Los Destinos civiles (1906-05-04 00:00:00), página 2

judio á los interesados en aquellas leyes.

Y considerando, por último, que los excelentísimos señores Capitanes generales de las regiones no están facultados expresamente por los artículos 19 del Reglamento citado y 6° de la Real orden de 23 de Septiembre de 1891 (C. L., número 369) para requerir á las autoridades locales el cumplimiento de lo que preceptúan los artículos 19, 22 y 23 del repetido Reglamento y demás preceptos pertinentes de éste y de la Ley, teniendo que limitarse, por tanto, y se limitan á recibir de aquéllas las relaciones de varones que les remiten, cuando tienen por conveniente hacerlo, si lo estiman, y también para resolver de momento en primera instancia las incidencias que surgen en las tomas de posesión de los destinos para que V. E. propone á los individuos; expedición de las credenciales dentro de los plazos reglamentarios, etc., etc., por cuyo motivo, en cada ocasión han de elevarse á V. E. las demandas consignantes, que, si son atendidas, han de quedar sometidas á obligados y dilatados entretenimientos de providencias, contestaciones y demás diligencias reglamentarias, perjudicándose en el entretanto el desgraciado padre de familia que ha creído hallar en aquel destino el pedazo de pan para sus hijos, que se lo demandan hambrientos, y que, efectivamente, en aquel debe de tenerlo, Excmo. Sr., porque lo ganó previamente, sirviendo y defendiendo con su pecho á aquel que lo disfruta, y si lo reúne escudado, ó mejor, favorecido por aquella práctica que, si justifica el cumplimiento de lo que está mandado, podrá de ello prescindirse en justa y razonable atención al mayor bien que podría así lograrse en pro del fin de la Ley.

A V. E. encarecidamente suplica el infrascrito, en su nombre y en representación de la Sociedad La Constancia, que preside, tenga á bien disponer, si así lo estima justo, se dicte una disposición legal, mediante la cual se confiera expressa facultad á los excelentísimos señores Capitanes generales de las regiones, para demandar á las autoridades locales del territorio de su mando respecto el exacto cumplimiento de los artículos 19, 22 y 23 del Reglamento para aplicación de las Leyes de 8 de Julio de 1876 y 10 de Julio de 1885 y de más extremos pertinentes de aquél y de éstas, y en general lo relativo á la provisión de destinos públicos en ellas comprendidos.

Para recibir y tramitar en forma, hasta llegar á la comprobación necesaria, las denuncias de destinos cubiertos indebidamente más tiempo que el señalado por el art. 3° del Real decreto de 29 de Enero de 1888 y demás transgresiones, dentro de los plazos marcados por el Reglamento de procedimiento administrativo de 13 de Octubre de 1903, obligando para ello á las autoridades locales y Jefes de Centros con las sanciones que determinan los artículos 6°, 7°, 21 del Reglamento orgánico para la Administración provincial y 183 y 194 de la Ley municipal vigente, requiriendo para estos efectos á los Gobernadores civiles, y también la que defiere el art. 897 y demás concordantes del Código penal cuando haya de castigarse el nombramiento de individuos para cargos públicos que no reúnan los requisitos legales, conforme dispone dicho artículo, ó la desobediencia en su caso, como previenen los artículos 380 y siguientes de dicho Cuerpo legal, sin perjuicio siempre de la responsabilidad que señala para los ordenados de pagos el art. 26 de la Ley de presupuestos de 1876, conforme con el de 10 de Julio de 1888; las cuales denuncias, una vez comprobadas, las remitirá á V. E. para ulteriores efectos, según sí corresponden á Centros cuyos Jefes tengan facultad para hacer nombramientos, ó á dependientes de los Ministerios. En el primer caso, para los de publicación inmediata de la vacante, y en el segundo, para ratificación del respectivo Subsecretario, y su publicación después.

Y, por último, para resolver todas las incidencias que surjan á los individuos propuestos en las tomas de posesión de sus destinos, expedición de las credenciales dentro de los plazos reglamentarios para los efectos de la Real orden de 28 de Abril de 1903 (C. L., núm. 69) y Real decreto de 29 de Enero de 1888 (C. L., número 329), debiéndose acudir á V. E. tan sólo en los casos de alzada de los acuerdos tomados por dichas autoridades.

