Los Destinos civiles (1905-09-02 00:00:00), página 1

Los Destinos Civiles
Guía Práctica Cívico-Militar

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EL MARQUÉS DE PERIJÁ
El día 10 del corriente se cumplirán dos años en que la gran familia Cívico-militar perdió para siempre al más desinteresado y más activo defensor de sus atropellados derechos.
El 10 de Septiembre es día de luto para cuantos viven al amparo de la Ley de 10 de Julio de 1885, que tenía en el difunto Marqués al más constante y entusiasta mantenedor como Senador del reino y como particular.
Por eso no podremos olvidarlo, y es un deber honrar la memoria del ilustre caballero que se enorgulleció al verse rodeado de sargentos y licenciados del Ejército, como presidente efectivo que era, al ocurrir su fallecimiento, de la Asociación Central.
Esta ha acordado cumplimentar un deber en el segundo aniversario de su muerte, y seguros estamos de que las demás Sociedades de España han de observar igual conducta, telegrafando el pésame o escribiendo en dicho día a la noble dama Sra. Marquesa viuda e hijos, Goya, 18, principal, en esta Corte.
Así demostraremos una vez más a algunos malos espafolos y peores políticos, que los que en días de verdadera prueba sirvieron á su patria con más desinterés y más lealtad, con más abnegación y más honradez que ellos, los individuos procedentes del Ejército, guardan también en sus pechos el sentimiento de la gratitud, cualidad que tanto enaltece al hombre.
¡Gloria al Marqués de Perijá!...
LA REDACCIÓN.

DESDE ZARAGOZA
A continuación publicamos el segundo y último de los TEMAS que nuestro distinguido amigo D. Justo Valenciano Otero envió desde Zaragoza al Congreso Cívico-militar en el mes de Mayo último. Sobre su contenido llamamos la atención de nuestros lectores, á quienes lo recomendamos, seguros de que no han de dar por perdido el tiempo.

