Los Destinos civiles (1900-02-02 00:00:00), página 1

Los Destinos Civiles
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JOSÉ PAYÁ PERTUSA
Juanelo, núm. 17, segundo, MADRID

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JUSTICIA É INJUSTICIAS
En el primer artículo de nuestro número de 2 de Enero último, al tratar de las economías del Ministerio de Hacienda por consecuencia del Real decreto de 29 de Diciembre anterior, decíamos en uno de sus párrafos lo siguiente:
«Respecto á la suerte que pueda caber á nuestros compañeros los empleados por virtud de la ley de 10 de Julio de 1885, y que lo son á propuesta del Ministerio de la Guerra, motivos sobrados tenemos para no abrir esperanzas optimistas, sabido el criterio que de antiguo preside en el Ministerio de Hacienda, contrario siempre á toda lógica, á toda razón y á toda justicia cuando se trata de los intereses de los individuos que pertenecieron al Ejército.»
Al día siguiente, se nos informó por persona del mayor respeto y garantía para nosotros, que entre los Sres. Azcárraga y Silva, había mediado alguna conferencia acerca del particular y que, debido á ella, habían dado órdenes recomendando que se respete, en cuanto fuése posible, á los empleados por virtud de la ley de 10 de Julio de 1885.
Los hechos han venido á demostrar que era cierto lo que se nos dijo, puesto que efectivamente, en esta ocasión se ha respetado como nunca á los empleados que son procedentes del Ejército.
Hubimos, pues, de equivocarnos en parte en aquel juicio emitido, y de ello nos congratulamos y consideramos muy satisfechos al rectificar dicho concepto, que fundábamos en la práctica seguida en casos de igual índole desde que fué promulgada la ley, mal llamada de sargentos.
Indudablemente, el Gobierno todo, ha hecho algo, y ese algo, aunque haya sido de su deber el realizarlo, no ha de ser obstáculo para que dejemos de reconocerlo y aplaudirlo en lo que cabe, porque ante todo, somos agradecidos.
Pero como los propósitos buenos rara vez se realizan por completo, en la ocasión presente la justicia ha resultado á medias, puesto que tenemos noticias de cesantías recaídas en amigos nuestros, que por lo arbitrarias, por lo injustas y por lo atrevido del procedimiento, nos vemos en el caso de señalar y llamar respecto á ellas la atención de los señores Presidente del Consejo, Ministro de la Guerra y, sobre todo, del de Hacienda, que es el que más directa y pronunciadamente puede poner remedio y reparar el daño causado.
He aquí ahora los casos á que antes nos hemos referido.
D. Manuel Gallardo Martín, sargento propuesto por el Ministerio de la Guerra con arreglo á la ley de 10 de Julio de 1885, oficial de quinta clase de la Tesorería de Hacienda de Cádiz, ha sido declarado cesante por reforma, pasando á ocupar su plaza otro individuo con igual sueldo y categoría. En la citada dependencia no ha habido reforma alguna ni supresión de plaza. ¿A qué obedecen, pues, la cesantía del Sr. Gallardo Martín, que cuenta más de veintiséis años de servicios y más de ocho de oficial de Hacienda?
D. Pedro Sierra Calatayud, sargento como el anterior, y con arreglo á la misma ley Investigador de Hacienda de la provincia de Cáceres, con veinticinco años de servicios y más de diez de oficial de quinta clase, se le declara cesante mientras conservan el destino sus compañeros que lo deben al favor, contando uno de ellos hasta tres meses de servicio, con la circunstancia de no necesitar tal destino para comer y sin otros méritos contrarios que ser amigo político del Diputado por Valencia de Alcántara.
D. Celestino Pelegrín Gómez, sargento primero, con más de veinte años de servicios, nombrado Aspirante de segunda clase de la Administración de Hacienda de Tarragona, á propuesta de Guerra, queda declarado cesante en la misma dependencia en que existen dos plazas de igual categoría y sueldo, cubiertas con carácter provisional y que deben anunciarse en la Gaceta.
D. José López García, sargento como los anteriores y Aspirante de segunda clase de la Intervención de Hacienda Murcia, ha sido declarado cesante por haber adquirido su destino con arreglo á la ley citada, puesto que, existiendo en la misma Intervención cinco plazas vacantes, desempeñadas internamente por individuos que lo deben á la recomendación, éstos son los que continúan tranquilos y las vacantes ocultas.
Como se ve, los cuatro casos relatados bastan para dar una idea de lo arbitrario y escandaloso del proceder contra los sargentos. Quien tales cosas propone, no tiene noticia de lo que es rectitud, ni equidad ni justicia. Falta abiertamente el espíritu y letra de la ley de 10 de Julio de 1885; á la Real orden de 23 de Septiembre de 1891 y demuestra, por último, que no abriga en su alma un resto de conciencia.
Y como quiera que el actual Ministro de Hacienda, el Sr. Villaverde, aun cuando político, no carece de ninguna de aquellas cualidades y sentimientos, á él nos dirigimos para llamar su atención acerca de tan incomprensible proceder en el departamento de su cargo, y en la seguridad de que no conoce las condiciones de los individuos perjudicados, hemos de rogarle que procure enterarse y subsanar el error, reponiendo en sus puestos á aquellos honrados y laboriosos empleados cargados de años de servicios prestados á la nación, padres de numerosa familia y sin más recomendación ni otro apoyo que la puntualidad y el exacto cumplimiento de sus deberes.