Los Destinos civiles (1908-08-20 00:00:00), página 1

LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

En el último número de Los Destinos Civiles, y para tratar de reabrir algunos de los argumentos expuestos en mis cuatro artículos anteriores que llevan este mismo epígrafe, viene un amigo mío, y muy distinguido, el Sr. D. Otón Morales, presidente de la Sociedad de Murcia.

Mucho me place que dicho compañero sea el que se pone al frente, porque ya en el Congreso de nuestra Federación nacional de Madrid fué uno de mis contendientes, así como hace dos años en este mismo periódico, respecto a los derechos que tienen los individuos procedentes del Ejército colocados en destino civil, referente a retiros y jubilaciones; y ahora también al tratar de los derechos que puedan tener aquellos mismos individuos después que fuera aprobada la nueva ley de Administración local.

Diríase en las partes más celosas contrariedad al escrito anterior, y para poder contestarlo, más edecán, también yo me permito imitar el regalo suyo, haciendo antes dos manifestaciones: la primera consiste en hacer público lo mucho que habría de satisfacerme que el tuviese razón en sus apreciaciones, porque de esta manera saldrían inmediatamente beneficiados los de nuestra procedencia, porque seguirían colocados los que ya lo están en los Ayuntamientos y Diputaciones, y, aun después de aprobada la nueva ley, seguirían anunciando en la Gaceta alguna que otra vacante, y estarían ocupadas por otros nuevos; pero por desgracia no ha sucedido así, digo D. Otón Morales y todos los que escribimos algo para nuestros periódicos profesionales; y la segunda consiste en que, en veinticinco años que llevo perteneciendo a este Ayuntamiento, he sostenido muchas polémicas en defensa de nuestros derechos y aun favoreciéndome la ley, ésta fue incumplida y hollada; así es que, cuando les sea concedida la tan cacareada autonomía, y por consiguiente, suprimida o derogada la de 1895, ni aun nos darán las vacantes de serenos, ni otras más modestas si éstas existieran, y si algunas se otorgara en lo sucesivo, habrá de ser como a cualquiera otro ciudadano, si para ello tuviése la influencia necesaria y fuera, además, vecino de la respectiva localidad.

Dice en la primera parte mi ilustre compañero que no conoce la ley de Administración local en su totalidad, y cita el art. 159 de la misma y una porción de Reales órdenes, disposiciones y sentencias de lo Contencioso, y hasta la ley constitutiva del Ejército, que forma parte integrante de la de 1895, y, efectivamente, parece que en mucha parte tiene algo de razón, sobre todo en que las leyes no deben ni pueden tener efecto retroactivo; pero yo puedo asegurarlo lo que decía en mi último artículo, y es que algunos Ayuntamientos serios y formales quizás respetarán lo antiguo, pero no para lo sucesivo si el Senado aprueba la ley, y tal como está redactado el artículo 159, no el 159 que cita D. Otón Morales, el cual artículo no se refiere a los empleados. La ley constitutiva del Ejército, también ha de convenir conmigo en que ya está reformada por otra, como es la del ascenso á oficial de los sargentos, que se dictó por otra, y á la cual ha contribuido con mi pequeño grano de arena, enviando algunos escritos que publicó El Sargento Español.

Respecto á la segunda parte que contesta también el autor del artículo anterior, á mi entender, creo que la ley que fuera aprobada nuestra ley de 1895 por la nueva de Administración local, en lo referente á los ayuntamientos y diputaciones provinciales, y declarada la responsabilidad en los ministerios de Gobernación, Gracia y Justicia, Fomento y otros que les siguen, tienen necesariamente que ascender por antigüedad nuestros compañeros que se hallen colocados, y á continuación obtener la tercera parte de los destinos vacantes, después de dar una parte al ascenso, otra á los causantes, otra de libre elección y reservándose otra para ellos en todos los destinos del Estado, y no só qué será más ventajoso, si estar como estábamos o si mejoráramos en adelante.

Contestado, aunque no con la extensión necesaria y en puntos concretos, á mi amigo el Sr. Morales, llega á mis manos el Heraldo de Madrid de ayer, y en el veo que trescientos y pico de secretarios de ayuntamientos y empleados de los mismos de la provincia de Soria, reclaman ante el Senado contra los perjuicios que les ocasionaría la nueva ley de Administración local, sin perjuicio de muchas más reclamaciones de Galicia que yo sabía; así es que de ser cierto lo que afirma el Sr. Morales, seguramente no hubieran protestado; mas, por desgracia, esto no resultará, y lo que yo le ofrezco antes y rápidamente ahora, ó sea, que la desastrosa ley de Administración local es un cemitério de desdichados que perjudica á muchos y no favorece á nadie; y por eso tengo fe en que no la aprobará el Senado y no será ley; yo seguiré oponiéndome á ella oficial y particularmente y en sucesivas correspondencias.

