Los Destinos civiles (1901-10-16 00:00:00), página 1

NO HAY ENMIENDA

Sigue viviendo la gran familia cívico-militar en el mejor de los mundos. Diecisésis años largos han transcurrido desde que se promulgó la ley de 10 de Julio de 1885, vulgarmente llamada de sargentos 6 del miedo, y bien sabido es que la idea que la impulsó fue buena, pues al paso que con ella, y de practicarla fielmente, se prevenían en parte inapreciables servicios prestados á la patria, se libraban los hombres públicos del continuo asiento que en demanda de credenciales se veían envueltos y abogados.

Empezó, pues, dicha ley á surtir sus efectos entre las simpatías de la inmensa mayoría de los españoles y el enojo de algunos caciques de aldea, pero todos los respetaron, en parte, mientras el Gobierno no tuvo interés en ello, ó sea hasta que consiguió la amortización de las antiguas clases de sargentos primeros y segundos que se hallaban en filas. Una vez realizado esto, empezó el calvario para aquéllos mismos, en cuyos actos pronto se generalizó á las demás clases de la misma absolutamente con quienes no tenían el compromiso que con los procedentes de activo.

Para todos empezo el despojo, la cesantía y los traslados, por las economías ó las reformas de las que siempre fueron víctimas los que precisamente vivían al amparo de la ley; en esta tarea ayudaron á los caciques los hombres políticos y entre ellos algunos militares, y de escala en escala, han ido ganando el terreno que tienen conquistado.

No se propusieron hoy hacer historia de los hechos principales acontecidos desde 1885 á la fecha, pues para relatar el cúmulo de anomalías, descargas y atropellos, las iniquidades y las verdaderas canalladas cometidas contra honrosísimos ciudadanos, veteranos encuadernados en el servicio de las armas, tendríamos necesidad, no ya de un largo artículo, sino de varios, y en muchos y repetidos números de un periódico aun cuando fuera diario.

Ahí está la ley de 4 de Julio de 1875 sustituida por la de 10 de Julio de 1885; ahí está el Ministerio de Guerra ejerciendo ahí también las infalibles disposiciones aclaratorias dictadas posteriormente con el fin de que aquellas leyes tuvieran el acatamiento y respeto debidos. Todo permanece, pues, escrito y vigente; derechos, concesiones, garantías, todo, y sin embargo, todo sigue siendo amargo, casi ficticio y escarnecido en la práctica para los individuos procedentes del ejército.

Recientemente tenemos noticia de los siguientes hechos que afadimos hoy á la ya larga historia á que antes nos referimos:

D. Abraham Soto y Sierra, oficial de quinta clase de Hacienda y secretario de la Delegación de Lérida, cuyo cargo ve- nió a ser suprimido por expreso de dicha seña á propuesta del Ministro de la Guerra, después de haber servido cincuenta años en el Ejército, sumando en total treinta años de servicios al Estado, ha cesado en 18 de Septiembre último por virtud de Real orden de 28 de Agosto anterior, en que así lo ha dispuesto el señor Ministro de Hacienda, sin tener para nada en cuenta que el interesado procede del Ejército, por lo que no puede decre- tarse su cesancia sin causa que lo justifi- que, y que se instruya tal expedido cum- plida bien y fielmente su deber, lo cual acredita su Jefe y otras personas su vali- dimiento y respetabilidad en la provincia de Lérida.

El Sr. Soto ha recurrido por instancia al señor Ministro de la Guerra, acompaña- da de varios documentos justificativos de su proceder y conducta como emplea- do, y amparándose en las Reales órdenes de 15 de Noviembre de 1892, 31 de Diciembre de 1894 y 6 de Mayo de 1895, todas vigentes, reclama la reposición de su destino e indemnización de los sueldos correspondientes al tiempo que se le cesantía, hasta su nueva y legítima pose- ción, la cual no puede por menos que decretarse por el Ministerio de Hacienda.

