El Boletín del ejército (Madrid) (1845-02-03 00:00:00), página 4

do, que para la remisión de los estados de situación se atengan al modelo que remiti á V. S. con fecha 10 del actual y mandé circulase V. S. á los mismos; igualmente les prevendrá V. S. que los estados de situación los remitan sólo el día 1.º, 9, 15, y 26, sin embargo de dar parte por separado de cualquiera novedad según tengo prevenido, repitiéndoles pongan en el encabezamiento la provincia en que se encuentran.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de enero de 1845.—El duque de Ahumada.—Sr. Coronel jefe del tercio...

MADRID 2 DE FEBRERO.

En nuestro número 252 manifestamos, que sin embargo de lo que previene la ley de 11 de setiembre de 1820 no deben los militares acudir á declarar ante ningun juez sin recibir la correspondiente orden del jefe ó superior respectivo, en razon á que no pueden los individuos del ejército obedecer otras órdenes que las que les sean comunicadas por sus geses naturales. Tambien manifestamos que la real orden de 12 de octubre de 1839 alejaba cualquiera duda que pudiera ocurrir respecto á la generalidad con que está redactada la expresada ley, puesto que declara estar vigente y haberlo estado siempre otra real orden de 12 de octubre de 1803.

Hoy, segun ofrecimos en aquel artículo vamos á concluir la obra en él empezada, probando, que no tan solamente no comprende á los militares la ley de 20 de setiembre, por lo que los jueces ordinarios no deben citarlos directamente por si y ante sí sin distinguir de clases ni de categorías, sino que los jefes están en su prerrogativa de ir á prestar su declaración á casa del capitán jeneral ó á la Audiencia ó casas Consistoriales según el caso; y los jenerales en la suya, y que no han perdido nunca, de declarar por certificación ó informe.

Ningun género de duda puede dejar á nadie la real orden de 12 de octubre de 1839 al declarar que la ley de 20 de setiembre no deroga la de igual mes y año de 1805: orden cabalmente que recopila las varias que en distintas fechas se han dictado sobre la materia.

Bien sabemos que antes de la expresada disposicion del año 1839 dudaron los mas de los militares, y que á ejemplo de varios generales fueron muchos á declarar en persona á casa de los fiscales. Entre otros sujetos podemos citar al difunto jeneral Palarea, que en 1838, siendo capitán jeneral en Granada, fué en persona á declarar á casa de un fiscal militar, que por añadidura vivia en la Alhambra.

¿Y quién que tenga mediana idea de lo que es el servicio militar y de lo que exige la subordinacion y la disciplina, puede desear que un capitán jeneral descienda hasta ir á la casa y despacho particular de un capitán, ó aunque sea coronel, y le reconozca en aquel acto como superior, ya prestando el juramento que el otro le exija, ya contestando á las preguntas que tenga á bien dirigirle, ademas de haber de tolerar que el soldado, cabo ó sargento escribano de la causa esté sentado en su presencia mientras escriba?

Esta simple consideracion, y mas, robustecida con la real orden de 12 de octubre de 1839, bastaría por sí sola para convenir á cualquiera de que los jenerales y jefes no han perdido ni pueden perder la prerrogativa de declarar según queda dicho, por exijirlo asi imperiosamente la conservacion de la disciplina militar.

Pero aunque lo apuntado no fuera suficiente para desvanecer dudas y evitar competencias, hay otra real orden expedida en 8 de julio próximo pasado que establece por punto general, con motivo de duda suscitada sobre si un capitán de fragata debía declarar en la casa habitacion del comandante general de Marina del departamento de Cartajena ó en la del gobernador de la plaza, que en lo sucesivo los jefes presten sus declaraciones en la casa habitacion de la autoridad superior de que dependa la causa que las motive.

No esperamos se nos arguya en contra con la sutileza de que estas órdenes son relativas á la clase militar y que dentro de ella se podrá hacer tal ó cual variacion; porque en tal caso contestaríamos:

1.º Que la ley de 11 de setiembre está restablecida por una real orden que tiene tanta fuerza como estas otras que citamos en contrario;
Y 2.º Que si tuviera tal fuerza de ley no podria el Gobierno derogarla en parte ni desvirtuarla de ningún modo haciendo excepciones de ninguna especie, puesto que