Los Destinos civiles (1913-06-01 00:00:00), página 1

AÑO XXIV
MADRID 1º DE JUNIO DE 1913
NUM. 563

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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SE PUBLICA LOS DÍAS 1.º Y 20 DE CADA MES
TODA LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRÁ A
JOSÉ PAYA PERTUSA
CALLE DE LA MAGDALENA, NÚM. 38, MADRID

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Las correspondencias enviadas por sus autores (si son los respectivos) han de anotar su nombre en las papeletas publicadas.

DENUNCIA DE DESTINOS
Pueden hacerlas los sargentos de activo y los sargentos, cabos y soldados licenciados, con arreglo al reglamento de 10 de Octubre de 1858, en su "ART. 45. TODO INDIVIDUO DECLARADO CON DERECHO A PRETENDER UN DESTINO CIVIL, PUEDE PRODUCIR QUEJA AL MINISTERIO DE QUIEN DEPENDA SOBRE LAS CONCESIONES DE ESTOS QUE SE HAGAN FUERA DE LA LEY Y DEL PRESENTE REGLAMENTO."

Bastará para ejercitar ese legítimo derecho, promover instancia en papel de clase II.º (una pestaña), dirigida al señor Ministro de la Guerra, acompañando, el de activo, una copia de la filiación y los demás una copia de la licencia absoluta extendida en papel de clase II.º, legalizada por el alcaldé en los puntos donde no haya Comisario de Guerra, curando siempre dicha instancia y documentos por conducto de los Gobiernos militares de las provincias en que residan los reclamantes.

Los individuos de todas clases que hubieran con anterioridad solicitado destinos, tanto si los alcanzaron, como si no, tienen ya expediente en Guerra y pueden denunciar todos los destinos remitiendo sólo la instancia; no necesitan acompañar copia de licencia.

Nota triste y nota alegre.
Leemos en Los Destinos Civiles del 20 la convocatoria de Correos anunciada para cubrir docenas de plazas de oficiales de la Guardia Civil, y esta es la nota triste que nos hace recordar que todas las plazas pertenecieron de derecho a los vinculados del Ejército y Armada, como comprobó el estudio del autor a favor de la ley de 10 de Julio de 1858. Los Gobiernos, más por atender a los compromisos caídas que á la mejora del servicio, reformaron el Estatuto Cheper, pero en el sentido de que aunque pasara el examen, ninguno de los individuos procedentes del Ejército tiene derecho á aspirar á los expresados destinos por haber fijado su destino en el Ejército durante 10 años, ó sea cuando los licenciados no pueden concursar hasta obtener la licencia absoluta, á menos que sean admitidos en el caso de hallarse en situación de segunda reserva.

Es irriante que por unos ú otros motivos se vaya cerneiendo nuestra ley hasta que se haga un poco de lo que se publicaba en la Gaceta algunas veces contra las posturas y carteros y aún ésta con las consignaciones restantes, pues no todas las que se denuncian aparecen publicadas.

¿Es, acaso, que tanto para los destinos de Real orden como para los de subalternos, no se nos considera con capacidad suficiente para desempeñarlos tan digna y honradamente como lo vienen haciendo los que por oposición (1) lo consiguen?

Sin mentiras para nadie, bien podemos recordar que, con exámen y sin examen, los de nuestra precedencia pueden competir hasta con ventaja con los del destino civil que no hallándose asociados a ninguna de las obligaciones que el destino proporciona, se les da la casualidad y de aquí también, las muchas excelencias que se solicitan dentro de la institución, circunstancia que abonan el procedimiento. ¿Qué decir de los destinados deberán volver á incorporarse á nuestra ley, aun que naturalmente con el derecho especial que les reconozcan, bastando con que la ley sobrevenga en disposición se prolongará la edad de ingreso hasta los treinta y cinco años, lo que ya harían en nuestro puesto para las licencias absolutas y con condición de que aquéllos fueran publicados por el Ministerio de la Guerra en la Gaceta de Madrid.

