El Militar español (1846-09-12 00:00:00), página 4

hánsese escudado con el sutí argumento de no ser oficial la noticia del enlace de la Infanta, y ensalzados hoy; como ayer, rechazan ahora al duque de Montpensier, ahora que les es conocida la voluntad de la Reina y de la Infanta, como antes que esta voluntad no era sabida de un modo explícito terminante y claro.

Y hemos llamado sutí á ese argumento, porque no deja de ser ingenioso, el tomar en la cuestión presente la forma y no la esencia de las cosas.

Nadie ignora que cuando en artículo editorial la Gaceta usa de la frase «estamos autorizados» se han considerado siempre sus palabras, sino con la fuerza de un decreto, por lo menos; y esto es bastante, como si el gobierno mismo hablase.

Ahora bien, la Gaceta ha dicho: estoy autorizada para decir al pueblo español que el matrimonio entre Luisa Fernanda y Montpensier ha sido estipulado, convenido y acordado por el excelentísimo señor don Francisco Javier de Isturiz, primer secretario de Estado y presidente del consejo de ministros, autorizado con plenos poderes de S. M. la Reina, y por el señor Bresson, señor conde Bresson, embajador de Francia, autorizado igualmente con plenos poderes del rey su augusta soberano, habiéndose estendido, firmado y sellado el efecto la correspondiente acta; y desde que la Gaceta así se ha expresado, ni un solo español duda ya de la elección de S. A., de la sanción soberana que ésta elección ha recibido, y de estar la boda de la infanta definitivamente resuelta y acordada.

¿Es inteligible la existencia de esas tres cualidades el grado de obediencia, silencio y obediencia? ¿Quién puede dudar de que la opinión se haga aquello que por su especialidad está más allá de los límites de toda oposición?

Decimos aquésta, porque la Constitución en este punto está tan clara; tan explícita y terminante, que no hay necesidad para comprenderla de ir en busca de los antecedentes de la ley, ni es preciso para que observantes comenten el espíritu del texto.

«El Rey debe de consentir matrimonio,» dice el código: de poner el conocimiento de las cortes, «su aprobación se considera las estipulaciones matrimoniales que deben ser hechas de su autoridad.»

Lo mismo se observará respecto del matrimonio del inmediato sucesor de la corona.

De esto resulta que la infanta doña Luisa, tiene derecho para elegir á su antojo el príncipe su esposo, sin mas deber respecto al pais que la reverencia como presunta heredera de la potestad, que poner en conocimiento de las cortes su elección. Y poner UNICAMENTE en conocimiento de las cortes la elección, no sólo porque así lo dispone terminantemente el artículo 47 de la Constitución del Estado, si porque en la parte del código referente á las atribuciones de los dos cuerpos colegiados, á ninguno de ellos le da la ley poder ni facultad para oponerse á esa elección que por los rectos principios de equidad tan hija del corazón ha de ser en los reyes y en los príncipes, como lo es indudablemente en el resto de los ciudadanos.

De esto nosolo resulta que á las cortes no puede de ni debe ir la elección de esposo; pues esto sería un ataque directo á los derechos de la infanta, si que aun esos contratos matrimoniales de que habla la ley expresamente, no deben en rigor meterse á la aprobación sino aquella parte ó parte de ellos que DEBAN ser objeto de una ley.

Y esto se comprende fácilmente, si se advierte, que haciendo el código la precisa y justa distinción entre el derecho natural y sagrado de la libre elección de consorte y la participación que los pueblos deben tener por medio de sus representantes en todo lo que afecta á los intereses materiales del país, no podía menos de sujetar á la aprobación de las cortes aquella parte de las estipulaciones matrimoniales que por condiciones cláusulas de dote pudieran afectar los ingresos de los pueblos, pero nada más que esa parte, intalada por el código al decir que se sometieran las estipulaciones y contratos que deben ser objeto de esa ley; clasificación muy en justicia, pues bien puede haber estipulaciones y contratos que por pertenecer á los bienes particulares de los príncipes, sería un contra principio jurídico someterlo á otra voluntad extraña á la del poseedor legítimo.

Y decimos esto, porque no sólo en estos días ya por la vehemencia de las maquinas (taladas) y por el silenciamiento del mejor entendimiento, tanto se han atacado los derechos más sagrados, si que se ha interpretado, viciosamente el artículo 47 de la constitución del Estado, suponiendo que por él habían de llevarse á los cuerpos colegiados las elecciones de esposos hechas á su antojo por S. M. y S. y llevarse para la aprobación negativa de las cortes.