Los Destinos civiles (1917-08-01 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA CÍVICO-MILITAR INDEPENDIENTE

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JOSÉ PAYÁ FERTUSA
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Nuestra ley en Valencia
Bien sabido es que la ley de 10 de Julio de 1885, por ser la más equitativa, es también la que peor se cumple de cuantas han sido sancionadas en España; nunca fue del agrado ni tuvo el apoyo de los grupos militares, que siempre fueron hostiles, siendo en Valencia donde más se distinguieron desde un principio por su desacato e incumplimiento, pues ya en el año 1886 el alcalde de la ciudad que, por cierto, era general retirado, se oponía al decreto, y en el preámbulo de la reforma, la destrucción de los pocos empleados que en el Ayuntamiento existían a propuesta del Ministerio de la Guerra. Desde entonces y hace ya veinticuatro años, el Ayuntamiento de Valencia no ha hecho sino anunciar en la Gaceta va- cante alguna de los destinos que indiscutiblemente corresponden a los sargentos y demás licenciados del Ejército, fundándose quizá, como es verdad, en que tanto han visto de burlas y de desdichas las provincias, empezando por el Madrid, sin que hayan sufrido efecto alguna las con- tinuas reclamaciones, denuncias y ges- tiones de ninguna clase. Los destinados re- servados, los que se les licencian, los que del Ejército sirven disfrutándolo a capricho de los alcaldes y concejales, los parientes, amigos y allegados de éstos, y sin que ningún gobierno, hasta la fecha se haya propuesto, de una manera seria, de hacer algo contra ello, y el más escandaloso de los procedimientos conocidos, como es, entre otros, el de no contestar siquiera a las reclamaciones oficialmente reglamentarias que ha cur- dado la superioridad para el derecho de los corrientes generales respectivos.

Mas, volviendo ahora, por lo que re- specta a Valencia, al frente de cuyo Go- bierno civil se encuentra un distinguido caballero del Cuerpo de Ingenieros, el Sr. D. José María y Martí, cabido en ex- tremo y ostentada por la ley de 10 de Julio de 1885, puesto que en cuantas pro- vincias desempeñó igual cargo, tales como Alicante, Zaragoza, Cádiz, y en el mismo Valencia (en el año 1886), se di- dieron las primeras de sus buenos deseos, ordenando a los alcaldes por medio de circulares en los Diarios oficiales respectivos, el exacto cumplimiento de la expresada ley, también es la verdad que cuando se contestaron cumplir por lo que se refiere a los pueblos, y completamen- te nulo en los de las capitales que antes hemos citado.

Mucho y mucho de agradecer es, no ob- stante, la admirable conducta seguida siempre por el distinguido actual gobernador de Valencia, que ha vuelto a recordar a los alcaldes la ineludible obligación que tienen de cumplimentar la prestada ley de 10 de Julio de 1885, pero nuestros re- mos, que son fieles, atentos y respetuosos, permitimos indicarle que si no toma resoluciones muy energicas y radicales, haciendo que los castigos contra los in- fractores se mantengan con la mayor firmeza, resultará infeliz cuanto haga con solo la publicación de las circulares en el Boletín oficial y militar, lo de simple- mente que se hagan vacantes publican, dejan después posesión a los indivi- duos nombrados, o los destituyen al día siguiente con ingeniosos pretextos que nunca deberían admitirse.

Vea, sino, un ejemplo lo que declinamos en el Ayuntamiento de Valencia y en las importantes localidades de Gandia, Já- bila, Utiel, Alcúdia y otras, donde, da- bura traspaso todos los límites, y a pesar de haberse dado cuenta de ello en las Cortes y en el Senado para que se reformara la destrucción de los pocos em- pleados que en el Ayuntamiento existían a propuesta del Ministerio de la Guerra.

Desde entonces y hace ya veinticuatro años, el Ayuntamiento de Valencia no ha hecho sino anunciar en la Gaceta va- cante alguna de los destinos que indiscutiblemente corresponden a los sargentos y demás licenciados del Ejército, fun- dando quizás, como es verdad, en que tanto han visto de burlas y de desdichas las provincias, empezando por el Madrid, sin que hayan sufrido efecto alguna las con- tinuas reclamaciones, denuncias y ges- tiones de ninguna clase. Los destinados re- servados, los que se les licencian, los que del Ejército sirven disfrutándolo a capricho de los alcaldes y concejales, los parientes, amigos y allegados de éstos, y sin que ningún gobierno, hasta la fecha se haya propuesto, de una manera seria, de hacer algo contra ello, y el más escandaloso de los procedimientos conocidos, como es, entre otros, el de no contestar siquiera a las reclamaciones oficialmente reglamentarias que ha cur- dado la superioridad para el derecho de los corrientes generales respectivos.

