Los Destinos civiles (1906-10-04 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
GUÍA PRÁCTICA CÍVICO-MILITAR

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DERECHOS PASIVOS (1)

Las Reales órdenes dictadas por un Ministerio, declaratorias de derechos que sean firmes y hayan causado estado por no haber sido impugnadas en la vía contenciosa, no pueden ser anuladas por la misma autoridad que las dictó, y sólo podrá hacerse si la misma Administración las declarase lesivas y diera instrucciones al Fiscal de S. M. para impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso, lo que, según el artículo 7.º del Reglamento para la ejecución de la ley que regula dicho procedimiento, corresponde hacer en su caso, si procediera, al mismo Ministerio que expidió la Real orden que se tratará de anular en virtud de otra acordada en Consejo de Ministros. Así lo establecen las sentencias del Tribunal de lo Contencioso de 7 de Diciembre de 1899 y 20 de Marzo de 1900, y Real decreto de 6 de Enero del mismo año. Ha ocurrido esto con las Reales órdenes que declaran que los soldados pendientes de destino civil por individuos del Ejército, son amnistiados a los militares para todos los efectos de retiro? No; luego ese derecho subsiste, está en pie, y por tanto, no hay quien lo pueda negar legalmente, sin cometer un despojo, sin atentar contra la propiedad.

Hay más. El artículo 7.º de la Ley de lo Contencioso de 24 de Junio de 1894 y la Sentencia de dicho Tribunal de 29 de Marzo de 1904, preceptúan, que para impugnar en vía contenciosa una resolución por la Administración dictada, se hace necesario que previamente la declaración lesva á sus intereses, precisamente dentro del plazo de cuatro años á partir del día en que tal disposición se dictó; pero que una vez cumplido este requisito previo, tiene la Administración, lo mismo que los particulares, el plazo de tres meses para interponer el recurso contencioso, transcurrido el cual, se tendrá por prescrita la acción administrativa, puesto que según jurisprudencia establecida por el Tribunal de lo Contencioso en su sentencia de 12 de Noviembre de 1904, los derechos de la Administración están perfectamente garantizados con los plazos que, á favor de aquélla, establecen las disposiciones vigentes, ya que con dichos periodos tienen tiempo sobrado para ver si es ó no lesva la resolución que dictó, y como consecuencia de tal examen, utilizar ó no los recursos procedentes. ¿Se ha utilizado contra esas Reales órdenes que nos conceden derecho á retiro, los recursos que previene la Ley y demás doctrina legal establecida? No; luego esto es también una confirmación más de la existencia de nuestro derecho á retiro, el que por ningún concepto puede ser serios arrebatado.

Como se ve, el Tribunal de lo Contencioso, al dictar su fallo en la demanda de retiro á que se contrae la sentencia que comentamos, ha prescindido en absoluto, no sabemos por qué razón, de los preceptos legales que quedan mencionados; y en cambio, ha aplicado, erróneamente á mi juicio, otros que son inaplicables, cuales son, el artículo 6.º de la Ley de 19 de Julio de 1889 y el 90 del Real decreto de 5 de Octubre del mismo año, los cuales se refieren única y exclusivamente á los sargentos que hayan servido en el Ejército los tres períodos de reenganche. Eso estaría justificado, si D. José Barrachina, que es el que se le ha negado el retiro, fuese un sargento que estando en activo hubiera solicitado tan antes haber terminado los tres períodos de reenganche ó sin contar por lo menos veinte años de servicios efectivos en el Ejército; pero nunca lo estaría tratándose de un sargento que pasó á continuar sus servicios en la carrera de la Administración civil, al que indudablemente han debido aplicarse las disposiciones que preceptúan que á los militares que pasan á destino civil se les acumularán los prestados en él, á los servidos en el Ejército.

La prueba de cuanto queda expuesto la tenemos clara y palmaria en que las disposiciones que regulan el derecho á retiro de los cabos y soldados, exigen que estos han de contar por lo menos con veinticinco años de servicios efectivos en el Ejército para obtener el mínimo; y, sin embargo, el mismo Tribunal Contencioso, por sentencia de 26 de Agosto de 1896, revocó la Real orden de 28 de Diciembre de 1892, por la cual el Ministerio de la Guerra negó derecho á retiro al guardia civil mencionado Simón Mesquita Rappay, y declaró que lugar que el citado guardia se le formulara nueva protesta de retiro y que le abonase cinco años de altos, compendándole para ello el tiempo que sirvió como guardia de Orden público, después de haber obtenido en el Ejército su licencia absoluta.

