La Nación militar (1899-12-03 00:00:00), página 3

EL EJÉRCITO EN LAS CORTES

Reducción de Generales.—La jurisdicción militar y la ordinaria. Información parlamentaria sobre las últimas guerras.—Algo sobre el presunto.

La comisión designada en la Alta Cámara para dictaminar acerca del proyecto del Ministro de la Guerra sobre reducción de plantillas en el generalato, admitió las enmiendas presentadas por los señores General Ochando y Casalaje (don Luis).

En virtud de las dichas enmiendas, inspiradas en el sentido más radical, no podrá ser ascendido á Capitán general ningún Teniente general, hasta que vayan cuatro, por lo menos, de las cinco plazas que existen de Capitanes generales.

La obstrucción al proyecto del Ministro, no ha partido, como se dijo por algunos diarios políticos, de ningún Capitán general, ni menos aún del Presidente del Senado, General Martínez Campos, quien aunque no acepte las reformas en todo el sentido radical que tienen—por ejemplo, en lo referente á amortizar todas las vacantes de Generales que ocurran ó reducir las edades para el pase á la reserva—se muestra conforme, seguramente, con dar al cargo de Capitán general todo el carácter que tiene en los demás ejércitos europeos, á saber: los méritos extraordinarios y los relevantes servicios á la Patria, y no los años de antigüedad ni la influencia.

Otro tanto parece que piensan los Tenientes generales que en estos últimos años han adquirido mayor importancia.

En suma, las plantillas quedarán aprobadas con las enmiendas en lo que dice al número de Capitanes generales y amortización de los Tenientes generales, y serán desechados los párrafos de las enmiendas en lo referente á edad para el pase á la reserva.

Nombrada la comisión parlamentaria para dictaminar en el proyecto de ley sobre competencia de los tribunales para conocer de los delitos cometidos contra el Ejército, han predominado en ella la amplitud de criterio y los radicalismos, avanzando en el campo de la competencia ordinaria con merma de la jurisdicción militar.

Dictaminará la comisión en el sentido de que los delitos cometidos contra el Ejército por medio de la prensa, serán juzgados en adelante por los tribunales de derecho. Sólo cuando estos delitos sean cometidos por militares tendrá competencia la jurisdicción militar.

A grandes comentarios se presta el dictamen de la comisión del Senado, pues el asunto lo merece. La democracia, aun en los países eminentemente militares como Alemania y Rusia, ha penetrado con paso firme en la jurisdicción, limitando la acción del fuero de guerra: desde este punto de vista es inaceptable que avancemos hacia el progreso, pero á pesar de esto, en los países civiles—valga la frase—como Francia, como Bélgica, como los Estados Unidos y aun como Inglaterra misma, sabido es que la prensa goza de una libertad mayor que la de aquellos pueblos donde el militarismo ha predominado siempre; y, sin embargo, Rochefort, que desde D'Intersnigran atacó al Ejército, fue juzgado muchas veces por tribunales militares; las injurias que algunos escritores ingleses lanzan á diario sobre los generales que operan en el Transvaal, son juzgados militarmente; y los diarios belgas socialistas han sufrido multitud de procesos militares.

Aquí, todos sabemos la libertad sin límites de que, en estado normal, goza la prensa; si fuéramos á las estadísticas, ellas nos darían comprobado que la sanción penal de los tribunales militares ha sido menor que la impuesta por los jueces civiles, se entiende que relativamente. Pero como resulta que en esta, como en otras cuestiones vivimos sobresaltados, recelosos, temiendo que detrás de cada sombra vea un fulminamiento; y como además de esto, el procedimiento de los tribunales de derecho es más cómodo para el delincuente—no creo yo que sea más equitativo—por eso se lanzan las campanas á vuelo y se pide á gritos la jurisdicción ordinaria.

Ya en 1895, un caso de competencia arrastró al gabinete Sagasta, llevando al poder á los conservadores; y desde el ministerio de Gracia y Justicia el Sr. Romero Robledo puso mano en el artículo 7º del Código, concediendo mucho á la jurisdicción civil; después este verano último, por los artículos de El Capitán Verdad en El Nacional, se congregaron los periodistas para pedir lo que hoy se les concede en el proyecto de ley que será aprobado. Entendemos que este es amplio, radical quizá más de lo que estimamos justo; pero, hecho ya, no hay más comentario que el de la aceptación.

***

La proposición Marenco, en la Cámara popular, pidiendo se llevaran al Parlamento las causas falladas ya, sobre los procesos instruidos con motivo de las rendiciones de Cavié, Santiago de Cuba y Manila, suscitó un importante debate, en el que intervinieron los jefes de las minorías del Congreso, conteniéndose con el Sr. Silvela sobre si el diputado tiene derecho á fiscalizar causas falladas.

Parecía olvidado y como enterrado ya, asunto de tanta trascendencia; se instruyeron los procesos, se publicaron las sentencias respectivas y el país continuó murmurando y el Ejército y la Marina sufriendo penosamente cucuchíes, niebles y murmurraciones.

Es de justicia reconocer que los representantes de los diversos grupos parlamentarios, así el Sr. Romero Robledo, como el Sr. Navarroreverter, el Sr. Sánchez Guerra como el MARQUÉS DE LA VEGA DE ARMIJO, y aun el mismo Sr. Pfy Margall, proclamaron el noble proceder del Ejército y de la Marina, el ansia vengativísima con que anhelan que se haga luz y se vea claro quiénes fueron los culpables y se reconozca como honrados, como valientes, como caballeros á los que no tuvieron parte en aquellas desdichas.

A este propósito, dijo el General Suárez Inclán:

«Por lo que á mí atañe, entiendo que se daña mucho más á las colectividades, sobre todo si esas colectividades viven la vida del honor, como el Ejército y la Marina, ocultando, manteniendo en la reserva sus actos, cuando alguien puede creer que son mercaderes de censura, que investigando minuciosamente la conducta de cuantos hayan intervenido en las operaciones militares efectuadas en Cuba, en Filipinas y en Puerto Rico. Ese es mi criterio, y hasta tal punto le mantengo, que no tendría inconveniente en pedir que se abrieran tres informaciones distintas para averiguar cuanto ha acontecido durante la guerra en Cuba, en Filipinas y en Puerto Rico. Si hubiera alguien que hubiera faltado, que sufriese el castigo correspondiente; pero que quedara en su lugar, como debe quedar, el prestigio de los que cumplieron con sus deberes.»

Estas informaciones, pedidas por los Generales Aznar, Suárez Inclán y Pando en el Congreso y Martínez Campos en el Senado, están olvidadas ya. La proposición Marenco, ha tenido á refrescar la memoria de muchos olvidados de la política, y ahora parece que va de veras. Dentro de muy pocos días, quizá en la próxima semana, se nombrarán las comisiones respectivas en ambas Cámaras y se dará gran impulso á dichas informaciones.

En cuanto á la conducta del Gobierno, está justificada su oposición á llevar al Parlamento causas falladas, pues como dijo el Presidente del Consejo esto sería una intrusión del Poder legislativo en el Poder judicial.—A lo que el Gobierno no se opone es á que las informaciones se lleven á cabo y todo lo más rápidamente que se pueda (1).

(1) Si en estas informaciones se padece nuevamente el prestigio del Ejército, limitándose exclusivamente á la sanción penal de los delitos encontrados, sin entrar en baladines discusiones técnicas, para lo que en el Parlamento sólo hay tres ó cuatro personas de comprensión reconocida, creeríamos bien justa y de verdadera utilidad para el país las info. maciones que van á llevarse á cabo.