Los Destinos civiles (1908-09-02 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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Ley de Administración local.
En el núm. 448 de este periódico contesté mi amigo D. Manuel Lafuente a mi artículo publicado el día 2 del mes actual, y como en su réplica se concreta a ratificarse en lo ya dicho en sus escritos anteriores, sin robustecerlo con ninguna otra palabra, me parece que el lector, aunque de los de esta clase, que yo citaba en mi artículo, no cabe, en realidad, continuar la discusión; y, por tanto, doy la palabra al Sr. Lafuente, quien me gusta contenter con personas cuya ilustración reconozco, insiste sobre el tema en debate, con el propósito de ver si logra que se dé cuenta de que Pacio el secreto de sus afirmaciones, y con ello venga por mi parte el reconocimiento de mi error. Muevemos también a nuestros lectores a que se sirvan de los juicios emitidos por el Sr. Pacio en su último artículo, y otros errores que, según parece, en él atribuye.
En el artículo que contesto hace mi amigo el Sr. Pacio dos manifestaciones: la primera para hacer público (no de lo niega) lo que le satisfaría que yo dijera, y la segunda para decirme que así seguirían colocados los que ya están después de aprobada la nueva ley, y porque seguirá anunciando alguna que otra vez, aunque la necesidad de que eso no suceda aunque lo diga yo y... todos los Ozones habidos y por haber; y la segunda, pero para que se corrija lo que se ha dicho en la primera, segundo manifestación, por lo lógica y convincente, me da la explicación de la primera, me hace apagar mi barro, y, principalmente, me da la razón de fondo los propósitos del Ayuntamiento coruñés y de los demás de España en cuanto se relacione con la tan codiciada autonomía y la que se ha de obtener, convencimiento de que aquéllos lleva consigo la disolución de nuestra patria, cosa que yo por no ser menos que el Sr. Pacio, niego, y que aunque sostengan lo contrario el mismo Sr. Pacio y todos los concejales de todos los Ayuntamientos de España.
Se observa una segunda contradicción: podrían hacerse deducciones que yo no he de hacer ahora; pero no quiero pasar adelante sin preguntar a mi amigo don Manuel Lafuente si la parte de la ley del Municipio coruñés sea inconstitucional la ley del 80? Permítame y perdón que conteste por y que lo diga que la culpa está en el Igualdad, en el Consejo de la Corporación, y si se me apura diré que más principalmente al que por circunstancias especiales o porque situaciones personales ha impuesto deber, está interesado en que no se cometan tan escandaloso abuso, y que a pesar de esas circunstancias se respete en la ley suplementaria lo que ella dice, y todo lo que la fortuna de evitar que la pobre ley del 85 sea hollada y ultrajada. No se me oculta lo difícil que es, en máximo sentido, hacerse justicia, y que lo que yo pido se haga (justicia básica) a los propios carteleros.
Después de las manifestaciones entre el amigo Sr. Pacio a contestar la primera parte de mi artículo. En éste y en aquélla sostendrá y afirmo ahora, que la ley de Administración local no puede ser la derogatoria de la ley de Julio de 1855, fundándose como es sabido en los artículos 19 y 13 de esta última, en el adicional de la constitutiva del Ejército de 1855, en el 69 de la Administración local, que desde ahora se reconocen los de la autonomía, cuyo artículo 99 que el que tengo entendido concede a Ayuntamientos, poderes para nombrar sus empleados, subordinándose dichas atribuciones á la observancia de las leyes generales del reino, entre las que se encuentran las de la autonomía, de la que hemos quedado en llamar ley de la autonomía, por la cual sólo se derogan las leyes que sean contrarias a las relativas al régimen de los Municipios y las Diputaciones. ¿Están claras y concretas las razones de que yo fundo mi criterio? Lo que del Sr. Lafuente, lo que del amigo Sr. Iglesia funda el suyo? Di- gamo los lectores.
Pues bien por toda contestación ésta para mi artículo, dice el Sr. Pacio que parece que en mucha parte tengo algo de razón, sobre todo en que las leyes deben no pueden tener efecto retroactivo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Lo que dice en su artículo, ¿es que algunas Ayuntamien- tos serios y formales quedarían respetados por la ley de la autonomía, hasta que el Senado apruebe la ley. Aquí está inte- grada la contestación á la primera parte de mi artículo. Ahora tengo que hacer un juicio de lo que se ha hecho, y no he dicho que la ley constitutiva del Ejército forme parte integrante de la del 85, sino de esta ley, y la segunda se refiere á la del 85, y que lo que se rectifica, lo tomé de su artículo publica- do en el número 488 de este periódico, en que se decía lo que ahora se co- rige; pero lo que se ha hecho que en nada alteran el fondo del asunto.
La cita de la reforma sufrida por la ley constitutiva del Ejército con la de los concejales de los Ayuntamientos, argumento en pro de sus afirmaciones, pues esa reforma no implica, ni creo sig- nificativa cosa, que la acción de un consejo municipal, sino un simple cambio de orden, por el que más se convenza.
Poco he visto variar mi artículo el criterio del amigo don Manuel por lo me- nos en tanto vistió de hacha el argumento de que la autonomía tenía formado, pues sus argumentos dejan claro la tal ley, en general, como también lo deja ahora confesa que es un cúmulo de des- aciertos que perjudica á muchos y que no se ha de aprobar, pero en esto último no estoy conforme, y lo que se debe decir como nadie á ciertos elementos que á mí me son muy simpáticos.
