El Archivo militar. Sección militar (1841-12-09 00:00:00), página 2

tes? Esta suposición no sería compatible con la completa ignorancia de las autoridades en cuanto á la conspiración.

Rubio era sabedor de lo poco que él veía y oía; es decir, podía sacar del espectáculo que á lo lejos presenciaba sérias y tristes conjelaturas. ¿Pero cómo conciliar el cargo que el fiscal quiere alzar contra mi defendido por haber sido testigo forzoso de aquellas escenas, cuando acaba de convenir en que no podía separarse de su puesto sin grande peligro?

Me parece que la contradicción es algo grave de parte del señor fiscal, sobre todo cuando después de haber justamente fulminado contra los prófugos por el abandono de guardia, trunca igualmente contra los que fieles á su consigna, penetrados de sus deberes y fuertes en su inocencia permanecieron en sus puestos.

La mano sobre la conciencia y prescindiendo de la tendencia natural que por espíritu de oficio lleva al fiscal á acusar, ¿qué delito ha cometido el oficial, que de servicio y uno de los últimos en la escala jerárquica de la fracción armada que pertenece, ha permanecido durante toda aquella alegada noche confinado en un punto interno de palacio, sin que se le pueda probar ningún acto de cooperación á la rebelión?

Concluye la acusación fiscal diciendo:

«La confesión que él mismo hace de haberse repartido aguardiente á la tropa que comandaba por una persona de conocida circunstancia que unida al convencimiento moral que de la causa se desprende hace considerar al fiscal procedente la pena que queda expresada.»

Aqui se ve, qué defecto hay de pruebas y de datos: el señor fiscal quiere deducir de una distribución de aguardiente la culpabilidad de mi defendido.

Después de los tiros y la algazara del palacio, y admitiendo que la distribución del aguardiente aumentase las sospechas de Rubio, esta circunstancia nada cambia su posición. Todo cuanto pudiera imaginar y desconfiar no le daba los medios de evadirse del compromiso terrible en que una fatal coincidencia le había colocado; imposibilidad que el mismo fiscal ha reconocido.

Tampoco se comprende, ó al menos yo no comprendo, lo que entiende el señor fiscal por el convencimiento moral que desprende la causa: para S. S. podrá ser lo que Dios quiera, para mí y para muchos es la evidente y desgraciada posición de un subalterno envuelto un momento en la traición de su jefe, pero que bien pronto destruye las sospechas y ostenta la pureza de su conducta; es en fin la posición de un acusado contra el cual ninguna prueba de delito aparece, como no sea el convencimiento moral del señor fiscal, que podría ser muy santo y muy respectable, pero queafortunadamente la ley no juzga suficiente para enviar un oficial á presidio.

Para mayor convicción del Consejo voy á probar que ninguno de los artículos de la ordenanza sobre los cuales la acusación fiscal basa sus cargos contra los acusados, puede ser aplicable á mi defendido.

El primero citado es el artículo 9, título 10, tratado 2º de las ordenanzas del ejército, que dice:

«Deberá el oficial en lance: dudosos escoger el partido mas propio á su honor y espíritu.»

Rubio no pudo hacer nada sin permanecer en su puesto; para él no había elección, ni podía fugarse ni resistir; el fiscal lo confiesa, de consiguiente no ha faltado de ningún modo al párrafo citado.

El artículo 26, título 10, tratado 8º de la misma ordenanza dice:

«El que teniendo noticias de una sedición no la delatase pudiendo &c.» Aquí es evidente que la ordenanza habla de una conspiración que está fraguándose y no de la que ha estallado; pues esta demasiado la conoce el gobierno; la delación de nada serviría cuando lo que se necesita es represión.

De todos modos, y entiéndase como quiera, Rubio no pudo delatar á nadie hasta el amanecer, que en unión con sus compañeros dió parte de su situación.

El artículo 66, título 10, tratado 8º de la dicha ordenanza dice:

«El que fuere convencido de haber abrigado ó favorecido con auxilio cooperativo la ejecución de un delito....&c.»

Rubio ni cooperó, ni favoreció, ni auxilió, ni tampoco está convencido de ninguno de estos extremos.

Nada arguye igualmente contra mi defendido el citado artículo 12 del reglamento de la Guardia Real, puesto que ninguna roce tuvo con los centinelas.

Ahora que uno es uno, y que con la ordenanza en la mano acabó de desvanecer cuantos cargos puedan elevarse contra mi defendido, preguntaré ¿con qué pruebas y con qué código se podrá justificar la descomunal pena pedida por el Sr. fiscal, que según se ve no ha querido esponerse á que lo reprendan por suave?

¿Será acaso el famoso convencimiento moral de S. S.? No creo que los austeros y rectos jueces que ocupan estos escanos fallen sobre convencimientos morales. Este tribunal no es un jurado y si un consejo de guerra llamado á pronunciar sobre las pruebas que patentice los delitos denunciados.

Contra mi defendido no aparece delito, ni prueba de delito, y muy triste sería que fuese castigado únicamente porque el comandante Marquesi vendió infamemente el puesto confiado á su honor, y la tropa leal y subordinada destinada á su defensa.