Y así como se hace eco el epígrafe, la relación el articulista con la agradable noticia que el mismo periódico Los Destinos Civiles nos facilita, nos permite dar cuenta de las Pruebas, siguiendo diametralmente la línea que opuesta al de Correos, y con ocasión de la reorganización del mismo, se dispone, según lo que se ha visto de la clase de vigilantes seguidos y suministrados en las anteriores, tendrá lugar á propuesta del Ministerio de la Guerra con arreglo á la ley de 10 de Julio de 1858, aunque sufrido el examen de méritos, lo cual si bien puede entorpecer la acción de los buenos propósitos del legislador y de los destinados, á que tales exámenes han llegado, es obvio que el derecho, precepto de justicia á favor de la de nuestra clase que, siendo aplicables y de un regular criterio, como en casi todos los casos, pueden aspirar y obtener sin grandes contratiempos los citados destinos.

El articulista, y con él todos los que al Ejército y Armada hemos servido, no escatimaremos nuestros aplausos y nuestro reconocimiento al Sr. Ministro del ramo por haber acordado tan justa y tan necesaria medida, que justifica un principio de derechos que favorece á aquellos servidores de la Patria que la defenden con las armas en la mano, cuando representan que no olvidan en sus horas de mayor necesidad de entregar justicia para los humildes, como premio á sus meritorios servicios con el que se llama fue combatientes y verificaron su sangre en el honor y el patriotismo, y á esto responde el Real decreto fecha 5 del corriente, publicado en la Gaceta de Madrid.

Para evitar lo primero, ó sea el de que continúe cercenándose la ley, y ha- cer que los destinados que fueron objeto de esa sustitución vuelvan á reintegrarse á la antigua situación, para que la misma se afiance y que todos nos comprometamos para hacer respetar la justicia que nace del exacto cumplimiento de la ley de 10 de Julio de 1858, y que de otra manera sería mancilla, para después dedicarnos con más relativa tranquilidad á nuestra interior organización.

EUSEBIO GONZÁLEZ.

(1) Ya sabemos todos lo que en España significan esta clase de oposiciones.

LOS DESCUENTOS
Hace ya bastante tiempo tenia pensado ocuparme de este asunto, que tanto interesa á la multitud de familias que subsisten á sus necesidades con el sueldo que el Estado les entregue; varias razones me han hecho esperar hasta el presente, determinaron la necesidad de zanjar mi pensamiento; esperaba, además, que plumas mejor cortadas que la mía, las encargadas de adorar los oportunos rasgos de la verdad, se pusieran de relieve la injusticia, la tremenda injusticia que se cometió, obligando á los ancianos pobres á pagar las enormes cuotas de descuentos (1) estacionarios, y como medida extrema para hacer frente á una situación difícil, impuso el Sr. Villaverde, cuando en tomas las dos sesiones de las relaciones, los términos de imposición á menudo que los compromisos fueron menos generosos y generosos.

Nadie se ha ocupado de ello y por eso lo hago y. Es que los funcionarios públicos, los servidores del Estado, técnicos y no técnicos, tenemos un concepto de lo que significa un trabajo y personalidad, y un tan justo sentimiento en los jefes superiores del Poder ejecutivo—y unas pasadas arbitrariedades, que se resumen en el castigo estatal de la situación del cesante, que con el del maestro, famélico y desastrado, para ver cómo de nuestra generación fueron de causa del régimen de la época de estos años que por no exponer á molestias y disgustos, dejamos que áquel que está armado, por el indulto campo de la guerra, se llevara las respectivas partidas los corrientamientos que en gana le vengan, sin permitirnos ni un mínimo gesto de protesta ni aun de lamentos.

