Los Destinos civiles (1906-09-20 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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DERECHOS PASIVOS
Bajo este mismo epígrafe se publicó en el núm. 389 de este periódico, correspondiente al día 4 de Mayo último, un bien escrito y razonado artículo del excelente y entusiasta defensor de los derechos de los individuos procedentes del Ejército, mi distinguido amigo D. Manuel Iglesias Pacio.
En ese artículo hacía un llamamiento á todas las Sociedades cívico-militares, para que, colectiva ó particularmente, se recurriera á los Poderes públicos en demanda de una disposición que garantizase los derechos pasivos que las leyes y disposiciones vigentes nos conocemos. Este llamamiento lo motivó una sentencia que declaró que los sargentos que obtienen destinos civiles no tienen derecho á retiro como no hay prestado de veinte ó más años de servicios en el Ejército.
Reconociendo la importancia del asunto, por el interés que entraña esa cuestión, y considerando imprescindible tomar alguna determinación encaminada á la consecución del fin propuesto, la Sociedad que inmediatamente preside, considerando un deber secundar tal iniciativa, acudió sin pérdida de tiempo á la Central para que ésta indicara la forma en que debiera verificarse la acción propuesta por nuestro compañero señor Pacio.
Yo he estado esperando que plumas más competentes que la mía hubieran tratado este asunto con el detenimiento que el caso requiere; pero viendo que el tiempo pasa y que tras éste vendrá el olvido, me decidí á dar mi opinión, y procuraré demostrar la injusticia de esa sentencia antes citada.
Por Reales órdenes de 5 de Marzo de 1869 y 20 de Agosto de 1873, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se declaró que todos los servicios prestados por individuos del Ejército en los distintos ramos de la Administración pública eran de abono para retiro y jubilación.
Lo dispuesto en las Reales órdenes anteriores fue confirmado por otros de 4 de Julio de 1879 al conceder retiro á un guardia de segunda y resolver una consulta sobre validez de tiempo, disponiendo que todo el servicio en la Administración pública era de abono para retiro, como textualmente determinaban las 69 y 77, mencionadas anteriormenete.
Como si dichas disposiciones no estuviesen bastante claras, en 29 de Junio de 1886 el Consejo Supremo de Guerra y Marina elevó al Ministerio de la Guerra una mocion relativa á la validez del tiempo servido en el resguardo de salas para los efectos de retiro, y recayó la Real orden de 25 de Diciembre del mismo año, declarando que tanto el tiempo servido en el resguardo de salas como el prestado en las diversas carreras del Estado, eran acumulables al prestado en el Ejército para todos los efectos de retiro y jubilación.
Posteriormente tenemos la Real orden circular de 11 de Noviembre de 1889, por la que se dictaron instrucciones para formular las propuestas de retiro de las clases de tropa, la cual en su regla 3.ª dice textualmente: Cuando haya de acumularse servicios prestados en los diferentes ramos de la Administración civil, además de los expresados documentos, se unirá la certificación original expedida por la Junta de Clases pasivas.
Con motivo de nuevas dudas sobre la validez para retiro de los servicios prestados por individuos procedentes del Ejército en los diversos ramos de la Administración pública, y de acuerdo con el Supremo de Guerra y Marina y del Consejo de Estado, y en vista de que el Tribunal de lo Contencioso, haciendo aplicación de las Reales Órdenes citadas, declaró por sentencia de 26 de Abril de 1896, mandada cumplir por Real orden de 22 de Mayo siguiente, que las mencionadas disposiciones deben entenderse según su tenor literal, computando por ello á un licenciado el tiempo servido como guardia de Obras públicas después de haber obtenido la absoluta, se dictó la Real orden de 30 de Abril de 1901 ratificando que los servicios prestados en los diferentes ramos de la Administración son acumulables á los prestados en el Ejército para los efectos de retiro y jubilación.
Después viene la Real orden de 6 de Febrero de 1902, concediendo al escrúentino primero de Obras públicas, don Antonio Gallardo, el abono de nueve años y siete meses que sirvió como escrúentino de plantilla en la Intendencia militar de Cuba, fundándose para hacer tal concesión en que su nombramiento, como todos los demás de plantilla de aquel centro, se efectuaron con arreglo á la Ley de 10 de Julio de 1855, y además teniendo en cuenta lo preceptuado en la de 30 de Abril de 1891.
Por último, tenemos la de 5 de Septiembre de 1905, disponiendo, como regla general, que los individuos que hayan prestado servicios en cualquiera de los ramos de la Administración pública y deseo se les acumulen á los prestados en el Ejército, deberán solicitarlo al mismo tiempo que promuevan sus instancias pidiendo el retiro, ó con dos meses de antelación á la fecha en que le corresponda observarlo por edad, á fin de que por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se reclame de la Dirección de la Deuda y Clases pasivas la certificación que previene la de 30 de Abril de 1901.
Resulta claro que las precedentes disposiciones son declaratorias de un derecho, y que éste consiste en que todos los servicios prestados por individuos procedentes del Ejército en los distintos ramos de la Administración pública son acumulables á los prestados en el Ejército y de abono para retiro y jubilación.
¿Qué cuando, cómo y por quién puede ser anulado ese derecho? Ya lo diremos en el número próximo.

