El Boletín del ejército (Madrid) (1845-02-28 00:00:00), página 2

haya concedido ó negado. 6.º Las licencias de que trata el artículo anterior, no serán ni deberán considerarse nuevos títulos de posesión en favor de los propietarios, ni modificarán en manera alguna las cláusulas particulares á que se haya sujetado la construcción de dichos edificios al ser aprobada por S. M.; ni mucho menos alterarán la condición esencial y común por la cual están obligados los dueños de todos los edificios construidos en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertes, á demolirlos á su costa sin poder solicitar indemnización ni reintegro, siempre que lo exija el servicio del Estado y sean requeridos al efecto por la autoridad militar competente. 7.º Finalmente, los gobernadores de las plazas y puntos fuertes, harán publicar por bando en la forma acostumbrada, las disposiciones prescritas anteriormente para que tengan cumplimiento por todos los individuos á quienes tocaron, sin que nadie pueda alegar ignorancia. — De real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes, por lo tocante al arma de su cargo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de febrero de 1845.—Narvaez.—Señor ingeniero general.

Excmo. Sr.—El Sr. ministro de la Guerra dice hoy al de Gracia y Justicia lo siguiente:

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una exposición documentada remitida por ese ministerio á este de mi cargo, en la cual se pretende que pues en real orden fecha el 3 de setiembre de 1842, se decidió que don José Grases, gobernador militar entonces y jefe político que había sido de Madrid, compareciese á declarar en el sitio donde administraba justicia y para que le había citado el juez de primera instancia de esta corte don Manuel María Basualdo, se obligase también ahora á una comparecencia semejante al brigadier sub-director del colegio general militar don Jaime Ruiz Abreu, que debía declarar en cierta causa criminal seguida por el juez de primera instancia del Barquillo, don José María Montemayor. También he dado cuenta á S. M. de otra comunicación en que el capitán general de Castilla la Nueva consultaba sobre el sitio en que debía prestar declaración el comandante graduado y capitán del mismo colegio don Tineo Sánchez, á quien había citado el juez de primera instancia don Miguel María Duran : y teniendo S. M. presentes las prerrogativas que á los militares efectivos ó graduados de los empleos desde Sargento mayor arriba fueron concedidas por la ordenanza general del ejército y reales órdenes del 12 de octubre de 1805 é igual fecha de 1839, atendiendo á que tal privilegio en nada se opone á lo dispuesto por el artículo 2.º de la ley de 11 de setiembre de 1820 que fue abolido, y después restablecida en virtud de real decreto de 30 de agosto de 1830, porque limitándose el citado artículo á exigir preste declaración en toda causa criminal cualquiera persona citada al efecto como testigo, nada determina sobre el sitio en que deba celebrarse el indicado acto judicial, siendo por lo tanto infundadas las deducciones que en este punto quieran sacarse para contrariar lo que por otra parte se halla terminantemente declarado en repetidas disposiciones reales; considerando asimismo S. M. que la real orden de 3 de setiembre de 1842 no estaba de acuerdo con el dictamen del tribunal supremo de Guerra y Marina que sostuvo cual ahora la insinuada prerrogativa de los goles militares, ni tampoco sirvió mas que para resolver el caso particular de que declarese don José Grases, y por cierto sobre asunto en que intervino como jefe político que había sido de Madrid; constando además en este ministerio que en real orden de 22 de setiembre de 1842, dirigida al capitán general de Castilla la Nueva, se consideró la referida disposición del día 3 como decidendo en un asunto puramente personal; y queriendo, en fin, S. M. se eviten contestaciones siempre desagradables, á que pudieran dar motivo las exigencias de los jueces ordinarios por una parte, y la fundada resistencia de los goles militares por otra, se ha dignado conformarse con el dictámen del tribunal supremo de Guerra y Marina, y en su consecuencia tiene á bien mandar, sean puntualmente cumplidas las expresadas reales órdenes de 12 de octubre de 1805 y de 1839, bien que haciéndose en cuanto á lo previsto en ellas la modificación á que da lugar el no estar aneja en el día la presidencia de las audiencias á la autoridad de los capitanes generales de provincia, y por lo tanto se ha de entender, que cuando los militares graduados de comandantes ó que tengan empleo efectivo de tales, y los demás superiores á estos en que comienza la jerarquía de goles por estar ahora suprimida la de sargento mayor, fueren citados por algún juez de primera instancia para prestar declaración en causa criminal, concurren con este objeto aquellos y el juez á la sala primera de la audiencia territorial, en horas en que se halle disuelto el tribunal ; y que en las poblaciones donde no hubiere audiencia, pasen los unos á dar su declaración y el otro á recibirla á las casas consistoriales.

De real orden comunicada por el expresado señor ministro de la Guerra, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1845.—El subsecretario, Conde de Viñahermosa.—Sr.

Excmo. Sr.—Conforme la Reina (Q. D. G.) con la consulta de V. E. de 10 del actual, se ha servido disponer que los goles y oficiales del cuerpo de su mando, usen las caponas como los de las demás armas del ejército, con sujeción al modelo aprobado en real orden de 23 de diciembre último, y con el castillo de oro. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1845.—Narvaez.—Señor Ingeniero general.

El capitán general de la Isla de Cuba con fecha 12 de diciembre de 1844, participa haber fallecido en el pueblo de Pinal del Río, el brigadier de infantería de cuartel en dicha Isla, don José Callaba.

S. M. se ha servido dictar las resoluciones siguientes:

Estados Mayores.

(En 20.) Negando á don Ramón Sauri, los honores de auditor de guerra.

Concediendo prórroga á la real licencia que disfruta el gobernador del castillo de las Peñas de San Pedro, don Narciso Amorós.

(En 22.) Id. al tercer ayudante de Mequionza, su traslación en dicha clase, á la plaza de Lérida.

Declarando escedente con el sueldo correspondiente, al capitán comandante militar de Alhucemas, don Francisco Cuadrado.

Id. al gobernador escedente don Gabriel de Huerga, el empleo de primer comandante que le corresponde, en lugar del de coronel que solicita.