El Militar español (1846-08-25 00:00:00), página 5

MADRID 25 DE AGOSTO DE 1846.

EXECCION DE CARGAS CONCEJILES EN LOS AFORADOS DE GUERRA.

En las distintas épocas en que la nación se ha gobernado por el sistema representativo que actualmente nos rige, ha sido objeto de desavenencias y cuestiones, siempre enfadosas; y á veces de graves trascendencias entre las autoridades civil y militar, la exención de cargas concejiles de que disfrutan por la ordenanza los militares retirados.

Pretende la primera autoridad fundándose en que todos los españoles están obligados por la Constitución á sufragar á las cargas del Estado con proporcion á sus facultades, que los militares retirados no están exceptuados de sufrir los efectos de esta disposición general, á pesar de lo acordado en el art. 6.º, tratado 3.º, título 1.º de aquel código, y sin embargo de estar mandado se observe en todas sus partes por reales órdenes de 50 de junio de 1845, 24 y 28 de febrero y 27 de noviembre de 1845, bajo el pretexto de que la ordenanza no puede regir actualmente sobre el particular; por ser posterior á ella la ley fundamental; y la argucia de que dichas reales órdenes no han sido comunicadas por el ministerio de la Gobernación á los gobiernos políticos, y por estos á los ayuntamientos de los pueblos.

Las reales órdenes de que va hecho mérito han sido insertas en la Gaceta, y está mandado se obedezcan y cumplan las disposiciones del gobierno que se publiquen en el papel oficial.

Para tratar nosotros esta cuestión con el lleno de conocimientos, con la suma de datos que su gravedad hace indispensables, con el objeto de aclarar las dudas que aun ocurren, sobre si los militares retirados y aforados de guerra están ó no sujetos al servicio de hagazge, alojamientos y demás cargas concejiles, es preciso la tomemos de muy atrás, es necesario remontarnos á la fecha de donde datan nuestras sabias ordenanzas; y seguirla hasta venir á parar en la real orden de 28 de febrero de 1845, con la cual por ser más explícita que las demas, se creyó terminarian aquellas dudas y se resolvería la cuestión clara y terminantemente. Y es tanto mas necesario este análisis, cuanto que, confundiendo la autoridad civil ó sean los ayuntamientos á los militares que tienen bienes de fortuna con los que no los poseen, ha habido alcalde que se ha permitido imponer alojamiento á beneméritos oficiales retirados que no cuentan para su subsistencia con otro auxilio que el de su corta pension de problemático pago por desgracia; otros que les han obligado hasta con arresto en la carcel pública á contribuir con su trabajo personal á la recomposición de caminos; otros á servir los cargos de concejales contra su voluntad, y otros en fin, á escoltar presos, pagar repartos de consumo y á otras indígitas cargas de que ha sido siempre la piedad de S. M. exceptuarlos, no por vía de privilegio, sino en pago y como parte integrante de la retribución de sus servicios en favor de la patria, y para premiar en cierto modo la abnegación y sacrificios con que contribuyeron al afianzamiento de las leyes y al bienestar del país, como así se declaró por real orden de 5 de julio de 1854.

Si para buscar el fin apetecido nos atuviéramos á lo dispuesto sobre el particular en las ordenanzas del ejército, es indudable que la exención de cargas concejiles para los aforados de guerra, no puede ser mas lata; pues se ve que en ella están comprendidas las haciendas y bienes de fortuna, cuando dice «que no podrá sin ponerse alojamiento, repartimiento de carros, hágazes, etc.» prueba de que se consideró que podría haber militar retirado que las tuviesen y que poseyeran estos medios de transportes. Pero como hay que tener en cuenta las aclaraciones dictadas posteriormente, de aquí la necesidad de descender á su examen para obtener el resultado que se busca, para poner en claro si la exención de aquellos impuestos ha desaparecido, si es tan lata todavía como la concedieron las reales ordenanzas, ó si por el espíritu y tendencias de las épocas posteriores á su fecha han tenido algunas restricciones.