Los Destinos civiles (1914-09-01 00:00:00), página 2

bile con toda clase de progresos y civilización, porque el caciquismo es la sustancia de toda tiranía política, civil y religiosa.

Los caciques, con sus desmanes y modo de ser, resultan oprobio y bálsamo de la Europa civilizada.

Limpiezas, pues, la nación del simi- moro que párkinson que la han inculcado y tomado por heredad, verdaderos chu- pátberos del pueblo que trabaja, sufre y calla, y éste, recuperando la savia per- dida, empezará, como por encanto, á re- vivir y regenerarse.

En cuanto a lo que haga esto, los distritos rurales no serán otra cosa que reinos de taifas; esto es, de bandera á bandajide, en los que, á imitación del feudalismo mus- limán, el cacique ó jefe se hace dueño de un territorio para dar rendas sueltas á sus inquilinos.

Por último, el caciquismo ha envileci- do de tal suerte al hombre, que de libre lo redujo á la más degradante esclavi- tud.

¡Maldito sea el caciquismo!

ELEUTERIO CASTRO SOTO.

ORGANICÉMONOS

Entre las muchas anomalías que se ob- servan en el cumplimiento de las leyes de 3 de Julio de 1876 y 10 de Julio de 1885, existe una verdaderamente extra- ordinaria, la cual es indudable que no habrá pasado desapercibida á muchos de los compañeros que leen las presentes líneas.

Sabido es que la mayor parte de las vacantes que anuncia mensualmente la Gaceta, para su provisión con arreglo á dichas leyes, consiste en destinos de car- teros y oficiales de pueblos de escasa vecindad y de escasísima importancia, con sueldos tan irrisorios, que si en algunos casos (los menos), producen pa- ra ir viviendo, es indudable que en su gran mayoría el licenciado que la oblie- ne ha de estar obligado á arrendar una vida llena de penuria.

Ahora bien: yo no recuerdo haber visto anunciadas en la Gaceta ni una va- cante siquiera de carteros de capitales de provincia, ni aun de poblaciones de alguna importancia, aunque las que están dotadas con un sueldo regulado excede del límite máximo fijado en las an- tes citadas leyes, y no cabe duda de que son numerosas las plazas de carteros de dicha condición que en el territorio nacio- nal existen, y que por el mismo motivo deben producirse, pero evidentemente cierto número de vacantes que no puede ser reducido, las cuales deberían aparecer anunciadas en el mencionado periódico oficial para su provisión en la forma que establece la ley, pero como- nada de esto se hace, la citada ley queda olvidada una vez más, con perjuicio de tercer (1).

Con lo apuntado hasta para sacar la conclusión de que todas las mencio- nadas plazas que existen en España se hallan cubiertas, aparte las que lo son por exámenes más ó menos verídicos, por los amigos y demás satélites apoya- dos por el caciquismo. ¿Cómo qué méritos? Fues con los dichos ádulos, algunos de ellos, que se prueban á sí mismos, ca- tan hasta con el de haber estado en pre- sidió, que no es poco, y no quiero ir des- menuzando más méritos.

Pero no nos hagamos ilusiones; tenga- mos el convencimiento de que en la Gac- esta sólo aparecen anunciadas las va- cantes de destinos que desdullan ó no conviene á la distinguida clase de pro- gresados, dejándose únicamente á las li- cenziadas del Ejército las pitáfras y las- es en escasa cantidad para que no su- framos indignaciones.

Y no hay que decir, en este caso, que apenas desdullan dependen de los munici- pios que abusando de la impunidad que les presta el cacique, dejan de anun- ciarlas en la Gaceta sino que dependen directamente de organismos del Estado y por tanto es el gobierno, ó gobierno que lo ordena, el que infringe y deja desplumada la ley.

Así se explica que sea escasísimo y en algunos meses nulo, el número de vacan- tes que se anuncian dotadas con sueldo anual de 1.000 pesetas en adelante y que en la práctica se encuentran en los pue- dominios aquellos que sólo su domini- ción repugna á los que hayan perteneci- do y pertenezcan á la clase de sargen- tos y hasta á los cabos y soldados, apar- tado de los cargos sargentiles licenciados nos hallamos, recordemos, en el régimen de- tincional, decir, de los dotados con 1.000 pesetas en adelante, poco menos que en la calle, puesto que, según prescribe la ley, sólo podemos aspirar á una cuarta parte de los que se anuncian destinados según lo previsto á los sargentos, que son activos y á éstos no los solicitan, que- dan desertistas y son provistos al arbitrio del jefe de la dependencia respectiva, mejor dicho, del cacique. ¿Qué más se puede pedir?

