Los Destinos civiles (1897-11-02 00:00:00), página 1

LOS DESTINOS CIVILES
PERIÓDICO CÍVICO-MILITAR

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SE PUBLICA LOS DÍAS 2 Y 16 DE CADA MES
PROPIETARIO DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
Toda la correspondencia se dirigirá a DON JOSÉ PAYÁ PEERTUSA
CASTANILLA DE SAN PEDRO, NUM. 5, MADRID

COLABORADORES
Los sonidos los suscriben. — No se insertarán los trajes que no sean de la provincia de Madrid. Los trabajos de colaboración librarán la autoridad de sus autores. No se admiten los asuntos que se hayan desarrollado en otros periódicos, ni cuando digan de publicar.

EL DERECHO AL EMPLEO

De un artículo que con este epígrafe ha publicado La Provincia y el Municipio, pe- riodico cuya existencia desconocíamos, nos hacemos eco con el ánimo directamente a la ley de 10 de Julio de 1885, que en su sección 6, mejor dicho, derogación, concluye por pedir aquel ilustre colega, por ir, según dice dicha ley, contra los preceptos del Código fundamental del Estado y contra DERECHOS INDISPUTABLES creados por la vida social.

Enemigos nosotros de la polémica estéril, más aún, de hacer comparaciones, no hemos de contender hoy con La Provincia y el Muni- cipio, como no hemos contendedo con periódico alguno, por entender que es tarea difícil de intentar hacer variar de rumbo ó senda al que se la ha tratado con arreglo á su legal ma- nera de aprobar las cosas. Pero valga por lo que valgan, habrá que tener en cuenta respecto al asunto en cuestión, ya que no para vencer al expresado periódico, para disipar, cuando menos, la atmósfera que ciertas doc- trinas producen en quienes leen y juzgan sin conocimiento exacto de las cosas.

No es esta la vez primera que alguna re- vista provincial se ha atrevido, y siempre con maravillosa injusticia, de lleno cargarse con solo el hecho de haberse dictado en favor una ley que jamás pasó de estar escrita, para el malévolo fin de no cumplirla, lo cual está en la conciencia general de los españoles. Por eso mismo, por ese convencimiento, cesan en sus ataques á la ley aquellas periódicas, no porque la ley sea buena, sino porque en la práctica resultaba inofensiva para los indivíduos que no han pertenecido al Ejército, y un cero ante el immoderado afán y el crimi- nal proceder del odio caciquismo.

Mas acabá de venir una nueva situación política, y ya algunos filosos vuelven á las antiguas, y algunos determinados cargos publi- can los títulos (que son el único medio de que pueden darse destino) para prohibir la ley de sargentos, sin reflexionar ni pararse ante las causas de tan fácil excusa, cian n contra aquella ley y el régimen algunos hasta ne- gara forma humana á los sargentos.

¿Qué consejo darían los que de tal modo pro- ceden, si antes de ratificarse la ley de 10 de Julio de 1885 se obtenían las credenciales fácilmente? ¿Creen acaso, que si dicha ley desapareciera, las obtendrían? Nosotros les aseguramos que no, y saben por qué. Una razón senecilla; porque sus padrones no quieren valer, porque valen poco y porque los pedigríes de los que se trata para las huelgas electorales ó de cualquier otro orden.

Volviendo al artículo de La Provincia y el Municipio, vamos á copiarlo y contestar por párrafos, aun cuando se haga largo, puesto que todos ellos interesan al objeto.

Empieza diciendo el colega:

«Admitido el principio de que la autori- dad reside en la sociedad civil y que únicamente á ésta corresponde elegir las personas que han de ejercerla, prestando el concurso de los individuos individuales de que la perso- nalidad jurídica de la sociedad necesita, necesa- rio admitir también que todo cargo, sin in- significante que sea, se desempeña en virtud de representación tácita o expresa, y que todo miembro de la sociedad civil tiene de- recho—según su mérito y capacidad—al desarrollo de las funciones públicas.»

Perfectamente nos parecería tal teoría, si todo miembro de la misma tuviera en tu- viera los mismos deberes; mas como éstos no existen, habrá de dispensarnos el colega si no admitimos ese principio, que él lisa y llanamente da por sentado.

Existe, formada la parte más principal dentro de la sociedad civil, otra sociedad, la militar, que la ha de ser importante, apenas de otros sacrificios, el de la vida como padre, y éste no está compensado en mucho ni en nada con todos los derechos juntos que pue- den concederle.

Es lógico, pues, que á quien se imponen deberes se le concedan derechos.

Decía anteriormente La Provincia:

«El art. 14 de la vigente Constitución del Estado reconoce á todo ciudadano español este derecho, y, sin embargo, ni pueden ejer- citarlo sino determinados individuos, ni pasa de ser ese precepto esperanza risueña que no se realiza jamás en la práctica.»

Sabe perfectamente el colega que no hay derecho que no se dé en la práctica, y por eso se conceden sólo á aquellos que, á juicio de la sociedad civil, militar y eclesiástica (ó sean las Cortes, las mismas que hicieron la Cons- titución del Estado), tiene más merecimien- tos ante la Nación, aparte la igualdad de condiciones de aptitud y españolismo.

Prolongándose:

«Por otra parte, el orden público, por me- dio á no olvidadas sublevaciones y como medida preventiva—llamada á evitar posibili- dades desfavorables—dictóse en 10 de Julio de 1885 una ley, que vincula en los sargen- tos todos los destinos cuyo sueldo no sea superior á 1500 pesetas, excepto hecha de aquellas que exigen para su desempeño conocimientos técnicos o aptitudes espec- ciales.

