La Nación militar (1911-08-19 00:00:00), página 2

las reservas peninsulares de dichas guarniciones.

b). Construcción de cuarteles, que no podrán ser recibidos por la Administración sin que, además de reunir todas las condiciones de salubridad e higiene que determine el reglamento, cuenten con departamentos adecuados para escuela, gimnasio, recreo y un completo y suficiente servicio hidroterápico destinado á la fuerza que haya de acuartelarse.

c). Prevenir los gastos que origine la permanencia en filas del cupo en instrucción del contingente.

d). Fabricar las municiones y adquirir el material que dicho cupo necesite para su instrucción.

e). Atender á los gastos que requiera la ejecución de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, inclusive los premios de enganche y reenganche.

f). Construir el vestuario y equipo que necesite el referido cupo; y

g). Sufragar los gastos que puedan producir las maniobras ó los ejercicios de conjunto.

2.º A fin de que las cajas faciliten su cupo completo, los individuos que obtengan la exención del servicio militar por hallarse comprendidos en el caso 3.º del art. 5.º de la ley de 21 de Julio de 1876, en lo que al reclutamiento se refiere, no serán comprendidos en la base de cupo de sus respectivos municipios.

Al redactar el articulado de la ley, el Ministro de la Guerra cuidará de que quede á salvo el derecho concedido por la ley de 21 de Julio de 1876, á que se refiere el párrafo anterior.

3.º Los obreros que se hallen inscritos en el censo del coto minero de Almadén antes de la promulgación de esta ley, serán excluidos del servicio militar siempre que acrediten haber devengado en el año anterior al de su alistamiento cincuenta jornales de trabajos subterráneos ó los de fundición de minerales, quedando obligados á presentar durante los tres años siguientes á su alistamiento la certificación que acredite haber devengado el número y clase de jornales ya mencionados durante el año anterior, sin cuyo requisito serán nuevamente alistados, á no ser que justifiquen haber dejado de asistir á las minas por enfermedades consecuentes á la insalubridad de los trabajos en aquellas.

El gobernador civil de la provincia á que corresponde dicho coto minero formará, dentro del primer mes después de la promulgación de esta ley, el censo de todos los mineros matriculados hasta la fecha de la misma, y remitirá copia certificada á los Ministerios de la Gobernación y de la Guerra.

4.º El Gobierno procurará resolver, por medio de prórrogas, redenciones, validez de la instrucción militar adquirida en país extranjero, ó otra forma análoga, el conflicto que dimana de la declaración de nacionalidad por el nacimiento en algunas repúblicas americanas, lo cual obliga á los hijos de padres españoles, aun cuando estén inscriptos en el Consulado, á prestar el servicio militar en dichas repúblicas, en tanto que en España pueden ser declarados prófugos por coincidir la edad en que deben prestar el servicio activo en la Patria de origen y en la Patria adoptiva.

5.º El Gobierno estudiará y acordará en el plazo de seis meses, á partir de la promulgación de la presente ley, las condiciones por las cuales podrán acogerse á la legalidad los prófugos y desertores que lo hayan sido dentro de la ley de reclutamiento vigente.

6.º La presente ley empezará á regir dentro del plazo máximo de dos años, á contar de la publicación en la Gaceta, y tan pronto como las Cortes voten los créditos ordinarios y extraordinarios que para ello sean precisos. Sin embargo, en caso de guerra se aplicarán, desde luego, sus disposiciones.

7.º Quedan derogadas todas las leyes que se opongan á las prescripciones de la presente.

8.º El Ministro de la Guerra queda encargado: primero, de redactar el articulado de la ley en que se desarrollen estas bases, dando cuenta á las Cortes; segundo, de redactar asimismo y publicar el Reglamento para su ejecución, oyendo previamente al Consejo de Estado en pleno.

Base adicional.

Los individuos que habiendo prestado precisamente servicio en filas se encuentren en