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Revista técnica de infantería y caballería (1892-03-15 00:00:00), página 9

LOS EXPEDIENTES GUBERNATIVOS

I

El empleo militar—dice el art. 30 de la ley constitutiva del Ejército, de 29 de Noviembre de 1878—es una propiedad con todos los derechos y goces que las leyes y reglamentos consignan.

Precepto claro, garantía sólida, principio fundamental de organización bien entendida.

«No se impondrá jamás—consigna la Constitución de 1876, en su artículo 10—la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.

»Si no precediera este requisito—añade—los jueces ampararán, y en su caso reintegrarán en la posesión al expropiado.»

Como se ve, la declaración que hace la ley constitutiva, ó no quiere decir nada y todo son meras palabras, ó tiene grandísimo alcance.

Veamos ahora las causas de privación de los derechos y goces de esa propiedad que el empleo militar representa.

1.º caso. Artículo 33 de la ley constitutiva del Ejército.—«Los Jefes
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Estragos de la usura en el Ejército

I

Discutíase —año 1883— en el Congreso el presupuesto de la Guerra. El diputado Sr. Martínez Pacheco, brillante Jefe del Cuerpo de Sanidad Militar y autor de la célebre proposición por virtud de la cual se declararon vigentes en 1873 los artículos de las Ordenanzas, que castigaban con pena de muerte los delitos de sedición, rebelión militar, etc., proposición de ley á la que principalmente se debe el restablecimiento de la disciplina; el Sr. Martínez Pacheco hizo constar en la discusión de aquel presupuesto, que la Oficialidad del Ejército era víctima de la usura, porque contaba para vivir con recursos inferiores á los que disfrutaba en 1750, habiendo duplicado, cuando menos, el precio de la subsistencia.

De los datos que expuso á la consideración de la Cámara el referido diputado, resultaba que en la Dirección de Infantería existían en aquella época reclamaciones por deudas de Jefes y Oficiales hasta la cifra de 4.658.123 pesetas, y hasta la de 425.451 pese-
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reales, ya podía estar seguro de no verse libre de trampas en toda la vida.

El real adeudado se transformaba en peseta con una rapidez asombrosa. De la peseta pasaba á escudo con igual celeridad. Del escudo al duro la evolución era tan maravillosa, por lo breve, como la del mismo bacillus, y así la progresión iba siempre en creciente, dando por resultado que en un abrir y cerrar de ojos, la paga de un Alférez tuviera que hacer frente á un pasivo ante el que se hubiera declarado en quiebra el mismísimo Banco de España.

Y no se crea que esto es una fantasía morisca. La Correspondencia Militar, en 1885, dió cuenta de un préstamo en el que mediaban tales cláusulas, enredos, combinaciones y avaricias, que por no pagar al cumplir el plazo marcado el firmante del pagaré, que lo era un Teniente, le resultaban para seis ú ocho mil reales á que ascendía lo recibido, unos intereses tan enormes y progresivos, que á los dos años pasaban de ¡30 duros por hora! y el capital adeudado se elevaba á millones, en tal número, que á la casa Rostchild le hubiera sido imposible satisfacerlos.

III

Durante mucho tiempo, los Gobiernos si de algo se cuidaron, fué de agravar cada día más la situación de los Oficiales que caían en la sima del préstamo, «apretándoles las clavijas»—como vulgarmente se dice.

¿Contraía deudas un Oficial? Pues por la primera vez una nota en su hoja de hechos. A la segunda se le amonesta. A la tercera á un castillo. Y contentos con su energía, los Gobiernos no se ocupaban de más.

Para ellos el problema no tenía otra importancia que la limitada á la conceptuación del Oficial deudor. Miopes, como suelen serlo por lo regular todos los políticos de circunstancias, no veían más allá de sus narices, olvidando además, que cuando los hechos pasan de la esfera de simples accidentes individuales á la categoría de achaques de una colectividad, es preciso dejar las Reales órdenes conminatorias á un lado por insuficientes é injustas, para con-
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sagrarse á buscar la causa de lo que no es entonces más que un efecto lógico, necesario y fatal.

