Los Destinos civiles (1906-05-04 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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TODA LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRÁ Á
JOSÉ PAYÁ PERTUSA
CALLE DE JUANELO, NÚM. 17, MADRID

DERECHOS PASIVOS
Dice la Ley de 20 de Mayo de 1893 y la de 29 de Junio de 1867, que los servicios prestados en el Ejército desde la clase de soldado, son de abono para toda clase de derechos pasivos, como base o arranque de carrera, y es acumulable en cualquiera de los demás del Estado. Y la Real orden de 23 de Diciembre de 1896 aún aclara más dichos preceptos, por cuanto establece que son acumulables a los servicios militares, para los efectos de retiro, los prestados en las diferentes carreras civiles. Confirma la anterior, otra de 30 de Abril de 1891, dictada después de oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, de acuerdo con el Consejo de Estado, que dice textualmente: Aunque se hayan prestado dichos servicios después de haber obtenido los interesados su licencia absoluta.
Al ser Ley la de 10 de Julio de 1885, que forma parte de la Constitutiva del Ejército, y colocados en destinos civiles los sargentos y licenciados del Ejército mediante propuesta hecha por el Ministerio de la Guerra, es Indiscutible que tienen derecho a los haberes pasivos que les corresponden con arreglo a la Ley de 8 de Junio de 1897, con arreglo a su condición de años de servicio, sin perjuicio reglador, aunque no lleguen á obtener destino de Real orden de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley de 10 de Julio de 1885.

    1.ª escala.

    De 35 años.......
    22,50 pes. mensuales.

    De 35 ídem con abo.
    30,00

    De 45 años.......
    37,50

    2.ª escala.

    1.500 pesos anuales.
    375,00

    2.000
    600,00

    3.000
    750,00

    3.500
    750,00

Dentro de los anteriores preceptos, concedieron algunas jubilaciones, negaron otras, y algunas halláense en lo Contencioso-administrativo pendientes de resolución para hacer cumplir las Leyes y Reales órdenes dictadas por el Gobierno con este objeto.
Debidamente, así, sin duda, voy con sentimiento que en La Correspondencia Militar de 16 del corriente mes, después de comentar varios artículos de El Correo, que apoya las disposiciones favorables á nuestra clase, copia una sentencia por la cual se resuelve que no se concederán derechos pasivos á menos que se cuenten más de veinte años en el Ejército (Gaceta de 8 del mismo mes).
Siempre tuve entendido y sigo entendiéndolo que, en buenos principios de derecho, y así lo sostienen los grandes juristas y hombres de leyes, que éstas no tienen efectos retroactivos, y menos cuando perjudican á tercero, ni pueden ser derogadas por Reales decretos, Reales órdenes, ni por sentencias de lo Contencioso-administrativo.
En vista de lo anteriormente expuesto, me permito llamar la atención de todas las Sociedades Cívico-militares establecidas en España, para que, colectivamente y por conducto de la Central, ó particularmente cada una, en su caso, recurran á los Poderes públicos en demanda de la defensa de tales derechos, así como los interesados que se encuentren dentro de aquellos beneficios en primer término, que seguramente tendrán el decidido apoyo de todos sus compañeros.
Hay una Ley de 5 de Abril de 1903, la de Responsabilidades, que en su artículo Iº dice: «que los funcionarios civiles del orden gubernativo o administrativo, cualquiera que sea su clase y categoría, desde Ministro de la Corona hasta agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, que infrinjan con actos ú omisiones algún precepto legal, etc., etc. Y en su artículo adicional dice: «Toda corporación cuya existencia esté legalmente autorizada, podrá ejercitar la acción para solicitar en nombre de cualquiera de sus individuos, justificando que lo hace á requerimiento del perjudicado», etcétera, etc.
Y como la Asociación Central tiene personalidad jurídica para hacer estas reclamaciones, como también otras Sociedades provinciales, según así se acordó en la Federación Española de individuos procedentes del Ejército, en Mayo del año anterior, soy de opinión que todas las sociedades ó individuos perjudicados se dirijan al Presidente de la Central, D. Alfonso Blanco, con las reclamaciones que crean convenientes, á los fines que se dicte una medida general, con objeto de conseguir se respeten los derechos pasivos que las leyes nos tienen concedidos.
¡Bien mal nos pagan, por cierto, los Gobiernos que nos rigen y rigieron, los sacrificios que hemos hecho en beneficio de la Patria! Sea en una ó otra forma, debemos recurrir á nuestro periódico profesional, Los Destinos Civiles, y los de gran circulación, para que nos apoyen e inicien la campaña emprendida en nuestro favor, así como á nuestros compañeros de valor, que los tenemos de la clase de Sargentos que ocupan altos puestos, como Gobernadores civiles, Delegados de Hacienda, Diputados á Cortes, provinciales y álois empleados, así como escritores que tienen demostrado conocimientos nada comunes, y no nos faltarían tampoco los Presidentes honorarios, si á ellos se recurriese, porque sí nos ofrecieran, en lo lejano, su cooperación para la defensa de nuestra Ley, también nos la han de prestar para que nos respeten los derechos pasivos. No nos han de faltar tampoco personas ajenas á nuestra colectividad que ven hollada la razón y la justicia, y si así lo hacen, como espero, también nosotros les ayudaremos cuando, si llegase el caso, nos necesiten, porque estando asociados y federados podemos corresponderles.
Tomad, queridos compañeros, con empeño este asunto, que beneficia á nuestros intereses y al de nuestras familias, y contar con el modesto consejo del que os saluda y está á vuestras órdenes,
M. IGLEISA PACIO.
Cordoba 25 Abril 1906.

