacional, que podía ser confiscada una nave conductora de contrabando de guerra, deteniéndola y secuestrándola durante el viaje, aun cuando hubiese zarpado de puerto neutral y fuese consignada á punto también neutral, si desde este último lugar había sospechas de que se trasbordasen al país enemigo los objetos ó mercancías ilícitas, teniendo tan sólo en cuenta el ulterior destino de aquéllos para legitimar la buena presa.

Todas estas importantísimas cuestiones que el derecho internacional debía solucionar á fin de evitar la consiguiente contraposición de los intereses mercantiles de los neutrales, con el no menos sacratísimo de los países beligerantes á que sea respetado su derecho extraordinario de defensa, fueron tratadas en un importante Congreso internacional marítimo reunido en Nápoles en Junio de 1871. Después de reñidas deliberaciones, el Congreso acordó que las embarcaciones sorprendidas
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en propio y flagrante delito de contrabando de guerra, debieran ser confiscadas, ocupándose además las mercancías ilícitas, quedando á salvo á los cargadores del buque la demostración de su buena fe.

Que el delito de contrabando de guerra marítimo es de difícil persecución, y que fuera del caso de ser la nave aprehendida dentro de las aguas jurisdiccionales ó en cualquier puerto del estado beligerante no puede en buenos principios imponerse sanción penal, son cosas evidentemente indiscutibles; pero no siéndolo menos que es opuesto á las relaciones de cortesía y buena admistad entre las potencias no beligerantes el tolerar el contrabando militar, urge que sea pronto un hecho la formación de un reglamento internacional acordado por aquéllas, tanto para la definición concreta de ese delito, como para el establecimiento de las penas que habrán de ser impuestas á los que al conducir una nave neutral con auxilios al enemigo, cometen una gravísima transgresión jurídica.

El instituto de derecho internacional en diversas sesiones celebradas no há mucho tiempo en Turín, Mónaco y Cambrilge, vino á sentar unas conclusiones muy aceptables en la materia. Según ellas, la nave puede ser confiscada y detenida en alta mar, si con conocimiento del armador ó capitán conduce armas, pertrechos, aprovisionamiento para la gente de guerra, de mar ó tierra, ó tropas enemigas á bordo, las cuales podrán ser hechas prisioneras; pudiendo también ser detenida aquélla en su viaje y transportada á un puerto del beligerante caso de resistirse al derecho de visita, sin que la presa deba extenderse más allá de los objetos prohibidos ni ella prejuzgue la cuestión de una indemnización definitiva.

A falta de estas reglas tan racionales, y salvo el extraordinario derecho de la guerra cuando el contrabando se cometa en aguas ó territorios jurisdiccionales, el beligerante, como acertadamente escribe el insigne profesor de la Universidad de Nápoles, P. Fiori, no puede os tentar en tan delicada materia otro derecho que el de proveer eficazmente á su propia defensa, sin que pueda atribuirse el derecho de castigar tan odioso delito, porque carece de jurisdicción respecto de las personas en alta mar.

P. GONZÁLEZ DEL ALBA.
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LA NOCHEBUENA EN EL CAMPAMENTO (1)

—De cuantas noches he pasado en los campamentos—dijo sentenciosamente el capitán Unceta,—estas fueron siempre las más tristes. Y cuenta—añadió después de ligera pausa—que algunas celebré en operaciones, apercibida el arma y poco distante el enemigo; mas con ser todas ellas poco gratas, ninguna tan melancólica como la presente. Vea usted los rostros de esos muchachos. Ni un canto, ni un bailoteo, ni una mala borrachera; la enfermería está que rebosa, el servicio abruma á los útiles, y al paso que vamos, temiéndome estoy que los Reyes Magos van á encontrarnos metidos en la barraca. ¡Valiente noche, alférez Campuzano!

—¡Paciencia, mucha paciencia, mi capitán!—contestó un alferecillo delgadito y enteco que, envuelto en holgadísimo impermeable, escuchaba las palabras de su inmediato superior.—Si dijera á usted que estoy en mejor disposición de ánimo, faltaría á la verdad. El recuerdo de lo que dejé allá en la Península me trae de mal humor. La poca confianza que tengo en esa propuesta me pone nervioso. Cada día me parece más incierta la esperanza de que esta guerra de Cuba acabe en bien, si es que acaba ó no concluyen con nosotros las balas ó las enfermedades.

(1) El episodio que hoy reproducimos pertenece á la historia de la anterior campaña de Cuba, y está tomado del libro Ronda volante que dentro de muy pocos días verá la luz en Valencia.