El Boletín del ejército (Madrid) (1846-05-11 00:00:00), página 5

res circunstancias de uno y otro, se deduce, que si una misma causa se hubiese visto en dos distintos consejos, y sobre los segundos jueces se hubiese empleado para arrancarles una sentencia ilegal la poderosa coacción de mostrarles los primeros vocales privados de sus empleos y presos, por no haberse doblegado á una voluntad extraña, el hecho sería monstruoso, inusitado, ilegal; mas si el enjuiciamiento en vez de uno solo está como se nos asegura dividido en dos procesos, si cada uno de estos procedimientos se vió en distintos consejos, y los unos y los otros jueces de estos consejos fueron suspensiones de sus empleos por no haber sentenciado con arreglo á lo que contra los acusados arrojaban los autos y las leyes determinan, se ve que el hecho es legal y que el jefe superior militar del distrito de Castilla estuvo en su derecho, y obró con arreglo á una ley clara precisa y terminante.

Esto basta para aclarar los hechos y hechar por tierra esa químérica e injusta acusación fulminada en estos días contra el capitán general de Castilla la Vieja, pues el relato de los sucesos y el recuerdo de la ley sobre que se apoya la conducta de aquella autoridad son bastantes motivos para que convengan en la legalidad de esa conducta aquellos críticos que no lo fuesea por sistema.

Mas todo esto empero no es bastante para combatir cual debemos las desorganizadoras ideas que con motivo de la crítica de esos hechos se han emitido bajo el seductor concepto de una filantropía esquisita.

No solo la conducta del capitán general se juzga contraria á los derechos de los procesados, si que hasta la ley en que esa conducta se apoya calificasela de opuesta á todo principio de legislacion que no se olvide de los derechos naturales del hombre.

La ley, se dice, que autoriza á un capitán general para suspender de sus empleos á los jueces de un tribunal que sentencia con más lenidad que la ley permite, es un precepto bárbaro, es una determinación que coarta la libertad de los jueces, en fuerza de ese castigo que en todas ocasiones ven suspendido sobre sus cabezas; es una ley que coloca siempre al acusado mas cerca del patibulo ó los grillos, que de la libertad ó de una condena suave y llevadera.

Empero esto es tan seductor como ficticio.

Los verdaderos principios de justicia que han servido de centros en las leyes de las leyes criminales, son aquellos que, teniendo presente los derechos del hombre, y los derechos de la sociedad, dictarán leyes bastantes para proteger en todas ocasiones al individuo considerado aisladamente, así como para defender siempre al comun, de los ataques del individuo. Y esto, sin que la acción de la ley en cualquier caso irrogue irreparables perjuicios á uno u otro de esos dos derechos inviolables, ni mucho menos que el poder concedido al hombre por los hombres, de aplicar la ley, sea un poder del cual se pueda á mansalva abusar por maldad ó por capricho.

Y ¿hasta qué punto el legislador militar ha observado esa teoría al dictar la facultad que nos ocupa?

Veámoslo.

Las leyes son hijas de las costumbres de los hombres para quienes han de servir; costumbres diversas, pues, exigen leyes distintas.

Los actos de la vida militar están prescritos en unas obligaciones mucho más rígidas y severas que la sociedad exige de los individuos que en general la componen; por esto las leyes criminales militares son y deben ser más duras que las dictadas para castigar á los ciudadanos en cualquiera situación en que se encuentren.

Esos deberes y esas leyes, cuya observancia y respeto los militares conocen bajo la única y absoluta denominación de disciplina, demanda la más pronta, la más rápida, la más instantánea aplicación de la ley cuando son los deberes quebrantados.

La instantaneidad del castigo, pues, exige rapidez en los medios oportunos para obtenerlo legalmente; y en esto está que los procedimientos militares carezcan de varias fórmulas establecidas en los enjuiciamientos civiles criminales. Mas como la fórmula no sea la esencia, el legislador militar al establecer los preceptos que debían observar los jueces en sus distintas situaciones de inquisición y juicio, tuvo presente los derechos del encausado y los derechos de la institución.