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GUERRA
D. Gregorio Montero Olmos, Sargento empleado en destino civil, con residencia en esta capital, A V. E. rendidamente expongo:
Que es tan conocida como sensible la anormalidad que ensufrí su cumplimiento la Ley de 10 de Julio de 1885 y preceptos contenidos en el Reglamento dictado para la aplicación de aquéllo, dando por resultado, entre otros dolerían moral, el deprivarse á los que sirven y defienden la patria con las armas, del premio que ésta les señala por virtud del art. 3º de la Ley de 8 de Julio de 1876, cuyo precepto está representado por el derecho de preferencia para ocupar destinos públicos en los Centros y dependencias de la Administración Central, provincial y municipal, con sueldo hasta de 1.760 pesetas anuales.
Tal estado de la citada Ley ha motivado el curso de infinitud de instancias elevadas al Ministerio del dicho cargo de V. E., denunciando transgresiones de dos géneros cometidas, ora por las dependencias de la Administración Central, ora por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, las cuales denuncian, en su inmensa mayoría, de resuelto, ocurrir después de transcurridos años y años (y de aquí la progresión creciente de aquéllas), dándose lugar á que arregle la práctica de la mala fe empleada, y, por consecuencia, á la total negación de aquél derecho.
No hay duda, Excmo. Sr., que tan ingrato resultado es achaicable, en parte muy importante, á ignorar, los encargados de cumplir los señalados preceptos, el verdadero alcance de los mismos; de ningún modo al consiente deseo de quitar á dichos individuos, después de cumplido su deber, lo que al ir á cumplirles les fue ofrecido, pues esto supondría, no sólo inaudita ofensa al derecho, si que también al espíritu de patriotismo que aquellos sienten al ir á cumplir aquella obligación.
Entendemos, pues, Excmo. Sr., que la anormalidad que denunciamos no puede estimarse, en general, producto de un desastre estado de conciencia, y, por tanto, que es remediable; precisando para ello acudir á medios de ilustración armonizados é impuestos con oportunas medidas que obliguen, si ha menester, á los encargados respectivos, luego de conocerse la falta á remediarla, no consignándose doblez en aquéllos; llegando, si fuera necesario, á corregir las que resulten de propósito y se sostengan, con la sanción que difiere el art. 393 del Código penal, sin perjuicio de la que signifique el 36 de la Ley de presupuestos de 1876, en armonía con lo que preceptúa el 8º de la de 10 de Julio de 1885.
Considerando que los excelentísimos señores Capitanes generales de las regiones, unidos á acción á la de los Gobernadores civiles respectivos, son los llamados á vigilar y exigir el cumplimiento de las leyes del reino (la de 10 de Julio de 1885 forma parte integrante de la constitutiva del Ejército, según lo taxativamente dispuesto por el art. 13 de la misma), y que por la proximidad de dichos señores á las autoridades locales del territorio de su mando podrían, con la urgencia en estos casos requerida, mandar los errores que éstas puedan cometer en la aplicación de los preceptados preceptos, y aplicar las medidas procedentes para obligar al cumplimiento de lo que por cualquier causa fuera objeto de desatención.
Considerando que la práctica hoy obligada da por resultado inmediato llevar al Centro respectivo del Ministerio de la Guerra un cúmulo de trabajo de difícil, si no imposible atención, y de resolución, por tanto, á pesar de la improba y honrada labor que sobrellevan los encargados de desarrollarlo, siendo esta causa indudable de que se esterilice aquélla y de indefinidas dilaciones, durante las cuales causan estado de hecho, y de derecho más tarde, las disposiciones tomadas por las autoridades, no obstante ser contrarias á éste, como lo son y llevan el per-