Si los Gobiernos hubiesen hecho esto á tiempo, si en lugar de entretenerte en alardes de una severidad extemporánea y para la que carecían de autoridad—pues que ellos eran después de todo y en primer término los responsables de que ocurriera lo que castigaban sin ton ni son, en vez de remediarlo como debieron—el mal no hubiera ido adquiriendo cada día mayores proporciones.

Pues lejos de eso, los encargados de fabricar circulares y disposiciones en el Ministerio de la Guerra, varones impecables en su mayoría, que jamás debieron á nadie una peseta, por lo visto; Cátone de barro cocido que no podían comprender cómo los Oficiales no gastaban coche y daban baile con sus espléndidas dotaciones, y sí habían necesitado recurrir á la usura para atender á sus obligaciones más perentorias; virtuosos que ni en sus mocedades se permitieron el lujo de firmar pagarés, ni en su edad provecta tuvieron pendiente la amenaza de un embargo... no hicieron otra cosa que fulminar excomuniones, amenazas y castigos contra los infelices que no tenían otro delito sobre la conciencia que el de ser víctimas de su infausta suerte.

Repasando nuestra legislación militar en lo que á las deudas de Oficiales se refiere, las reflexiones que acuden á la mente del lector, dan motivo para largas páginas, porque entre otras cosas, está inspirada en aquel principio á que el dicho del vulgo presta gráfica expresión cuando habla de los peces grandes y de los peces chicos.

Fueron precisos graves y tristísimos acontecimientos para que, haciendo converger las miradas de todos sobre la situación moral y material del Ejército, sirviera el estudio para hacer comprender que, en el fondo, las cuestiones presentaban un aspecto muy distinto al que ofrecían miradas únicamente por la superficie.

Los estragos de la usura en el Ejército revelaban un estado social imposible para una clase numerosa y benemérita. ¡Qué importaba, como hemos dicho, que en algunos fuera manifestación de conducta dudosa y hasta reprensible! En hora buena que con severa discreción se les pusiera en el camino de la enmienda, si ellos mismos, pasada la edad de los naturales desarreglos no lo
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buscaban por ley casi biológica; pero de esto á obstinarse en mirar como síntoma evidente de relajación universal lo que era padecimiento colectivo, verdadera epidemia de una clase entera, epidemia cuyo origen es conocido, hay una diferencia inmensa.

La opinión pública, impresionada profundamente por las revelaciones de la prensa de todos los matices, así lo comprendió, antes de que los Gobiernos cayeran en la cuenta de ello.

Por fin éstos empezaron á comprender que el problema de extinguir la usura en el Ejército era de una importancia tal que el empeño de pretender rebajarlo á la categoría de un hecho secundario, merecedor cuando más de reglas de apercibimiento y castigo para los Oficiales deudores, implicaba un desconocimiento absoluto de los más elementales preceptos del arte de gobernar.

Sin dejar en suspenso, ni atenuar siquiera los rigores de una legislación quizá peor interpretada y aplicada que lo que su propio espíritu permite, se comenzó á discurrir en las esferas oficiales qué medios, qué procedimientos serían los más abonados para atacar el mal en su origen.

El primer Ministro de la Guerra que se sintió tocado en el corazón, y dejó el camino trillado de los arrebatos coléricos, lo fué el señor General Martínez Campos.

Poco antes de abandonar la cartera, en 1883, dictó una Real Orden autorizando á los Jefes de los Cuerpos para que pudieran anticipar hasta el importe de tres pagas á los Oficiales que se vieran en apuro. Disposición plausible; pero medida circunstancial y limitada, puesto que aparte de no resolver el problema, no podía ser aplicada en los batallones de Reserva y de Depósito ni en los establecimientos militares, en donde no existían ni existen otros fondos que los correspondientes á haberes de Oficiales, quedando reducido, por lo mismo, el beneficio, á los Cuerpos activos.

Á el General Martínez Campos sucedió en el Ministerio de la Guerra el General López Domínguez. Este ilustre General, comprendiendo que el problema de disminuir considerablemente, ya que no de extinguir los estragos de la usura en el Ejército, no tendrá solución satisfactoria, en tanto que ésta se espere de una determinación aislada y no de una serie de ellas, íntimamente enlazadas, estimaba que la creación de Sociedades cooperativas dentro
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de los regimientos, podría ser, aparte de otros, el medio más eficaz y poderoso para remediar la insuficiencia de los elementos individuales.