TEMA NÚMERO...
¿Qué derechos poseen los destinados a las clases cívico-militares?
Ninguno de los preceptos legales que informan la legislación especial en materia de Destinos civiles, reservados á los propuestos por el Ministerio de la Guerra, se presta á tantas y tan discutidas apreciaciones como las que comprende el art. 10 de la Ley de 10 de Julio de 1885, que es, por cierto, uno de los más sustanciosos y de los que mayor transcendencia entrañan, puesto que no se limita á determinar la condición del momento de cuantos viven amparados á su fuero, sino que, traspasando los horizontes sensibles de la vida activa del funcionario, tiende á descubrir otros cuyo dominio efectivo sólo al pervenir corresponde.
«Pertenecerán á la Reserva, dice, los sargentos y licenciados que obtengan destinos civiles, procedan del Ejército activo ó estuvieren licenciados; y les servirá de abono, en este concepto, para retiro ó jubilación, los años de servicio, con arreglo á las disposiciones vigentes, hasta que cumplan cuarenta y seis años de edad ó sean separados por causa justificada, etc.»
A confirmar este criterio, en cuanto con la situación pasiva se relaciona, han venido las Reales órdenes de 21 de Mayo de 1896, 29 de Agosto de 1890 y 24 de Abril de 1891, que declaran, de una manera clara y taxativa, que los amparados á la Ley de 1885 no han perdido nada de su carácter militar, y que, por lo tanto, conservan íntegros sus derechos, y les son de abono para todos los efectos de retiro militar, según la Orden de 5 de Marzo de 1899 y Circular de 23 de Diciembre de 1886, todos los servicios prestados al Estado en los diferentes ramos de su administración.
Esto no obstante, á los beneficios del retiro regulado por el Real decreto de 9 de Octubre de 1889, no tienen derecho los sargentos del Ejército y sus asimilados que, con anterioridad á la fecha en que empezó á regir la Ley adicional á la Constitutiva del Ejército de 19 de Julio de 1889, obtuvieron destinos en amparo de las disposiciones que entonces regían, y si solamente los que por dicha Ley quedaron privados del derecho de ascender por antigüedad al empleo de Oficial; así lo establece, al menos, la Real orden de 2 de Julio de 1894.
La retroactividad de las leyes es de una conveniencia manifiesta cuando se hace preciso evitar que determinados beneficios se produzcan con detrimento de la justicia, de la equidad y del derecho; pero resulta anómala e improcedente, á nuestro humilde entender, cuando la restricción envejece precisamente esa falta de equidad, esa merma de derechos y esa negación de justicia que trae aparejado el precepto administrativo que nos ocupa, al conceder á los que reúnen menor suma de méritos, beneficios que niega á los que cuentan más méritos para merecerlos. Doleroso es confesarlo; pero tiene que producir triste impresión en el ánimo de los antiguos sargentos, de los primeros que pasaron á los destinos civiles, ver que los que ingresaron en filas cuando aquellos eran ya unos veteranos, se retraen en lo mejor de su edad con un porvenir asegurado y con la precisa obligación de no hacer nada; al paso que aquellos fueron sus maestros, sus encargados, de quienes recibieron toda su educación y cultura militar, por el solo hecho de ser más antiguos —en una institución donde la antigüedad se considera como un grado—tienden que sufrir larga y amarga penitencia á través de un medio ambiente que no es el suyo y condenados á un porvenir incierto, obscuro y tormentoso.
Porque toda esa balanza de disposiciones que dan como resultado el cómputo de tiempo y como despejada la incógnita de los servicios reconocidos, es un palacio de ilusiones alimentado sobre bancos de movida arena, y tan excesivamente delineable, que se derrumba al más leve soplo que, en forma de acuerdo, lanza la Dirección de Clases Pasivas ó el Consejo Supremo de Guerra y Marina, según los casos.
«Les servirán de abono con arreglo á las disposiciones vigentes», dice el artículo 10 de la Ley de 1885; ¿y sabéis cuáles son esas disposiciones? Para las jubilaciones civiles, el Decreto-legal de 29 de Octubre de 1885, que exige veinte años de servicios efectivos por lo menos, y de ellos dos en destino de Real orden, esto es, con el sueldo mínimo de mil quinientas pesetas anuales. Para retiro militar, la Ley de 9 de Julio de 1885, que prevé que lo obtendrán á los veinte años servidos, día por día, los Jefes y Oficiales del Ejército y Armada; el Real decreto de 9 de Octubre de 1889, que lo concede á los sargentos que hayan servido en las filas activas durante los tres períodos de reenganche, arrancando este beneficio desde que cumplan también veinte años de efectivos servicios; y la Real orden de 3 de Junio de 1897, que otorga el paso á la expresada situación de retirado á los cabos y soldados de todas las armas e institutos que cuenten veinticinco años de servicios efectivos. De modo que, los que pasaron á destinos civiles y tuvieron la infeliz ocurrencia de solicitarlo antes de publicarse la Ley adicional á la Constitutiva del Ejército ó la desgracia de no conseguir en la carrera de Administración civil una plaza de Oficial de quinta clase ó de subalterno con un sueldo mínimo de mil quinientas pesetas y disfrutarla durante dos años, según la jurisprudencia sentada, así por la Administración activa como por la jurisdicción contenciosa, ni tienen derechos pasivos como militares ni como paisanos.
Para demostrar lo manifestó de semejante absurdo, bastarán muy ligeros consideraciones, apoyadas en otros tantos puntos de derecho, consideraciones que el que suscribe somete gustosa á la de esta distinguida asamblea, para que, de estimarlas atentidamente y razonadas, pueda adoptar acuerdo sobre ellas y traducir en hechos tangibles lo que á pesar de las infinitas gestiones practicadas por diversas individualidades de nuestra honrosa colectividad, no han pasado de ser simples teorías.
Los servicios prestados en el Ejército desde la clase de soldado inclusive, son de perfecto abono para toda clase de derechos pasivos y están reconocidos por la Ley de 29 de Junio de 1887 como base ó arraigues de carrera, á contar desde que los interesados hayan cumplido la edad de diez y seis años. El Proyecto de ley de 20 de Mayo de 1892, mandado regir por disposiciones posteriores, dice que es acumulable en cualquiera de las carreras del Estado el tiempo que se hubiere servido en las demás, y la Real orden de 28 de Diciembre de 1898, aún aclara más dicho precepto legal, por cuanto establece que son acumulables á los servicios militares, para los efectos de retiro, los prestados en las diversas carreras civiles; añadiendo la Real orden de 30 de Abril de 1891—dictada después de oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina y de acuerdo con el Consejo de Estado—que se hayan desempeñado después de haber obtenido los interesados en el Ejército su licencia absoluta, en contraposición de lo dispuesto por la Orden de 22 de Abril de 1879, que llegó á prohibir la acumulación de servicios civiles á los militares cuando los primeros se hubieran prestado después de retirarse ó de licenciarse los interesados.
Los sargentos y licenciados del Ejército que mediante propuesta formulada por el Ministerio de la Guerra pasan á servir destinos civiles, no han perdido para nada su carácter militar; continúan perteneciendo á las escalas de reserva: unos, como Oficiales de la gratuidad; los demás como individuos de las acteas; obligados, unos y otros, á acudir á toda llamamiento á más cuando tuere necesidad su concurso; con el deber de pasar su retiro anual y con opción á los fueros militares que las Ordenanzas del Ejército señalan en su tratado VIII, título I. Al ser la ley de Destinos civiles parte integrante de la Constitutiva del Ejérci-