De este único modo, Excmo. Sr., se hallará pronto la normalidad que tan de menos se echa en la aplicación de unas Leyes que, por ser producto de la graduación patria, merecen, ó deben merecer, el respeto entero de todos los españoles, ya que en ellas está la compensación, si quiera sea en parte muy escasa, de los sufrimientos y perjuicios que sufren los que, abandonando su principiado oficio, llegado el momento, han de acudir á defender la patria.

Excmo. Sr.

Gregorio Monterde
Zaragoza 4 de Abril de 1906.

POLICÍA Y VIGILANCIA

Reorganización de la de Cataluña, Vascongadas y Gibraltar.

(Conclusión)

Art. 10. El nombramiento de secretario de la Inspección de Barcelona deberá hacerse en un jefe de Negociado de cualquiera categoría, que figure en el escalafón de activos ó cesantes del Ministerio de la Gobernación, siendo preferidos los que además tengan título de abogado, ó en un jefe de instrucción ó ex municipal de capital de primera ó segunda clase.

Los cargos de jefes de Secciones de distrito de Barcelona se proveerán en los que reúnan alguna de las condiciones expresadas en el párrafo anterior; en ca- sos de la Guardia civil en activo, á los cuales, si perciben haberes del presupuesto de la Gobernación, se les acreditará, en concepto de gratificación, compatible con aquéllos, la cantidad de 5.000 pesetas anuales, y en jefes de la policía judicial ó de investigación, ó inspectores especiales de distrito de Madrid, activos ó cesantes, siempre que se encuentren en el escalafón del Ministerio de la Gobernación á que se refiere el art. 7°.

Los secretarios de las Secciones de distrito de Barcelona deberán ser abogados y acreditarse que han prestado servicios en la Administración gubernativa.

Las plazas de inspectores de primera, segunda y tercera clase se proveerán en los que sean ó hayan sido inspectores de Vigilancia de iguales categorías, omisión de Administración, excepto de quinta clase, que figuran en los escalafones del Ministerio de la Gobernación, dándose preferencia á los que hubieren prestado servicio en los negociados de Orden público de dicho Ministerio ó de los Gobiernos civiles, agentes de la policía judicial y sargentos de la Guardia civil activos.

Art. 11. El jefe de la Sección de investigación de Madrid y los inspectores jefes de Port-Bou, Irún y Algeciras serán nombrados entre los funcionarios que reúnan las condiciones de servir en capacidad y aptitud necesarias á juicio de la Dirección Ministrera. Los inspectores que hayan de prestar servicio en las fronteras de Cataluña y Guipúzcoa deberán hablar el idioma francés y conocer las localidades respectivas.

Art. 12. La policía de Seguridad de Barcelona conservará la misma organización que en la actualidad; pero el jefe deberá ser teniente coronel ó comandante activo o retirado de la escala activa de la Guardia civil, y dispondrá 3.500 pesetas anuales en concepto de gratificación, compatible con aquéllos, y el retiro. Las vacantes oficiales se proveerán en servidores de igual categoría, pertenecientes también á las escalas indicadas de la Guardia civil, que figuren en la lista formada por la Dirección general del Instituto, y las de clases y guardias, asimismo en individuos de la Guardia civil activos ó retirados, siendo preferidos los que hubieren prestado servicio durante un año por lo menos en Barcelona, y en los que acrediten haber servido igual tiempo como mosqués de Euskadi ó pertenecido más de dos años á los servicios de Cataluña y sean licenciados del Ejército.

Art. 13. La separación de todo el personal á que se refiere este decreto podrá acordarse el Ministerio de la Gobernación por causa justificada ó por conveniencias del servicio.

Art. 14. No podrán desempeñar el cargo de inspector general los mayores de sesenta y dos años.

Los nombramientos de oficiales de Seguridad de Barcelona, secretarios ó Inspectores de distrito e inspectores hasta de tercera clase inclusive, sólo se harán en quienes excedan de veinticinco años y no hayan cumplido cincuenta y dos, y serán bajas en el servicio á los cincuenta y seis años; los de inspectores de cuarta clase y de agentes de Vigilancia y los de clases y guardias del Cuerpo de Seguridad de Barcelona se conformarán á los mayores de veinticinco años y menores de cuarenta y cinco, y serán bajas en los que excedan de cuarenta y cinco años.

