La Nación militar (1900-01-21 00:00:00), página 3

Decimos en general, porque es cierto que la Contabilidad general militar podrá y deberá obedecer en sus resultados finales á la general de la Administración pública; pero la contabilidad especial ó auxiliar, mejor dicho privativa, tendrá que obedecer á un método científico que la reduzca á términos muy sencillos, de tal suerte dispuestos que, evitando trabajo verdaderamente inútil, permitan, sin embargo, hacer la demostración ordenada y metódica de los hechos realizados, con claridad, brevedad y exactitud. La mayor libertad que reclamamos los servicios militares y de Marina, el carácter esencialmente activo de éste, y otra multitud de razones que todos conocen, aconsejan, en efecto, que la Administración y Contabilidad privativas de la Hacienda pública (en el sentido de fortuna ó patrimonio del Estado antes definido) que constituye lo que podríamos denominar hacienda militar, se distinga precisamente por los caracteres expuestos, no siendo lógico, por tanto, que se sujete en forma y procedimiento á ninguna otra de las que forman parte de la general del Estado.

Ahora bien; establecida la intervención (más propiamente denominada, por su carácter y por el modo de ejercerse, fiscalización) para cuanto se refiera á la Administración pública en el orden económico, se desprende como consecuencia inmediata que, por analogía, han de someterse á la intervención ó fiscalización los gastos militares y de marina; pero ¿debe radicar, acaso, éste, cual se pretende por políticos, juristasconsultos y hacendistas, en el departamento ministerial de Hacienda? Voy á demostrar que no.

A este propósito he de recordar que (como en otro lugar he repetido) la sana razón, sentido común ó buen sentido, es, según Descartes, la cosa de este mundo mejor repartida, según lo satisface que cada cual se muestra con lo que tiene, por desconcentrándolo que en otras cosas sea.

Pues bien; ese mi buen sentido me dice que el Ministro de Hacienda es uno de tantos miembros del poder ejecutivo, encargado de ejecutar los preceptos emanados del Poder legislativo, correspondiéndole hacer efectivos los derechos del Estado y renovar en sus cajas generales los fondos públicos, interin se dispone de ellos por cada uno de los demás Ministros, en la medida de los créditos que por la ley de presupuestos se les haya abierto á sus departamentos respectivos.

Conforme con ese mismo buen sentido se ve que cada Ministro debiera disponer libremente de los créditos concedidos para ese departamento por cada presupuesto, pudiendo transferirse de uno á otro artículo é capítulo sin necesidad de previa autorización (una vez que el presupuesto no puede ser otra cosa que un cálculo aproximado), pero con la obligación de dar cuenta directamente á las Cortes al terminar cada ejercicio del uso hecho de la autorización concedida, siendo inmediata, personal y pecuniariamente responsable ante el país. En esa virtud, cada Ministro debe ser ordenador de pagos á la vez que de gastos por el ramo respectivo que administra.

Como consecuencia natural y lógica de cuanto queda expuesto, resulta que la Intervención militar debe obrar única y exclusivamente en delegación del Ministro de la Guerra, y que, por tanto, los funcionarios de Hacienda no han de tener más relación con los de los Cuerpos de Intendencia é Intervención de Guerra, próximos á organizarse, que la de pagar por los mandamientos ó libramientos expedidos por los Ordenadores del ramo de Guerra en delegación del Ministro, los cuales mandamientos habrán de servir á aquellos funcionarios civiles como documentos justificantes en sus cuentas de la salida material de fondos de las arcas del Tesoro y de la cuenta general de gastos públicos, cuya rendición tiene que estar encomendada al Ministro de Hacienda. La dependencia constituida hoy con el nombre de Intervención general de la Administración del Estado es un centro perfectamente inútil que debe ser sustituido por otro de contabilidad general no más; actualmente es tan absurda la misión del centro aludido, que resulta ser de contaduría á la vez que Interventora y de fiscalización.

Atento siempre á mi buen sentido, descubro que todos los agentes que toman parte en la gestión de los servicios públicos organizados para verificar suministros en especies ó prestar algún auxilio directo, deben demostrar de un modo claro y evidente el resultado final de aquélla; y, por lo tanto, los agentes militares á quienes está confiado el manejo, custodia y conservación de los caudales, percursos y fincas del ramo de Guerra, y lo mismo los de Marina, contraen la obligación de rendir cuentas parciales, ordenadas y justificadas, en las que se demuestre la entrada, salida y existencia en fin del período de cada una.

Y sigue diciéndome mi buen sentido que las cuentas parciales rendidas por los gestores deben mirarse no más que como datos para conocimiento y comprobación de la Administración central de Guerra, quien, con presencia de los arrojadós por aquéllos, podrá y deberá exigir responsabilidad á los respectivos cuentadantes. Dichas cuentas parciales, que podrían rendirse por trimestres, deberían ser intervenidas por funcionarios del Cuerpo de la Intervención militar, sin perjuicio de que pasen éstos cuantas revistas tengan por conveniente; que, á nuestro modo de ver, la fiscalización ha de ser siempre posterior al acto de gestión, no anterior ni simultánea con él, cual erróneamente se pretende hoy por algunos (ellos sabrán por qué).

La cuenta general de cada departamento debe ser rendida por cada Ministro como Jefe de la gestión de dicho departamento. Así, pues, el propio Ministro de la Guerra debe presentar y rendir por fin de cada año una cuenta general definitiva, una cuenta de presupuestos, según nuestro tecnicismo oficioso, por lo que afecta al ramo de cuya gestión es jefe superior.

Rendida esta cuenta general por cada Ministerio, es claro que las Cortes deberán ser las llamadas á examinarla, censurarla, fallarla y aprobarla; empero como el trabajo material que esto ofrece se dice que no cabe en lo posible, se encomienda á los mismos representantes del país, que han de dedicarse preferentemente al estudio, discusión y aprobación de las leyes, se comprende la necesidad de que exista un centro superior, representación genuina de las Cortes para este objeto, el cual ha de ser el Tribunal de Cuentas del Reino. Este Tribunal, que para nada ha de depender de Ministerio alguno, antes bien ha de mirarse como centro superior á todos ellos, debe examinar, censurar y fallar las cuentas en delegación del Poder legislativo, quedando á éste la principal facultad de aprobarlas y desaprobarlas y exigir en este último caso la responsabilidad consiguiente al ejecutivo ó sus delegados.

Tales son los dictados de mi sana razón (por tal la tengo al menos yo), conforme con los principios que hace ya algunos años expuse en unos folletos que vieron la luz pública con los títulos de Notiones de Contabilidad general y Estudios de Contabilidad Militar; y á lo dicho allí, y aquí no tengo más que añadir ahora que, sólo á funcionarios ó delegados del Tribunal de Cuentas podrá autorizárseles para intervenir, en su aspecto económico, determinados actos de gestión de los servicios militares y de Marina, por medio de visitas de inspección á las dependencias contables, y jamás á funcionarios del Ramo de Hacienda, cuyo jefe es tan Ministro como los de la Guerra y Marina, el de Fomento, Gobernación, etc., etc.

Del precedente examen resulta que:
1.º Cada Ministro debe redactar el presupuesto anual de gastos del departamento de que es jefe.
2.º El Ministro de Hacienda debe redactar la parte del presupuesto de gastos no destinada á obligaciones de los departamentos ministeriales y todo el ingresos.
3.º El Ministro de Hacienda es el encargado de recaudar los fondos de Estado y depositarlos en sus Cajas, para distribuirlos después en las atenciones que los necesiten. Los fondos destinados á la satisfacción de las obligaciones de los departamentos ministeriales se han de entregar por el