El Militar español (1846-08-18 00:00:00), página 4

quiera que sea el carácter con que se presenten, cualquiera que sea la circunstancia que las aconseje.

Esto es lo justo, lo equitativo, y los principios reconocidos como base única de una legislación racional.

Pues bien, la ordenanza, respecto á las notas de concepto, que es en esencia la cuestión que nos ocupa, presentase oscura, incompleta; y lo que es mas, no bastante observadora de esos principios que hemos asentado como base de las leyes justas.

Vamos á probarlo.

La milicia es una sociedad especial, cuyos individuos tienen deberes especiales, derechos especiales, y por consiguiente leyes especiales.

Como en esta sociedad todo sea expresamente especial, por eximirlo el objeto de la institución, el código que la rige no solo contiene los deberes de los asociados, sus derechos y las leyes reprobativas, si que hay una parte destinada á determinar premios en dados casos y por circunstancias dadas.

El premio y el castigo, pues, como era natural, establecidos como consecuencia del cumplimiento ó olvido de los deberes señalados; y desde luego, la necesidad de un juez regulador de la conducta de los asociados, mostróse como una necesidad para la fiel aplicación de las leyes respecto al premio y al castigo que merecían según esas mismas leyes los que faltasen ó cumpliesen con su obligación determinada.

Ese juez no podía ser otro que el jefe del estado; y efectivamente, el rey con sujeción á las leyes y como las leyes determinan premia y castiga á todos los militares.

Mas como hemos dicho que ese premio y ese castigo, sean consecuencias precisas de la conducta de los militares, y al jefe del estado no le fuése posible vigilar cual conviene á objeto tan sagrado la vida de los militares todos, la ley estableció en la sociedad militar clases gerárquicas, que elevándose desde la de soldado llegase gradualmente y sin violencia hasta las gradas mismas del trono, y clases que por estar las unas subordinadas á las otras podían por delegación observarle respectivamente.

Esta observación, empero, por la inmensa distancia que hay desde el soldado al rey, debíase de dividir en estancias no solo para hacer más eficaces los efectos de la fiscalización, si porque esas gerarquías estaban naturalmente separadas en tanto que las unas pertenecían á las clases de tropa y oficiales particulares, las otras á los gejes, y la posterior en fin á la de oficiales generales.

Efectivamente, la ordenanza lleva la gradual fiscalización de conducta desde el soldado hasta el coronel; y aquí el código establece la primera estancia concediendo á este geje superior el encargo de calificar por medio de notas de concepto elevadas á la superioridad, la conducta de sus inmediatos subditos. Y el sujeto no puede estar mejor escogido, considerándolo como geje de un todo compacto; pues es el único á poderse cerciorar por sus propias observaciones de la verdad de las demas.

La ordenanza hasta aquí dicta con arreglo á los principios de la institución, y á los de justicia y equidad; mas al establecer esa ley por la cual los coronelos de los regimientos tienen por encargo la calificación de la conducta de sus subordinados, olvida los derechos que como hombres tienen los gejes y oficiales; no se hace cargo de las pasiones á que están sujetos como hombres los coronelos todos, y de aqui que, por omisiones tan graves al tratarse de premios y castigos, la suerte de los gejes y oficiales quede por una ley desnuda de principios, á merced del capricho y de la venalidad.

Ello es evidente.

Para las revistas de inspección dice la ordenanza «aportarán todos los regimientos duplicados libros de servicio de los oficiales, primeros sargentos y cadeles arreglados al formulario A. y los estados y relaciones B. C. D. E. F. El sargento mayor certificará al principio de las libretas haberlas él formado con arreglo á lo que le consta y ha justificado cada uno; el coronel autorizará con su media firma las notas del valor, aplicación, conducta y capacidad de cada uno; y satisfecho de que en la extensión de servicios y recta exposición de sus informes están corrientes, los entregará al inspector.»

He aquí la ley por la cual los coronelos tienen el encargo de calificar la conducta de sus subordinados.

Esa calificación, hemos dicho, demanda el premio ó el castigo; por consiguiente la justicia y la equidad exigen, que pudiéndose ese hecho se envuelva una acusación, esa acusación se funde en pruebas y al acusado se le concede el derecho natural de la defensa.

Y ¿de qué manera acude la ordenanza á esas exigencias de toda legislación fundada en principios de equidad?

Las pruebas las desconoce el código, puesto