Los sargentos, cabos ó individuos de la Guardia civil podrán ser nombrados si no exceden de cincuenta y dos años, y percibirán sus haberes en concepto de gratificación, que será compatible con su retiro.

Art. 15. Con el fin de hacer más eficaz la acción de los inspectores jefes de las Secciones del distrito de Barcelona y de establecer un contacto constante con el vecindario, de cuya seguridad se encargarán, se creará en cada distrito una Comisión de vecinos que constará de un máximo de dos por cada barrio de los que la Sección comprenda.

Art. 16. Se crea en Barcelona una Escuela análoga á la establecida en Madrid por Real decreto de 19 de Enero último, asignándose á cada una de ellas para los gastos que requiera su funcionamiento la cantidad de 10.000 pesetas anuales. La Inspección general de Barcelona y las Secciones de distrito se encargarán como asignación de material y para el servicio de locales, las segundas, la cantidad de 2.500 pesetas cada una; la Sección de Investigación de Madrid, 1.000 pesetas, y el personal afecto á la Sección de Orden público del Ministerio, 2.000 pesetas anuales para material.

Art. 17. En concepto de «gastos diversos» se invertirá la cantidad de pesetas 172.410, distribuidas en esta forma: para transportes por ferrocarril y vías terrestres ó marítimas, gastos de viaje y dietas que devengue el personal de Vigilancia á que se refieren los artículos 100, 60.000 pesetas; para promociones, 60.000 pesetas; para promociones especiales y certificación por servicios especiales de vigilancia prestados por particulares, 60.000 pesetas, y para atenciones de índole reservada que originen los servicios en Barcelona, Gerona y la frontera, el resto de la cantidad; entendiéndose, que el remanente del crédito extraordinario se aplicará, en la parte necesaria, á satisfacción de los gastos de instalación de los servicios que se crean.

Art. 18. Los nombramientos en orden al que quedan sujetas las condiciones de la ley de 21 de Julio de 1876, sean nombrados para desempeñar los cargos á que el presente decreto se refiere, tendrán para todos los efectos legales las categorías administrativas correspondientes á los sueldos que disfruten.

Art. 19. La Ordenación de pagos no acreditará haberes á los funcionarios á quienes se refiere este decreto si la provisión de las plazas no se ajusta á sus prescripciones y en ningún caso en el requisito de que las distintas oficinas se encuentren en posesión de los nombrados por Tribunales de honor ó de justicia por delitos públicos, como también cuando se trate de funcionarios de la Administración ó de Vigilancia que en los Gobiernos civiles de las provincias donde hayan servido ó sean destinados nada aparezca contra su buena conducta.

Art. 20. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan á lo preceptuado en este decreto.

Don Juan Palacio el 29 de Marzo 1906.

—ALFONSO.—El Ministro de la Gobernación, ALFARO FIGUEROA.

(Gaceta del 28 de Marzo 1906.)

INFRACCIONES

El Ayuntamiento de Mairena (Barcelona), tiene vacantes, á los efectos de la Ley de 10 de Julio de 1883, todos los oficios de oficiales, de secretarios de la Secretaría, jefe, cabos, guardias municipales, guardias de acogida y todos los empleados del Matadero y del ramo de consumos. Llamamos la atención de quienes están en el deber de obligar al Alcalde de Mairena á que anuncie en la Gaceta las indicadas vacantes, según está dispuesto.

El destino de cargos de Manises (Valencia) está dado hace mucho tiempo cubierto sin sujeción á la ley, y debe ser anunciado en la Gaceta, para su provisión reglamentaria.

Además de los destinos vacantes de que en números anteriores hemos dado cuenta, existen en la Plaza de Ceuta algunos de guardias municipales, y llamamos la atención de quienes correspondan, á fin de que sean anunciados en la Gaceta.

La cartería de Librilla (Murcia) se halla vacante con 300 pesetas anuales; de be anunciarse en la Gaceta para su provisión en propiedad.