Y así termina la primera parte de mi artículo ha estado poco ex- plicito mi amigo D. Manuel, en cuanto á la segunda se ha mostrado escrúpulo- so, y en el caso de corregir y poner en armonía con el extremo que él trataba, con el que, en mi concepto no tiene conexión alguna, y que se debe decir como nadie á ciertos elementos que á mí me son muy simpáticos.
Después de las manifestaciones entre el amigo Sr. Pacio a contestar la primera parte de mi artículo. En éste y en aquélla sostendrá y afirmo ahora, que la ley de Administración local no puede ser la derogatoria de la ley de Julio de 1855, fundándose como es sabido en doctrina legal, salvo mi amigo Pacio diciendo que raízica lo dicho en su artículo anterior, o sea, que una vez aprobada nuestra ley, se deroga la de 1855, de la Administración local, y declarada la inamovilidad en varios Ministerios, tendrán que ascender por antigüedad los nuestros compañeros que se han colocado. Esta es la idea de la antiguedad, que es cosa distinta á la trata- da en la segunda parte de mi artículo, me ha obligado á leer el del Sr. Pacio, y como en él no se halla lo que yo di- cí, ni una palabra de ascensos, de lo que remita, á mi entender, que lo que el Sr. Pacio dice no es una ratificación, sino una ratificación á la antigüedad en un concepto, no es igual. Resulta también de esto, que la dicha parte de mi artículo lo queda incontestada.
Amigo Sr. Pacio, la noticia de la recla- mación de los trescientos y pico de se- cretaristas, no es tampoco argumento que refute mi artículo, sino á "voy á demo- strarlo en pocas palabras".
Los secretarios de Ayuntamientos no están separados por ninguna ley especi- al, como lo están los de los Ministerios del Ejército; obtienen sus cargos con arreglo á la vigente ley Municipal y á un examen de méritos, que se modificaron y derogaron por la ley de la autonomía, mas á pesar de esto, los que están colo- cados en virtud de esas disposiciones le- galmente, entiendo deben ser respetados. Por eso este artículo y el siguiente, esos secretarios reclamen si ven que en la ley del ánimo de descuentos se mer- cialicen ó desconocen sus derechos adqui- ridos.
Concluyo rogando al Sr. Pacio que en las sucesivas correspondencias que piens- e publicar en contra de la ley de la autonomía, no olvide el argumento que le hacía al final de mi artículo ante- rior, y que si tiene la seguridad de que su argumento es correcto, puede ser la di- rectoria de la 50, si así lo desea, una vez sancionada aquélla, podrá ser nues- tros compañeros desposeídos de sus des- pachos cuando se les antoje á los Ayunta- mientos, cuando se lo antoje á los Ayunta- mientos, que no es una obra de cari- dad, y no se negará á realizarla, con lo que hará otra no menos meritoria: la de saber en qué consiste la incertidum- bre en que nos hallamos.
OTÓN MORALES.

LA LEY EN HACIENDA
No nos explicamos que en el ramo de Hacienda se infrinja tan premeditada- mente la ley de destinos civiles de 10 de Julio de 1855, vigente, cubriendo con In- dividuos que no reúnen las condiciones legales las plazas de aspirantes á oficial, las cuales se dan conocidas.
¿Cómo se explica que en su puesto hasta que se les asigne á oficiales de quinta clase, pretendiendo así dejar cumplida- mente burlada la citada ley. Basta ho- jar el "Escalaón de aspirantes" para quequen asombrado de ver que un seten- ta y cinco por 100 de los que lo forman, deben su colocación á la influencia, con grave perjuicio de los bonometrícos que á ellos tienen perfecto derecho y que van ascendidos por el turno de elección, con preferencia á los que lo desempeñan en propiedad.
Tampoco vemos anunciadas en la Ga- ceta las plazas de oficiales de quinta que en proporción corresponden á los sargentos, y sí van ingresando por las Intervenciones infinitud de bachilleres.
Es excesivamente vergonzoso para una nación que pretende figurar entre las más cultas, que se abuse tan descon- sideradamente de sus ciudadanos más beneméritos, desoyendo las innumerables denuncias que al Gobierno dirigen éstos frecuentemente.
Rogamos una vez más á los señores Ministros de la Guerra y de Hacienda, que revisen las hojas de servicios del personal de oficiales quintos y de aspi- rantes, y envíen á la Gaceta todas las vacantes cubiertas ilegalmente, que son muchas, y tengan la seguridad de que los sargentos de activo y licenciados, y, en general, cuantos del Ejército proces- den, sabrán agradecer los rasgos de justicia siempre que se les presente ocasión oportuna.
J.S.

CRÓNICAS POSTALES
III
Correspondencia oficial.
Se entiende por correspondencia oficial la nacida en cualquier dependencia del Estado, provincia ó Municipio, siempre que vaya dirigida á una autoridad, ex- presando en la dirección del objeto el cargo ó autoridad que representa el des- tinatario, sin expresar el nombre, pues- to que entonces pierde el carácter de ofi- cial, tomando el de particular.
Vulgarmente se da á estos objetos el nombre de oficios, y se hallan exentos del pago de derecho de trámite ó tienen concedida franquicia, en ciertos casos y según el carácter de autoridad del remi- tente ó del destinatario; con esta conce- sión ó derecho se crean los destinatarios exentos del pago de los cincuenta céntimos que por derecho de distribución corres- ponden al correo, y en caso de que en un lamentable error, hasta llegar á caso de proferir amenazas á insultar al po- lizógrafo que ha querido hacer valer sus derechos.
Me he ocupado hoy con preferente atención de este asunto, por la infinidad de consultas que en todos los periódicos profesionales, y hasta á mí por carta, me han hecho algunos compañeros, á