El breve tiempo que desempeñó la cartera de la Guerra el General López Domínguez, impidió que su pensamiento encarnara en la realidad. Quizá más adelante demos ligera cuenta del proyecto que tenía en estudio, tal como se deduce al menos de lo que acerca del particular oficiosamente indicaron entonces algunos periódicos profesionales.

Al General López Domínguez reemplazó el Capitán General D. Genaro Quesada. También le preocupó el problema de la usura.

Su plan parece que consistía, según por entonces se dijo, en la creación de una Caja de Ahorros, ó cosa parecida, en el Consejo de Redenciones y Enganches. Á juzgar por lo que más tarde se corrió por los Círculos militares, ese plan fué luégo sustituido por otro—sustituido en la intención, se entiende—añadiéndose que el General Quesada se había conformado con un proyecto de que era autor el inteligente Secretario á la sazón de la Dirección de Infantería, Brigadier Fuentes, persona que siempre se complació en demostrar su interés por el Arma de que procedía, y en la que su prematura muerte ha producido hondo pesar.

¿Cuál era el pensamiento del Brigadier Fuentes? Al parecer, y por lo que más tarde se traslució, algo de su pensamiento, quizá lo principal, informaba—según es moda decir—el proyecto que después presentó á las Córtes, á este asunto relativo, el insigne y malogrado General Cassola.

Consagremos un recuerdo á este propósito que significa la solución más vigorosa y definida, aunque en parte equivocada, que se ha intentado desde el poder, contra la usura y en favor del Ejército.

*

Quería el General Cassola en el proyecto de ley que, como Ministro de la Guerra presentó á las Córtes en 22 de Abril de 1887:

1.º Que los sueldos de los militares hasta Coronel inclusive, no
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fueran embargables, no siéndoles aplicable lo dispuesto en el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

2.º Que los préstamos á los militares se habían de hacer por una Sociedad de crédito ó por un Banco militar que, á falta de aquélla se crearía, tomando cuatro millones de pesetas del Tesoro público.

El propósito no podía ser más generoso. El General Cassola, luégo de hacer constar que para los viciosos existen y han existido siempre severos castigos en la legislación penal militar, citando los preceptos contenidos en las Reales Ordenes de 25 de Enero de 1802, 23 de Julio de 1866, 7 de Mayo de 1872, 30 de Noviembre de 1873, 16 Diciembre 1874, 29 de Julio de 1880, 27 de Enero, 30 de Abril, 3 de Septiembre y 8 de Octubre de 1883, 7 de Enero de 1884, y los artículos 162 y 163 del Código penal del Ejército de 1884, decía que resuelta en estos términos la cuestión relativa á la inmoralidad del préstamo originado en la mala conducta del que olvida la respetabilidad característica de la profesión armada, restaba abordar la que implica «el desarrollo, cada día más alarmante, de una escandalosa industria, nacida y fomentada al calor de las escaseces que pesan sobre las clases militares. No será aventurado asegurar —añadía el General Cassola, en su exposición á las Cortes— que de 100 Oficiales explotados por la usura, 90 lo son por efecto de necesidades forzosas (desgracias de familia, reposición de prendas de uniforme, gastos de marchas, etc.,) tanto más difíciles de satisfacer, cuanto menos se le ayude para ello».

Y luégo, con extraordinaria sinceridad y noble valor, consignaba las causas que juntamente con las que antes quedan expuestas habían producido en el Ejército tan grandes males. Reproduzco sus propias palabras porque justifican lo que antes he manifestado acerca del particular.

«Y si á todo esto—decía—que puede considerarse como el resultado de los accidentes ordinarios de la vida, se agrega la situación anómala del reemplazo, que por exceso de personal ha mantenido durante mucho tiempo á Oficiales dignos y pundonorosos, percibiendo la mitad de sus haberes, insuficientes ya por lo reducidos, no sólo para satisfacer las necesidades de la vida, si no hasta para las indispensables del sustento y del hogar; y si, por otra parte, se tiene en cuenta la gran masa de Oficiales que al dis-
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minuirse el Ejército de Cuba han regresado á la Metrópoli con créditos considerables contra el Estado, por la penuria de aquél Tesoro, y que al llegar á los puertos de la Península carecían de todo género de recursos, se comprenderá fácilmente que la mayoría de las dendas tienen una justificación que no puede ser desconocida, y el Gobierno se encuentra en el deber ineludible de evitar la explotación de que están siendo objeto los que han atravesado por tan críticas circunstancias.»

