Los Destinos civiles (1908-12-02 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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JOSÉ PAYA FERTUSA
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LOS DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS
Nada nuevo habremos de decir a nues-
tros lectores, si les recordamos que hace buen número de años, y con motivo de gastos de guerra y otras calamidades de las que siempre han pasado sobre nuestro desdichada España, se implantó el descuento sobre los sueldos á todos los empleados del Estado, tanto civiles como militares. Los referidos empleados sufrieron, como no había otro remedio que sufrir, la merma de sus sueldos, y jamás protestaron de una medida que tendía á ayudar al Erario público en los gastos extraordinarios que de súbito se le originaban. Justo era exigir este sa-
crificio á todo el que del Estado cobraba, y por ello lo aceptaron sin protesta; pero justo, justísimo era también que, una vez desaparecida la causa originaria de los mencionados descuentos, se hubieran suprimido éstos, volviendo los sueldos á su primitivo estado; pero como en Espa-
ña jamás se hicieron las cosas con la ló-
gica que requieren, ha resultado que con-
tinúan y continuarán hasta Dios sabe cuándo los irriatantes descuentos del 5, 10 y 15 por 100 á los empleados de los distintos ramos y categorías, y las sub-
sistencias están cada día más caras, sin que los mezquinos sueldos puedan alcanzar para sostener las casas con el decoro debido.

Ni esta presencia, y en tuéza de la-
char, sólo se ha podido conseguir de los ministros de la Guerra y Marina un pe-
queñísimo aumento de sueldo á los ofi-
ciales subalternos y capitanes y sus así-
milados; no ha sido posible ni siquiera hacerlo extensivo á los jefes, ya que es-
tos sufren mayores descuentos en sus
sueldos y que pensando lógicamente de-
ben estar más sobrecargados de obliga-
ciones y de familia.

Es nuestro sentir que el Gobierno da-
ría una gran prueba de cordura si em-
pezara por suprimir el descuento á que
aludimos, á toda clase de empleados, y
si después de esta supresión aumentara
los sueldos en proporciones suficientes
para hacer la vida soportable y en di-
na relación con la categoría que se os-
tentá. Y si el descuento de que hablamos
se hace irritable tratándose de emplea-
dos en activo servicio, no digamos nada
de la sufrida clase de pasivos y pension-
istas en los que es más creída aún, vi-
niendo á ser, por tanto, insuperable y
la penosa vida que se les hace arrastrar.
En una época en que surge un gran
Azcárate dictando leyes contra la usu-
ra; en que vemos á los jueces dictando
sentencias que nada favorecen á los
mercaderos de dinero, parece lógico que
el Gobierno se preocupara del problema
que le presentamos y que no quisiera por
ningún estribillo quebrar el cayena el an-
tiguo de usura de todos los ciudadanos
que de él dependen, pues no creo que
tengamos necesidad de esforzarnos en
probar que los descuentos que hacen á
toda clase de empleados civiles y milita-
res, activos y pasivos, constituyen una
verdadera usura, sin razón alguna de ser.
Cuando existían los gastos de guerra
se exigió este sacrificio y lógico era ac-
ceptarlo; pero una vez desaparecida la
causa, también deben desaparecer los
efectos.

EL JUSTICIERO.

LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entiendan, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Art. 1.° Los empleados civiles del orden administrativo, ó de cualquier que sea su clase y categoría, desde Ministro de la Corona hasta agen-
te de la autoridad, que por el ejercicio de sus funciones, instrucción, actos o omis-
siones algún precepto cuya observancia les haya sido reclamada por escrito, queda-
rán obligados a responder al dañamiento de bienes de la Hacienda, según los cau-
sados por tal infracción legal. Iguals responsabilidades serán exigibles á qui-
enes ejerzan funciones en la Administración
civil, aunque no sean directamente designados
por el Gobierno, por ministerio de la ley ó por elección popular.
La acción podrá prescindirse que-
darse en el trámite, en cualquier estado del
asunto, desde que, no obstante la recla-
mación, se haya consumado la infracción
legal por resolución firme definitiva ó de
trámite, que no haya agotado los recursos admisibles.
Se entenderá que se firma una resolu-
ción final cuando el trámite administrati-
vo, aunque así proceda de no haberse interpuso en tiempo los que la ley ordene.
Art. 2.° Del resarcimiento de dichos daños y perjuicios responderán perso-
nal y principalmente, los culpables de la
infracción lesiva y sus herederos.
El Ministerio de la Gobernación apruebe
expresamente el acto ó la omisión ocasio-
nal de los daños y perjuicios, asumirá la
responsabilidad exonerando á la inferie-
ría que para el caso, el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo no se re-
conozcan superiores jerárquicos de las
autoridades cuyas resoluciones re-
vistan.
Art. 3.° Una vez emplazadas las partes, la demanda será sustanciada en
forma distinta por los Tribunales de lo
Responsabilidad civil establecidos para los incidentes.
Art. 4.° Cuando alguno de los de-
mandados lo sea por actos ó omisiones
en el ejercicio del cargo de Ministro de la
Corona, quedará reservado al Senado
el conocimiento de la demanda íntegra.
El Senado delegará su jurisdicción para
cada caso en una comisión de siete in-
dividuos, que el presidente del Senado
podrá votar cuatro miembros. En estos
juicios podrá mostrarse parte el Consejo
de los Diputados, por medio de dos
representantes. Se nombrará á cada caso, que
intervendrá como fiscal.
La sentencia de la comisión será firme
cuando se haya dado cuenta de ella al
Senado, que la resolverá en el plazo má-
ximo en el término de quince sesiones. Si
empedra la discusión se suspende esta,
querrá firmar la sentencia el due-
ño de la causa, en ausencia de delibera-
ción acerca de ella. Para revocarla se segui-
rán los trámites reglamentarios hasta la
aplicación definitiva, como en los pro-
yectos de ley.
Art. 5.° Cuando alguno de los de-
mandados lo sea por actos ó omisiones
en el ejercicio de cargo propio á institu-
ción, ó por actos ó omisiones del jefe su-
perior de Administración, ó de jefe de
Administración de primera clase ó de
cargo que goce de mayor dotación, el
cargo de la que se imputa la infracción
quedará reservado á la Sala de lo civil del
Tribunal Supremo.
Art. 6.° Cuando en los casos reserva-
dos los precedentes artículos al Se-
nado ó al Tribunal Supremo, conocerá
en única instancia de las demandas de
los empleados civiles, la Sala de la Audi-
encia territorial en cuya demarcación
hubiere funcionado la persona de mayor
categoría que figure entre los de-
mandados.
Cuando entre los comprendidos en una
misma demanda no exista diferencia de
categoría, será competente, á excepción
de los casos en que, en las audiencias terri-
toriales hayan ejercido aquéllos las fun-
ciones públicas que deba seguir al juicio.
Art. 7.° Cada demanda se resolverá
en audiencias territoriales procederá
curso de causación por los motivos que se
funda la ley de Ejecución de Sentencias
y de lo Civil del Tribunal Supremo y las del
Senado no se ad-
mitirá recurso alguno.
Art. 8.° Todo sentencia de res-
ponsabilidad civil á que esta ley se re-
fiera, serán publicadas inexcusablemen-
te en la Gaceta de Madrid y en la Colec-
ción Legislativa.
Art. 9.° La ejecución de la sentencia
corresponderá á la Sala de la Audiencia
que hubiere juzgado la demanda, salvo
disposiciones que autoricen á otra. La Sala
de lo civil de la Audiencia de Madrid será
competente, por delegación legal y bajo
la inspección de la Sala del Tribu-
nal Supremo. El Comité de la Con-
stitución, sin que pueda delegar en otros casos
lo jurisdicción que ella realice delegada.
Art. 10. Ninguno de los tribunales de
lo Responsabilidad civil podrá ejecutar las
demandas de responsabilidad civil ó para
ejecutar las sentencias que sobre ellas
recaiga, podrá ser requerido de inmediato
el que se produzca de otro tribunal ordinario
que, según esta misma ley, reclame el
asunto como de su competencia ó que
sea el que se halla en posesión del acto
o hecho y las personas responsables de
él. Si la autoridad gubernativa fuese la
requerente, el tribunal se abstendrá de
contestar y seguirá conocimiento.
Art. 11. La acción concedida en el artículo 1.º de esta ley prescribirá por
el transcurso de un año, contando desde el
día que puede ejercitarse. Cuando
la demanda se dé en el Senado, se con-
tará desde el vencimiento del plazo legal
para el acto omiso, y á falta de precep-
to que lo determine, desde mes si-
guiente de la fecha de su entrada.
Art. 12. En estos juicios de respon-
sabilidad civil podrán las partes defen-
derse por sí, sin necesidad de valerse de
abogados ni de procuradores.
Art. 18. Toda sentencia que ponga
fin al juicio de responsabilidad, contien-
dra providencias expresas sobre las
medidas que se impondrán contra el
funcionario, cuando se le declare res-
ponsable de los daños y perjuicios recla-
mados; y al actor cuando se absuelva al
funcionario.
Art. 14. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan á esta ley. Esta
ley derogará todas las disposiciones que
perjudiquen de ninguna manera las
otras leyes definan y de las acciones y
recursos hables para exigirse.
Art. 15. El Consejo de la Hacienda y Jus-
ticia, cierra la Sala de gobierno del Tribu-
nal Supremo, dictará las disposiciones
necesarias para la ejecución de esta ley
dentro de los seis meses, y dando
cuenta á las Cortes.
ARTICULO ADICIONAL
Toda Corporación cuya existencia esté
legalemente autorizada, podrá ejercitar
la acción para solicitar la indemnización
en nombre de cualquiera de sus indivi-
duos, si se encuentre juzgada en favor
o en perjuicio del perjudicado y sub-
rogándose en su derecho y en sus obli-
gaciones y responsabilidades.
Por el Reino.
Mandamos á todos los Tribunales, Jus-
ticieras, Jefes, Gobernadores y demás au-
toridades, que se hagan cumplir las dispo-
siciones y cláusulas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en to-
talidad.
Dado en Palacio á 5 de Abril de 1904.
—Yo el REY.—El Presidente del Conse-
jo de Ministros, Antonio Maura y Mon-
tano.
(Gaceta de 6 de Abril 1904.)

UNA LEY PROTRACTORA, AGONIZANTE

El anterior epígrafe es el del artículo á que nos referíamos en nuestro último número, que nos envió el Comité Cla-
rin, y de cuyo oportuno trabajo, encu-
mbrado á reflejar la antigua estructura
en que se hallaba la antigua nuestra ley de
Julio de 1858, caso de aprobarse la de
Administración local sin las necesarias,
terminantes y clarísimas enmiendas que
para garantía de aquélla, necesita esta
última, y que actualmente se está discu-
tiendo en las Cámaras.

He aquí algunos de los párrafos en-
trecedados del citado artículo:

• Las noticias que diariamente hemos
adquirido de buena fuente, acerca del
daño que por los apadrinadores de ciertas
exigencias de la política caciquil se