El Archivo militar. Sección política (1842-03-15 00:00:00), página 3

se separe ni un ápice de la legalidad, de la justicia y de la prudencia, porque si por atender á su conservacion y al sostenimiento del orden y de la libertad emplease medios injustos, ilegales ó arbitrarios, sería el primero á conspirar contra lo mismo que tiene obligacion de defender y justificar las razones que alegasen los que quisieran envolvernos en trastornos ó sumirnos en el despotismo.

Bajo este punto de vista vamos brevemente á considerar el bando del general Rodil de 5 del corriente, que insertan algunos periódicos de la capital.

Parécenos que para imponer y contener á los que desde la parte de Francia procuran hacer una revolucion en España, y para castigar á los mas osados que con tales fines pisen nuestro suelo y sean apprehendidos, pudieran haberse adoptado otras medidas que las del expresado bando, y haber encargado la ejecucion de ellas á otro que al ejército, por varias causas y principalmente por las siguientes:

1.ª Porque á nuestro juicio el gobierno no puede facultar al general del expresado ejército para que adopte semejantes medidas, en razon á que no habiendo causa para que exista un ejército de operaciones no debe haberlo, y no habiéndolo, ó no debiéndolo haber, no se pueden ejercer por nadie en el estado normal de un gobierno constitucional, las funciones de un general en jefe de un ejército que opera.

2.ª Porque aun habiendo quien tenga suficiente autoridad para tomar medidas preventivas y represivas, fuertes y enérgicas, las del bando no nos parecen legales.

3.ª Porque la adopcion de ellas da lugar á que se presuma que las Provincias Vascongadas están en estado de sitio ó poco menos á favor de un medio sutil ideado al efecto; y

4.ª Porque harta odiuosidad ha recaido ya sobre los militares para hacerla saber de punto obligándolos á que por crímenes políticos juzguen á personas extrañas á su jurisdiccion, y las condenen con la severidad del bando y según la ley de 17 de abril de 1821 que cita el mismo.

Aunque con la brevedad posible, procuraremos manifestar alguna de las razones que tenemos para pensar así.

La sublevacion del mes de Octubre último hizo necesaria la formacion de un ejército de operaciones, durante las cuales tuvo su general en jefe toda la autoridad que da la ordenanza y pudo en su consecuencia dictar cuantos bandos hubiera creido convenientes, haciendo que tuvieran fuerza de ley; pero sofocada la rebelion, presos, castigados y huidos los sublevados, poseesionada la tropa de plazas y puntos que tenian aquellos, y ocupado el pais militarmente y permaneciendo este sumiso y tranquilo, debió inmediatamente haberse disuelto el ejército de operaciones y quedar reducido á uno ó varios cuerpos de ejército bajo la autoridad de los respectivos capitanes generales de provincia ó distrito. Y si habia algun temor de que la tranquilidad se volviera á alterar, ó el estado de las relaciones con el vecino reino de Francia infundiesen algunas sospechas de agresion, pudo tambien haber quedado el ejército reunido, pero no como de operaciones, sino de observacion, permaneciendo asi hasta que llegase el caso de operar ofensiva ó defensivamente. Fuera de este caso, creemos que la ordenanza no confiere á nadie las amplias facultades que reasume el general en jefe del ejército de operaciones, y por lo tanto que no debe ejercerlas.

No nos parece legal la medida de aplicar las penas que señala el artículo 1.º de la ley de 17 de Abril á los que procedentes del extranjero sean aprendidos por las tropas con las armas en la mano y sin pasaporte, porque con las armas en la mano yfurtivamente se puede venir con varios objetos; y dicho articulo detalla bien circunstanciadamente los casos en que se ha de aplicar la pena de muerte. Dice así... «Cualquiera persona, de cualquiera clase y condicion que sea, que conspirase directamente y de hecho á trastornar ó destruir ó alterar la constitucion politica de la monarquia española, ó el gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitucion establece, ó á que se confunden en una persona ó cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á que se radiquen en otras corporaciones ó individuos, será perseguida como traidor, y condenada á muerte.»

Ademas es muy original que los aprendidos por la tropa hayan de sufrir tal pena y no los que lo sean por paisanos, pues parece que lo que constituye el delito es la aprension verificada por aquella. No podemos averiguar con arreglo á que ley, han de ser juzgados y sentenciados militarmente los paisanos, no habiendo una declaracion de estado de sitio, en cuyo caso tampoco serian juzgados en consejo de guerra sino por la comision militar, ni quien da autoridad para que los gafes nombren por sí y ante sí al presidente y vocales de guerra, y mucho menos siendo juzgados los aprendidos con arreglo á la ley de 17 de Abril cuyo articulo dice lo siguiente:

«Artículo 34. Todos los delitos contra la Constitucion, comprendidos en los 32 primeros articulos de esta ley, causaran desafuero, y los que la cometan serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria.»

Ademas el mismo General Rodil no se considera asimismo como