Los Destinos civiles (1908-08-02 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
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LOS DESCUENTOS
Como complemento de mi artículo anterior, en el que a grandes rasgos expuse las causas de motivos legal que acosejan a este ordenamiento, me disculpo que trascuivan sobre los humildes sueldos de 150 a 1.250 pesetas anuales, con reconocimiento palmario de la situación que podría ser de los de los mismos, y la necesidad de que se les diera un remedio, impelí mi ánimo á proseguir aquella labor, para demostrar que, para que la brecha entre el poder imperador, ha de hacerse extensiva en el orden civil, que como iniciación, se estime justa durante varios ejercicios para los ciudadanos, que se encuentren en avance hasta llegar á su total eliminación, el caso que en gobernantes y gobernados ha de reinar la interior satisfacción como único fundamento de los bienes materiales del Estado, y que la administración y Administración pública pueda llegar á alcanzar el más alto grado de perfección por quienes, respondiendo á esos deberes, se hallen en el poder, sin miti- lón de engrandecerla y dignificarla.
Al insistir, pues, en mi empeño y reflejo á los lectores, aquellos mis funda- mentos de la política que nos inspiran, paso á enumerar los que han de servirse de base para el presente trabajo, que, como bien se recuer- da, el actual Gobierno, en su primer acto, en el año 1904, por acuerdo uná- mimo del Consejo de Ministros, dispuso que el presupuesto de la Comunida- dera para 1906, de los que llegaren á aprobarse en ambas Cámaras los corres- pondientes á tres ó cuatro Ministerios, serían precisos de la rebaja de los sueldos de los empleados, en proporción á su totalidad, alcanzable á todas las cate- gorías de oficiales, hasta fechas de Negocia- ciones, iniciándose en otras sucesivas, bilaterales, ejercicios, en una completa desaparición, medida que, si bien por azares de la política no llegó á sercaer nunca real (1), en cambio ha de resultar un recurso á la exposición de aquella sentida necesidad, de la que el Gobierno se hizo solidario, traducien- do en el compromiso de que para man- tener dicha acortada, su presupuesto y llevarlo á la categoría de realidad al volver á ser podrá, ya porque subsisten las mismas necesidades de la época, agrupadas por el encargo en las edulas personales y amenazadas por el proyecto de Administración local, para contribuir con otros tributos, de los que la actividad municipal alcanza ésta, porqué así lo demanda una justa repa- ración de justicia, ya porque tan justifica- blemente acertó vino á crear, si no en el lado de derecho, como menos en for- mal promesa realizarse á corto plazo, ya, en fin, porque el Estado, que, como siempre lógicamente, mediante esa grava- ción de sus propios ingresos, bien se in- dicaba que favorece el crédito público, porque en cierto modo revista y pone al descubierto el poder de la Hacienda, que resulta razonablemente próspera.
Han transcurrido cuatro años desde aquella fecha de inmorable recuerdo, y hasta la actualidad no se ha dado po- der de tomar de aquella acertada y preciosa el infinito beneficio que supone el por 100

otorgado en el vigente presupuesto para aquellos modestos empleados; y aunque ese escaso beneficio para la idea de que las ofertas de la administración no perdura la legitimidad de aquel comprome- so, con tendencias á realizarlo, es el dicho en los presupuestos federales para 1909 que se ha visto autoriza- rizado en favor de tan anhelado deseo, tanto por lo que afecta á la supresión to- tal de los descuentos para las unos, como para los otros, pero en la misma circuns- tancia que hace temer que también por esta vez queden defraudadas aqué- llas legítimas esperanzas, sin tener en cuenta que, en el caso de aprobarse para los primeros, no deja de serlo tam- bién para los segundos, por la mayor exi- gencia que la socialización les impone para alcanzar la igualdad, y ello sin teniendo que hacer verdaderos sacrificios para mantener sin mancilla la hou- rra y moralidad que el cargo les exige, y que generalmente viene á desnaturaleza- rse en el momento en que se producen dos que disfrutan, el Erario no consiente aumentarlos, ¿qué menos puede pedirse y considerarse que aquella supresión y re- bajas de desgaste, que se ha venido ob- viando cesar á causas que se motiva- ron y cuando tan fácilmente pueden compensarse con la introducción de otras, arrastradas á la administración, en la que tal vez, más por desidia que por buen deseo, se pierde una regular suma de millones que pudieran utilizarse en beneficio de la nación, y que se basan sobre el ciudadano honrado que se- fíase al Tesoro cuanto le corresponde.
En resumen la oportunidad de las cir- cunstancias desesperadas de la época, y sus uñezas se abra una activa y razón- ble campaña en el estado de la Prensa, y aún fuera de ella, que ponga en la luz de la verdad, lo que se está per- petuando en el ánimo del Gobierno, se decide por llevar á los próximos presu- puestos el cumplimiento de aquella se- gunda parte, y que para que se dé de buena voluntad cooperen con su va- limiento á que tan justa como noble ca- sa, de los Reyes y de Paco, no sólo por el interés ampliarán la acogida, sino el verdadero acto de estricta justicia, si que también por ser impelida por los más generosos sentimientos.