OTÓN MORALES.

DESDE LOGROÑO
Con motivo del desgraciado suceso acusado en Logroño con el sargento que fue D. Agustín Suárez, que se suicidó, como saben nuestros lectores, la Sociedad de individuos procedentes del Ejército de dicha capital ha dirigido á los periódicos locales el siguiente comunicado que copiamos:
Logroño, 28 de Agosto de 1906.
Según informa el periódico de su digna dirección en su número del 28 del corriente, la excelentísima Comisión provincial decidió al informado sargento Agustín Suárez sin derecho al destino de portero de este Hospital provincial, fundándose en que hizo su presentación después de transcurrido el plazo de treinta días en que había sido nombrado.
Esta Sociedad se propone demostrar que si la excelentísima Comisión provincial no tiene otros motivos para negar ó retrasar la posesión de su destino al Agustín Suárez, éste tenía perfectísimo derecho al referido destino.
La Real orden de 23 de Septiembre de 1891, en su artículo 7.º, párrafo 3.º, dispone: "Que el plazo de treinta días para la toma de posesión de los licenciados de todas clases, se les empezará á contar desde la fecha en que el Centro ó dependencia respectiva inserte en la Gaceta los nombramientos, según dispone el mismo artículo y la Real orden del 2 de Noviembre de dicho año."
Completando el precepto legal la excelentísima Comisión? No, señor.
Aún hay más: El artículo 8.º de la referida Real orden de 23 de Septiembre de 1891, dispone: "Que debe darse pose-

sión á todo individuo propuesto por Guerra, aunque se crea que el nombramiento no está ajustado á la ley, sin perjuicio de elevar á la Presidencia del Consejo de Ministros la correspondiente reclamación.
Esto era lo que en justicia procedía se hubiese hecho con el Agustín Suárez.
Ahora, cada cual examine su conciencia y haga los comentarios que estime oportunos.
Campillo nuestro deber en demostrar lo propuesto, resulta que el Agustín no sólo tenía derecho al destino el día 4 de Julio, en que hizo su presentación, sino que aun lo tendría hoy si viviese, y que por lo tanto, el nombramiento en propiedad á favor del interesado, que hizo la Comisión provincial, es ilegal y arbitrario, debiéndose nuevamente proveer por Guerra dicho destino.
El señor Ministro de la Guerra tiene ahora la palabra.

ANTONIO MARTÍN.
Tienen razón nuestros compañeros de Logroño, y repitiendo lo dicho por Los Destinos Civiles en números anteriores, mal pudo transcurrir un plazo que legalmente no había empezado, y como el desventurado Suárez hizo la reclamación reglamentaria con la debida oportunidad al Ministerio de la Guerra. Este algo ha de resolver, y ya que no sea el destino de portero del Hospital para el que víctima de todas las injusticias dejó de existir, ahora tiene ocasión el excelentísimo señor General López Domínguez, Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo de Ministros, para ordenar á la Diputación de Logroño el abono inmediato á la familia del desgraciado Agustín Suárez de todos los daños y perjuicios, con la indemnización correspondiente; exigir, además, las responsabilidades en que haya incurrido; dejar sin efecto el nombramiento que ilegalmente hizo y que se encuentre la vacante en la Gaceta para nueva propuesta y provisión, cual corresponde.
Unicamente así, creceremos que no es la circular dirigida á los Ministros por el Sr. López Domínguez, una más de las muchísimas que hasta ahora hemos visto publicadas para que la ley se cumpla, sino para que se HAGA CUMPLIR DE VERDAD.

CARTA ABIERTA
Sr. D. M. Iglesias Pacio, Coruña.
Apreciable compañero: Si la memoria no me falla, creo ver en usted al digno concejal del Ayuntamiento de la Co-