M. IGLESIAS PACIO.
La Coruña, 4 Agosto 1908.

Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.

Según el art. 13 de la Ley de 10 de Julio de 1885, ésta se considera como parte integrante de la constitutiva del Ejército, dota de convicción para entrar en consideraciones en averiguación de la situación que á los individuos acogidos á los preceptos de la misma nos corresponde, toda vez que el referido artículo lo determina de una manera concreta, por lo que me creo obligado á precisar de ciertos detalles de méritos para reclamar de V. E. el amparo que se merecen los sagrados derechos que honorablemente hemos adquirido los que jamás hemos regateado sacrificio alguno para perseguir á los infames enemigos de la integridad nacional.

La mayoría de los acogidos á la ley, vulgarmente llamada de sargentos, han recibido las 49 provincias con el fusil en la mano, ha atravesado los mares, y tierras alejadas y climas mortíferos, sufriendo mil penas y fatigas que no pudieron soportar las inclemencias de aquellas atmósferas, que, como es sabido, causaron más víctimas que las balas que nos dirigían aquellos malvados.

Tuví ocasión V. E. de observar nuestro comportamiento, y conocí sobre el terreno nuestra aptitud. Apreció V. E. que éramos acreedores á que la patria, por nosotros tan querida, no nos olvidase, y al efecto, la patria tiene una legislación que ampara á sus hijos benémeros; mas, por lo visto, los encargados de observarla, y por causa de todas bien sabidas, se echan fácilmente de nuestros servicios prestados y derechos adquiridos y los atropellan con cualquier pretexto, debido sin duda á que jamás se han exigido las responsabilidades en que incurren los infractores, á pesar de hallarse penadas expresamente en los Códigos de justicia, y de hallarse previstos también en la propia Ley de 10 de Julio de 1885.

En mil ocasiones el hablar de violencias consumadas contra los derechos que ostentamos; pero nunca crí que los infractores obrasen con tanto desafío, como lo desafían contra el derecho, que se ha de ocasión de presentarse en la Sección de Trabajos de esta capital en donde se han presentado debidamente documentados los individuos propuestos por el Ministerio de su digno cargo en 20 de Mayo último para los destinos de celadores de 2.ª clase, y no se ha consentido en dicha Sección para admitir si antes no se sometían á un cargísculo examen, que sin duda su actual jefe reserva como pretexto para intimidar á los individuos propuestos por Guerra, con objeto de que éstos le dejen el campo libre y sostener en dichos puestos á sus paniquitos, aun cuando la patria nada tenga que agradecerles.

Claro es que en uso del perfecto derecho que asistía á los presentados para tomar posesión, con arreglo á la Ley de 10 de Julio de 1885, se negaron en absoluto á someterse á lo pretendido por dicho señor, toda vez que lo consideraron ilegal y contrario á la legislación vigente, y porque desde luego vieron en ello un ardil del expresado jefe para inutilizarlos, y por todo lo cual se hallan sin tomar posesión, por no someterse á exigencias caprichosas de un atropellador de lo legislado para tales casos.

Arbitrariedad más monstruosa no puede concebirse, máxime cuando para desempeñar dichas vacantes, que fueron anunciadas como de primera categoría, han sido nombrados seis sargentos y dos cabos licenciados del Ejército; los que de ningún modo pueden suponer que posean el crédito la aptitud necesaria para el desempeño de la misión que en esos destinos han de practicar.

Por su parte, los interesados han cumplido en esta ocasión con su deber, levan tando acta notarial de los obstáculos, que para la toma de posesión han hallado en la Jefatura de aquella dependencia, cuyo documento obrará en poder de V. E., puesto que los interesados lo elevaron oportunamente acompañado de respetuosa instancia, la que no podemos dudar resolverá en justicia y con la imparcialidad que siempre ha distinguido á V. E. cuantas veces nos ha sido preciso reclamar su amparo en los repetidos atropellos de que han sido objeto nuestros derechos.

La Ley de 10 de Julio de 1885 y el reglamento en vigor para su ejecución, determinan las responsabilidades en que incurren los infractores; otras disposiciones aceleratorias, entre ellas la de 28 de Septiembre de 1901 (Gaceta 268), prohiben terminantemente exijir tales exámenes, con cuyo pretexto se quieren burlar derechos que por su índole merecen ser sagrados y dignos de más consideración por cuantos se precian de ser buenos españoles.

Para más, excelentísimo señor, solamente me permito suplicarle que para la resolución del asunto de que se trata,