El Archivo militar. Sección militar (1841-12-02 00:00:00), página 3

un delito político; cuando vemos que el gobierno para juzgar á los militares acusados de haber cometido este delito, prescinde de las fórmulas de la ordenanza apropiándose una atribución que esta concede al capitán general del distrito, y nombra por si siete jueces que aunque militares también son de principios políticos diametralmente opuestos á los que profesan los encausados, y cuando se ve que la mayor parte de estos han sido sentenciados á pena de la vida y los demás á la inmediata, ¿qué se podrá pensar de esto...?.

Pero supongamos que no se pueda inferir nada ¿es dueño y árbitro el gobierno de infrinjir la ordenanza vigente?

Pero es el caso que no solo ha infrinjido la ordenanza sino también el art. 9.º de la Constitución que dice: "Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estos prescriban."

Es pues evidente que unos jueces nombrados por el poder y no por quien la ordenanza previene que sean nombrados, no pueden componer consejo de guerra, y no pudiendo componer consejo de guerra no han sido juzgados los acusados por la sublevación del 7 por su competente tribunal, sino que lo han sido por uno desconocido de las leyes militares, creado ad hoc después de cometido el delito; y siendo esto así, se ve con la mayor claridad, que no solo han sido juzgados y sentenciados de un modo contrario á lo que la ordenanza previene sino á lo que la Constitución establece.

De esto resulta, que sin embargo de no haberse declarado á Madrid en estado de sitio, los complicados en la sublevación se han juzgado y están juzgando como si lo estuviera, por una comisión militar, que es el nombre que con menos impropiedad se le puede dar, en vez de serlo por un consejo de guerra que es el tribunal que establece la ordenanza; pero con la diferencia de que si se hubiese hecho la declaración de estado de sitio, no había nada que decir en cuanto á la comisión militar, porque entonces sería un tribunal competente, en el caso de que la citada declaración pudiera hacerse estando vigente el decreto de la Rejencia de 14 de enero último, que prohibe se declare á ningún punto en estado de sitio como no esté real y verdaderamente sitiado: por consiguiente tal cual se ha nombrado el llamado Consejo de guerra, ni se puede admitir como tal, ni mucho menos como comisión militar porque aun es más repugnante.

Por si se nos arguyese con la ley de 17 de abril de 1821, en otro número nos haremos cargo de ella.

Insertamos á continuación la defensa hecha en el consejo de guerra permanente de oficiales generales el día 20 del mes anterior á favor de don Telesforo Rubio, por nuestro estimable cólaga el redactor del Grito del Ejército don Eduardo Perrote.

DON EDUARDO PERROTE,
Miliciano nacional del 8.º batallón de esta Corte, y defensor nombrado por el alférez del regimiento infantería de la Guardia Real, número 12, D. Telesforo Rubio, acusado de complicidad en los acontecimientos ocurridos en el Real Palacio la noche del 7 al 8 de octubre próximo pasado, hace presente al Excelentísimo Consejo en favor de su defendido:

EXCMO. SEÑOR:

Confiado tanto en la justicia de la causa que voy á defender, como en la alta inteligencia y recta imparcialidad de los exclarecidos militares que hoy van á decidir del honor de otro militar, no me arredra la falta de una eloquencia útil para el que sólo trata de convencer la conciencia, y no la imaginación de los jueces.

Entre los estrechos y terribles deberes de la religión militar descuelga una sagrada y profunda abnegación que nuestros legisladores han apellidado obediencia pasiva.

La obediencia pasiva es la obligación absoluta de ejecutar sin réplica, reflexión, ni comentario, la orden del jefe.

Por muy injusta e irracional que á los ojos del filósofo aparezca tan extraña servidumbre, es indudablemente el eje primero e indispensable del admirable mecanismo militar.

Si ocurre que esta completa dominación del jefe sobre el subalterno sea alguna vez empleada en provecho de criminales planes, este es un riesgo previsto y aceptado por la sociedad, en virtud del sabio axioma que dice: minima de malis.

Querer culpar al subalterno de las consecuencias inmediatas de un principio que se ha procurado inculcar cuidadosamente y profundamente en su espíritu, sería de parte de jueces civiles solo crueldad e injusticia, pero procediendo de hom-