El Boletín del ejército (Madrid) (1845-01-13 00:00:00), página 4

evitar conflictos y cuestiones que perjudican al servicio y turban con demasiada frecuencia la buena armonía que debe reinar entre las autoridades, cuánto para que la clase militar no sea perjudicada en las prerrogativas que justísimamente le están concedidas, y para que además la disciplina no se relaje por los que no tienen un interés directo en conservarla, aunque sean los primeros en quejarse cuando no se observa con toda la rijeza que es conveniente.

No entraremos ahora en la cuestión, o mejor dicho, no vamos á explicar el principio de que los militares no están ni pueden estar nunca sujetos á la legislación común, lo mismo en los gobiernos absolutos que en los constitucionales: si en aquellos son más favorecidos, en estos deben necesariamente estar fuera de la ley. Y si no ¿qué sería del ejército; qué del país en que los militares en actividad tuvieran los mismos derechos y las mismas garantías que los demás ciudadanos?

Esta indicación basta para convencer á cualquiera de que ningún militar puede recibir órdenes que no le comunique su inmediato jefe. Por lo tanto, es un absurdo creer que cualquiera juez puede citar á un militar para que tal día y á tal hora se le presente á dar una declaración; porque cabalmente aquel día y aquella hora puede tocarle por su turno ó puede ser nombrado por su jefe para tal ó cual servicio. Y en este caso ¿a quien obedecerá el militar? Y si el juez le conmina, le apremia ó le castiga, ¿cómo se someterá al mandato? ¿Con qué justicia le obligarían sus jefes?

Vemos, pues, por estas ideas rápidamente enunciadas, que en principios generales ni pueden los militares estar sujetos á la legislación común, ni recibir órdenes de los que no sean sus jefes naturales.

Ahora vamos á demostrar que no está mandado en ninguna parte que los militares wayan á declarar ante los jueces civiles, ni que estos estén autorizados por nadie para citarlos ante su juzgado como diariamente hacen.

Verdad es que las Cortes decretaron en la ley de 11 de Setiembre de 1820, que todos los españoles sin distinción de clase ó condición se presentasen á declarar ante el juez de cualquiera causa que los citase como testigos, lo mismo los militares y eclesiásticos cuando lo fueren por los jueces ordinarios, que los dependientes de esta jurisdicción cuando se lo ordenasen los militares ó eclesiásticos; pero también lo es que sin contar las inmensas dificultades que en aquel tiempo se opusieron á la observancia de esta ley y que hicieron que no se pudiese llevar á efecto sino en casos raros ó extraordinarios, también es verdad, repetimos, que esta ley fue derogada en 1823 al restablecimiento del gobierno absoluto, así como todas las disposiciones adoptadas de aquel trienio constitucional, sin que posteriormente haya sido restablecida.

Contra esto esponen los jueces civiles en las papeletas de citación que pasan á los militares, que la expresa ley se restableció en 30 de agosto de 1836.

Pero aunque esto fuera exacto, que no lo es, por cuanto hay una grande diferencia entre mandar que se restablezca una ley y que quede restablecida; aunque quisieramos conceder que una ley derogada puede ser restablecida por un real decreto ó una mera real orden, en lugar de serlo por otra ley; aunque no hiciéramos alto en que para que las órdenes sean obedecidas, y cumplimentadas, en el ejército deben ser comunicadas necesariamente por el ministerio de la Guerra, cuyo indispensable requisito faltó á la de 30 de agosto de 1836; aunque por todo esto quisieramos pasar, decimos, todavía resultaría que los militares no están obligados á lo que los jueces civiles exijen de ellos. Por real orden de 12 de octubre de 1839 se declara que la ley de 11 de setiembre, no deroga la de 12 de octubre de 1805 que se halla vigente y debe observarse en cuantos casos ocurran.

En dicha orden de 12 de octubre se recopilan las de 14 de igual mes de 1774, 18 de diciembre de 1787, 11 de marzo de 1800 y disposición del Consejo supremo de la guerra de 7 de julio de 1775, que todas previenen y determinan el modo y forma con que los militares han de declarar, y sitio á que deben concurrir los gofes desde sargento mayor en adelante; esto es, de ningún modo á casa del fiscal, y en todos casos los generales