El Boletín del ejército (Madrid) (1845-02-26 00:00:00), página 6

especial y delicada de su instituto como en servicio permanente contra el contrabando, serán graduadas sus faltas ó delitos en dicho servicio como las faltas ó delitos que cometiese la tropa de guardia en el servicio de esta. El artículo 104 define, además de los delitos militares y de los comunes o mistos, los que son esenciales en este cuerpo; entre los cuales se halla el delito previsto en el párrafo 6.º, esto es, da falta de cumplimiento á sus respectivos deberes, con la circunstancia de haber mediado corrupción por dinero ó promesa de cualquiera género de recompensa" que es la fórmula que abraza todos los casos, en que por corrupción, promesas, ó recompensas se auxilia ó favorece á los defraudadores. Y por último el subsiguiente artículo 105, manda: que serán castigados estos delitos militares especiales del cuerpo como crímenes militares en contravención del servicio, y juzgados los individuos de tropa por el consejo ordinario de guerra, y en su caso los oficiales por el consejo de generales con arreglo á ordenanza. El conjunto de estas disposiciones forma el nervio de la fuerza de esta institución militar, que ofrece inmensa superioridad sobre cualquiera otra cosa de naturaleza civil. Esta verdad resalta en los repetidos ejemplos de acogerse los acusados de favorecer á los defraudadores á la subdelegación de rentas, y está coadyuvada por el ministerio fiscal denunciar formalmente la competencia de la jurisdicción militar abocándose el conocimiento, sustanciación y fallo de las causas seguidas por el cuerpo y á punto de ser juzgadas en consejo de guerra. Y se ha visto el lamentable caso de alegar algún oficial su desafuero vergonzoso, y ser este amparado por la subdelegación; no obstante estar el cuerpo en su derecho al seguir el proceso por el delito previsto en el párrafo 6.º del artículo 104 del decreto orgánico. Todos los que se sientan inflamados por la llama del honor militar reconocerán sin duda, que aun en el caso de absolución por el juzgado de rentas, si fuese de su escusiva competencia el delito, el honor militar es por su naturaleza tan delicado que exige el recurrir al fallo de un tribunal militar para recobrar alguna esperanza de interior tranquilidad.

Pero tales casos me ponen en la necesaria obligación de ocurrir á las consultas que se me dirigen, señalando las reglas de conducta que lógicamente se deducen de un estudio más profundo, del que generalmente parece hacerse, de las disposiciones del decreto orgánico del cuerpo y de las generales que rigen en el ejército sobre materias de fraude. Principalmente procede la causa de estos tan repetidos conflictos de autoridad ó de jurisdicción de confundir los delitos militares especiales de este cuerpo que define el artículo 104, y señaladamente su párrafo 6.º con el de contrabando; cosa reparable puesto que son de muy distinta naturaleza. El cuerpo persigue á aquel de sus individuos que como en el servicio de centinela, ó en el de tropa de guardia faltó á su consigna ó descuidó su vigilancia, de donde se ha seguido la perpetración del fraude; persigue al que le continuó, auxilió ó favoreció mediante corrupción por dinero, ó promesa de cualquier género de recompensa. Estos crímenes son militares propios del instituto especial del cuerpo, claramente definidos por el artículo 104 y mandados juzgar en consejo de guerra por el 105; y precisamente son estos delitos los que forman la inmensa mayoría de los antecedentes y consultas que he tenido á la vista. La subdelegación de rentas persigue al defraudador ó contrabandista. La materia de su juicio es el fraude, el contrabando. La ordenanza general del ejército define este por las palabras de "aprehension real de los fraudes en la persona, casa ó equipajes." El buen sentido dicta y la experiencia de todos los tiempos confirma, que se puede fallar á sus deberes por no reprimir, consentir, auxiliar ó favorecer el fraude, sin ser al mismo tiempo el conductor, el dueño, el interesado, el delentor del fraude, ó el traficante de genéricos ilícitos. Hay pues lugar á la disposición de los crímenes militares y especiales del cuerpo definidos en el artículo 104 y los delitos de fraude de que trata el artículo 106 del decreto orgánico. En esta disjunción de los referidos delitos estriba la correlativa entre la jurisdicción militar y la de la subdelegación de rentas. Y si ocurre caso en que cualquiera individuo del cuerpo acusado por algunos de los delitos previstos en el artículo 104 estuviese además implicado en el de fraude, esta circunstancia, que es agravante, no puede dar lugar á la atenuación de pena, á hacer desaparecer el crimen militar y el fallo del consejo de guerra ordinario ó de oficiales generales, y á la no aplicación de las penas militares, que son tan severas respecto á los que son considerados como centinelas ó tropa de guardia según lo son los individuos del cuerpo al tenor de los artículos 96 y 97 del decreto orgánico. En resumen el artículo 104 define los delitos militares especiales de este cuerpo propios de la jurisdicción militar; el 106 se contrae á los delitos puros de fraude que son de la competencia de la subdelegación de rentas: y á la segunda parte del 105 prevé la mezcla ó implicación del delito de fraude á que se refiere el 106 con cualquiera de los delitos militares marcados en el artículo 104; pero estableciendo el principio de la mayor pena que es correlativa á una agravación de criminalidad, mantiene por lo mismo necesariamente el principio de la disjunción de procedimientos y de jurisdicciones; puesto que la mayor pena, según ordenanza, no puede ser aplicada sino por los consejos de guerra que la misma ordenanza general establece.

Esta doctrina que además de ser legal según las disposiciones del decreto orgánico, y de la ordenanza general del ejército, parece de acuerdo con el recto sentido, acabá de recibir oportunamente la sanción de S. M. por medio de la real orden siguiente.

—Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.—El señor ministro de Hacienda dice con esta fecha al intendente subdelegado de rentas de Sevilla lo que sigue. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en vista de las contestaciones á que ha dado lugar la competencia suscitada entre esa intendencia y el capitán del cuerpo de carabineros D. Ramón María Romay, nombrado para formar la oportunidad sumaria en averiguación de los escandalosos sucesos acaecidos en el Guadalquivir el 17 de noviembre de 1843 entre fuerzas de la novena y décima comandancias. Enterrada S. M. y teniendo presente que en los escenas cometidos no se ha perpretado sólo un delito de fraude, sino también otros que con arreglo al artículo 104 del reglamento orgánico del cuerpo de carabineros deben ser juzgados en consejo de guerra, ha tenido á bien mandar que continúen instruyéndose simultáneamente y con la celeridad posible tanto la causa que en esa subdelegación se forma, como la sumaria que se instruye por el fiscal nombrado al efecto, á fin de que los suntuosos reos sufran las penas á que se han hecho acreedores, sin perjuicio de que si alguno de los oficiales ó carabineros presos á consecuencia de las disposiciones acordadas por los fiscales militares sucesivamente nombrados para conocer de la sumaria indicada apareciesen ser reos de fraude ó contrabando, los llame V. S. como subdelegado de rentas á su jurisdicción, con arreglo á derecho, recibiéndoles