El Boletín del ejército (Madrid) (1846-03-16 00:00:00), página 7

ca citada por el señor Luzuriaga, nosotros lo estaríamos también.

El señor Arrazola ministra de Gracia y Justicia, dice, que no estrena nada de lo que ha dicho el R. obispo de Pamplona por cuya boca hablan todos los demás RR. obispos; lo que estariana sería su silencio en este punto y en otros en que se trata de la Iglesia. Añade que la venta de los bienes es un hecho consignado en una ley del Estado que todas deben acatar. Recuerda que al despojo de ellos no contribuyeron ni los ministros, ni los senadores presentes, ni de él son editores responsables. Confiesa que no vale lo que sueña lo que se da á los partícipes; y que es un valor entendido; pero sostiene que consigna una reparación de justicia y que se da lo que se puede. Dice que no es este el dia de tratar de la expropiacion del clero, pues entonces otra sería la letra de la ley. Defiende que tampoco se trata de vender mas bienes, y si sólo de los ya vendidos que no dejaran de estarlo por esto. No cree que este proyecto perjudique á las negociaciones con Roma pues las ventas hechas son parte de ellas.

El señor obispo de Pamplona contesta que si no se facilitaran medios no se consumarian las ventas, y los bienes volverian á la iglesia.

El señor Arrazola, ministro de Gracia y Justicia, le replica que aunque no se diera este papel á los partícipes, no se evitaría el que los compradores pagasen los plazos pues hay siete mil millones de otras clases, y solo la mano de la ley ó el ejirilo las negociaciones con Roma pueden detener el curso de las ventas hechas.

Declarando el punto suficientemente discutido, se procede á la discussion del art. 1.º

El señor Oudovilla habla largamente en contra; pero no pudimos oírle.

(Al principiar este discurso, el señor marques de Miraflores, presidente del consejo de ministros, envió á llamar por medio de un portero al revero del obispo de Pamplona, el cual tuvo una larga conferencia con S. E.)

El señor Ballesteros se opone á que se creen mas títulos al portador, y quiere se den en su lugar inscripciones sobre el gran libro.

El señor Peña Aguayo, ministro de Hacienda, defiende el artículo.

El senado aprueba este.

Leído el 2.º.

El señor Polo se opone, porque abre la puerta á otros acreedores para pedir y obtener lo mismo.

(Durante el discurso de este señor senador, el señor Alcántara Navarro se senta en el banco negro y habla largamente con el señor presidente del consejo de ministros.)

El señor Peña Aguayo, dice que á los partícipes se da lo menos que se les podía dar, y cree que se les podrá pagar en los términos ofrecidos.

Se aprueba el artículo 2.º y en seguida el 3.º, después de una corta discussion entre los señores Heredia, Cepero, Alcalá Galiano (este, individuo de la comisión), y marques de Miraflores; en la cual defendía el 1.º que se príbase al clero de la parte en metalico que debían pagar los compradores de sus bienes puesto que por el artículo se les admitían los títulos del 3 por 100 en pago del total importe de las ventas; el 2.º decía que por el artículo no se derogaban las disposiciones anteriores; el 3.º confesaba que por la premura con que se entendió el proyecto está lleno de defectos que ya no se pueden corregir para evitar comision mala, y el 4.º que quedaba vigente la ley de dos de setiembre.

Puesto á discussion al artículo 4.º se lee una enmienda del señor García Goyena que dice así: "las reclamaciones que se originen á los partícipes las hiran ante los tribunales de justicia en una sola instancia, componiendo la sala siete magistrados."

El señor García Goyena como su autor, dice que estuvo por renunciar la palabra después del discurso pronunciado por el señor Galiano, que había oído con sumo disgusto. "Si al senado, dice, se le ha de venir apremiando con que las circunstancias exijen que apruebe todo lo que se le presenta sin examinar si es bueno ó es malo, si es conveniente ó no; en este caso estamos de mas en este sitio, y es mejor irnos á casa." Pero respecto de esta ley no puede haber ni aun eso, porque los partícipes que han esperado cinco años su indemnización, bien pueden esperar cuatro ó cinco días mas. En apoyo de su enmienda afirma no ser conveniente que las reclamaciones que tengan que hacer los partícipes después que hayan sido falladas por el ministerio, pasen á unos tribunales anónimos importados del extranjero y que no tienen raíces y prestigio en nuestra nación.

El señor Alcalá Galiano, por la comisión, responde que no admite la enmienda, porque aunque alguno de sus individuos no esté conforme con todas las atribuciones judiciales que se concede á los consejos, tampoco opina tan en contra de ellos como el señor Goyena. Confiesa que las circunstancias á que S. S. se refirió para que esta ley fuese aprobada las reconoció el ministerio en una sesión anterior; pues dijo "que para salir del estado azomalo en que nos hallábamos era preciso que se aprobase la ley electoral." Añade ser triste que estas circunstancias existan, pero que también lo es no poderlas remediar.

El señor Ruiz de lo Vega mas bien que á combatir la enmienda se levanta á defender el consejo de estado y los consejos provinciales, porque siendo estos unas planetas nacientes no convenía desacreditarlos. Afirma que la justicia procede del rey por derecho y que este la puede delegar en las personas que estime conveniente; y que siendo los consejos provinciales unos tribunales erigidos con arreglo á la Constitución, estos podían fallar como cualesquiera otros.

El señor Castejon, en pró, dice se han confundido las atribuciones de los tribunales y que esta es la razón porque nadie se entiende. Declara que por esta ley se autoriza á los consejos provinciales para que entiendan de los derechos de propiedad, cosa que es contraria á su institucion, y que no pudiendo la resolución de estos causar ejecutoria sin la aprobación del monarca, resulta que los derechos de los partícipes pendan de la voluntad de un ministro; para lo cual propone que ya que el Senado no admite la enmienda se diga en el artículo "que los partícipes que no se conformen con la resolución del gobierno reclamen ante los tribunales con arreglo á derecho."

El señor Arrazola, ministro de Gracia y justicia, manifiesta que si le preguntara qué cosa es mejor que lo contenido en el artículo, contestaría que había muchas; pero que si se le pregunta si esto es suficiente para seguridad de los partícipes, responderá que sí. Sostiene que los consejos provinciales y el consejo pleno en virtud de esta ley pueden entender judicialmente en este asunto, y que sus fallos serán sentencias que causen ejecutoria y no consintas, como ha sostenido el señor Castejon.

Preguntado si se aprobará la enmienda se acordó que no. (Advertimos se levantaron á aprobarla solo dos Ilmos. obispos que se hallaban presentes y el señor Castejon. Su autor había salido antes de ponerse á votación.)