En aquellos lamentables tiempos, afortunadamente hoy á la Historia pertenece, en que los destinados públicos consignados en el Estado, en el caso de los que llegaban por artes, más ó menos desdichados, á conseguir la ansiosa cartera, tenían todavía razón de ser, ó al menos se les daba cierta seguridad. En la mayoría de los casos los empleados eran para premiar servicios domésticos ó electorales, y no era, ni mucho menos, excesiva la remuneración que recibían personas de muy baja extracción y sin ninguna cultura, que, como es natural, no podían, en modo alguno, quejarse de lo que la ansiedad de su existencia, ya que el motivo de la surtida del sueldo, las razones de la colocación, no tenían otro fundamento que el capricho de los que pagaban ó que pagaban con dinero de los que fueron adoptados en su obsequio, y que debieron haber sido satisfechas de su peculio particular. Hoy, en que para ingresar en la Administración hay que poseer múltiples conocimientos, rigurosas oposiciones, y en la mayor parte de los casos, largos años de carrera, requisitos que los que no poseen, ó que poseen y formables gastos de energía, no pueden tolerarse, no deben tolerarse ciertas perjuicios, y más á causa de enormes perjuicios, represalias, y de la dignidad del que pacientemente las sufre.

Protestamos todos —como es justo— cuando un patrono ambicioso y desconsiderado impone cargos pecuniarios á sus sirvientes, que obliga á comprar en cantidades lo que le parezca, y á sin motivar las cuotas del salario, y, sin embargo, permanecen impasibles los funcionarios, ante el aumento de la tributación por edicto presidencial, traslados, postergaciones ó expedientes por manejos oligárquicos, y hasta abonamos impuestos, que por no querer robar al personal, á su turno, el «señor Estado», «arbitrariamente» nos imponen.

Digo arbitrariamente, porque el hecho de transformar á un derecho en un deber, siempre me parecerá una insigne polaca, y si á esta transformación se añade una sanción pecuniaria similar, se convierte en una coacción que no es ni más ni menos que una exacción, agravada por el hecho de que las futuras y presentes víctimas no pueden en modo alguno oponerse á la exacción.

Amo en la esfera del derecho constitucional, el perjuicio que se infiere á los funcionarios públicos no queda en el concepto que emite el artículo 12, que examina el que emite una esas cosas de números las cuotas que por contribuciones, impositivas y urbanas pagan los propietarios, y al que se añade el concepto de utilidades abonadas los empleados particulares, y verá si pueden hacerse de la misma manera los destinados; si uno que un funcionario á 6.100 anuales sólo cobre 215 al mes; uno de 2.000, la mismísima suma de 145,66, y el de 1.150, la misma de 115,50.

Terrorismo por parte de la Asociación de funcionarios públicos que existe en Madrid, los diputados á Cortes que al Estatuto van, los escritores que desempeñan cargos públicos, y los que se proponen desarrollar las ideas echa-das en este artículo y recabar de quien corresponda que en el próximo presupuesto se rebajan las cuotas que los empleados públicos pagan al Estado por el impuesto de utilidades.

CLEMENTE CALVO.

DESPUES DEL CONGRESO
Sin el complemento de todos los datos necesarios para formar cabal juicio del desarrollo que este tuvo en sus diversas sesiones que celebró la Asamblea, se vislumbra, no obstante, en conocimiento de los hechos sucedidos en el tratado de las cuestiones acerca de la colocación, que tienen que reportar á los licenciados del Ejército y Armada, con tal de que el orden en que fueron adoptados se lleven á la práctica, como corresponde, y nuestros gobernantes los atiendan como es su deber y como recompen- sa de los meritorios servicios pues así lo reclaman los que se han quejado, y si también la opinión pública desde hace muchísimo tiempo, porque así lo reclaman los adelantados de los tiempos modernos, que son grandes garantía para los hombres que se ocupan de la grandeza y regeneración de nuestra querida Patria, como que todos ansiamos. Ya se ha indicado el verdadero sentido de la alegría inmensa que hubiera tenido de