Es de notar que el legislador, al establecer en un principio tan injusta desigualdad, no tuvo el impulso de pro- micar o recompensar los servicios presta- dos á la Patria en las filas del Ejército, que sólo por lo menos merecen más consideración; fue otro motivo muy di- fícil y que el más níveo puede vislum- brar.

Así es que precisa la más estrecha unión y organización para impedir que tan ignominiosamente se trate de anu- nciar meros derechos ganados á fuerza de trabajos y de sacrificios, y que se dé á toda costa que se nos arrebate el pedazo de pan, al que con tanta justicia tenemos derecho. No permitamos que el móvil caciquismo se adueñe tan faci- lmente de los puestos que legítimamente nos pertenecen.

Para conseguirlo no ha de ser con la clase de unión que á la fecha existe, si á ese se le puede llamar unión; pues las sociedades que hay constituidas, cuan- tan escasas son de socios que es lo que en realidad no existen, y que de- parte he observado que allí en donde aquéllas se hallan domiciliadas, es don- de se cometen más atropellos á la ley que emprendan una acción eficaz para impedirlo.

Como se sabe, el ayuntamiento de Madrid, en sesión pública, tomó un acuer- do en el cual para nada tuvo en cuenta, al tratar de la provisión de vacantes de destino dependientes del mismo, la ley de 10 de Julio de 1885; por el contrario, al discutirse el proyecto de presupuesto, con el mayor descaro, la cos- tumbre chabacana que en dicho ayun- tamiento existe para proveer las vacan- tes de destinos comprendidos en la ley de 10 de Julio de 1885.

Hasta la fecha no he tenido noticias de que á ningún individuo procedente del Ejército, de los muchos que deben residir en la corte y fuera de ella, se le haya ocurrido acudir en azada contra el men- cionado acuerdo que es ilegal á todos los efectos.

No sucederá lo propio si estuviéramos organizados.

FELIPE RIVERA.
Sevilla, 25 de Agosto de 1914.