Otro caso ocurre, y aunque de diversa índole, tan abusivo y falta de razón y fundamento como el anterior, pertenece al Ministerio de la Gobernación, y es el siguiente:

D. Emeterio Garbin Ronzo, oficial de quinta clase de Administración civil, con destino en el Gobierno de Alicante, y como el anterior, á propuesta del Mi- nisterio de la Guerra, con arreglo á la ci- tada ley de 10 de Julio de 1885, se ha visto nombrado nada menos que inspector de cuarta clase del Cuerpo de Vigilancia, y con destino á Teruel.

Todo el mundo sabe que el cargo de Inspector de Vigilancia no tiene categoría administrativa, y todo el mundo sabe, excepto el señor Ministro de la Goberna- ción, que con arreglo á las Reales órdenes de 15 de Noviembre de 1894 y 29 de Sep- tiembre de 1895, y con el acuerdo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ningún empleado de la procedencia del Sr. Garbin, puede ser trasladado más que en su propia clase, categoría y sueldo.

El Sr. Garbin ha recurrido como el anterior, por instancia al señor Ministro de la Guerra, en súplica de que quede sin efecto tal traslado, y ambas serán inmediatamente cursadas al Excmo. señor Presidente del Consejo de Ministros, cuya resolución que habrá de ser pronta y ajusta- da a derecho, con arreglo á las disposi- ciones antes citadas, y que son emaná- das de la propia Presidencia.

Otro caso ocurre con D. Agapito Ce- britán Girón, Auxiliar de la Junta de Instrucción pública de Murcia; pero este merece artículo aparte por la monstruosa injusticia, y ya nos ocuparemos de él.

Entre tantas otras, la superior aten- ción de los señores Ministros de la Guerra y Presidente del Consejo por sí tienen á bien exigir alguna clase de responsabilid- ad á los que con frecuencia tanto, se bur- lan de cuanto se legisla en España.

Porque si no hay responsabilidad ver- dadera, si no hay castigo pronto y seve- rino, natural ha de ser que no haya escari- mento.

Y tampoco habrá enmienda.

DESDE ZARAGOZA

Señor Director de «Los Destinos Civiles»:

Mi respetable y digno compañero: He visto en el periódico de su acertada di- rección, Sección de Infraacciones, que se denuncian sólo dos plazas de portero y ordenanza en la Administración de Ha- cienda de esta provincia; sin duda el de- nunciante no estará enterado de otras que faltan y en nota consignaré al final, que en el año que tuvo entrada en la Capitanía general de la región, de in- stancia en la que, el que suscribe, de- nunciaba al Ministro de la Guerra, siete plazas de aspirante á oficial, existentes en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, y á pesar del tiempo transcurrido, la ci- tada instancia duerme en el negociado correspondiente.

La historia de esta denuncia está en- vuelta en el más irritante abuso.

Cuánta quererá que una vez la ins- tancia presentada, como lo fué, por la De- legación de Hacienda, se dé certeza de los hechos denunciados, ésta debe remitirse á la Superioridad para la resolución y anu- cio de las vacantes; mas no ha sucedi- do así.

Como me infundían sospechas ciertos actos, estuve varias veces en la Capitanía general para rogar el curso de la instan- cia al Ministerio de la Guerra, contestan- do siempre con pronuncias capciosas, y á tropiezos de molestar, hasta á los hijos del mismo general, se me dijo en confianza, chiste, que el general había por parte de los caciques de esta provincia, que en esas instancias quedasen sin curso para que no saliesen las vacantes en la Gaceta.

—Pero aquí lo vergonzoso é incómodo es lo que los caciques pretenden, sino que estas pretensiones sean patrocinadas por militares, por aquellos que, en su mayo- ría, deben su encumbramiento á los sargan- tes, cabos y soldados, ó que de ellos han sido compañeros.

Para demostrar que de hecho está abo- lida la ley de 10 de Julio de 1885 en Za-