Los Destinos civiles (1906-09-04 00:00:00), página 1

AÑO XVII
MADRID 4 DE SEPTIEMBRE DE 1906. NUM. 401

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
El trimestre en toda España... 1.00 pesetas.
Un año... 4.00.
Número suelto... 2.00.
Pago adelantado
a las librerías del Giro Mutuo. A los que residan en pueblos donde no se reciba el periódico, se les remitirá un número de 15 céntimos, preferiendo los timbres móviles de 10. No se admiten otras clases de sellos ni pólices.

SE PUBLICA LOS DÍAS 4 Y 20 DE CADA MES
TODA LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRÁ A
JOSÉ PAYÁ PERLUSA
CALLE DE JUANELO, NÚM. 17, MADRID

El Marqués de Perijáa
¡Dios de Septiembre! En dicho día se cumplirán tres años que bajó al sepulcro aquel varón inigualable, aquel hombre extraordinario y decidido caudillo, defensor de nuestros escarnecidos derechos, que en vida fué D. Federico López Garvía.

Tres años hace que le perdemos, sin que en ese tiempo hombre político alguno haya demostrado, ni intentos semejantes, de imitar su proceder, y ni aun señales de vida, en favor de una colectividad, la más merecedora en España de apropiarse de él.

Por eso tan triste el recuerdo de su muerte, y por eso cada día que pasa habremos de llorarlo más...

Las Sociedades civico-militares, y cuantos al Ejército pertenecieran, agraciados como lo son de suyo, sabrán el día 10 del corriente dedicar unas líneas de pésame á su ilustre señor viuda, distinguida familia, al propio tiempo que una oración por el alma de quien de nosotros (recordamos sus frases) nos apartó á otra recompensa.

LA REDACCIÓN.

NO PUEDE SER
No, no puede ser que prevalezca la absurda e injusta Real orden del ex Ministro democrata y regenerador d.e... el devocionario y del rosario, que no de las humildes clases de tropa como pomposamente declaró en el Congreso y en la circular que dirigió al Ejército en 8 de Diciembre último.

No puede ser, repito, que prevalezca el despojo de nuestros derechos, que implica esa descabellada disposición, y procurará demostrarlo con la conclusión que el caso permita.

El art. 9º de la Ley del 85 ordenó que por la junta que en el mismo se designa, se formase una lista de los destinos que habían de quedar excluidos de ella, que esa lista se publicase en la Gaceta como se hizo, que la misma lista, se considerara como parte de dicha Ley, y que no podría verse variarse ni adicionarse sino por una disposición legislativa.

-Si en cualquier tiempo (dice la propia Ley en su art. 12) fuesen modificadas las disposiciones que rigen la provisión de destinos civiles, se entenderán subsistentes las que esta ley prescribe si no se derogan expresamente, y en su artículo 13 añade: -La presente Ley se considerará como parte integrante de la constitutiva del Ejército de 29 de Noviembre de 1878.

Pero hay más: La Ley adicional á la constitutiva del Ejército, prescribe en su artículo adicional que la de 10 de Julio de 1895 no podrá ser alterada ni modificada, sino directamente y por medio de una Ley especial.

Y ahora pregunta yo: Los destinos que el ex Ministro democrata, Sr. Luque, protector y regenerador de las clases de tropa, ha pretendido que quedan excluidos de la Ley del 85, figuran en la lista publicada en la Gaceta en virtud de lo preceptuado en el art. 9.º de esta Ley? Contesto rotundamente que No, y, por tanto, es inadmisible que están comprendidos en ella.

Han sido modificadas las disposiciones sobre provisión de destinos civiles ó derogadas expresamente las que prescribe la Ley del 85? Afirma que No, y, por consiguiente, que están subsistente sus prescripciones.

¿Se ha promulgado alguna Ley especial que altere o modifique directamente el art. 85 en armonía con lo preceptuado en el artículo adicional de la constitutiva del Ejército del 89? Puede hacerse la misma afirmación que á las dos preguntas anteriores; y siendo así, ¿habrá alguien que de buena fe pueda dudar que las prescripciones de la Ley del 85 están manteniéndose y subsistiendo en toda su integridad? No es posible.

Ahora oigamos al respetable Tribunal que... indudablemente ha de amparar la Real orden en cuestión, al resolver el recurso que contra la misma se habrá presentado.

No puede en modo alguno admitirse que una Real orden circular venga á derogar lo establecido por una Ley, pues equivaldría á anular el Poder legislativo, que quedaría á merced de la Administración pública, contra el principio fundamental de derecho constitucional de que los poderes del Estado han de ser sustantivos e independientes dentro de la esfera que les es propia. (Sentencia de 16 de Octubre de 1890.)

Carecen de fuerza legal obligatoria las Reales órdenes y demás disposiciones del Gobierno que impliquen derogación de preceptos legislativos. (Sentencias de 28 de Diciembre de 1898 y 1.º de Junio de 1894.)

La falta de respeto á los preceptos legislativos que perjudican los derechos de los interesados, deben estimarse infames. (Sentencia de 24 de Noviembre de 1898.)

