La Defensa (Madrid. 1899) (1901-08-21 00:00:00), página 1

La Defensa

Continuación de "LA VOZ DE LAS CLASES PASIVAS."

DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A SOSTENER LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS RETIRADOS DE GUERRA Y MARINA, SUS VIUDAS Y HUÉRFANOS, Y EN GENERAL A LAS CLASES PASIVAS.

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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Cruz Verde, num. 5, piso segundo.

Madrid 21 de Agosto de 1901.

Los Montepíos.

No se han confirmado los rumores que apuntan al ministro de la Gobernación Se González, elaborando una ley para las Clases Pasivas. No nos extraña que no responda haya esta iniciativa, pues su política ha sido siempre de escasa voluntad, y no se atreve a asumir un problema tan humilde y tan modesto, y todo lo que no sea en su sentido la gestión más administrativa y administrativa, sin que produzca resultados de eficacia cesa, y que lo remedia, ni soluciona el problema de las Clases Pasivas, son motivos de protesta de los miembros de la misma, que no consensúan un desbarajuste levísimo para el Estado y las Clases Pasivas.

Signan, aunque con escaso íntimo, vo- cialmente contra los montepíos, los pro- gresistas conservadores y obcecados. No hace mucho tiempo, en un periódico de pro- vincia, englobándolo con cuatro vulgo- sidades sobre la Marina, se publicó un artículo que se agrupaba en el nombre de las Clases Pasivas.

Y decíamos en periódico que ya se practica en España esa revolución el 1868, sin que pudiera asegurar del exis- tencia de los expedientes más que reve- lar la existencia de los enormes abusos que se habían suprimido, de las falsas acusaciones que se habían presentado, que se salió, entonces, no a las tres pi- ladas, sino que reviviese en las Clases Pasivas los olvidados bienes nacionales que se detenían, amparados, juzgados, ju- gando con libres vidas.

Y ¿qué decir respecto a la supresión de los derechos para las personas que, aún a la fecha, no han recibido el monto de aquellas especulaciones, aquellos Montepíos que tenían una existencia propiamente, que eran organismos robustos, ofrecían de toda clase de garantías, y que fueron instituciones nacidas al orden de intere- sos sagrados... Y tampoco creeremos cuando mayor era su vitalidad, cuando toda in- flexión de derecho y se desenvolvi- miento progresivo.

A aquellos antiguos Montepíos, al Ministro, fundado en 1761, al de los Tri- bunales, en 1771, al de la Secretaría de Estado, en 1792, al de las Oficinas de Correos, en 1785, al de las Oficinas de Hacienda, en 1764, se ha- bía añadido otro, compuesto por un traspaso líquido, que se había formado a modo de red vastísima que abar- taba todos los ramos de la Adminis- tración.

Pero aquella organización sucumbió, no porque se juzgara anacrónica, incom- pitable con el espíritu moderno, despro- vista de cualidades, de escasa solidez, poco manejable, sino porque el gobierno quedarse con los fondos de los Montepíos, y en las leyes de 1862 y 1864 se deshizo una obra que había produci- do resultados beneficiosos. La ley de 1862 fue la que verdaderamente supri- mido los Montepíos, pues en su artículo 70 se dispuso que cesaran los especiales, y la de 1864 el complemento y expedientes de la primera.

Los políticos, incansables y versáti- les, al poco de terminar con el imperio de los montepíos, se lanzaron al de- sarmiento.

En 1868, Bravo Murillo, que no es distinto ciertamente por ser titular el Caso Pascual, y otros expedientes fun- dadores son muy discutibles y no tan ori- dientes como los de Mondalizat, pedia Montepíos de cada cabildatura para que se pusiera sobre el presupuesto una ca- rga que el avaricia acumularon.

Y muchos de los que entonces defendi- ron ese ideal y esos proyectos, eran los mismos que habían impulsado la espe- cie de los Montepíos, juzgándose per- didos.

Lo hacen dicho ya. Nosotros no som- os enemigos enemigos de un sistema ordena- do y regulador de Montepíos. Lo que he- mos venido defendiendo es que se haga llevar á efecto ese proyecto en condi- ciones de eficacia, sin que procediesen co- mo medida preventiva el aumento de los gastos de la administración, ni el de los de militares, pues de los custi- mientos hubiera que ahora se perciban, es materialmente imposible distanciar entre uno y otro.

Habría que suprimir esos descuentos brutales que pesan sobre los servidores del Estado, habría que dignificar su or- den de vida, y que la misma se mantenga cubierta por galones diversos con la que más trieste y dolorosa de todas las mi- serias.

Y cuando ese es el histórico, cuando de los medios racionales atenderse holgada- mente á las necesidades de la vida, en- tonces los Montepíos tendrían garantías de éxito y estabilidad.

En otra parte, su implantación no será obstáculo.

El proyecto, si llega á efectuarse, en- contrará gran oposición en el Congreso.

Se ha comentado mucho entre la gen- te política el artículo que El Nacional publicaba el último domingo sobre la política de Canalejas.

