El Archivo militar (1842) (1843-01-28 00:00:00), página 3

que comprenden el caso en cuestión para que las muchas personas no militares á quienes se haya hecho formar un juicio equivocado, lejos de ser otra vez sorprendidas, puedan juzgar por sí con cabal conocimiento.

No creemos que nadie ignore que los militares no pueden ausentarse del punto en que se encuentran ó del destino que se les haya señalado, sin la competente autorización; y que si alguno falta á este deber comete un delito militar.

El art. 3 del tit. 30 trat. 2.º dice: «La licencia que con urgente ó justo motivo de visitar sus familias, ó atender á sus intereses domésticos, necesitan los oficiales por término más largo que el permitido, á la facultad de los capitanes generales dentro de sus provincias, y para cualquiera ausencia corta ó dilatada fuera de las en que sirvan los cuerpos, se solicitará por memorial informado de sus jefes respectivos, que pasará al inspector general á quien corresponda, y este á mi secretario del despacho de la Guerra, por cuya vía, dándome cuenta, se expedirá la licencia competente, y siempre que el oficial interesado en ella se presente dentro del término en que finalice su uso, se le acreditará el haber devengado en los meses de su ausencia, sin necesitar nueva real orden que le habilite á percibirlo.»

El 26 del tit. 17 trat. 2.º: «Se prohíbe á todos los oficiales pasar una noche fuera del campamento ó de la guarnición en que se hallaren sus cuerpos sin licencia del comandante jeneral en campaña, y del gobernador en guarnición, solicitada con conocimiento y consentimiento por escrito del jefe del cuerpo.

Esto por lo que respeta á la ausencia sin la autorización debida, y con abstracción de las infinitas órdenes particulares que hay sobre la materia. En cuanto á la desobediencia que se dice, es aun más claro. No sabemos cómo se ha podido calificar de delito común la falta de cumplimiento por un militar á la orden del capitán jeneral del distrito, aunque no sea oficial de la guarnición, y aunque solo se encuentre en él temporalmente con alguna comisión ó sin ella ó del modo que se quiera. La ordenanza dice terminantemente en el art. 1.º del tit. 2.º trat. 6.º: «El gobernador ó comandante de plaza mandará, á todo oficial que exista en la de su cargo de cualquier carácter que sea, sin excepción de los generales, á menos que alguno tenga orden expresa para mandar. Y en cuanto á si la desobediencia es delito común ó de disciplina, dice el 5 del título 47 tratado 2.º: «El mas grave cargo que se puede hacer á cualquiera oficial, y muy particularmente á los jefes, es el no haber dado cumplimiento á mis ordenanzas y á las órdenes de sus respectivos superiores: la mas exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental de mi servicio, y por el bien de él se vigilará y castigará severamente al que contraviniere.»

Dijimos al principio que prescindiríamos del carácter de diputado que revestía el señor Prim cuando se ausentó de esta corte, cuyo carácter hace variar la cuestión considerablemente, y complica y agrava no poco los procedimientos del capitán jeneral y de su auditor; y hemos hecho ver con la mayor claridad posible, que aun considerado únicamente como militar, ha faltado el juzgado á todas las reglas y preceptos de la ordenanza.

¿Cómo podrá conciliar la Iberia, en vista de lo expuesto, lo que dice de haberse fugado el señor Prim con pasaporte y nombre supuesto y contra las órdenes verbales del capitán jeneral del distrito, con que la sumaria que por esta causa se le está siguiendo, es por cargos enteramente ajenos del servicio y con lo de estén seguros los hombres honrados, esté el coronel Prim y sus amigos, que el tribunal militar del distrito no sabe atropellar los trámites ni hollar la justicia etc.? ¿Podrá sostenerse en su dicho?

Si, pues, resulta que un militar ha cometido un delito; que este delito no es de los comunes; que lejos de pertenecer á esta clase, es de disciplina ó contra el servicio, y qué por consecuencia no ha podido ni debido ser juzgado por el tribunal del capitán jeneral, han tenido mucha razón los periódicos independientes en clamar contra tales procedimientos y en denunciar la citación por edictos y el embargo de los bienes del acusado, como uno de los mayores desafueros y mas espantosas arbitrariedades que se pueden cometer.

Omitimos hacer ninguna reflexión de las muchas que se nos ocurren respecto al embargo del sable, por que indudablemente faltaríamos á nuestra habitual seriedad si quisieramos detenernos un poco á indagar el privilegio ó la esención que tengan los sables cojidos al enemigo para no poder ser embargados ni inventariados, según se deduce de las palabras de la Iberia, y la necesidad que haya de que tales armas tengan una inscripción que demuestre haber sido cojidas á los enemigos, asegurándolas así de embargos.

Tampoco creemos que sea la presente la mejor oportunidad para disertar acerca de si el depositario judicial de unos efectos embargados e inventariados, puede sustituirlos con otros comunes cuando bien le parezca. Diremos sobre esto únicamente, que si á los