El Boletín del ejército (Madrid) (1846-01-23 00:00:00), página 4

mente, en sus artículos mas prohibiciones que las de tener las tiendas las puertas cerradas y la formacion de los grupos; mas los bandos como las leyes no pueden en casos de trastornos contener prohibitivamente en sus artículos todos cuantos medios pongan en juego los perturbadores para lograr el fin que se propusieran; y no por eso la accion de las leyes escritas sobre motines pierden su accion sobre los ejecutores.

Y no pierde la ley su accion, pues sería monstruoso que la omision de un jefe político, la mala redaccion de un bando ó la poca comprension de un documento autorizado por el encargado de hacer obedecer las leyes, destruyese las leyes mismas; y no pierde la ley su accion, repetimos pues sería monstruoso, que, por haberse en un bando prohibido los grupos, y los hombres que formaban los grupos retirándose á sus casas empezasen á balazos ó á pedradas contra la tropa que pasará por las calles, quedasen sin castigo los que tales desafueros cometiesen.—Lo hemos dicho, las leyes penales son ideas abstractas que comprenden en el círculo respectivo de su accion toda la especie de los delitos que castigan, sin cuidarse de las circunstancias que acompañan á los hechos.

Y he ahí por todo lo que Manuel Gil, sin haber formado grupo, ni resistido á la tropa armada, hallóse justa y lejitimamente comprendido en la ley repetidamente citada.

«¿De qué delitos habla la ley de 17 de abril?» continúa el Espectador, «y qué tribunales establece para juzgarlos?»: el Boletín lo ha dicho. «Son objeto de esta ley (la de 17 de abril) las causas que se formen por conspiracion ó maquinaciones directas contra la observancia de la Constitucion ó contra la seguridad interior ó exterior del Estado ó contra la sagrada inviolable persona del rey constitucional.» «Y bien:» pregunta nuestro colega ¿conspiraba ó maquinaba Manuel Gil contra alguno de los objetos que en este artículo se expresan?

Sí: porque como conspirar quiere decir tanto como concurrir varias cosas á un mismo fin: el hecho de Manuel Gil, dirigido como los demas desafueros cometidos la tarde del 19 de agosto último á contrariar las leyes, era en la esencia conspirar contra el orden, contra la ley, contra la seguridad del Estado.

«Pero supongamos que conspirará ó que maquinara» (Manuel Gil) dice nuestro colega, «y por consiguiente que hubiera incurrido en las prescripciones de la ley de 17 de abril ¿á qué tribunal debía haber sido entregado? Si el Boletin del Ejército» añade el Espectador, «no hubiera copiado á medias el artículo 2.º de esta ley, hubiera dado con la verdad. Dice sí, el artículo que los reos de estos delitos (los comprendidos en el primero de la ley citada) cualquiera que sea su clase ó graduacion, siendo apprehendidos por alguna partida de tropa así del ejército permanente como de la milicia provincial ó local destinada expresamente á su persecucion por el gobierno ó por los g畏es militares y comisionados al efecto por la competente autoridad serán juzgados militarmente en el consejo de guerra ordinario prescrito en la ley 8.ª título 17 libro 12 de la Novissima Recopilacion; pero también añade como puede ver el Boletín que si la apprehension se hiciere por orden ó requerimiento ó en auxilio de las autoridades civiles, el conocimiento de la causa tocará á la jurisdicion ordinaria. Ahora bien Manuel Gil ¿fue apprehendido por tropa destinada á su persecucion por el gobierno ó g畏es militares ó fue apprehendido por orden, requerimiento y en auxilio de la autoridad civil? El Boletín del Ejército recordará que quien prendió al desgraciado de que hablamos fué la escolta del señor jefe político de Madrid: con esto basta para que el Boletín del Ejército deduzca cuantas consecuencias se desprenden de estas reflexiones.»

Rechazamos cualquiera idea que se haya formado á consecuencia de haber nuestro colega escrito que el párrafo 2.º de la ley citada en nuestro anterior artículo fuese copiado á medias. Lejos de nosotros la intencion de defender las causas por sistema: la omision de parte del párrafo en cuestion, la ocasionara el convencimiento de que aquello que publicamos era bastante para hacer las deducciones que el asunto requiere.

Dicho esto, las consecuencias que deducimos de la apprehension de Manuel Gil son bien distintas de las de nuestro colega.

La autoridad superior civil de cada provincia es la responsable, como delegada del