Mas, volviendo ahora, por lo que re- specta a Valencia, al frente de cuyo Go- bierno civil se encuentra un distinguido caballero del Cuerpo de Ingenieros, el Sr. D. José María y Martí, cabido en ex- tremo y ostentada por la ley de 10 de Julio de 1885, puesto que en cuantas pro- provincias desempeñó igual cargo, tales como Alicante, Zaragoza, Cádiz, y en el mismo Valencia (en el año 1886), se di- dieron las primeras de sus buenos deseos, ordenando a los alcaldes por medio de circulares en los Diarios oficiales respectivos, el exacto cumplimiento de la expresada ley, también es la verdad que cuando se contestaron cumplir por lo que se refiere a los pueblos, y completamen- te nulo en los de las capitales que antes hemos citado.

Mucho y mucho de agradecer es, no ob- stante, la admirable conducta seguida siempre por el distinguido actual gobernador de Valencia, que ha vuelto a recordar a los alcaldes la ineludible obligación que tienen de cumplimentar la prestada ley de 10 de Julio de 1885, pero nuestros re- mos, que son fieles, atentos y respetuosos, permitimos indicarle que si no toma resoluciones muy energicas y radicales, haciendo que los castigos contra los in- fractores se mantengan con la mayor firmeza, resultará infeliz cuanto haga con chat, opiniones que solo realizando con mano dura y llevando a cabo lo que se llama un ejemplar escarmiento, hacen- do sufrir a dichos alcaldes las penalida- des efectivas correspondientes a la gra- vedad de cada caso, podría quizá cons- truirse el exacto y fiel cumplimiento de la ley, tanto en la capital, como en las ciudades y pueblos de la provincia de Valencia.

José Payá Fertusa.

UNA EXPOSICIÓN
Es de gran interés y de excepcional importancia la siguiente, que para su in- sersión se nos remite. Dice así:
Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia:
La Comisión permanente de la Sociedad de Empleados subalternos del Estado, que se honra en suscribir la presente instancia, muy responsablemente recon-oce que el Excmo. Sr. D. Ernesto Cob Rojo fue nombrado con carácter provi- sional ordenanza segundo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, con el sueldo anual de 1.300 pesetas, el día 19 de No- viembre de 1894, y que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento de 10 de Octubre de 1894, para aplicación de la ley de 10 de Julio de 1885, se le ha comunicado el Real decreto de la Presidencia del Con- sejo de ministros de 29 de Enero de 1886.

Las que se establecen en el reglamento que se publica, según lo dispuesto en el art. 2.º
Los licenciados no tendrán derecho a una pro- porción mayor de la cuarta parte que por este artículo se les señala, pudiendo cubrirse las tres cuartas partes restantes, a falta de sargentos en activo, en individuos que no hayan pertenecido al Ejército.
Art. 3.º Para que las vacantes lleguen a co- nocimiento de los interesados, los ministros res- pectivos pasarán al de la Guerra nota mensual de los destinos que en sus departamentos corres- pondan a los sargentos, en el estado de libre y demás situaciones de los mismos. Con estas notas se formará por el Ministerio de la Guerra una lista, que se publicará también mensualmen- te en la Gaceta y periódicos oficiales del Ejército y de la Armada.
Art. 4.º En las instancias se dirigirán por con- ducto de las Direcciones de las armas respecti- vas al Ministerio de la Guerra, o al de Marina en su caso, el cual remitirá las de su ramo al prime- ro, con los antecedentes de los interesados, para que puedan ser incluidos en la clasificación ge- neral.
En dichas instancias se expresarán los desi- des a que aspiren por orden de preferencia. El ministro de la Guerra las pasará a informe del Consejo de Redenciones y Enajenaciones (1), que

(1) Tengase presente que no existe ya dicho Con- sejo.

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Y como el lo expreso fuera poco, ex- celentísimo señor, con fecha 22 de Junio del año corriente fué citado D. Era- risto Cob Rojo promovido al empleo de portero primero de la mencionada Fis- calía, con el sueldo anual de 2.000 pesa- tas, con lo que no varía sino se con- trasta la declaración vista y dictada para la más clara observancia de aquellos preceptos, los que bien termi- namente previenen que ningún indi- viduo que se halla en la posición de titular de un destino, sea excluido de las cla- sas de tropa en virtud del expresado regla- mento y ley de 10 de Octubre y 10 de Julio de 1885, respectivamente, podrá ser ascendido a otro de mayor sueldo o ca- tegoría, sino que deberá conservar la propiedad del primero, por caridad reglamentaria de propuesta hecha por el Ministerio de la Guerra.

Ahora bien, excelentísimo señor, como nada de lo presunto se obrará en el destino que obtuvo el señor Cob en la Fiscalía del Tribunal Supremo, claramente se desprende que en ningún precepto legal jamás expuesto, ha podido basarse la necesi- dad de que se le dé el favor, circunstancia sensiblemente agravada por ir unida a la lejana mani- festa que en sus derechos adquiridos ha causado que en las ordenanzas primeras de la respectiva Fiscalía, D. Juan Moreno Mar- tinez, D. Luis de la Sota, y otros dos destinos vayan desempeñándose en pro- piedad y con el sueldo anual de 1.500 pe- setas desde el 1.º de Enero de 1891, ha-