Podría seguir haciendo infinitud de citas legales, pero con lo expuesto creo que hasta para justificar la razón del epígrafe que encabeza estas líneas; pero no he de terminar sin recoger y juzgar (pe- canmosme atrevimiento), algunos de los conceptos estampados en la... regeneradora disposición que nos ocupa.

Dice ésta... Real orden que la separación de los empleados (de los que vienen ocupando los destinos excluidos) no puede decretarse, puesto que dichos nombramientos han causado estado, y por ser producto de disposiciones declaratorias de derechos, las cuales sólo pueden de- jarle sin efecto en la vía contenciosa, según la Ley de esta jurisdicción y á tenor de declaración constante del Tribunal de dicho orden.

En cuanto á que no pueden decretarse cesantías porque los nombramientos han causado estado, oímos lo que tiene declarado ese mismo Tribunal, en su sentencia de 12 de Junio de 1903; dice así:

"Cuando las vacantes se cubren sin anun- ciarse previamente en la Gaceta de Madrid, es NOTORIO que no se cumplen los preceptos de la Ley de 10 de Julio de 1895 de su reglamento y demás disposiciones vigentes, por lo que es EVIDENTE que tales nombramientos, aunque recaigan en individuos comprendidos en los beneficios de dicha legislación especial, tienen carác- ter provisional ó interino, SIN QUE CREAN NINGÚN DECRETO PERFECCIONADO A FAVOR DE LOS INTERESADOS... ¿A qué tal- amables lectores? Haced, si podéis, los comentarios..."

Respecto á que las disposiciones declaratorias de derechos no pueden ser anuladas sino en la vía contenciosa, sin duda se ha olvidado el Sr. Luque de que eso únicamente será cuando tales dispo- siciones emanen de la facultad discrecional de la Administración, pero no cuando tiene que ajustarse á los preceptos de una Ley, de un reglamento ó de cualquier otro precepto que limite sus atribuciones, en cuyo caso nos encontramos, y en prueba de ello me remito á las tres sentencias citadas en los párra- fos 10, 11 y 12 de este escrito; porque, de no ser así, ¿para qué servirían las leyes?

Además, ¿ignorará el Sr. Luque que lo que se hace contra Ley es nulo, y que lo que en su origen lo es, no puesta en modo alguno contumaz por el transcurso del tiempo? Pues que lea el artículo 4.º del Código civil y el principio general de derecho, confirmados, entre otros, por la sentencia del Tribunal Su- premo de 8 de Noviembre de 1890, que así lo han declarado, y que lo tenga en cuenta cuando haya que hacer algún nombramiento que esté sujeto á las pres- cripciones de una Ley.

Y ahora que ya no puedo reducir la extensión de este escrito, me doy cuenta de mi buen amigo el Sr. Payá tiene recomendada la conclusión en estos trabaja- jos, y viendo que contrario á sus atendi- bles indicaciones, recabo su proverbial benevolencia para estas cuartillas.

ORTÓN MORALES.

COLABORADORES
Los son todos los subscriptores al periódico. La Dirección se reserva el derecho de publicar ó no de corregir cuantos escritos reciba á dicho fin.
Las denuncias vendrán firmadas por sus autores (que son los responsables), aun cuando sus nombres no aparezcan publicados.

LA SEGUNDA VÍCTIMA
Copiamos de un diario de Salamanca del día 29 lo siguiente:
"Suicidio de un Sargento.—Telegra- mas de Logroño dicen que el ex sargento del Ejército, Agustín Suárez, se suicidó ayer de un tiro, después de intentar ma- tar al Secretario de la Diputación, por- que esto no quería poseerle su destino.
¿Qué dirán nuestros gobernantes de tales atrocidades, que desde luego nosotros condenamos, como todo lo que sea salirse de los medios legales? No pueden, sin embargo, considerarse excesos de la violencia, sino que son el resultado de España (por ser el segundo caso, recordemos lo ocurrido en La Línea), que se atragollen los derechos de los proces- dentes del Ejército otorgados por una ley de la nación, sin que tengan ener- gias para exigir responsabilidades, cas- tigando como se merece á estos vívido- res sin entrañas, que, prevalecidos de su influencia caciquil, así como del poco caso que se hace de cuantas reclamacio- nes se formulan en este sentido, se bar- lan impunemente de las leyes y de todo lo que no es de su agrado, poniendo á los humildes que á ellas se acogen en esta- do desesperado capaz de cometer los mayores desmanes, pues no se compren- de otra cosa del telegrama que encabeza este escrito.
¿Qué causas podrían mediar para no dar al suicida posesión de su destino, concedido con arreglo á la ley, para adoptar una resolución tan terrible? Es- tos puntos son los que conviene aclarar, y rogamos á los señores Ministros de la Guerra y Gobernación depuren las res- ponsabilidades, que, sin duda alguna, debe haberlas contra los culpables del inaceptable hecho.
Y esa presa de circulación y que se llama justicia, ¿por qué permanece silen- temente ante injusticias tan crueldes? ¿Es á que sus oficinas que tampoco andan muy limpias, por tener colocados ilegalmente algunos panagueados, no les conviene dar publicidad á ciertas noticias?
Esperamos que nuestros gobernantes tomen nota de estos hechos y no olviden que son dos las víctimas causadas por esta causa, como medio de evitar mayor- res males, pues todas las dos sacadas