El Eco del ejército y de la armada (Ed. diaria) (1863-04-23 00:00:00), página 1

PUNTOS DE SUSCRICION.

MADRID, En la administracion, Puebla, 7, principal.
PROVINCIAS. Por medio de franquias o sellos, y también por medio de los habilitados de las clases y ejercer de los cuerpos.

EL ECO DEL EJERCITO Y DE LA ARMADA.
PUBLICACION DIARIO DE LA TARDE.

ADVERTENCIA.

Habiéndose encontrado el viernes último con una comunicación del que era nuestro editor responsable, participándonos que en aquella fecha dejaba de serlo, nos vimos obligados a suspender la publicación de nuestro periódico con arreglo a la ley de imprenta hasta que hemos podido habilitar otro nuevo. De esta falta, agena completamente á nuestra voluntad, indemnizaremos á nuestros constantes suscriptores dándoles los números que les han faltado, incluido el del Amigo del Soldado, en los próximos domin- goes que no debía publicarse nuestro periódico.

SUSCRICION
abierta por El Eco del Ejército y de la Armada, para erigir una estatua á CRISTOBAL COLON.

Suscripción de la familia real.
SS. MM. la Reina y el Rey, 10,000
SS. AA. RR. los serenísimos señores infantes duques de Montpensier, 1,000

Suma anterior... 40,131
Inno. Sr. D. José María Ibarrá, capitán de Sevilla... 200
Excmo. Sr. Conde de Pomar, brigadier de ejército... 500
Sr. D. José López Socane, capitán de fragata... 60
Sr. D. José María Orué, del consejo... 100
Sr. D. José María Turo, capitán de fragata... 40
Sr. D. Juan Pedro Muchada, senador del reino... 80
TOTAL... 52,111

(Se continuará.)

Nota. - La suscripción para el indicado objeto, cuyos productos se imponen en la Caja de Depósitos, se halla abierta en las oficinas de El Eco del Ejército y de la Armada, calle de la Puebla, 7, principal.

DE LA GUERRA CIVIL.

Cuestión muy debatida ha sido la de si el soberano ó el gobierno legalmente constituido debe por obligación observar las leyes ordinarias de la guerra con los subditos rebeldes que han tomado las armas contra el jefe de la sociedad, ya sea para resistir sus mandatos ó despojarles de la autoridad. La dificultad está aquí en la exacta aplicación de la calificación de rebelde, y en la distinción que se quiera hacer entre los casos de ser poco y despreciable, el número y calidad de los revolucionarios, el considerable, temeroso, y en el de poder o no poder obtener siempre la deferencia y respeto, cualquiera que sean su origen y sus aspiraciones. El rebelde ais- lado y débil es tenido, por el derecho púb-lico y por todas las leyes sociales, por regla de alta traición, juzgándosele por lo tanto acreedor, como tal, al último supli- cito; pero cuando los disidentes se han acrecentado hasta formar batallones; cuan- do, extendiendo la sublevación, llegan á poderse denominar partido, poniendo en conflicto la autoridad del soberano, y en duda la obediencia legal, entonces, aun- que subsista el concepto de ser en general toda sublevación un crimen contra el es- tado, se encuentra forzosamente aquel en el caso y con el deber de examinar su con- ducta, á fin de conocer de qué parte está la razón; pudiendo suceder que una de- negociación de justicia de parte del poder constituido sea bastante á excusar la re- sistencia, y aún á justificar la oposición de los que se hallen en el caso de combatir fuerzas inaportables, y la opres- sión y tiranía grande y manifiesta. La clemencia es un deber cuando la razón está del lado de los sublevados. ¿Pero ¿qué será justo en esto? ¿Qué autoridad decidi- rá esta cuestión, siempre complicada, ap- sionada y difícil? Únicamente el mayor nú- mero, que es la razón de los pueblos, y la conciencia pública, que es su eterno dere- cho decisivo y tutelar. Pero los que no tienen este fallo á su favor, los que se re- belan sin razón ni motivo suficiente con- tra el gobierno establecido, merecen indif- rentemente severas penas. A este toca en todos casos el desmendar, con acierto y ti- mo, cuando conviene la lenitud, cuando es justo y del caso el rigor; no dividiendo que casi siempre sobre tiempo para emplearlo, y que el medio más seguro de apaciguar muchos movimientos sediciosos, y con fre- cuencia el más justo, es dar una razona- ble y equitativa satisfacción á los pueblos, y si se hubiesen sublevado sin un motivo poderoso, lo que no sucede, casi nunca cuando la manifestación y el alzamiento son generales ó en gran número, aten- der á la conservación de los disidentes pri- soneros, y conceder una amnistía amplia á los que volviesen á la senda de la sumi- sión y del deber. Todo lo pasado debe dar- se al olvido, y ha de guardarse fielmente y sin referencia la humanidad ofrecida. Las guerras civiles se limitan sobre todo de represalias, y se fortalecen, encubrense y entranzan las crueldades.