ERESIO GONZÁLEZ.

LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
En los números 434, 436, 438 y 445 de este battalador periódico se han publi- cado otros tantos artículos, en los que el celoso y entusiasta defensor de los dere- chos de los propios empleados, el señor, tal vez amigo, D. Manuel Iglesia Paco, viene tratando de demostrar que la ley del 59 quedará anulada desde el momen- to en que se apruebe el proyecto de ley relativo á estas líneas, y que los empleados municipales quedarán á merced de la benevolencia de los Ayuntamientos.
Estos artículos, que son de gran trans- parenteza, abarcan tales aservaciones y para mayor comprensión, trataremos por separado.
Es el primero, el relativo á la anula- ción ó conciliación de la ley del 89. Concedo que de hecho ocurrirá lo que temo mi amigo Iglesia por la singular, pero cierta y abundante falacia de legis- lar, intentando aplicar la ley de Admi- nistración local, en un caso de este desgraciado país; pero no puedo ni creo que tampoco haga igual conce- sión, sino que, distinguiendo el asunto desde el punto de vista jurídico dere- cho, y voy á ver si conviene á los lec- tores.
Considero mi amigo Paco, al formular sus juicios, en que el artículo 1 de la ley en discusión establece la autonomía de los Ayuntamientos y les faculta para nombrar empleados libremente, sin tener en cuenta para nada, que la Ley de 1889, en lo que se acoge á ella, y por lo tanto, tengo que decir que el que se refiere á subordinar á los Ayuntamientos para nombrar y destituir á sus emplea- dos es el art. 99, y que este mismo ar- tículo, en su párrafo primero, subordina las leyes generales del Régimen Local, que se encuentra comprendida la de 10 de Julio de 1889:
Y es que extraña que mi amigo Sr. Iglesia se fije tanto en la sombra de autonomía que concede la ley de Admi- nistración y en la facultad que de esa autonomía se deduce, para no nom- brar y separar á los empleados, en cambio se olvida tan por completo del art. 13 de la del 89, que dice que ésta no se entenderá como autonomía adminis- trativa del Ejército, del adicional de esta ley del 1889, que prescribe que la del 1890 no podrá ser alterada ni modifi- cada, sino directamente por la aprobación de una ley especial, y del 12 esta última que preceptúa que, si en cualquier tiem- po fuesen modificadas las disposiciones de la ley de 1889, en lo que se refiere á las, se entenderán subsistente las que esta repetida ley prescriba si se dero- ga expresamente.
En el artículo 139 de la del 1890, se prevé que la ley de 1890 no podrá ser derogada expresamente, y si no puede ser modificada sino por medio de una ley especial, como lo fue el artículo 13 de la ley del 1889 del Ejército, creo el compañero señor Paco, podrá creer alguno en sus propios principios de derecho, que una ley orgánica como la de 1889, no puede ser derogada ni anular ni derogar otra sustantiva y de carácter especial, como es la del 89. No lo creo, no puede haber quien, para sostener tal opinión, y para ello, tal cosa, y la prueba la da la misma ley de Administración, que en su primera dis- posición adicional nos aseguran dice así:
"Que se derogan todas las dispo- siciones anteriores RELATIVAS AL REGI- MEN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS PROVIN- CIAS, salvo las expresamente exceptuadas en lo que se refiere á los empleados, y la ley pudiera derogar la del 89, no habría que tener tal derogación, puesto que por expresiva de lo que acabamos de señalar, de su misma naturaleza, se anulan las que se refieran al régimen de los Ayuntamientos y Diputaciones.
Y en segundo lugar, el primer ex- tremo y creo que desvirtúa las al- laciones y tópicos sostenidos por mi amigo Sr. Paco, ahora trataremos del segundo, el que, en julio, tiene menos base legal, y que, sin duda, es el que más personas, es indudable que aquéllas no pueden to er efecto retroactivo, de- biendo continuar en vigor respecto á las