El Archivo militar. Sección militar (1842-01-06 00:00:00), página 2

1793, comprensivo de diez artículos, para juzgar á los sargentos, cabos y soldados graduados de oficial, resultando en su consecuencia que no son dos sino tres las clases de consejos de guerra que hay, ni se puede llamar extraordinario el de generales, porque son dos enteramente diferentes: lo que prueba que el Sr. San Miguel no sabe la ordenanza ni entiende una palabra de materias de justicia. Pero aunque no sea de extrañar que el ministro de la Guerra no esté en tales antecedentes, si lo es, y mucho, que el presidente y vocales nombrados no hayan estado tampoco en ellos, y hayan por esta causa formado un tribunal el mas ilegal que se ha conocido nunca en los anales del ejército.

Los sentenciados por él, que aun viven, pueden muy bien acudir á las Cortes, seguros de obtener justicia, reclamando la nulidad de los procedimientos, por incompetencia del tribunal que los ha juzgado; pero ¿y los que han sufrido la última pena?...

La primera causa que el consejo juzgó y falló fue la de los generales Leon y Concha; y en ellas vimos, entre otras cosas, que el fiscal nombrado de orden superior, el brigadier Minuisir, pidió para el último la pena de muerte en rebeldía; que el consejo le sentenció á ella y que el gobierno la aprobó, siendo así que no se le llamó por edictos ni pregones públicos, según está determinado. Si llamado que hubiera sido por ellos en el número y en los plazos que la ordenanza prefiere no se hubiera presentado, entonces pudo y debió haber sido sentenciado en rebeldía, no de otro modo. Al menos así lo previene la ordenanza bien terminantemente en el artículo 70 del título 5º, tratado 8.º, que dice:

«Si algun soldado ó otros de mis tropas cometiere cualquier delito de pena capital, y se ausentare ó se pusiere en lugar sagrado (que para el efecto viene á ser lo mismo), mando que el oficial á quien se cometiere la averiguación del delito tenga jurisdicción (como por la presente se la doy) para que después, de hechas las informaciones posibles en justificación del delito en la forma que prescribe esta ordenanza, pueda llamar, y llame al reo (en la parte donde estuviere ó se hallare la tropa) por edictos y pregones públicos, que en el término de un mes han de repetirse por tres veces, con expresion del delito de que estuviere acusado, señalándole donde debe presentarse para dar sus defensas, y ser oído y juzgado; y en caso de no comparecer el reo dentro del referido término que prescriben los edictos, se ratificarán los testigos, se juntará el consejo de guerra, hará relación de esta diligenza el sargento mayor ó oficial que hubiere hecho el proceso, y se condenará al reo en rebeldía por el delito que merezca pena mas grave entre el de desercion y el que causó su fuga, haciendo el cotejo de una y otra pena; y firmando la sentencia todos los jueces que formen el consejo, se guardará el proceso, y se harán las diligencias conducentes á la aprehension del reo; y si esta se lograse, se procederá á tomarle su confesion, y oír sus defensas, formándose nuevamente el consejo para la sentencia que corresponda, componiéndose con los mismos jueces si existieren, ó completándole con otros.»

Si se observa que los procedimientos se principiaron el 9 de octubre y que la conclusión del fiscal está fechada el 12 del mismo mes, cualquiera conocerá que aunque se hubieran fijado los edictos y publicado los pregones, no transcurrieron los 30 días que deben mediar desde el primero hasta el vencimiento del tercero. ¿Y es este modo de enjuiciar, de sentenciar á los hombres á la última pena? ¡Horror causa la sola idea de que se pueda estar expuesto á semejante modo de proceder!

Pero no es esto lo único, sino que además se pidió la pena de muerte para ambos con arreglo á la ley de 17 de abril de 1821; como si á los militares que se juzgan en consejo de guerra se les pudiese juzgar por otras leyes que las militares; como si el gobierno hubiese determinado que se estaba en el caso de que se pusiese en ejercicio dicha ley; como si se hubiera publicado antes ó después de la sublevación. Además el artículo treinta y cuatro de la misma previene terminantemente que los que sean juzgados por ella pierdan su fuero, y lo sean por los tribunales ordinarios. Es así que los expresados generales no perdieron su fuero, ni salieron de la jurisdicción militar, pues-