La Nación militar (1899-02-19 00:00:00), página 5

LA INTERVENCIÓN

Sin entrar á discutir ahora si la organización fiscal en que se funda la actual vida económica del Estado español pudiera ser substituida en forma que garantizase mejor la moralidad administrativa sin ser obstáculo ni entorpecimiento para la actividad de la gestión, es indudable que aun dentro del sistema vigente no hemos llegado á perfeccionarle como es debido ni á darnos acabada cuenta de lo que es, lo que significa y cómo debe actuar la función fiscal aplicada á los actos económicos de la Administración pública.

En primer lugar, es hartamente frecuente confundir la fiscalización con la intervención, siendo así que la segunda no es más que una parte de la primera; y así vemos llamar Intervención general del Estado á una dependencia que no interviene (fiscalmente hablando), es decir, que no sigue paso á paso á la gestión presenciando y autorizando el detalle todo movimiento de valores, sino que á lo sumo examina las cuentas ó historial de una gestión ya realizada.

En segundo lugar, tenemos casi sin organizar la fiscalización anterior á la gestión, ó sea la fiscalización preventiva; la paralela á la gestión, la intervención propiamente dicha, en unos sitios es real e inmediata, en otros mediata ó formalización, aquí se confunde con la función inspectora y allá no existe en absoluto; en cuarto y último lugar, hasta la fiscalización posterior á la gestión, ó sea el examen y liquidación de documentos de haber y pago que parece debía obedecer, cuando menos, á unos mismos principios, se informa en criterios variables hallándose descentralizada en unos departamentos ministeriales, centralizada en otros, reducida á un solo examen en algunos, sometida á prolíjas y repetidas compulsas en los restantes.

Pero aun prescindiendo de estas ambigüedades y diversidad de criterios, que demuestran la falta de unidad y de convencimiento teórico, hay otros contrasentidos que sólo por razones de tradición (para no llamarlas de rutina) pueden explicarse.

Uno de los principales es seguramente el de que la intervención esté amalgamada cuando no subordinada á la gestión, hasta tal punto que en muchas dependencias administrativas, el destino, el ascenso, el castigo, la recompensa, el porvenir, en una palabra, del funcionario fiscal ó interventor depende del gestor ó intervenido. Por lo que cabe naturalmente preguntarse qué independencia de funciones y qué energía é imparcialidad desplegará en ellas un fiscal cuando el presunto reo es árbito de rechazar el convenio que se le pone y de reducir, ó rebajar á su antojo al funcionario ó corporación que traten de exigirse las responsabilidades económicas que procedan ó de impedirle que se extralimite en el uso de sus facultades.

Seguramente que con esta subordinación de la fiscalización al mando, resulta completamente inútil aquélla, y fuera mejor suprimirla porque representa al menos una economía en los gastos, ya que no puede representarla en los despilfarros. Y aunque suele decirse que la autonomía fiscal llevaría por secuela el retraso de la gestión, hay que ser lógicos y convenir en que si aquélla tiene razón de existir es precisamente porque retardando la gestión da tiempo á examinarla y á evitar que se cometan atropellos; por eso existe el ministerio fiscal al lado de los tribunales, aunque claro es que la administración de justicia sería más rápida y expedita si aquél no existiese.

Pero el argumento del retraso carece completamente por los suelos cuando vemos en los servicios administrativos más urgentes que son los militares de campaña, que el mando tiene siempre el poder suficiente y nunca dispuerta para hacer que se ejecuten sus órdenes, no obstante las protestas más ó menos razonadas de los funcionarios fiscales. Y no puede suponerse ni por un momento que lo que la autoridad ó el mando deseen, sea eximirse de la responsabilidad de sus propios actos, descargándola sobre funcionarios á quienes se cohíbe en cierto modo á ello por el carácter semi-militar que se les obliga á tener y que les imposibilita, sopesa de perjuicios corporativos ó individuales, para oponerse á disposiciones que acaso puedan ser lesivas al Tesoro público.

Otro contrasentido que se da muy frecuentemente entre nosotros es el de la híbrida amalgama entre la contabilidad y la fiscalización, llegando á ser cometido de casi todas las oficinas interventoras, la teneduría de libros y la redacción y rendición de cuentas (al menos las generales de rentas y gastos públicos, ajuste de presupuestos, etc.), siendo así que la contabilidad y la fiscalización son cosas distintas y con esfera de acción completamente independiente.

La fiscalización puede y debe intervenir la contabilidad de libros de la gestión, y hasta, si se quiere, llevar registros de contraprueta: debe examinar y liquidar las cuentas parciales y generales que la gestión rindi, pero no debe formalizarse, por la misma razón que no es el fiscal (siguiendo el ejemplo anterior), sino el juez el que forma el sumario.

Por último, otro de los principales contrasentidos (que sería tarea por de más pesada detenerse á resellarlos todos) es el de que el ministerio de Hacienda haya acaparado la función fiscal y se crea autorizado para intervenir la vida económica de los demás servicios del Estado, nombrándoles interventores, exigiéndoles la rendición de cuentas y haciendo depender de él el Tribunal de la de Reino.

El único argumento que se invoca, para que por el ministerio de Hacienda se ejerza esta acción fiscal, es el de que como el proporciona los fondos, él debe vigilar su inversión y exigir la cuenta de ellos: pero basta fijarse en que quien da los fondos no es el ministerio de Hacienda, sino el país, para comprender que á éste, representado en las Cámaras, y no á aquél, es á quien hay que dar cuenta de la inversión; y que el ministerio de Hacienda está más obligado á darlas que á exigirlas por ser el que más fondos maneja (los ¾ del presupuesto). Siendo, por tanto, anómalo que el que con mayor intensidad debe ser intervenido y fiscalizado pretenda fiscalizar á los demás.

El ministerio de Hacienda es, en efecto, un departamento gestor acaso en superior escala á la de otro cualquiera: administra fincas y propiedades, explota industrias, beneficia montes, cobra aduanas y toda clase de contribuciones e impuestos, realiza pagos tan exorbitantes como los de la deuda pública, clases pasivas y demás cargas generales de la nación. Si dentro de un solo departamento como el de la Guerra, cuyo presupuesto no excede de centenar y medio de millones, se ha considerado caso de conciencia separar la gestión de la intervención en los escasos cincuenta millones que maneja la Administración Militar, para que no aparezca que una misma entidad gestiona y se fiscaliza á la vez, con mayor motivo todavía al Ministerio que tantos cientos de millones maneja, es el menos autorizado para fiscalizarse á sí propio.

En rigor, los organismos económico-fiscales, así como los judiciales y demás constituidos ó que se constituyesen con tal carácter fiscal, debían formar separados de los demás poderes (según en otro sitio con más detención hemos expuesto) un quinto poder con su cámara fiscal, á la cual pasarían muchas de las funciones que hoy se ejercen impropiamente por los poderes legislativo, administrativo y judicial.

Pero ya que esto no pueda hacerse dentro de la constitución política del país, es de necesidad cuando menos que dentro del poder administrativo se organicé con cierta independencia la función fiscal suprimiendo la Intervención general del Estado ó transformándola en sección exclusivamente de contabilidad para las dependencias y servicios de Hacienda; haciendo depender del Tribunal de Cuentas del Reino todos los organismos económico-fiscales de los distintos ministerios, y colocando administrativamente á este Tribunal en la Presidencia del Consejo de Ministros,