Como se ve, los propósitos del General Cassola no podían ser más nobles y levantados, según ya he advertido; pero ¿hubiera correspondido á ellos en la realidad el medio arbitrado por tan esclarecido Ministro?

No tengo para qué ocultar que desde las columnas de El Resumen—periódico en el que, como muchos saben, fuí uno de los encargados de la redacción de su Mundo Militar, desde que se fundó hasta fines de 1887—combatí el proyecto á que me refiero, sin dejar por eso de hacer justicia al General Cassola, con el que hacía años me unían lazos de amistad y afecto—respetuosos por mi parte—singularmente desde que en 1873 fuimos ambos miembros de la Comisión de Reorganización del Ejército, presidida por el dignísimo y veterano Teniente General D. José de Orozco y Zúñiga, y á la que también pertenecieron el eminente Vallecillo, el sabio Brigadier de Ingenieros Sr. Verdú, que halló muerte gloriosa en la campaña del Norte; el ilustre General de Artillería de Marina, Sr. Barrios, inventor del cañón que lleva su nombre; el hoy General de División D. Martíniano Moreno, coautor preeminente de las tácticas en vigor; mi grande amigo, el notable escritor-militar y literato Sr. Vidart; el renombrado Profesor de la Academia de Ingenieros, Sr. Cachafeiro; el notable crítico de re militare y gran propagandista, Sr. Cotarelo; el actual Director de la Academia de E. M. del Ejército, Coronel Benítez, matemático de reputación europea; el General de Brigada Sr. Herrán, discípulo de la Escuela de Equitación de Seymour; el notable orador Eugenio La Iglesia... y muchos otros que no nombre, porque la lista sería extensa, dado que en aquella Comisión, la primera en España que dentro del plazo marcado cumplió el difícil encargo que le confió el Gobierno, se hallaban representados todas las Armas, Cuerpos é Institutos.
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He aquí lo que escribí en El Resumen (3 y 7 Mayo 1887), propósito del proyecto del General Cassola, de que vengo ocupándome:

«Cuestión es esta de la usura—decía yo—que hoy preocupa á pensadores y legisladores; problema es este cuya resolución general ha tiempo se discute, pero sin que á ningún economista ni legislador se haya ocurrido la presentada en el art. 1.º del proyecto del General Cassola.

»Siempre fué la usura cosa por todos censurada, y las mismas leyes vinieron á perseguirla poniendo tasa al interés. Pero las modernas ideas económicas y jurídicas, venciendo preocupaciones y emancipándose de la influencia que en nuestra legislación ejercía la Iglesia, concluyeron por declarar la libertad ilimitada del interés; que es cosa independiente y extraña al derecho positivo el regular la moralidad del individuo, viniendo por ende á cohibir la libertad, que debe ser base y fundamento de las obligaciones.

»Por eso la ley de 14 de Marzo de 1856, declaró la libertad en la tasa de interés, porque, después de todo, la limitación antes establecida era burlada por los prestamistas, recurriendo á medios que por sabidos se callan; lo que prueba que, cuando la necesidad aprieta, por lo mismo que tiene cara de hereje, se burla hasta de lo más sagrado, y hace la trampa ante las narices mismas de la ley.

»Los principios ya admitidos se oponían y se oponen á que en el proyecto de ley que nos ocupase estableciera como remedio la tasa de interés. Cerrado este camino, debió parecer empresa difícil al señor Ministro de la Guerra, poner coto á la usura y remediar la situación económica de los Oficiales, víctimas de los empeñados Matatías.

»Y he aquí, sin duda, el por qué del artículo primero del proyecto, declarando que no es aplicable, en lo sucesivo, lo dispuesto en el art. 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento civil, á los individuos del Ejército, hasta Coronel inclusive, y las clases militares asimiladas, cuyos sueldos y haberes no estarán sujetos á embargos ni se despacharán contra ellos mandamientos ejecutivos. «Fuera de los sueldos y haberes que los militares reciben del Estado—añade—ningunos otros bienes se consideran exceptuados.