Creo que el asunto queda suficientemente aclarado, y siendo de reconocida capital importancia para la clase en general, opino reiteradamente que no debe echarse al olvido, en consideración á lo cual brindo á la Central este escrito en calidad de proposición, para á lo juzga conveniente y necesario, lo someta al estudio del Ilustre Letrado de la Federación, Sr. Blanco, para que éste vea el medio y la posibilidad de solicitar del Ministro de la Guerra la suspensión ó no ejecución de la sentencia, por crear ilegal el cumplimiento de la misma, con arreglo á la Ley de lo Contencioso de 22 de Julio de 1894, opinando que debe pedirse la revisión de esa sentencia en armonía con lo dispuesto en el caso segun- do del art. 79 de la citada ley de lo Contencioso.

No se ocultará que por todas partes no se ven más que conatos de anular lo poco que á nuestra causa favorece, y lo menos que ante tales amagos podemos y debemos hacer es procurar impedir que prosperen tan sonros, altos y justiciosos propósitos, y, si no lo conseguimos, por lo menos demostremos que tenemos noción de lo que es el derecho y la propia dignidad.

OTÓN MORALES.

CORTAR POR LO SANO

No sólo tienen que luchar nuestras Sociedades con la vulneración que de la Ley de 10 de Julio de 1895 hacen las autoridades encargadas de su cumplimiento, sino que tienen que poner coto á la reciente moda de algunos licenciados explotadores de los derechos que dicha Ley les concede.

Se va haciendo tan usual el que seres indígenas vendan su derecho por unas cuantas pesetas, que es necesario se tome una medida radical, para que, una vez conocidos estos seres, queden por completo inutilizados para repetir la comprobada que, como habrán comprendido nuestros lectores, consiste en solicitar un destino civil con el deliberado propósito de no tomar posesión y que le quede de libre provisión para el que internamente venda desempeñándolo, recomendado del Alcalde A. ó del Diputado C.

Esta manera de proceder es tan impropi de individuos que tienen conciencia y honor, que, continuar impasibles, por nuestra parte, sin poner los medios con- ducientes á evitar tales ignominias, sería una evidente falta de ética, por lo que hemos creado convocatoria el Sr. Excmo. Colonoísmo Señor Presidente del Consejo de Ministros la solicitud que á continuación se inserta, y dice así:

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros: El que suscribe, como Presidente de "La Lealtad", Sociedad de individuos procedentes del Ejército, legalmente constituida en esta ciudad, ante V. E. acude y respetuosamente expone:
Que previsto el caso en la Ley de 10 de Julio de 1895 y Reglamento para su ejecución, de que al proponerse por el Ministerio de la Guerra á un individuo para que se le otorguen sus destinos ci- viles que la misma le reserva y no pose- sionarse de él, queda éste obligado a evi- citar, para que en propiedad pueda ser desempeñado por individuos del elemento civil, perdiendo el que fué propuesto por Guerra, parte de su derecho, puesto que queda en último lugar, entre los de su clase, para volver á obtenerlos en las convocatorias sucesivas;
Que por Real orden de esa Presidencia de fecha 12 de Octubre de 1905, se previene que los individuos que ocupan destino civil, al solicitar otro, ser propuestos y recibir la credencial, deben causar baja en el que ocupan y tomar posesión del nuevamente adjudicado;
Mas comoquiera, Excmo. Señor, que son muchos los casos en que se hace cuestión de negocio la adjudicación de dichos destinos, puesto que, previo acuerdo, algunos licenciados, poco escrupulo- sos, solicitan destino con el deliberado propósito de no tomar posesión y que le sea adjudicado en propiedad al que inten- riormente venda desempeñándolo, se ha- ce preciso, Excmo. Señor, dictar una dis- posición que coarte tales abusos, que no sólo denigran al que les ejecuta, sino que le hace indigno de continuar con de- recho alguno, pues su tracción á la ley perjudica á los que fueron sus compa- ñeros.
En su consecuencia, el recurrente, en nombre y representación de sus compa- ñeros asociados, acude á V. E. supli- cándole se dégne disponer que en lo su- ciente queden privados de todo derecho á solicitar nuevos destinos los individuos que, propuestos por el Ministerio de la Guerra, no tomen posesión de los que se le adjudiquen, se pone de que debidamente justifique la imposibilidad en que se encuentren para efectuarlo.
Y Gracias que el firmante espera obtener de V. E. cuya vida guía Dios di- latados años.-Teruel 30 de Septiembre de 1906. Excmo. Sr. -El Presidente, Antonio Pacheco Chica.

Es necesario, compañeros, tomar medidas energicas contra estos explotado- res, y sacarles á la vindicta pública, des- pués de arrojarlos del seno de nuestras Sociedades por indígenas, y privarles para siempre de los derechos adquiridos. Más vale «POCO Y BUENO», que mucho malo».
Si hasta hoy algunos mal llamados