El Archivo militar (1842) (1842-09-10 00:00:00), página 4

yera esta garantía, sería acusado irremisiblemente á la faz de la Nacion entera como factor abierto y descarado de la Constitución misma. Todo español, dice el citado artículo, todo español repite el defensor; solo puede ser procesado y sentenciado en virtud de leyes anteriores al delito, y en la forma que estas prescriban, y el defensor tiene la acción de interpelar al fiscal como acusador de Pereira á que le cite esta ley preexistente á la substracción de la bandera, esta ley que ha debido preceder al hecho que se supone criminal, esta ley, que Pereira, mi defendido, como español tiene derecho á que se le demuestre. Y el fiscal como acusador público en un tribunal constituido en un país reído constitucionalmente bajo el principio que queda sentado ¿ha cumplido con este deber? de ninguna manera: ahí está su rescrito de acusación, en que paladinamente confiesa que no existe ley alguna, y no existiendo ¿cómo ha podido formular una acusación pidiendo sentencia de muerte con tan absoluto olvido del citado principio constitucional? Intentar por argumentos de analogía imponer nada menos que la pena de muerte, sin ley clara y expresa que preceda al hecho, es una infracción terminante de la Constitución, lo es de las reales ordenanzas que prohiben á los consejos de guerra toda aplicación de pena que no sea la marcada clara, y literalmente en ellas mismas, y es solo sacrificar una víctima en las aras del capricho y de la arbitrariedad en el hecho mismo de valerse de analogías, de inducciones y razonamientos esquisitos, no para buscar un criminal con una ley clara, sino para buscar cualquiera cosa que pueda dársela el nombre de ley y convertir en criminal á quien no lo es.

Y si me fijo en los trámites para saber que el acusado Pereira ha sido procesado en la forma previnida en esas mismas leyes preexistentes, mi imaginación se confunde al considerar que privado Pereira de su primer defensor según dejó dicho, ahogadas todas las declaraciones del sumario que pudieran favorecerle en las circunstancias mas agravantes e influientes en su inocencia, y desatendidas fórmulas sustanciales, que pudieran conducirle á su salvación, parece que todo camina desatentado y fuera del carril marcado por las leyes contra este infeliz.

El defensor tiene la honra de dirijirse por último á los distinguidos jueces de la causa, en cuyos pechos se abrigan estos mismos principios consignados en la constitución del Estado, é indifícidos con los de la libertad civil y de la humanidad, y por los que se ha derramado tanto sangre, prometiéndose de la justificación y sinceridad de sus sentimientos que no existiendo ley escrita anterior al hecho que se supone criminal, ni observadas las fórmulas del procedimiento y siendo el capitán Pereira español, en goce de todos los derechos de tal, reconocerán la justicia de su causa, arrancando por este medio una víctima de las garzas de la arbitrariedad.

Tampoco en el hecho de mi cliente ha podido existir la idea de robo ó de hurto, porque en llevarse la bandera de su batallón, no se conoce pueda haber habido la intención de lucrarse en manera alguna, como lo confiesa el mismo fiscal, y en cuyo caso hubieran precedido en la instrucción del sumario, otras diligencias que no existen, y entre ellas la más esencial, el reconocimiento y tasación de la bandera.

El señor fiscal ha renunciado completamente á esta idea, y ha querido entrelazar la violación de una cosa que conceptúa sagrada, con la intención de fines muy graves y siniestros, y deduce por suposiciones gratuitas, que la bandera fue arrebataba para servir un día de enseña y estímulo á movimientos de rebelión contra el gobierno establecido, ó con traído ánimo de ofrecer con ella un presente que en el delirio de la razón de mi defendido, habría creído aceptable el alto personaje, cuyo nombre llevó antes el rejimiento, y de aquí desciende el fiscal á decir que no hay explicación posible fuera de estos dos extremos.

Parece increíble, Sr. Escimo, que en el siglo de las luces, puedan formarse unos raciocinios de semejante naturaleza. Preguntaré yo al señor fiscal ¿qué pruebas tenéis en la causa que habeis seguido contra mi cliente, para asegurar de una manera tan terminante las intenciones y objeto del acusado, encaminándolas á fines perversos y depravados? ¿No habeis leído el dictamen del señor auditor, en que dice que el hecho cual se presenta, considerado en sus circunstancias, no es ni puede calificarse de delito de conspiración, porque no hay calificación exacta de él ni de su objeto? ¿Por qué no habeis apurado la comprobación del dicho de mi cliente, que ha manifestado era su intención dirigirse á Madrid? ¿Por qué no le habeis pedido pruebas? Todo esto ha quedado en la causa sin la aclaración necesaria, y que hubiera servido para justificar la verdad, y para evitar suposiciones voluntarias. Indudablemente han sido inferidas de las declaraciones de los testigos que han citado conversaciones con mi cliente, que tampoco se han probado, y en este caso como testigos aislados, son recíprocos los derechos del uno y de los otros, y con mayor fuerza en favor de aquel, al cual no se han dirigido ni podrían dirigirse reconveniones que pudiesen convencer de la seducción que se le supone. Es de lamentar, y no poco, que el señor fiscal, después de acudir á comparaciones para probar la gravedad del crimen de que cree deber acusar á mi defendido, en el rapto de la Bandera, acuda también á introducir suposiciones sobre el fin con que la llevó, inclinándose siempre á formar idea de todo lo que puede dañarle, y sin la necesaria justificación de los hechos para probarlo. Si esto es válido, yo tendré mayor derecho para hacer suposiciones en favor del acusado; podrá decir que su intención era dirigirse á Madrid, llevándose la Bandera para pedir lo mismo que sus compañeros han pedido después del hecho: podrá decir, que al mismo tiempo, iba á quejarse de su coronel porque no le había permitido tomar el pasaporte para ir á examinarse con objeto