Ya ve La Provincia cómo no son todos los destinos. Existe la excepción de todos aquellos para los cuales se ha considerado que se requieren ciertos conocimientos. No son pocos los destinos que en el caso de ser destinados á cuya ejecución entra en la mayor parte de los casos harto discutible.

Cierta es que la ley reservó todos los restantes destinos á los sargentos, desde 7.000 reales abajo, pero es más verdad aún que desde hace años apenas se les da un uno, y esto sucede porque desapareció el miedo y hasta la vergüenza.

Cuantas vacantes hoy ocurren de Oficia- les quintos, se ROBAN con todo descaro á los sargentos, y todo el mundo sabe que requi- sitos mínimos, que salvo excepciones aisladas, son los mismos.

Además, el que por haber sido sargento obtiene un destino civil, queda sujeto (artícu- lo 10 de la ley) á coger el fusil ó la espada, según su condición, en cuanto el Gobierno lo necesite.

Se encuentran en igual caso los demás empleados civiles que también son espota- leños.

Y continúa:

«Como á pesar del fuerte universitario que de hace veinte años á esta parte se desarrolló entre la juventud española—fuera en cierto modo razonable, hoy que la Industria y el Comercio vegetan, más que vivir, en nues- tra patria—y el mayor de los estudiantes, que se adentra en el Ejército, y de aspirar al desempeño de cargos públicos tie- nen que empezar por los reservados á los sargentos del Ejército; para la gran mayoría de los españoles les está cerrada la carrera de empleado y se encuentran en la triste necesidad de, al entrar en las filas del Ejér- cito, adaptarse á él en el sentido más preciso para el cual exige la citada ley del 85, ó contemplar tranquilamente y so- portar con paciencia la diferencia de castas que una ley establece en contra de un pre- cipio constitucional, que considera iguales á todos los españoles?

Comprenderá castas... soportar con paciencia.

Olga La Provincia, á quien suplicamos que nos atienda.

Si todos los españoles son iguales, según la Constitución, para obtener destinos y co- bros del presupuesto, ¿por qué, como espa- ñoles, no deben ser solamente así, arreglo á esa misma Constitución del Estado?

¡Ah! Porque una ley irritante, tan injusta como odiosa y cruel, hace que, donde no de- biera, haya castas de ricos y pobres. Cuando esa injusticia desaparece, que desaparezca, cuando nunca un mesel de justicia y la ley sean igual para todos, español ante español, como esa misma sagrada, la que da la luz por la Patria; cuando todos sean soldados de verdad y vuelvan con honoroso historial, entonces únicamente se les reconocerá igua- les derechos á disfrutar de los beneficios y compensaciones á que todos se concedan.

Entonces dejará de ser necesario hablar y de ceder esos mismos que hoy disfrutan, porque sí, lo que á todas luces es propiedad de los sargentos y licenciados del Ejército.

Y dice más adelante:

«Somos los primeros en reconocer lo in- justo que resultaría dejar morir de hambre en el campo (1) el que ha prestado con bra- vura su sangre por la Patria, para mejor que premiar servicios prestados en el Ejército con empleas de que se priva á los demás es- pañoles, sería conceder á los sargentos el as- censo é incluirlos, desde luego, dentro de la carrera de las armas. Hasta hace poco su- peraban en número, nuestro Ejército no desencadenado en nada á su oficialidad no procedía de las Academias militares, sino que á ellas no habían pertenecido, figuraban como alumnos distinguidos en los campos de ba- talia.»

«No se considera acertada esta solución?» Preguntaba esténcilmente turcos y concedidas algu- nos á los sargentos, pero no varían el ex- tremo de la frase que á esta se debe añadir, desheredando á la mayoría de los españoles.

Acceptamos, desde luego, la solución; pero sepa La Provincia que esta puerta se les cerró para establecer castas, sobre todo, en tiempo de paz; más dejemos eso, y vamos ahora á lo que nos interesa, que para obtener destinos pro- pios el hombre español debe ser español.

Nosotros aceptamos, una sola, y con una sola condición; que se concedan destinos á los sargentos, cabos y soldados, mientras existan individuos cesantes de dichas clases y lo soliciten. Parecerá que podemos mucho más, pero ciertamente, así. Con el 35 por 100 de las actuales, que conforman, los sobrantes para de colocar á todos los licenciados del Ejército, siempre que se les declarase de hecho inamovibles (esta es la condición á que antes nos referimos), y respecto á los destinos de Oficiales de quinta clase y de Aspirantes, basta con el 25 y el 35 por 100 de las actuales respectivamente.

Creen que la propuesta parecerá bien y estará conforme La Provincia y El Munici- pio.

Concluye el colega con el siguiente pá- rrafo, que tiene... mucha gracia pero ningu- na razón:

«El reciente cambio de política trae consigo las elecciones y la intervención de las Cortes; nunca, como ahora, tiene oculto el partido fisionómico, y las Cámaras en general, de volver por los fueros de la justicia y mo- dificar ó derogar una ley que va en contra de los preceptos del Código fundamental del Estado, que son de derecho indisputables e ins- posibles por la vida de la nación.»

Todo ciudadano español que, sin poseer título alguno, se ha excedido, estando útil, de servir á su patria con las armas en la ma- no, á cambio de unas miserables pesetas, cuando no ha podido hacerlo por medio de

(1) Es evidentemente lo que se hoy, 4 por ciento, y tener esa ley, que tantos destinos y tantos privilegios... ¡no concede.