Algunas veces son notables de derecho á la oposición armada y fundada en razón, que baga al soberano ó al gobierno un partido bastante numeroso, y fortalecido por la opinión pública hasta el punto de justificar en cierto modo la preludación de denominarse partido nacional; dejando el de rebeldes para significar una resistencia menos unánime y que no tenga á su favor el concepto de una justicia manifiesta y asentida por el mayor número. Ningún so- berano ó gobierno se descuidará en llamar rebeldes á todos los subditos que le resis- tan abiertamente; pero en llegado estos á ser bastantes numerosos para hacerle frente, y para obligarlo á que haga la guerra en regla, tendrá que acomodarse á sufrir la denominación de guerra civil; y entonces le vendrá á bien, al soberano apa- recer en una actitud de anticiplación, y el hacer trato á los prisioneros según las leyes universales y comunes de la guerra.

Cuando el poder establecido ha vencido al partido ó bandera que era contrario, y le ha reducido á pedir la paz, se supone por este hecho que estaban de su parte la ra- zón y la justicia; y en este supuesto, pue- de usar, y usa siempre, y á veces con so- brada latitud, del derecho de exceptuar de la amnistía que en tales casos suele con- cederse, á los autores ó autores de las turbulencias, y de juzgar con frecuencia según toda la severidad de las leyes á los que han capitaneado ó hecho de cabezas de la rebelión.

Cuando los subditos han tomado las ar- mas, sin dejar por esto de atacar al sobe- rano ó á el gobierno, y sólo con el objeto de procurar la reparación de los abusos ó de las injusticias ó perjuicios de que tie- nen que quejarse, mayor razón hay toda- vía entonces para observar con ellos las leyes de la guerra: en primer lugar por el temor de que la guerra civil á larga ma- nera encarnizada, por las represalias á que pu- diere dar lugar la severidad de aquél y además por el riesgo de cometer grandes injusticias, acelerándose en el castigo de los que hubiesen sido cogidos con las ar- mas en la mano.

Por lo que hace á otros efectos que el derecho de gentes atribuye á la guerra en general, y principalmente en lo relativo á las cosas tomadas en ella, no pueden tener derecho ni prelación á ellas los subditos que se armaron contra el sobera- no ó el gobierno establecido, sin por esto dejar de reconocerse, exceptuándose solo en el caso de que se utilicen á su propio valor y á fines propios, que se estiman comúnmente perdidos para sus propietaria- rios, no por derecho de quienes las pri- varon de ellos, sino por las complicacio- nes e inconvenientes que resultarían de la dificultad de reconocerlos.

Los militares tienen menos derecho que nadie para mezclarse y tomar parte en las guerras civiles, siendo su única e im- prescindible misión obedecer y defender al gobierno legal y establecido, sin entre- meterse en examinar y juzgar sus actos, y sirviéndolo mientras función y no haya renunciado al mando. En virtud de este principio incesante, sin cuya observan- cia, tergiversando de continuo el ejercicio del objeto de su institución, se trasformaría, de elemento de orden, en una causa perpetua y en un factor incierto de tur- bulencias, pues ciemienta tiene que ser- perar sus individuos el derecho de actuar en las revoluciones que á la falta, negándose á la cooperación, y volviéndole las espal- das; fundado con razón aquel en que, este supuesto, hay que añadir al delito de rebelión, en su caso, el de traición y de infracción á un pacto jurado y remunerado expresamente para el objeto especial de ser la fuerza armada la diestra, guarda y defensa de la potestad legal, que para esto la paga y atiende. Así es que, en la defección de la tropa y oficiales, no se castiga precisamente el ciudadano que ha desertado y abandonado sus banderas. Este deber de lealtad no tiene otro límite que la caída ó apagamiento del poder por la marcha natural de la revolución. No puede exigirse del ejército que siga ha- ciendo esfuerzos para salvar el gobierno que á él se ha dado, ni que se lo quiso defendido que se dejó anular, que adhi- riera á hecho la autoridad, y consistió su anomalamiento. Al contrario, es, en tal ca- so, un deber para el ejército el reconocimiento instantáneo del nuevo poder esta- blecido. El Estado no muere, y á él es quien debe aquel sus servicios. Extraído á