»Según tal criterio, el contrato celebrado por un Oficial del
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Ejército, queda reducido á la condición de las obligaciones que emanan del derecho natural, por las que no se concede acción al acreedor contra el deudor. Ya lo saben los individuos del Ejército á quienes alcanza este hermoso privilegio; con no tener otros bienes que sus sueldos y haberes, pueden evitarse el disgusto de pagar, que lo es y grande. Por algo nos irrita Gibraltar.

»Que el privilegio se establece, no cabe dudarlo. En el mismo preámbulo trata de justificarlo el autor del proyecto. ¿Qué mayor confesión?

»Pero lo extraño, en este caso, es que el favor venga á perjudicar á los mismos á quienes se otorga.

»Siempre la protección y el privilegio fueron odiosos, por conceder á determinada clase ventajas, derechos especiales que mejoraban su condición en perjuicio de las demás. De ahí que encontrarán oposición firme y resuelta en los que veían alzarse á determinados individuos, con el poderoso medio de explotación que á ellos se les concedía contra el derecho común de los ciudadanos.

»Mas en el caso presente, puede tener seguridad el legislador, que los únicos que han de elevar sus quejas y han de hacer oír su voz en contra del privilegio, serán los favorecidos. El resto, con no prestar, sale del paso.

»El porvenir económico que aguarda á los Oficiales si se aprueba el proyecto, no debe inspirar envidia.

»Es preferible consentir la usura á establecer la incapacidad jurídica de los individuos del Ejército, de Coronel abajo.

»Si con anular la acción que la ley concede al acreedor contra el deudor, se cree curado el mal, incúrrrese en un tan grave error como el que cometiera el cirujano que cortase la cabeza al enfermo de jaqueca.

»De las relaciones de la vida, de la necesidad de medios para el cumplimiento de los fines, nacen las obligaciones, y éstas no serían tales si no hubiese libertad entre las partes otorgantes, y como consecuencia de ello, responsabilidad estrecha en el cumplimiento de lo prometido por acto libre y expontáneo de la voluntad.

»En el proyecto del General Cassola, se anula la acción ejecutiva, se cierra todo camino al acreedor para recabar el cumplimiento de la obligación, y el préstamo deja de ser contrato, por cuanto ya
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no hay mutualidad de relaciones entre ambas partes desde el momento en que pierde sus derechos el acreedor. De modo que el Oficial del Ejército, ó paga á toca teja y vive saldando sus cuentas al cerrar la noche, ó la patrona, por ejemplo, lo pondrá de patitas en la calle. Se acabaron las liquidaciones á treinta días fecha.

»Porque no es sólo el préstamo el contrato que la ley en proyecto imposibilita. Desde el momento y hora en que se promulgue, hasta será difícil que los Oficiales del Ejército encuentren quien les preste aquellos servicios personales que no exigen, ni es lo normal, retribución antes del cumplimiento; pues ¿quién dejará de pensar que es expuesto pactar con gentes que tienen asegurada por la ley su responsabilidad civil?

»¡Triste condición la de los favorecidos con tan perjudicial privilegio! ¡Constituídos en minoridad perpetua é incapacitados para contratar!

»Y todo ello para evitar la influencia que la situación económica en que gimen gran número de Oficiales, pudiera ejercer en la moral del Ejército.

»Es sensible decirlo, pero es la verdad, y no hay para qué callarla. Algo más que inmoralidad vendría á fomentarse con tal ley. Si ésta llegare á regir, nadie que desconozca el corazón humano y sepa lo que es la vida, podrá dudar de que habrían los tribunales de entender en procesos instruídos por materia de débito contra infelices que, apremiados por la necesidad (que aparece bajo muy distintos aspectos, y en condiciones difíciles de prever, sobre todo para los que tienen repletos los bolsillos y el estómago), serían víctimas del hermoso privilegio que sólo serviría entonces para que brotase delincuencia en donde no había más que el ejercicio de un derecho inherente á la personalidad civil. Como la materia es delicada, basta con apuntarla.

»La ineficacia del remedio discurrido se reconoce implícitamente en el propio proyecto de ley, pues á continuación se trata de autorizar al Gobierno para contratar con cualquiera corporación, establecimiento ó sociedad de crédito, el servicio de préstamo á los Jefes y Oficiales.

»Luego de declarar por privilegio que no son embargables los