Dicese que como consecuencia de la muerte de la señorita Vichita de Canovas, se probable que consumaren las bata- llonarias, ya muy menguadas según sus defensores.

A LAS CORTEs!

Los que suscriben, jefes y oficiales re- tirados de la Peninsular, residentes en esta ciudad, en la ciudad de Puerto Principe- sa, en la ciudad de Cartagena, y en las islas en el Registro de españoles que op- eraban en el servicio militar, en la nacionalidad española con ejecución á lo previsto en el art. 5º del Tratado de 1898 entre España y los Estados Uni- dos de la América del Norte, ratificado por el Senado de la República, se inscri- berán inscritos como en las actas archiva- das en el Tribunal de la Inmigración de la Península con posterioridad al 11 de Abril de 1900. Como si este último no tuviera infinidad infinitesimal de personas que se inscribían en el momento de su retiro, y cuando el régimen de la nacionalización, se hace como cimiento de lo dispuesto, quedando los mismos gobernantes de otras presi- dencias, etc.

Esas falsas de cumplimiento, afecta no sólo á personas á quienes hace referencia en el párrafo anterior, sino tam- bién á otras que habiendo obtenido real licencia para trasladarse su domicilio al extranjero, no se han inscrito en el registro, no se denuncian á poseer su cami- neta, no temeremos de que, después, al dic- tarse las instrucciones, suceda, como se ha dicho, poderse hacer realidad el extin- ción de las clases Pasivas, si han de con- tinuar en el goce de sus bienes y percib- ciones.

Con este muy notorio motivo, vol- vemos á insistir en la justificación que le- vará en el, que se analice el derecho que hoy tienen los jefes de retiro, y que se estudien las condiciones que deben tener los requisitos exigidos de justifi- cación, de su existencia y plazos para ve- rificarse.

Hay que recordar que dentro de la existencia plantable y de la orienta- ción afortunada del ministerio de Instruc- ciones públicas, se nota en el decreto de ro- tatoria, la mayor vaguedad y un excesi- vo grado reformista.

Nosotros creemos que reformar el al- go el alcance de ese decreto podrá mejo- rar los apelativos de la opinión.

* * *

También el Senado propone la pre- guntación administrativa de su de- partamento, estableciendo la responsabili- dad de los empleados.

* * *

Uno de los extremos que tendrá que estudiar la comisión de ministros, es el referente á la refundación del Tribunal de lo Contencioso en el Consejo de Es- tado con objeto de lograr una con- Exposición.

A continuación insertamos la que á los Corps legislativos dieron por apro- bado el 21 de Julio de 1901, el Proyecto de Ley de la Corte, en la que adujo los mis- mos fundamentos que tantas veces nue- stros homines expresados en estos colmillos, para que se dé la prioridad de que por resolución en el Congreso, toda vez que están dentro de la vigente ley de Clases Pasivas.

Justicia para todos

En vano es que uno y otro cla- mamos para que, por quien correspon- da, se den las保障s necesarias con ac- tividad y eficacia á los montepíos pasi- vas y pensionistas nacionales de las que fueron posesoras españolas de Ul- timar, cuando las Oficinas Únicas de Montepíos de Puerto Principe, de la Península con posterioridad al 11 de Abril de 1900. Como si este último no tuviera infinidad infinitesimal de personas que se inscribían en el momento de su retiro, y cuando el régimen de la nacionalización, se hace como cimiento de lo dispuesto, quedando los mismos gobernantes de otras presi- dencias, etc.

Esas falsas de cumplimiento, afecta no sólo á personas á quienes hace referencia en el párrafo anterior, sino tam- bién á otras que habiendo obtenido real licencia para trasladarse su domicilio al extranjero, no se han inscrito en el registro, no se denuncian á poseer su cami- neta, no temeremos de que, después, al dic- tarse las instrucciones, suceda, como se ha dicho, poderse hacer realidad el extin- ción de las clases Pasivas, si han de con- tinuar en el goce de sus bienes y percib- ciones.

Con este muy notorio motivo, vol- vemos á insistir en la justificación que le- vará en el, que se analice el derecho que hoy tienen los jefes de retiro, y que se estudien las condiciones que deben tener los requisitos exigidos de justifi- cación, de su existencia y plazos para ve- rificarse.

Hay que recordar que dentro de la existencia plantable y de la orienta- ción afortunada del ministerio de Instruc- ciones públicas, se nota en el decreto de ro- tatoria, la mayor vaguedad y un excesi- vo grado reformista.

Nosotros creemos que reformar el al- go el alcance de ese decreto podrá mejo- rar los apelativos de la opinión.

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También el Senado propone la pre- guntación administrativa de su de- partamento, estableciendo la responsabili- dad de los empleados.

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Uno de los extremos que tendrá que estudiar la comisión de ministros, es el referente á la refundación del Tribunal de lo Contencioso en el Consejo de Es- tado con objeto de lograr una con-