El Militar español (1847-03-11 00:00:00), página 6

siempre la convicción de que en momentos de conmociones populares nada es capaz de contener el desbordamiento de las masas como la instantaneidad del castigo.

Y ese principio consiste en que, si bien la represión de las asonadas y las sediciones demandan por el bien común la brevedad de los enjuiciamientos, los derechos particulares de cada ciudadano exigen que al delincuente se le castigue con aquella ley que le es conocida, y que por serle conocida no debió desoir y escarnecer.

Empero si por este examen se encuentra la conformidad de las ideas esenciales de esas dos leyes, por el mismo se halla que al materializarse esas ideas, al llevarlas al terreno de los preceptos, el proyecto de ley de orden público difiere de aquella en la aplicación, y determina la presente lo que en nuestro concepto no solo pudiera parecer ofensivo á los militares, si que destruye, á nuestro juicio, los saludables efectos que se pretenden con la sanción misma de esa ley.

Y decimos esto, porque ¿cuál es la intención del proyecto de ley de orden público al determinar en su artículo 19, que cuando el consejo de guerra haya de juzgar con arreglo á esta ley á alguna persona no militar, asistirá al consejo el juez de primera instancia? ¿cuál es la intención de ese proyecto de ley, repetimos, cuando continúa diciendo: hará el juez de primera instancia constar su voto motivado por lo perteneciente á dichas personas y no mas; y si el consejo resolviese contra el voto del juez, se consultarán al tribunal especial de Guerra y Marina con suspensión de los procedimientos?

¿Se fundarán por acaso esos preceptos en el temor de que los tribunales especiales militares no llenen legal y cumplidamente las fórmulas en los procedimientos?

¿Se basarán esas determinaciones en la idea de que, pues en último resultado la ley civil ha de ser la aplicada, sea juez civil también el que decida de la inmediata aplicación de esa ley?

¿Se apoyarán esos principios en la conveniencia de que los reos paisanos tengan en los tribunales ejecutivos militares su juez natural?

Nosotros no admitimos ninguna de esas proposiciones que como hipótesis hemos presentado. Y para demostrar en las razones, que fundamos el rechazar aquella parte del artículo 19 que parece ofensivo á los militares, y el no conformarnos con la otra que nos parece inconveniente, vamos á ocuparnos de cada una de esas interrogaciones como de premicias que han de darnos las consecuencias que deseamos.

1.º ¿Se fundarán por acaso esos preceptos en el temor de que los tribunales especiales militares no llenen legal y cumplidamente las fórmulas en los procedimientos?

Error es muy antiguo el creer que los juicios militares por la brevedad de sus trámites atropellan las reglas del derecho.

Y si tal equivocación puede tener lugar en el vulgo, las personas ilustradas no deben dar asentimiento á un decir tan bago e injusto, cuanto que se pierde y destruye en el instante que por la investigación se conoce las formas legales de los procesos militares.

Unos son en todas las legislaciones los principios que dominan en la inquisición de los sucesos que como delitos figuran en los códigos.

Acusaciones por medio del funcionario público que con el nombre de fiscal tiene á su cargo la guarda de los derechos comunes.

Comprobación del delito practicada con arreglo á derecho por el juez á quien cumple fiscalizar los hechos criminales.

Defensa concedida al acusado para purificar mas las actuaciones y darle al procedimiento todo el carácter de rectitud de justicia.

Sentencia con arreglo á los autos, pronunciada por un tribunal compuesto del número de jueces bastante para esperar de la pluralidad ó mayoría de sus votos la equidad en las condenas.

Regístre de los procedimientos por un tribuna superior para asegurar mas y mas el acierto en las sentencias.