El Militar español (1847-08-26 00:00:00), página 7

ascensos nada nos dicen de nuevo: sin necesidad de acudir á buscar leyes en la legislacion francesa, tenemos en la nuestra todo cuanto podemos necesitar para formar las mejores leyes posibles, como lo confiesa la misma Revista, como lo demostrariamos exactamente tomándonos el trabajo de anotar aisladamente artículo por artículo; faena lenta y pesada, no solo para nosotros, sino para nuestros lectores; pero no hay necesidad de eso: tomense el real decreto de 3 de agosto de 1836 y el real decreto e instruccion del 26 de abril de 1836 (4); examínense, y se verán consignados en sus artículos de un modo que no deja duda los derechos y las garantías de los oficiales. Si en estos dos decretos tiene el oficial, no todo cuanto se le debe, necesita y puede deseárs, pero si al menos, cuanto de esencial marca las leyes francesas, ¿qué le falta? Primero, que se cumplan; segundo, que se tomen en cuenta sus merecimientos para garantirle sus derechos; y tercero, que se le hagan algunas mas concesiones, que son justas. Los dos reales decretos citados y alguna que otra disposición aislada de nuestra legislación militar, contienen todas las disposiciones marcadas por los artículos de las dos leyes francesas; por qué, pues decir en la página 30: «Crecen á la par las esperanzas y los deseos de los militares por ver aparecer al fin el libro de sus deberes, pero también el desconocido capítulo de sus derechos y garantías. ¿Es esto exactamente cierto?... El ejército español conoce plenamente sus deberes y tiene para estudiarlos un reglamento inmortal que en vano han tratado de degradar, que es imposible sustituir. El ejército español no desconoce, ni ha desconocido nunca el capítulo de sus derechos y garantías; la propiedad de sus empleos era una verdad mucho antes del siglo XIX, y en todos tiempos, el agradecimiento de los monarcas españoles, que como absolutos representaban la patria, han conservado y respetado sus derechos sin necesidad de darles garantías escritas; estaba reservado á nuestro siglo y á nuestra época el sancionar estos derechos para falsearlos, y como si ya los que los sancionaran tuvieran en geste la idea de no satisfacerlos, cubrían su engaño con garantías escritas, mentirosas y falaces, como propias solo para deslumbrar y dar un momentáneo contentamiento al que no pedía mas que rectitud y justicia.

(4) No citamos otros anteriores porque estos últimos son los mas completos.

Nosotros tambien hemos oído y oimos esas conversaciones íntimas de que habla nuestro colega, en las que todos (menos los que toda lo obtienen por el favor) manifiestan, como no puede menos de suceder, un vivo deseo de que se establezca en el ejército, pero de un modo inmutable, el reinado de la legalidad y la justicia; pero lo que con tanta razón echan de menos no son leyes escritas que garanticen, sino la falta de cumplimiento en lo que hay escrito y ordenado. En vano será escribir nuevos decretos y sancionar nuevas leyes, si no han de cumplirse ó ha de hallar el favoritismo resquicio por donde penetrar. ¿Y podrá evitar esto las leyes que presenta la revista, aun después de discutidas y aprobadas por las cortes, y de estar selladas por la sanción de la corona? ¡Satisfarian al ejército! Creemos que no; y lo mismo diremos de cualquiera otra que nos presenten y que no tenga por principal requisito, el que no pueda tener lugar la práctica del adagio castellano tan conocido, que dice: «El que hizo la ley, etc.»

El primer proyecto de ley que nos presenta la Revista Militar es «sobre los derechos y situación de los oficiales»; en el título primero se sanciona la propiedad del empleo, propiedad sancionada como hemos dicho mucho antes de ahora, y respetada de los monarcas hasta Fernando-VIII. El artículo primero del real decreto de 3 de agosto de 1835, dice: «Ningún militar podrá ser privado de su empleo, sino por causa legalmente probada y sentenciada.» ¿Qué se entiende por empleo? ¿El grado con que está revestida la persona por la voluntad de S. M. según real despacho, ó el ejercicio de este mismo grado? Es un punto sumamente esencial y que la ley que se aprueba debe dejar dilucidado y fuera de duda, porque es la base de toda esta parte de la legislación; porque asegurarle al oficial la propiedad de su grado, separándolo enteramente de lo que le constituye, es mas que una garantía una burla. Un despacho de capitán, dos charreteras sobre los hombros y un uniforme, ¿qué son sin empleo, sin mando y sin porvenir en la carrera? un vano título, una insignia inútil. Lo que el oficial necesita que le garanticen, no es su grado, tal como lo comprenden algunos, sin realidad, sin mando, sin representación, sin vida; lo que quiere y necesita, lo que de justicia se le debe, es la garantía del ejercicio de su empleo, el porvenir de su carrera que es el de su vida. Y esto garantido de una manera positiva; de un modo tal que no pueda dar lugar á dudas, interpretaciones y suterfugios: