El Archivo militar (1842) (1842-09-10 00:00:00), página 3

diligencia, que de su parte debe poner un buen fiscal, en los que preparan una pena como la que se pide para mi desgraciado defendido, es necesario apurar hasta las más pequeñas circunstancias, porque del descubrimiento de una sola puede resultar la salvación de la vida de un hombre.

Yo bien quisiera que el señor auditor, al emitir su dictamen, hubiera tenido la bondad de pedir se subsaneen ciertas faltas de esencia, tales como las citadas en la sustanciación de estos procedimientos; pero una vez que las doctrinas de su bien meditado escrito tienden á conciliar los medios de salvar aquellas omisiones, no tengo inconveniente en aceptar sus consecuencias en cuanto puedan servir para hacer valer los derechos de mi defendido contra una acusación fiscal tan extraordinaria también en surgimiento como la causa que la produce.

El primer delito que se supone á mi cliente es el de violación y estravío de la bandera: tales son las palabras del señor auditor: Veamos; pues, cual sea la intención de su aplicación, según el hecho se merece. Violación puede significar cualquiera clase de infracción de ley ó precepto, ó la profanación de todo lugar ó cosa sagrada destinada al culto divino; y lo cual se hace por las acciones que el derecho canónico señala; si la intención es la primera significación, que concepto sea la más natural, como propia del buen criterio del Magistrado que la ha producido; la culpabilidad de mi cliente sería de las comunes en faltas de esta clase; pero si se da otra inteligencia á aquella palabra, porque á la bandera se la pueda llamar sagrada, no debo en manera alguna conformarme, porque esta denominación es solamente en sentido metafórico, por lo que ella vale en lo moral de la milicia, y su importancia en lo que representa; pero en el sentido propio y genuino que se da á las cosas sagradas, jamás puede darsele semejante nombre.

El carácter de sagrado pertenece exclusivamente á lo que según rito está dedicado á Dios y al culto divino. Todo lo demás, que se denomina vulgarmente con aquel adjetivo por algún respeto, veneración ó representación, carece de la calidad intrínseca que constituye el verdadero significado de aquella palabra; y ni en el derecho canónico ni en el civil pueden ser admisibles unas calificaciones tan extrañas á la esencia de otras cosas que no sean las dedicadas especialmente al servicio de Dios y de su divino culto. Por este inmegalable principio las banderas, aunque benditas, no pueden comprenderse en el número de aquellos objetos, y no se entiende cómo el señor fiscal haya podido inventar esta suspicaz idea, para confundir el rapto de esta insignia puramente militar y profana con los robos de vasos sagrados, imágenes, ornamentos ó cualquiera de las cosas dedicadas al divino culto, que son solamente las de que habla la ordenanza.

Indudablemente el señor fiscal al leer la palabra violación, con que el señor auditor culpa á Pereira en su dictamen, creyó que la idea de dicho señor se dirijía solamente á expresar un delito de profanación de cosa sagrada, sin detenerse con la debida circunspección que en estos casos requieren negocios de tan grave naturaleza, á meditar sobre los mismos razonamientos que yo acabé de manifestar, para juzgar con pulso y detenimiento en su acusación; y me lo comprueban las mismas expresiones con que emite su opinión al hablar de este asunto. Pero sea desde luego, como pretende el señor fiscal, ¿puede caber en sentido común y en buena lógica la comparación del robo hecho en cuartel con la circunstancia agravante, que dice, con la sustracción de la bandera del cuerpo de guardia, considerándola en el concepto que quiere darla? El mismo fiscal confiesa que no encuentra ley por donde pueda imponer una pena á su acusado; pero esto le importa poco; barrena todas las consideraciones, todos los respetos humanos y las mismas leyes, como probará, y formando una comparación, saca una consecuencia de que es preciso se horrorice la humanidad, y se resiente la civilización del siglo presente. El señor fiscal ignora indudablemente que existe la real orden de 24 de abril de 1772, por la cual encargando al ejército la observancia literal de las ordenanzas, se previene como lo más esencial e innegable, que es sólo reservado á S. M. variarlas, adicionarlas y decidir las dudas que se ofrezcan en ellas.

Con estas ideas ya acorde un célebre jurisconsulto de nuestra época, con quien consultan todos los tribunales, y se expresa en estos términos: «Las penas no deben entenderse de un caso á otro, ni de una persona á otra.» Es justo y necesario circunscribirlas dentro de los límites más estrechos, y aplicarlas solo á aquellos contra quienes se prescriben señaladamente; y en la interpretación de las leyes, mas bien deben disminuirse que aumentarse.

Además de todo esto no se ha acordado que tengamos una Constitución, y que nos hallamos felizmente gobernados por un régimen representativo: que existen poderes legislativo, ejecutivo y judicial para circunscribirse en las atribuciones que le corresponden, á estos principios de sana moral y de justicia.

Cumpliendo con los altos deberes que me impone el delicado encargo, me aparapeto con indecible complacencia en los principios; porque los principios son la verdadera salvaguardia de las instituciones liberales, y de los hombres sometidos á su acción benéfica, y de esta senda jamás me separaré. Ningún español, dice la ley constitucional, puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito, y en la forma que estas prescriban. Este es el principio constitucional, única y verdadera garantía de la libertad individual á que todo español, porque la misma ley no distingue, tiene derecho á gozar, sea militar, sea eclesiástico sea el hombre más insínuo de la sociedad española, y si pudiera conseguirse que en el perímetro de la Península existiera un solo Tribunal, que arrollara con este principio, que destra-