SECCION LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Ley.
D. Alfonso XIII., por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España.
A todos los que la presente vieran y entiendan, sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Art. 1.º. Se suprime, asimismo y se separación de los funcionarios administrativos pertenecientes á la plantilla de la Presidencia del Consejo de Ministros se verificará con aplicación á los preceptos contenidos en los artículos siguientes:
Art. 2.º. La antigüedad de la carrera será por la categoría de oficios de la Administración, con sueldo de 7.000 pes- tas anuales, previas oposiciones, que se convocarán siempre por plazo de seis meses, y á las que serán admitidos los españoles nacidos en el exterior, de 18 años y cien- quenta, que no tengan antecedentes penales y posean título académico de facultad ó sus asimilados, ó mediante exámenes de aptitud de los aspirantes á oficiales que llenen los requisitos de oficio, oportunamente publicados sobre conocimientos teóricos y prácticos de Derecho político y administrativo, de las leyes y disposiciones fundamentales promulgadas por los Departamentos mi- nisteriales y singularmente de aquellas cuyo cumplimiento incumbe á la Presi- dencia del Consejo de Ministros.
Art. 3.º. Las vacantes de oficiales de tercera clase hasta las de jefe de Admi- nistración, ambas inclusive, se proce- derán con arreglo á los turnos de ascenso que se determinen en la categoría inmediata inferior y de acuerdo con el orden de ingreso, entre los funcionarios de la cate- goría inmediata inferior que cuenten los dos años de servicios prevendidos en la ley de 10 de Julio de 1876.
Art. 4.º. Los aspirantes que ocurren de oficiales cuartos se cubrirán con suspe- ción á tres turnos: primero, de ascenso, por antigüedad y previo título de aptitud en- tre los aspirantes á oficiales; segundo, de reposición de oficiales, y tercero, me- mo de los que se trate, según lo dispone el artículo 2.º de este apartado. En los casos que hayan aprobado el examen de suficiencia ni cesantes en el escalafón, se adjudicarán ambos turnos al de op- sición.
Art. 5.º. Las vacantes de aspirantes á oficial se proceberán con arreglo á la ley de 10 de Julio de 1885 y disposiciones complementarias. Si por el Ministerio de Hacienda no se formule propuesta en el plazo de tres meses, se cubrirán libre- mente, en el orden de ingreso, entre los de 18 años y menores de cuarenta, previo exa- men de aptitud, que se referirá á escrí- tura, Gramática, Aritmética, ley y regla- mentos de procedimientos adminis- trativos y organizaciones y funcionamen- to del Presidente del Consejo, del Consejo de Estado y nociones generales respecto á la organización de los ministerios.
Art. 6.º. Los funcionarios comprendi- dos en esta ley que lleven cuatro años de continuidad en la Presidencia del Consejo podrán solicitar un año de excedencia, sin sueldo, con la obligación de pedir, dentro del último mes de la misma, el reintegro, que podrá conce- derseles con el número, clase y categoría que tenían en el momento de la solicitud, y serán colocados sin continuar turno.
Transcurrido el año de excedencia sin solicitar el reintegro en el servicio, el excedente voluntario será considerado como cesante y pasará á ocupar en el orden de ingreso el puesto de Oficial, el de- mando que le corresponda.
Art. 7.º. Las licencias se concederán, cuando procedan, con arreglo á la ley de 21 de Julio de 1878, y caducarán cuando no se hayan comenzado á usar dentro de los treinta días siguientes al de su con- cesión.
Art. 8.º Las correcciones disciplina- rias que puedan imponerse á dichos fun- cionarios, serán: amonestaciones, multa, cuya cuantía no podrá exceder del in- porte de uno á diez días de haber, pos- tergación de uno á tres meses en el es- calafón y suspensión de empleo y sueldo hasta tres meses.
Art. 9.º. Los funcionarios activos que fuesen procesados serán suspendidos de el día en que se comunique á la Presi- dencia el procesamiento, con derecho á percibir la mitad del sueldo, si la resolu- ción final que recaiga (fuera absolu- tiva) absorba el cargo de la libreta. La condena implicará la baja definitiva, pero no afectará á los derechos pasivos, si los tuvieren, y en ningún caso á los de viudedad ó orfandad que hubiesen cau- sado para el Estado.
Art. 10. Los funcionarios administra- tivos de la Presidencia podrán ser decla- rados cesantes:
1.º Por reforma de plantillas, por la excedencia determinada en el art. 5.º y por ingreso de destino expresamente tal circunstancia, en el orden de ingreso, quedando el cesante con preferen- cia á ocupar la primera vacante de su categoría. Las cesantías que hu- bieren de decretarse por este motivo re- ducirán los turnos que cuenten menos tiempo de servicio en la Presi- dencia del Consejo de Ministros.
Art. 11. La jubilación será postergativa en el presidente del Consejo y en los inte- resados, desde que estos hayan cumplido sesenta y cinco años, y para todos á los que se refiere esta ley, desde aspirantes á ofi- ciales á jefes de Administración inclusi- ve, se declaran incorporados para los descuentos pasivos de sus vidas y muertes á la Muy Ilustre Caja de Ahorros, según lo dispuesto por la ley de 8 de Septiembre del mismo año, Real orden de 20 de Marzo de 1896 y demás disposiciones posterio- res, incluida la Real orden del Ministerio de Hacienda de 10 de Mayo de 1903, dic- tada para adaptar á la nueva situac- ción y categorías administrativas las cla- sificaciones de la antigua legislación.
Art. 12. Se formará un escalafón por antigüedad de servicios de los porteros y custodios, y la adjudicación ó cesación se consignará en el correspondiente de la Subse- cretaría de la Presidencia, debiendo proveerse las vacantes que resulten de la última categoría, que será la de ingreso, con aplicación á la ley de 10 de Julio de 1885 y demás propuesta al Ministerio de la Guerra. El plazo de tres meses, podrá cubrirse el presidente del Consejo entre los indivi- duos que, teniendo veintitrés años y no excediendo de cuarenta, acrediten sa- ber leer y escribir, conforme á las cua- tro reglas elementales de la Aritmética. Los haberes de este personal serán compatibles con los haberes pasivos y de cruce que disfruten los interesados. Los porteros y ordenanzas cesarán en el ejercicio del oficio que cumplan sesenta y cinco años.
Art. 13. En el plazo de tres meses contados desde la publicación de esta ley, se dictará, en congruencia con ella, el Reglamento para su ejecución.
Art. 14. Queda derogada la ley de 21 de Julio de 1876, de 10 de Julio de 1885 y demás disposiciones, en cuanto se opongan á lo previsto en la pre- sente.
Pueden mandaros etc., etc.
Dado en San Ildefonso á treinta de Ju-lio de mil novecientos catorce.—Yo el Rey.—El presidente del Consejo de mi- nistros, Eduardo Dato.
(Gaceta 2 Julio de 1914.)